En su última carta, Cristóbal Aguilera señala que el poner cifras en el debate, cuando cito como ejemplo la violencia que sufren los niños, es “tensionar la relación filial”. En realidad, el objeto era visibilizar que el Estado tiene obligaciones más intensas que “ayudar y colaborar”, porque la realidad es que 8 de cada 10 niños en Chile es víctima de alguna forma de maltrato, y el Estado debe tomar medidas respecto de eso. Por ello el fortalecimiento de la autoridad paterna, como plantea Cristóbal, no es la única forma de resguardar los derechos de niños y niñas, especialmente cuando el 62,5% de los cuidadores utiliza la violencia en la educación de los niños. Eso no es una visión ideológica, es la constatación de una cruda realidad que como sociedad debemos abordar y erradicar.
Ahora bien, volviendo al inicio de esta discusión, lo que he sostenido es que los niños y niñas son titulares de todos los derechos constitucionalmente reconocidos a todas las personas, incluido el derecho a manifestación pacífica. Esto no es ninguna innovación del proyecto de ley de garantías de la niñez, porque se encuentra recogido tanto en nuestra Constitución como en la Convención de los Derechos del Niño, que tiene 30 años de vigencia en nuestro país. Ello, sin lugar a dudas, va de la mano del deber preferente de padres y madres a educar y orientar a sus hijos, pero no puede restar el rol de garante que al Estado le cabe. El aprendizaje del ejercicio de los derechos es progresivo, y debe ser garantizado por el Estado en comunión con las familias y la comunidad. Ni más ni menos que eso.
*Consuelo Contreras, Fundadora de Corporación Opción