La crisis sanitaria que hemos atravesado durante este 2020, ha evidenciado y acrecentado las brechas en materia de derechos sociales y particularmente en materia de educación. Según la encuesta “Estamos Conectados” de Educación 2020, tenemos 16 mil estudiantes menos en el sistema que en el año 2019 y, sumado a ello la baja conectividad a internet de los sectores socioeconómicamente más vulnerable, nos situamos en un complejo escenario para el año 2021, donde al parecer, la pandemia tardará un buen tiempo más en ser superada y las clases presenciales serán de difícil implementación, especialmente considerando que muchos establecimientos no cuentan con los recursos para un regreso seguro de los y las estudiantes.
En este marco, resulta urgente, que los niños, niñas y adolescentes sean puestos al centro de la preocupación estatal y que las medidas que se tomen en relación al ejercicio del derecho a la educación, consideren las particularidades territoriales y socioeconómicas de todas las infancias que habitan nuestro país. Hasta ahora, han sido muy invisibles y los datos dan cuenta de ello. Ponerlos al centro, implica una efectiva priorización, tanto presupuestaria como administrativa, que permita garantizar que ningún niño o niña se quede fuera, por no contar con elementos básicos para acceder a la escuela, ya sea presencial o telemáticamente. Lo anterior, sin lugar a dudas, requiere no solo de medidas en el ámbito educativo, sino también, un fortalecimiento de la protección social de las familia y cuidadores.
Es de esperar, que las autoridades se comprometan con medidas más profundas e integrales, que no solo nos permitan capear la segunda ola del COVID 19, sino también la de las brechas que la pandemia ha profundizado.
Camila De la Maza, Coordinadora de Seguimiento Legislativo en Corporación Opción