Dentro de unos días, una serie de municipios realizarán una consulta ciudadana para limitar los horarios en que niños, niñas y adolescentes pueden estar en la vía pública. Afirman que ello responde a un afán de “formalizar” el rol de los adultos responsables del cuidado y protección de estos y así “mitigar los peligros a los que se exponen los niños y adolescentes en la calle”.
Resulta una argumentación, a lo menos, curiosa. Poco hemos escuchado sobre los motivos que generan que las calles se transformen en un espacio peligroso para niños y niñas. Y es evidente que, sobre las razones de fondo, los alcaldes, alcadesas y demás autoridades tienen mucho que decir y, por cierto, mucho que hacer. La pregunta es: ¿Por qué son los niños y niñas los que deben restringir su libertad individual para hacer frente a los peligros que los adultos hemos generado para ellos?
Lo que observamos es la vieja paradoja de don Otto, que, frente al ser engañado por su pareja en el sillón, vende el sillón. Sugerir la prohibición o la restricción de la libertad de los niños y niñas a transitar por la vía pública en determinados horarios es, por una parte, reconocer que no somos capaces de generar entornos seguros para ellos, y, por otra, negarles su titularidad de derechos. A niños, niñas y adolescentes les asiste el derecho al libre tránsito, evidentemente, en concordancia con su madurez y autonomía progresiva. Por lo cual, conculcar este derecho con un supuesto fin de protección es más bien una falacia argumentativa que da cuenta de las pocas intenciones de hacerse cargo del problema de fondo y de soluciones sustantivas que, efectivamente, materialicen la responsabilidad del Estado y la sociedad en su conjunto de garantizar el cuidado y protección de la niñez y la adolescencia.
*Camila De la Maza, Abogada de Corporación Opción