Un nuevo pacto entre el Estado y la infancia es urgente. Especialmente cuando las cifras de violencia contra los niños/as no han variado en los últimos 15 años y los informes nacionales e internacionales relativos a la protección especializada han sido categóricos en establecer las carencias del sistema en este sentido.
El nuevo Servicio de Protección Especializada de la Niñez y la Adolescencia, unido a la ley de Garantías y Protección, podrían ser un buen comienzo; sin embargo, las buenas intenciones no siempre conducen a buenas decisiones.
El nuevo Servicio en materia de oferta programática contiene preocupantes retrocesos. Uno de los más visibles es que dispone de programas especiales para niños/as que, siendo menores de 14 años, hayan cometido delitos. Esto es un retroceso, primero, porque en nuestro país los menores de 14 años no tienen responsabilidad penal, y, por lo tanto, su ingreso al sistema debiera ser por las graves vulneraciones de derechos de las que han sido víctimas, como no estar en el sistema escolar o sufrir diversos tipos de violencia; no por hechos de carácter criminal. Segundo, porque hará ingresar al sistema a niños y niñas en razón de la presunta comisión de un delito, sin un juicio que determine su efectiva responsabilidad, sin garantías procesales y sin derecho a defensa. Es un retorno a la justicia tutelar, a pesar de las declaraciones que indican que, ahora sí, reconoceríamos a los niños y niñas como sujetos de derecho.
Este fue un asunto que no llamó la atención de ningún/a parlamentario/a en todo el proceso legislativo. Es más, la mayoría la tomó como una muy buena noticia. Lamentablemente, a pesar de las buenas intenciones, pareciera que nadie advirtió lo sesgado que es una intervención que se funda en la supuesta comisión de un delito y no desde la reparación y restitución de los derechos.
*Milagros Nehgme, Directora Ejecutiva de Corporación Opción