Está próximo a salir del Congreso el proyecto de ley que crea el nuevo Servicio de Protección Especializada de la Niñez que reemplazará al cuestionado SENAME. Dicho proyecto, puso especial énfasis en mayores controles para quienes ejecutan la oferta, pero se hizo poco cargo del contenido de la misma y eso, a poco andar, nos traerá iguales o peores problemas.
El proyecto no define, por ejemplo, en qué consiste la intervención ambulatoria, en circunstancias que el 90% de los niños, niñas y adolescentes que requieren de intervención es bajo esa modalidad. Y tampoco contempló programas para quienes han sufrido graves vulneraciones de derechos producto de la violencia institucional. Es decir, cuando el adolescente que habría sido empujado a la ribera del río Mapocho por un funcionario policial requiera reparación para superar el trauma vivido, no habrá cobertura estatal: ni hoy en el SENAME, ni mañana con el nuevo Servicio.
Lo paradojal, es que dicho proyecto sí contempla programas para niños menores de 14 años que habiendo sido sindicados como autores de un delito, sin que un tribunal los haya determinado responsables de ello, serán derivados a un programa. Es decir, serán intervenidos por el Estado en razón de su condición de supuestos infractores inimputables, y no en función de la vulneración de derechos que tengan a la base.
Vemos entonces, que tenemos un Estado que está disponible para reprimir y sancionar, pero no para reparar. Y eso, en materia de protección de derechos humanos, es especialmente grave.
*Consuelo Contreras, Fundadora Corporación Opción