Durante la interpelación a la ministra Blanco, fuimos testigos de un diálogo de sordos, donde la diputada interpeladora llevaba un guión y la ministra el propio. Cada congresista tuvo su discurso y poco supimos sobre el fondo del asunto: cómo se conducirán las voluntades políticas para que, de una vez por todas, el Estado logre avanzar en la instauración de una institucionalidad que garantice los derechos de todos los niños y niñas y a su vez, restablezca y repare los derechos de aquellos que han sido vulnerados.
Mucho se ha dicho sobre SENAME: que está sumido en una crisis profunda, que el Estado ha abandonado su rol, que no se han ocupado mal los recursos, que se ha hecho nada para mejorar. Sin embargo, la evidencia indica algo distinto, y parece que las actuales autoridades, tanto del ejecutivo como del Parlamento desconocen. Por ejemplo, en materia proteccional, el año 1990 el 63% de los niños y niñas atendidos por SENAME se encontraban en régimen residencial, sin trabajo alguno con sus familias, sin distinción entre los niños que requerían protección de los que infringían leyes; y en muchos casos, sin ninguna necesidad real de dicha internación. Al 2014, solo el 8,2% de los niños y niñas se encuentran en esa condición.
No obstante, y sin lugar a dudas, la lista de pendientes que conserva el Estado con la infancia y adolescencia -no solo la vulnerada en sus derechos- sigue siendo muy larga. Somos el único país de la región que no cuenta con una ley de garantías que asegure un piso mínimo de protección de derechos a todos los niños y niñas sin distinción. Ni hablar de los estándares OCDE, con los cuales tanto nos compararnos.
Con todo, el principal problema pareciera ser que las autoridades no están sabiendo leer el fondo del problema.
La presidenta señaló en su discurso del 21 de mayo, que el gran problema radica en la sobrecarga de trabajo de SENAME, la cual debe ser aliviada. Sin embargo, ello contrasta con que la gran mayoría de la oferta programática es ejecutada por organizaciones de la sociedad civil debidamente acreditadas. SENAME sólo ejecuta directamente el 4,2% de la oferta. Sería posible concluir que el problema tendría que ver, con que es un servicio que, a diferencia de las organizaciones de la sociedad civil, jamás se modernizó. Por ejemplo, sigue teniendo hogares de más de 100 niños, lo que es absolutamente obsoleto.
La diputada Vallejo, entre lágrimas señaló que el Estado “delegó la responsabilidad que tiene en privados, les entrega subvenciones… muchos de los recursos están retenidos en las cuentas corrientes de las colaboradoras, algunos ya están pensando en comprar bienes raíces”. No obstante, a pesar de su emoción, la diputada se equivoca. El Estado controla y fiscaliza, entrega orientaciones técnicas y supervisión a los programas que son ejecutados por la sociedad civil. Ahora bien, si la diputada tiene antecedentes fundados de la malversación de fondos públicos, debe ponerlos de inmediato a disposición del Ministerio Público porque esos hechos, son constitutivos de delito. Lo mismo la diputada Provoste. De lo contrario, ambas serían cómplices del mismo.
Observamos que muchos/as quieren abrazar la noble causa de los niños y niñas -lo que sin duda es una buena noticia- pero sin abordar la médula del asunto: la necesidad de instaurar una institucionalidad que garantice los derechos a todos los niños y niñas de manera universal (salud, educación, vivienda, vivir en familia, ser oído, que se resguarde su interés superior), contar con un servicio de protección especial que aborde la restitución de derechos en caso de abuso, maltrato, privación de medio familiar, etc; y mejorar nuestras políticas en materia de criminalidad juvenil, todo lo anterior, con un enfoque desde los derechos humanos y el catálogo de derechos instituido por la Convención de los Derechos del Niño.
De lo contrario, ni las comisiones investigadoras, ni las interpelaciones ni las lágrimas lograrán avanzar en la senda de la promoción, protección y garantía efectiva de los derechos de niños, niñas y adolescentes; quienes importan no solo porque son el futuro, sino porque son el presente y como sociedad estamos en deuda.
Consuelo Contreras, Directora Ejecutiva de Corporación Opción
Carta al Director / La Tercera