La pandemia del Coronavirus comienza a poner sobre la mesa discusiones que hemos postergado, o que simplemente no habíamos abierto. Una de ellas es la del cuidado.
La necesidad de aplanar la curva de contagio obligó al cierre temporal de recintos educacionales y, como consecuencia de ello, los niños y niñas deben permanecer en sus hogares. ¿Quién se hace cargo de su cuidado? La pregunta surge especialmente porque la medida del cierre escolar no fue de la mano del cierre de los lugares de trabajo, que podría permitir a los y las adultas ejercer sus tareas de cuidado y evitar así la propagación del contagio.
Las medidas sobre el mercado del trabajo en este contexto de crisis global no pueden estar exentas de considerar el interés superior de niños y niñas, entendido este como la máxima satisfacción de sus derechos y la responsabilidad del Estado y la sociedad en su conjunto para su cuidado y protección.
Instituir al Estado como garante de derechos precisamente pasa, por ejemplo, por preguntarnos si corresponde o no asignarle un rol en esta materia. Es indispensable comprender que la responsabilidad de cuidar no puede ser exclusiva de las familias –particularmente de las mujeres- como suele entenderse, sino compartida, como una responsabilidad social. De lo contrario, las brechas de la desigualdad y discriminación vuelven a impactar especialmente a los grupos más vulnerables, que no cuentan con las posibilidades de faltar a su empleo, y finalmente a los niños y niñas de familias más pobres, quienes quedan expuestos a más precariedad, ahora producto de una emergencia sanitaria.
El desafío, entonces, es cómo nos transformamos en una comunidad que es capaz de compartir el costo del cuidado. Solo la acción compartida entre las familias, el Estado y el sector privado permitirá generar mejores condiciones para el ejercicio de esta tarea.
*Consuelo Contreras, Fundadora de Corporación Opción