Nadie podría dejar de alarmarse cuando un establecimiento educacional como el Instituto Nacional llena los titulares por el uso de bombas molotov y la destrucción de sus instalaciones. Sin embargo, no deja de sorprender que nada se diga sobre el fondo del problema. ¿Qué es lo que ocurre con los jóvenes que se manifiestan con esos grados de violencia? ¿Bastará con desvincularlos del colegio? ¿Necesitaremos solo normas de convivencia que prescriban nuevas sanciones? ¿O será que requerimos una revisión de cómo nos relacionamos en las comunidades?
Los indicadores en materia de violencia en el país son alarmantes y a la fecha carecemos de cualquier plan que nos permita abordarla desde su origen y prevenirla. No es posible desconocer que los adolescentes en Chile crecen en un contexto que se aleja de ser contenedor y amigable: el 71% de los niños y niñas en Chile declara haber sido víctima de algún tipo de maltrato, tenemos los peores indicadores en salud mental de América Latina, los más altos índices de suicidio juvenil y lo mismo en consumo de alcohol.
A los responsables de los hechos de violencia habrá que imputarles los delitos que correspondan en un proceso penal con garantías de debido proceso, en el marco de la ley de responsabilidad penal adolescente; pero ello no solucionará el problema de fondo. Parece claro que esa comunidad educativa requiere de nuevas herramientas psico y socioeducativas para abordar el problema de fondo: la rabia que impulsa a esos jóvenes a destruir lo que tienen a su paso.
Lo que es claro es que medidas solo desde la seguridad pública no terminarán con el problema. Se trata de adolescentes que requieren límites, contención, fraternidad y un espacio donde sus procesos educativos vuelvan a ser protagonistas.
*Camila De la Maza, abogada de Corporación Opción