En los próximos días comenzará la discusión del servicio que reemplazará a SENAME. Sin dudas es una discusión urgente. Sin embargo, debemos recordar que la crisis de esta institución es de larga data y fue invisible a la opinión pública por décadas. A estas alturas resulta impostergable avanzar en esta reforma si realmente creemos que los niños y niñas son los primeros de la fila.
El nuevo proyecto presentado por el presidente Sebastián Piñera –el tercero en los últimos 10 años– reconoce la necesidad de plantear una nueva institucionalidad en materia de niñez, que se encuentre acorde con la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Por lo mismo, es muy valioso que incorpore elementos que materialicen una efectiva coordinación intersectorial para la atención y, asimismo, reconozca la importancia de la colaboración entre el Estado y las organizaciones de la sociedad civil.
Con todo, lo que es realmente innovador es la consideración de las familias como sujetos de la intervención, situándolas como parte fundamental del trabajo que se debe realizar con los niños y niñas. No obstante, es preocupante que este proyecto le entregue al Estado solo un rol subsidiario de apoyo a ellas, y no se instituya como un garante de los derechos de la niñez. La gran innovación de la Convención fue reconocer a los niños y niñas como sujetos de derecho. Así, al Estado le corresponde no solo el apoyo al rol fundamental que juegan las familias en el cuidado y protección de los niños y niñas, sino garantizar que los derechos de ellos se materialicen y sean restituidos cuando se vulneren. Eso implica una actuación estatal más vigorosa que solo actuar subsidiariamente a las familias.
Por último, es importante tener presente que este servicio podrá cumplir su objetivo siempre y cuando las garantías universales de protección de la niñez funcionen adecuadamente. Para ello resulta indispensable que se reanude la tramitación del proyecto de protección integral de la niñez y que este contemple una bajada territorial que permita una articulación del órgano público frente a los requerimientos cotidianos de niños y niñas y sus familias.
Carta al director publicada en El Mercurio Cuerpo A, el día 12 de septiembre de 2018.
* Por Camila De la Maza, Abogada de Corporación Opción.