Llegó agosto: el último mes de invierno y la preparación para la primavera. Es también el mes de los niños y niñas. Buen momento para preguntarnos si la primavera llegará también para la infancia y terminarán por florecer proyectos legislativos, como el que crea el sistema de garantías de los derechos de la niñez, que duermen una larga siesta, bastante más larga que el invierno que comienza a dejarnos.
En noviembre próximo, el mundo celebrará los 30 años de la Convención de los Derechos del Niño y el gran hito en materia de derechos humanos que ese tratado internacional marcó. No es un detalle menor que se trate de un instrumento vinculante, que ha tenido casi plena ratificación por parte de todos los Estados miembros de la ONU, reconociendo –en términos jurídicos– un conjunto de derechos y garantías de los cuales niños y niñas son titulares.
Con todo, del dicho al hecho hay un buen trecho. A 29 años de la ratificación de la Convención por parte de Chile, la implementación plena de sus normas aun es una deuda del Estado con la niñez y la adolescencia. Y ello toma importancia, especialmente, porque las cifras en materia de violencia contra los niños y niñas es alarmante: 7 de cada 10 han sufrido algún tipo de maltrato. Junto con ello, las tasas de suicidio adolescente son las más altas de la región, los indicadores de salud mental son los peores, y hay una profunda problemática asociada a la alimentación, con preocupantes cifras en sobrepeso en este grupo.
Avanzar a paso firme en normas y políticas públicas que garanticen efectivamente los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes es una demanda urgente y fundamental que, como la primavera, no puede esperar.
*Camila De la Maza, Abogada de Corporación Opción*