El término “manadas” se ha hecho recurrente en los medios de comunicación, a raíz de denuncias e impactantes relatos de abusos y violaciones a mujeres cometidas por grupos de hombres.
Nuestro país no ha quedado ajeno a esta realidad. Durante el último tiempo hemos sido testigos de denuncias de adolescentes sobre situaciones de abuso y acoso sexual de las que han sido víctimas por parte de grupos de compañeros de colegio, situación que se ha repetido en varias comunas de Santiago. Impulsadas por esto, y con el fin de denunciar la situación, el jueves incluso se realizó una masiva marcha en la capital que culminó en las oficinas del Mineduc.
Impacta que estas historias se sigan repitiendo pese a los años de lucha para que los derechos de mujeres y niñas sean respetados en diferentes ámbitos. Duele además que sean otros jóvenes, otros niños, los que intentan abusar o acosar a sus pares. Si bien hoy esto se sabe mucho más rápido, ya sea por la inmediatez de las redes sociales, y/o porque las mujeres estamos más conscientes de nuestros derechos, que esto se siga repitiendo una y otra vez, no importando la edad ni condición social, nos demuestra que son visiones que están muy arraigadas.
El cambio cultural y el avance a nivel de políticas púbicas es urgente, así como la erradicación de estas prácticas violentas cometidas contra mujeres y niñas a diario. Diferentes estudios indican que, de las niñas y niños que son abusados sexualmente, un 75% son mujeres y que estos hechos son cometidos mayoritariamente en el círculo cercano de las víctimas. Que en pleno siglo XXI nuestro país no cuente con políticas y programas de educación sexual es realmente una aberración.
Es aberrante que en 2020 el Congreso no haya aprobado el proyecto de Ley de Educación Sexual Integral y que en 2021 el Tribunal Constitucional declarara inconstitucional el artículo de la Ley de Sistema de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, referido a que el Estado debe garantizar la educación sexual y afectiva integral de carácter laico y no sexista.
Esperamos que en 2022 esta situación se subsane con la recién aprobada norma sobre educación sexual integral que avanzó en el Pleno de la Convención Constitucional que, por tanto, será parte del proyecto de nueva carta magna que tendrá que validar la ciudadanía y frente a la cual el Congreso tenga que legislar teniendo en mente, como prioridad, los problemas reales de los y las adolescentes, y no sus principios morales o religiosos. Aberrante sería que como sociedad no quisiéramos hablar ni educar a los niños, niñas y adolescentes sobre su cuerpo y su sexualidad.
Francisca González, Socióloga Área Derechos de la Niñez y Redes Corporación Opción.