Este 8 de junio se cumplen 16 años de la entrada en vigencia de la Ley 20.084 que regula: la responsabilidad penal de los adolescentes que han cometido delitos, el procedimiento para la averiguación y establecimiento de dicha responsabilidad, la determinación de las sanciones procedentes, y la forma de ejecución de éstas.
Con esta normativa, uno de los mayores cambios fue pasar de un sistema tutelar -donde los Jueces especialistas en esta temática determinaban medidas restrictivas de libertad, por las condiciones desfavorables de los niños, niñas y adolescentes, por estar en “situación irregular”-, a un sistema de garantías de persecución y respuesta penal especial a adolescentes por los actos infraccionales que cometen. Una medida mucho más concordante con los estándares de la Convención de los Derechos del niño y la niña. Así, los adolescentes de 14 y hasta 18 años pasaron de objetos a sujetos de derechos capaces de responder frente a las conductas infractoras.
El 12 de enero del presente año se publicó la Ley 21.527 que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, con esto, el desafío actual es, además de implementarlo, dotar de mayor especialización a todo el sistema penal juvenil, para cumplir con los objetivos de promover el desistimiento del delito, la restitución de derechos vulnerados y la plena inclusión social.
En días en que la violencia permea muchos espacios, es un verdadero reto que todos los actores que componen el Sistema Penal Juvenil, favorezcan procesos justos, acordes a derecho y que promuevan el desistimiento del delito y la inclusión social de los jóvenes.
Osvaldo Vázquez, Coordinador de Proyectos Corporación Opción