Hace pocos días el comunero mapuche Camilo Catrillanca fue baleado por la espalda. En compañía de Catrillanca se encontraba un joven de 15 años, que no solo tuvo que soportar la muerte de su peñi a poca distancia, y una noche privado de libertad por una imputación falsa, sino que también, según su propio relato, los golpes e insultos de parte de la fuerza policial.
Temas como montajes, destrucción de pruebas y anómalos relatos sobre estos hechos han estado presentes. Mientras se espera para que sean aclarados, podemos reflexionar sobre el rol que tiene la policía en una sociedad democrática, especialmente con los niños, niñas y adolescentes.
El trato que la policía dio al adolescente en la Araucanía no es necesariamente distinto al que día tras día reciben nuestros usuarios de los programas de justicia juvenil en su contacto con Carabineros. Lo mismo sucede con los estudiantes movilizados, muchos adolescentes de la Legua Emergencia, y por cierto, niños y adolescentes en la Araucanía que viven en medio del asedio policial.
La Convención Internacional de los Derechos del Niño establece como piso mínimo para los Estados que la suscriben una serie de normas que establecen garantías reforzadas para niños, niñas y adolescentes por su especial condición de vulnerabilidad, precisamente por encontrarse en una etapa vital de formación, donde debe primar su interés superior, su derecho a ser oídos, su derecho a ser protegidos frente a abusos y maltratos. Esto sin ninguna excepción.
Las sociedades democráticas requieren de un cuerpo policial sometido al poder civil, con una sólida formación en derechos humanos y con un actuar que se ajuste estrictamente a las normas que fundan el Estado de derecho. De lo contrario, no tiene sentido alguno que el uso de la fuerza esté entregado a estos cuerpos de manera monopólica, ya que, sin estos límites –que existen en el papel, pero que distan mucho en la práctica- solo seguiremos viendo corrupción y abuso por parte de la policía.
* Camila De la Maza, Abogada de Corporación Opción.