La larga espera por un cupo para residencias de protección

El pasado 18 de junio TVN emitió en su noticiero central un reportaje titulado “No hay cupo: protección de la infancia en crisis”, que no hizo más que traer de nuevo a la discusión la deuda que el Estado y la sociedad chilena tienen con la infancia y adolescencia más vulnerada de nuestro país.

Desde hace varios años que el Estado definió como objetivo que ningún niño menor de 3 años -que deba ser separado de su familia por una orden judicial- ingrese a una residencia. Esto, debido a los graves y estudiados efectos que esta medida tiene en su desarrollo.

Para cumplir con esta misión se debían potenciar otras medidas de cuidado alternativo, a fin de acoger a todos esos niños en una modalidad que les permitiera permanecer en las mejores condiciones posibles, mientras los equipos técnicos trabajan en la restitución de su derecho a vivir en una familia que los quiera y los proteja. La cual podría ser su propia familia (mediante un proceso de reunificación familiar), su familia extensa, una familia externa (sin vínculo de consanguinidad) o una familia adoptiva.

Pero es en esta búsqueda donde comienza un problema para muchos de ellos y ellas. Hay casos en los que no hay miembros de la propia familia dispuestos a cumplir ese rol, ya sea porque no pueden garantizar el cuidado o porque no pueden asumir esa responsabilidad. En este escenario la alternativa más adecuada es disponer de otra familia que asuma transitoriamente esta responsabilidad: una familia de acogida externa.

Sin embargo, como el número de estas familias es muy inferior al número de niños y niñas que requieren de esta modalidad, lo que ocurre es que a los tribunales no les queda otra posibilidad que ordenar su ingreso a una residencia, donde tampoco hay cupos producto de la sostenida disminución de las residencias en número y tamaño, sin que se promoviera y creara la oferta suficiente de familias de acogida externas para hacer el reemplazo.

Contar con familias de acogida externas idóneas para recibir a un niño o niña no es tarea fácil. Si bien a través de esfuerzos de difusión realizados por los mismos programas o la sociedad civil, llegan personas motivadas por el interés de acoger, son muy pocas las que finalmente llegan al término del proceso. Lo anterior evidencia la urgencia de que se amplíe el número de potenciales familias interesadas, de tal forma que -a lo menos en una primera etapa- ningún niño o niña menor de 3 años ingrese a una residencia o tenga que esperar meses o años en un hospital para que se le restituya el derecho fundamental de todo ser humano a crecer y desarrollarse en una familia.

Para ampliar el número de personas interesadas en acoger es preciso que esta acción sea una alternativa conocida por la comunidad y para ello no es suficiente hacer una campaña una vez al año. Lo que se requiere es la contribución de la sociedad en su conjunto, apremia un uso eficiente de la vitrina que poseen los medios de comunicación masivos que, con un solo minuto destinado a este mensaje, podrían impactar en la vida de centenares de niños y niñas que están a la espera. Se necesitan empresas que, a través de sus áreas de responsabilidad social, estén dispuestas a financiar el costo que esto pueda implicar. Las ideas para revertir esta situación podrían ser muchas y variadas.

Al Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, como organismo técnico, en tanto, le corresponderá de manera urgente generar los programas especializados que trabajen exclusivamente en la selección, capacitación y acompañamiento de las familias de acogida externas, en lo posible profesionalizadas. Es decir, familias que perciban una retribución económica que les permita tener una dedicación exclusiva o preferente a las tareas de cuidado, para que se constituyan efectivamente en una modalidad de cuidado alternativo respetuosa de los derechos de los niños y niñas.

Cecilia Pacheco, Directora Programa FAE PRO Conchalí de Corporación Opción