No podemos quedarnos en silencio

En las últimas semanas hemos sido testigos de una escalada de violencia en el país. La legítima manifestación y protesta de la ciudadanía ha estado acompañada de saqueos e incendios, y también de violencia por parte de agentes del Estado. En este contexto, nos preocupa la situación a la que los niños y niñas están expuestos, tanto aquellos que están viviendo en territorios que han sido fuertemente golpeados por estos hechos, como aquellos que han sufrido graves e irreparables daños en su integridad. Lamentablemente, no han sido pocos quienes han perdido su visión, producto de balines en sus ojos, o han sido heridos de bala o sometidos a actos de tortura y tratos vejatorios. La situación no puede dejar de sorprendernos, ni menos podemos intentar dar un contexto de normalidad, cuando lo que ocurre en las calles de las distintas ciudades está lejos de serlo.

En una democracia, la manifestación y la protesta social son expresiones legítimas de los derechos civiles y políticos que toda persona tiene, como un derecho humano inalienable. A su vez, el Estado tiene el deber de resguardar el orden público y la seguridad de la población, con pleno e irrestricto respeto a los derechos fundamentales de esta.  De este modo, no es aceptable ninguna práctica que se aleje del estado de derecho y el resguardo de las normas que lo instituyen, so pretexto de controlar actos de violencia.

La protección integral de niños y niñas, a la que el Estado de Chile está obligado, no está sujeta a excepción en casos de crisis sociales como la que vivimos. Las decisiones de la autoridad deben responder a su interés superior, entendido como la máxima satisfacción de sus derechos. En razón de ello, esperamos que los hechos denunciados de violaciones a los derechos humanos de la niñez sean investigados, sancionados y reparados; y, a su vez, invitamos a los adultos a ser cuidadores responsables y acogedores, y a las autoridades a propiciar un diálogo fructífero, que permita construir puentes para abordar las demandas sociales que han sido puestas por la ciudadanía en la discusión pública, teniendo presente que resultan fundamentales para la construcción de una sociedad respetuosa también de los derechos de niños, niñas y adolescentes.

*Milagros Nehgme, Directora Ejecutiva de Corporación Opción