Garantías de derecho en adopción

Según datos de la última Cuenta Pública Participativa del Servicio Nacional de Protección Especializada para la Niñez y Adolescencia, entre el 2022 y el primer semestre de 2023, 16.667 niños, niñas y adolescentes han transitado por el sistema de cuidado alternativo, residencial o familia de acogida.

A propósito de aquello, cabe tener en cuenta que la Convención de los Derechos del Niño -ratificada por nuestro país en 1990- reconoce el derecho de todo niño y niña a vivir en familia. No obstante, cuando esta garantía colisiona con otros derechos, el Estado en su rol de garante, podría determinar como última medida la separación de éste de su familia biológica, pudiendo decretar subsidiariamente la adopción.

Durante las últimas semanas el Ministerio de Desarrollo Social y Familia anunció cambios en el sistema nacional de adopción, con el objetivo de priorizar el cuidado familiar y evitar la institucionalización, así como agilizar los procesos y establecer plazos más acotados. Ello constituye un importante paso dentro de la reforma integral que se promueve. Sin embargo, su avance sólo se podrá concretar en la medida que el sistema nacional de adopción, disponga de un nuevo marco legal regulatorio que garantice el efectivo ejercicio universal de derechos, de todos los niños y niñas a lo largo del proceso, tanto pre como post adoptivo. En especial, que considere acciones preventivas y de alerta temprana, que permitan potenciar recursos y minimizar factores riesgos asociados a desafíos que emergen durante la trayectoria familiar adoptiva.

Por todo ello, urge dar celeridad a la aletargada nueva Ley de Adopción, para disponer efectivamente de una visión actualizada, amplia e integral de la adopción y que otorgue a niños y niñas garantías en todo momento de su adopción, en concordancia con los principios contenidos en la Ley de Garantías de la Niñez y Adolescencia. 

Nadia Bustos, Coordinadora de Proyectos de Corporación Opción