Día Internacional del Niño

La adopción de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, el 20 de noviembre de 1989, es un acuerdo que tomó 10 años de negociaciones y muchas décadas de invisibilización total de los niños, niñas y adolescentes como sujetos titulares de derechos.

Dicho tratado, fijó un piso mínimo de reconocimiento de derechos para éstos, siendo el primero post guerra fría en consignar en el mismo instrumento derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales; y, además, un ámbito de protección especial, de la cual solo la infancia y la adolescencia son titulares. Fue innovador para su tiempo e instó a los Estados a avanzar, no solo en su ratificación, sino también en la consolidación progresiva de una cultura de protección integral que el tratado proponía.

Si bien nuestro país la ratificó en el año 1990, luego de 31 años, faltan grandes pasos para alcanzar este piso mínimo propuesto por la Convención. Uno de ellos, es el reconocimiento expreso de la calidad de sujetos de derecho y la armonización de ello con las normas jurídicas vigentes. Sin embargo, los derechos humanos son dinámicos. Hoy sería insuficiente quedarnos solo en ese piso mínimo propuesto hace 32 años atrás por la Organización de Naciones Unidas.

En una nueva conmemoración del día internacional del niño, resulta indispensable hacer algunas reflexiones, considerando el especial momento que vive nuestro país, tanto por las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias como por el trabajo que se encuentra desarrollando la Convención Constituyente. Reconocer a los niños y niñas como sujetos, iguales en dignidad y derechos entre sí y con los adultos, es una urgencia impostergable. Como también lo es, priorizarlos y asegurar derechos sociales que les permitan el máximo desarrollo de sus potencialidades. No porque sean el mañana de nuestro país, sino porque son el presente. El futuro se construye hoy, con los niños, niñas y adolescentes sentados en la mesa principal de la democracia

 

Consuelo Contreras, Fundadora y Directora Ejecutiva de Corporación Opción.


El Día Mundial para la Prevención del Abuso contra los Niños

El abuso y la violencia hacia los niños y niñas debe ser entendido como una pandemia social que impide que millones de ellos y ellas puedan crecer y desarrollarse plenamente. Como lo señala un reciente Informe de Naciones Unidas (2020), 8 de cada 10 niños y niñas vive violencia física o psicológica en su hogar.

En el día para la prevención del abuso contra niños y niñas hay dos desafíos que, necesariamente, debemos afrontar. El primero es un desafío a nivel individual y el segundo es a nivel país.

¿Qué hago yo por generar contextos y relaciones que promuevan el buen trato y el rechazo de toda forma de violencia y abuso? ¿Cómo en mi espacio cotidiano actúo para promover el cuidado y la protección de niños y niñas? ¿Qué hace y qué puede hacer Chile para la prevención del abuso contra niños y niñas?

Hoy nuestro país necesita cuestionar las normas sociales y culturales en las que vivimos, que validan toda forma de violencia y abuso hacia los niños y niñas. ¿Cómo, a más de 30 años de la ratificación de la Convención de los Derechos del Niño, ellos y ellas, aún son considerados como objetos de castigo y maltrato?

Chile se encuentra ante el desafío de construir una nueva Constitución, una que reconozca la titularidad de derechos a niños y niñas y que promueva activamente su respeto en tanto sujetos de derechos. Una nueva Constitución que establezca un rumbo distinto para la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes de Chile.

 

Alejandro Astorga, Jefe Técnico Área de Desarrollo, Asesoría y Supervisión Técnica de Corporación Opción


Perspectiva de género en el tratamiento de la delincuencia juvenil

Los delitos cometidos por menores de edad, pese a lo que podría imaginarse, muestran un franco descenso en los últimos 10 años. Cifras del Ministerio Público, de la Defensoría y de Sename, muestran que la participación de adolescentes entre 14 y 17 años en infracciones penales, ha disminuido en alrededor de un tercio.

Este notorio descenso aún requiere de mayor estudio para ser explicado en su globalidad. Sin embargo, si se desagregan los datos por sexo, podemos advertir esta baja está determinada en buena parte por una disminución de los adolescentes varones en los delitos, pues en el caso de las adolescentes mujeres, si bien descienden su participación, ésta es menor, lo que hace que proporcionalmente, hoy haya más niñas que niños cometiendo delitos, que hace 10 años.

La consideración de una perspectiva de género para analizar el fenómeno de la participación de adolescentes en delitos, debe ser advertida por futuras investigaciones en la temática. Publicaciones efectuadas por investigadoras mujeres, señalan que el campo temático de la denominada delincuencia juvenil muestra una especie de invisibilización de la situación de las adolescentes mujeres, que es señalado como una “ceguera del género”. Afirman, que buena parte de los estudios debido a que las adolescentes mujeres son pocas dentro del total de adolescentes que cometen delitos, no consideran sus necesidades y especiales particularidades, generando un campo de conocimiento fundado en un enfoque androcéntrico, en que, sobre la base de características de los adolescentes varones, se establecen conclusiones que se extienden a sus pares mujeres.

Los instrumentos internacionales de derechos humanos, reconocen la obligación especial de parte de los Estados de proteger a las mujeres frente a las desigualdades de género, en especial de la pobreza y de la violencia que afectan su pleno desarrollo. Incorporar una genuina perspectiva de género en el campo del estudio de la infancia y adolescencia, no sólo resulta fundamental para alcanzar un mejor conocimiento sobre las particularidades de cualquier fenómeno que involucra a la población infanto-juvenil femenina, sino que permitiría mejorar el diseño e implementación de políticas públicas y programas de intervención, contribuyendo a una efectiva realización de los derechos humanos de niñas, adolescentes y mujeres.

 

Miguel Luarte, Coordinador Técnico de Corporación Opción

 

 


Actuar hoy

La quema de las pocas pertenencias de migrantes en situación de calle nos obliga a hacer una reflexión más profunda. ¿Qué ha provocado que algunos sientan el derecho a humillar a otros de esa manera?, ¿Qué rol tiene el Estado en esto? Las preguntas son muchas, pero todas sus respuestas debieran tener como base la dignidad de las personas, un derecho humano irrenunciable, respecto del cual el Estado tiene el deber de establecer garantías efectivas para su ejercicio y protección.

La crisis humanitaria que vive América Latina por el desplazamiento forzado de millones de personas desde sus países de origen -principalmente de Venezuela, Haití, Colombia, entre otros- ha demostrado que todos los actores han fallado. Tanto los Estados, como los organismos internacionales de protección de derechos humanos, no han podido dar una respuesta articulada a una necesidad imperiosa, que es la sobrevivencia de todas las personas que han tenido que salir a buscar condiciones mejores para una vida digna.

Las familias venezolanas desalojadas en Iquique, que luego sufren la agresión y humillación por parte de otros ciudadanos, es la expresión más brutal de políticas públicas que no han podido hacerse cargo adecuadamente de una realidad que seguirá tocando las fronteras de nuestro país: la migración. Y ésta también es un derecho humano.

Todos los días, niños y niñas atraviesan la región, solos o con sus familias, en busca de un porvenir que sus países les han privado. Nuestra respuesta, no puede ser una hoguera que queme sus sueños como quemaron sus juguetes, ropas y pertenencias de cobijo. La urgencia de abordar esta crisis, de acuerdo a estándares de derecho humanos, es real. El riesgo de continuar abordando el conflicto desde una visión persecutora y criminal, es seguir permitiendo la instalación de expresiones xenófobas y racistas, que solo degradan nuestra convivencia social y nos alejan de un piso mínimo de humanidad indispensable para la vida. El tiempo de actuar es hoy.

Consuelo Contreras, Fundadora y Directora Ejecutiva de Corporación Opción.


¿Mejor niñez?

Próximamente iniciará sus funciones el nuevo Servicio Mejor Niñez, que reemplazará al Servicio Nacional de Menores. Desde luego, hay expectación. Especialmente cuando se han cumplido 10 años desde el primer informe emitido por la jueza de familia Mónica Jeldres, sobre la situación de niños y niñas en el sistema residencial y, bajo la impresión de la opinión pública, la situación de la niñez bajo cuidado del Estado sigue en la misma precariedad.

En este sentido, hay que tener, a lo menos, dos elementos muy presentes para la observación de la puesta en marcha de este nuevo Servicio. La primera, es que más del 90% de los niños y niñas que requieren de prestaciones de protección especializada, están en el sistema ambulatorio de atención, para el cual, no hay mayores innovaciones con la nueva ley. Es más, hay retrocesos muy alarmantes, como ingresar menores de 14 años por una conducta delictual, sin un debido proceso que determine la participación del adolescente en hechos de ese carácter. Y la segunda, es que se instala un nuevo Servicio, sin una ley de protección integral de la niñez que garantice un piso mínimo de derechos sociales para la niñez, sin modificación a la ley de Tribunales de Familia y sin cambios sustantivos al sistema que instituya una efectiva responsabilidad estatal para la restitución de los derechos vulnerados sufridos por niños y niñas.

Así las cosas, nuestro sistema sigue sin reconocer realmente a la infancia como titular de derechos humanos, lo que se agrava más con el reciente fallo del Tribunal Constitucional, que declaró la inconstitucionalidad de la autonomía progresiva y otros derechos de niños, niñas y adolescentes. Para lograr resultados distintos, se requiere hacer algo diferente. No basta más fiscalización y nuevos nombres, si la sustancia sigue siendo la misma. Se requiere un avance más profundo que esperemos que la nueva Constitución sí esté dispuesta a hacer.

Camila de la Maza, Abogada Área Derechos de la Niñez y Redes Corporación Opción.


Ser niñas

Hace 20 años, el país se conmocionó por el caso de un grupo de niñas que habían sido secuestradas, violadas y asesinadas por un hombre en Alto Hospicio, que, según lo dictaminado por la justicia, actuaba en solitario. Las investigaciones policiales, durante dos años, no lograron determinar qué ocurría con las adolescentes, ya que, ante las denuncias de sus familiares, la respuesta siempre fue que se habían ido de sus casas a ejercer la “prostitución” a países fronterizos. Nada de ello fue cierto. Solo había prejuicios y estigmatización.

Hace unas semanas, la jueza Mónica Jeldrez, denunció ante la CIDH la situación de niñas que están siendo víctimas de explotación sexual en el sistema residencial de SENAME, frente a la inacción de los órganos estatales. Similar situación se exhibió en el reportaje de Informe Especial, que dio cuenta de las redes de explotación sexual infantil que afectan a niñas que, debiendo ser protegidas por el Estado, han sufrido de este flagelo; y pese a las denuncias de quienes trabajaban con ellas, la investigación penal ha sido lenta y la acción policial colmada de prejuicios y culpabilización a las víctimas. ¿Qué tienen en común todos estos casos? Ser niñas, adolescentes, en situación de vulnerabilidad.

En materia de explotación sexual infantil, el avance integral en su tratamiento ha sido insuficiente. En el mes de junio, ingresó un proyecto de ley que, aunque acotado, al menos cambia la tipificación del delito de “prostitución infantil” a lo que verdaderamente es: una explotación a la infancia, principalmente niñas. Sin embargo, ni siquiera ha sido puesto en tabla para su discusión.

Es de esperar, que nuestra reacción frente a este horror sea pronta y sustantiva. Las niñas y adolescentes que están en explotación sexual, no pueden seguir siendo víctimas, además, de nuestro silencio, de nuestra desidia, de nuestros prejuicios ni de nuestro desprecio.

Camila de la Maza, Abogada Área Derechos de la Niñez y Redes Corporación Opción.

 


Día Internacional contra la Trata de Personas

Este 30 de julio se conmemora el Día Internacional Contra la Trata, flagelo que constituye una grave violación a los derechos humanos, en que las personas son consideradas un objeto, cosificadas como una mercancía, victimizando en especial a mujeres y niñas (Informe 2016, UNODC), en su mayoría, con fines de explotación sexual. La Trata es considerada el tercer negocio más lucrativo a nivel mundial. Se considera un delito en Chile desde el año 2011 (ley 20.507) y consiste en captar, trasladar, acoger o recibir a una persona mediante violencia o engaño, para someterla a explotación sexual, pornografía forzada, mendicidad y/o trabajos forzados, servidumbre, uso de niños para la extracción de órganos o contextos de guerra (niños soldado).

A nivel mundial, así como en nuestro país, la trata suele ser muy invisibilizada, siendo un delito de escasa detección y condena. El actual contexto de pandemia, no ha hecho más que acentuar dicha situación, dificultando su persecución y erradicación. Las condiciones de vida de las personas se han visto fuertemente afectadas, acrecentando las desigualdades y creando una crisis humanitaria. Si bien, se ha visto restringida la libertad de movilidad, limitando las posibilidades de migrar para quienes se ven en la necesidad de buscar mejores horizontes, lo cierto es que las redes de trata y explotación que se benefician de las condicionantes descritas, se adaptan utilizado vías alternativas, diversificando la “estrategia de negocio” (UNODC 2020).

Tal como se ha visto en la experiencia del programa ESCI OPCIÓN, la trata de niños, niñas y adolescentes con fines de Explotación Sexual, se mantiene activa desde las redes sociales y el uso de dispositivos como celulares o computadores, burlando barreras legales con las que cuentan diferentes países para detectarla. Dicha experiencia también nos ha mostrado la relevancia de explorar no solo las trayectorias de vida –en cuanto a historia familiar, de vínculos afectivos, de relaciones con pares y escolares- sino también, las trayectorias de movilidad –como cambios geográficos tanto intra como trans regional-, estableciendo rutas que muchas veces se mantienen inexploradas e invisibilizadas, no solo por los servicios sociales y organismos encargados de su detección, sino también por la mismas víctimas dada la imposición del secreto, del miedo a denunciar, o ser denunciado y devuelto al país de origen. La trata y sus redes fomentan la sensación de soledad, promueven el temor hacia las instituciones del país de acogida, refuerzan el silencio en las víctimas, su aislamiento y la imposibilidad, por tanto, de que otros vean el propio sufrimiento.

Lorena Bojanic, Coordinadora de Proyectos de Corporación Opción


Un revés antes de ser ley

El Sistema de Garantías de Derechos de la Niñez, recién aprobado en el Congreso, sufrió un grave retroceso antes de convertirse en ley. Ello, porque un fallo del TC lo vuelve a situar en el espacio privado enfatizando que los padres ejercen “su autoridad para conducir a sus hijos en su camino a la adultez, inspirados en lo es que bueno para ellos de acuerdo a su mejor juicio”. Esto es gravísimo, porque no hay reconocimiento de derechos sin un espacio paulatino para desarrollar su ejercicio.

El Tribunal, además, nos sorprendió señalando que “el sistema de reglas al interior de una familia (…) es un espacio esencialmente desregulado desde el punto de vista jurídico”. En esta línea, si los padres estiman que es mejor que los niños no vayan al colegio y que se dediquen a trabajar, ¿sería correcto porque es una decisión de la familia? No. La propia Constitución establece la obligatoriedad de la educación escolar, primaria y secundaria, y existen medidas judiciales en caso de incumplimiento y organismos estatales que las entablan. El Estado no es un espectador de lo que el niño o niña viva dentro de su espacio familiar y la responsabilidad de madres y padres se ejerce en función de la protección de los niños, no para la satisfacción de sus máximas morales o culturales. Precisamente, porque niños, niñas y adolescentes son personas titulares de derechos, que deben ser garantizados por el Estado, el cual debe apoyar a las familias para cumplir su rol orientador.

En Chile, el 70% de los niños y niñas indican haber sufrido algún tipo de maltrato y el 20% de ellos, de carácter sexual. El 62,5% de los adultos declaran usar mecanismos violentos para educar a sus hijos. Con estas cifras, ¿podemos subordinar el destino de niños y niñas solo a los que sus padres y madres estiman que es bueno para ellos/as? La Convención de los Derechos del Niño, ratificada y vigente en Chile, prescribe que no. El fallo del TC, lamentablemente, va en el sentido contrario.

Camila de la Maza, Abogada Área Derechos de la Niñez y Redes Corporación Opción.


Nunca más sin ellas

El fenómeno de la llamada delincuencia juvenil, o más bien los delitos cometidos por menores de edad, pese a lo que podría imaginarse, muestra un franco descenso en los últimos 10 años. Cifras del Ministerio Público, de la Defensoría y de Sename, muestran que la participación de adolescentes, entre 14 y 17 años en la comisión de delitos, ha disminuido en al menos un tercio.

Este notorio descenso aún requiere de mayor estudio para ser explicado en su globalidad, sin embargo, si se desagregan los datos por sexo, vemos que la disminución está determinada en buena parte por una disminución de los adolescentes varones en los delitos, pues las adolescentes mujeres, si bien descienden su participación, ésta es menor, lo que hace que proporcionalmente, hoy haya más niñas cometiendo delitos que hace 10 años.

Esta consideración debe ser advertida por futuras investigaciones en la temática, pues publicaciones efectuadas por investigadoras mujeres, señalan que el campo temático de la denominada delincuencia juvenil, posee una especie de invisibilización de la situación de las adolescentes mujeres que, para otras autoras, es señalado como una ceguera del género. Afirman que buena parte de los estudios, debido a que las adolescentes mujeres son pocas dentro del total de adolescentes que cometen delitos, no consideran sus necesidades y especiales particularidades, generando un campo de conocimiento con un enfoque androcéntrico, en que basándose en características de los adolescentes varones, se establecen conclusiones que se extienden a las adolescentes mujeres.

Los instrumentos internacionales de derechos humanos reconocen la obligación especial de parte de los Estados de proteger a las mujeres de las desigualdades de género, en especial de la violencia de género, que afectan su pleno desarrollo. Incorporar esta perspectiva el campo de estudio de la infancia y adolescencia, no sólo resulta fundamental para proponer un mejor conocimiento de las particularidades de cualquier fenómeno que afecta a la población infanto-juvenil femenina, sino que con su incorporación podrá estar contribuyendo de mejor forma a una efectiva realización de los derechos humanos de niñas, adolescentes y mujeres.

Miguel Luarte, Coordinador Técnico de Proyectos Corporación Opción


Infancia vetada

En nuestro país, niños y niñas no cuentan con garantías para el ejercicio pleno de sus derechos, puesto que no existe una legitimidad en torno a ellos, sino más bien una suerte de condicionalidad a la lógica derecho/deber que contraviene toda norma establecida en la Convención de Derechos del Niño y donde el veto presidencial, anunciado al proyecto de ley que crea un Sistema de Garantías y Protección Integral a la Niñez y Adolescencia, no hace más que ratificar lo anterior.

Resulta imperante comprender que el derecho preferente de los padres de educar a sus hijos no puede limitar la autonomía progresiva de estos y que la producción de cambios legislativos deben ir en consonancia con el respeto y la promoción de niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho frente a la sociedad y el Estado, donde este último debiese aportar situándolos en el centro, pero también el corazón de las políticas públicas.

Hoy no logro imaginar la construcción de una sociedad realmente democrática y moderna con una infancia postergada. De nuestro compromiso dependerá su instalación definitiva en la conciencia social.

Paulina Castillo, Directora PIE Constitución Corporación Opción.