Un par de semanas atrás, el grupo Anonymous desplegó una serie de acciones para desbaratar la página Nido.org, en la que los usuarios se dedicaban a subir fotos de mujeres desnudas. Varias de estas fueron obtenidas a través de packs, archivos de índole sexual que personas venden en internet sin consentimiento. Las denuncias conocidas hasta hoy incluyen a 39 mujeres menores de edad, lo que podría estar asociado, entre otros delitos que se están investigando, con el de la pornografía infantil.
Es relevante considerar que la pornografía infantil, entendida como “cualquier representación, por cualquier medio, de una niña o niño involucrado en actividades sexuales explícitas reales o simuladas o cualquier representación de las partes sexuales de una niña o niño para propósitos sexuales principalmente” (Protocolo Facultativo de la Convención de los Derechos del Niño), es considerada una forma de explotación sexual comercial infantil, la que junto con ser una de las vulneraciones de derechos a niños, niñas y/o adolescentes más graves, se encuentra tipificada como un delito y es penada por el código penal chileno.
Por tanto, ser víctima de este tipo de delitos implica graves consecuencias a nivel psico-afectivo, de un alcance que aún no es posible establecer. Ello, a partir de la naturaleza del delito, ya que la exposición de la víctima es constante (cientos de veces las imágenes pueden ser expuestas) al repetirse la acción en las redes sociales y páginas de internet, generando con ello su re-victimización, dado su nula posibilidad de control para detenerlo. Cuando la víctima es menor de edad y presenta un mayor nivel de vulnerabilidad, la necesidad de acciones inmediatas para la interrupción de la vulneración, y la entrega de apoyo oportuno para la reelaboración de estas experiencias, son urgentes y de mayor intensidad, con el fin de evitar las graves consecuencias en la integridad física y psíquica que pueden generar en la persona afectada.
Dada la gravedad de la existencia de estos sitios y el daño que pueden causar a sus víctimas, surge la necesidad de preguntarnos como sociedad de qué manera podemos prevenir este tipo de situaciones, tanto en el micro-espacio cotidiano, a nivel familiar y también comunitario. Si bien no se visualiza una única alternativa para ello, una educación hacia nuestros hijos/as respecto al uso de las redes, al material que es pertinente difundir en internet, la enseñanza de acciones de autocuidado y por sobretodo una cultura que promueva el respeto y promoción por los derechos de las personas, parece ser una base para prevenir este tipo de violencia.
* Jimena Green Contreras, Directora del Programa PEE ESCI Santiago, de Corporación Opción