Niñez y proceso constituyente

Este fin de semana nuestro país vivió el evento político más relevante desde el retorno a la democracia. En él se confirmó que contaremos con un nuevo pacto social, construido de manera colectiva y democráticamente, algo que, en nuestros 202 años de independencia, no habíamos tenido.

Sin perjuicio de que los y las adolescentes bajo la actual legislación no tienen reconocido el derecho al voto, sería interesante que en el marco del proceso constituyente, pongamos sobre la mesa y asumamos un compromiso real para la efectiva garantía de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes.

Su reconocimiento constitucional como sujetos de derechos es crucial para la construcción de una sociedad más justa y fraterna con niños, niñas y adolescentes que, hasta hoy, han tenido una relación muy compleja con el Estado y sus políticas públicas, pues, pese a las obligaciones internacionales contraídas en esta materia, no han sido lo suficientemente considerados para su diseño e implementación.

Es indispensable que, en medio de esta crisis social, la democracia sea fortalecida a través de un reconocimiento expreso de los derechos de la niñez y la adolescencia. Ponerles primero en la fila, significa entonces, reconocerles una cuota de participación efectiva en la comunidad. Y esto es algo que debemos incorporar hoy.

*Camila De la Maza, Coordinadora de Seguimiento Legislativo en Corporación Opción


Un Estado que reprime, pero no repara

Está próximo a salir del Congreso el proyecto de ley que crea el nuevo Servicio de Protección Especializada de la Niñez que reemplazará al cuestionado SENAME. Dicho proyecto, puso especial énfasis en mayores controles para quienes ejecutan la oferta, pero se hizo poco cargo del contenido de la misma y eso, a poco andar, nos traerá iguales o peores problemas.

El proyecto no define, por ejemplo, en qué consiste la intervención ambulatoria, en circunstancias que el 90% de los niños, niñas y adolescentes que requieren de intervención es bajo esa modalidad. Y tampoco contempló programas para quienes han sufrido graves vulneraciones de derechos producto de la violencia institucional. Es decir, cuando el adolescente que habría sido empujado a la ribera del río Mapocho por un funcionario policial requiera reparación para superar el trauma vivido, no habrá cobertura estatal: ni hoy en el SENAME, ni mañana con el nuevo Servicio.

Lo paradojal, es que dicho proyecto sí contempla programas para niños menores de 14 años que habiendo sido sindicados como autores de un delito, sin que un tribunal los haya determinado responsables de ello, serán derivados a un programa. Es decir, serán intervenidos por el Estado en razón de su condición de supuestos infractores inimputables, y no en función de la vulneración de derechos que tengan a la base.

Vemos entonces, que tenemos un Estado que está disponible para reprimir y sancionar, pero no para reparar. Y eso, en materia de protección de derechos humanos, es especialmente grave.

*Consuelo Contreras, Fundadora Corporación Opción


Tiempos de pandemia: una oportunidad para estrechar vínculos

A inicios de marzo, mientras como programa PAS Maule (que trabaja con niños y niñas que han realizado alguna práctica abusiva sexual a otros niños) nos encontrábamos planificando el trabajo anual, comenzamos a conocer términos nuevos, tales como coronavirus, pandemia, cuarentena. Con incredulidad y temor veíamos lo que ocurría en otros países, preguntándonos cuál sería el panorama de Chile y cómo seguiríamos con nuestras actividades laborales. Asimismo, prontamente surgió otro término desconocido: trabajo remoto o teletrabajo.

A partir de ello, nuestra forma de desempeñarnos sin duda que cambió. Asumimos el desafío de dar continuidad a los procesos reparatorios de niños, niñas y sus familias, pero en modalidad online, desde nuestras casas, utilizando toda nuestra creatividad para desarrollar procesos acordes a sus necesidades, respetuosos de sus derechos, y asegurando condiciones de protección ante eventuales vulneraciones. Cambiamos el habitual espacio terapéutico, que eran las salas de atención del programa PAS, por las casas de los niños y niñas, debiendo entrar en la intimidad de su hogar, y comenzamos también a utilizar videollamadas desde un computador o celular.

Hoy, varios meses después y a partir de los desafíos descritos, los aprendizajes han sido variados y constantes, pero el principal tiene relación con que esta pandemia ha sido una oportunidad para estrechar vínculos con las familias que atendemos, las cuales han sido generosas en permitirnos entrar en la intimidad de su hogar, presentarnos a los integrantes del grupo familiar, mostrarnos los espacios que comparten, y contarnos cómo desarrollan su día a día. Y si bien existen momentos complejos que interfieren en el desarrollo de las sesiones (por factores externos y que no están bajo nuestro control), ha sido maravilloso no solo poder dar continuidad a la intervención psicoterapéutica, sino que acompañarlos durante este tiempo tan difícil, donde están llenos de temores y dudas, y donde, a decir verdad, ha surgido un acompañamiento mutuo, pues ha existido una preocupación genuina y cariñosa de los niños, niñas y sus familias también hacia nosotros.

*Sara Torres, Psicóloga del Programa PAS Maule


Más vale tarde

Desde el pasado mes de abril, en Corporación Opción hemos instado a las autoridades a que evaluaran la posibilidad de incorporar a los permisos temporales uno que permitiera que niños, niñas y adolescentes en cuarentena pudieran salir de sus hogares para el resguardo de su estabilidad física y emocional. Ello, en la línea de las recomendaciones formuladas por el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, que señaló que los Estados, incluso en situaciones de crisis como las que vivimos, deben cumplir con sus obligaciones internacionales y asegurar tanto el derecho a la educación, a la salud y la vivienda adecuada, así como también el derecho a la recreación y el esparcimiento de niños y niñas.

Valoramos que, cuatro meses después, este permiso se materialice y comience a mitigar los efectos perniciosos del confinamiento, especialmente considerando que no todos los niños y las niñas lo viven en las mismas condiciones.

Junto con lo anterior, volvemos a instar al Estado a visibilizar las necesidades urgentes de la población infanto juvenil, ya que toda la evidencia disponible da cuenta de que serán los más afectados por las consecuencias de esta crisis, como son la pobreza, el riesgo de la exclusión escolar y el trabajo infantil.

*Milagros Nehgme, Directora Ejecutiva de Corporación Opción


Mañana será tarde

A veces la muerte nos interpela. Especialmente cuando son evitables, cuando evidencian las precariedades y los horrores del sistema, los prejuicios, y especialmente cuando nuevamente develan la violencia estructural que sufren niñas y adolescentes. Nadie puede permanecer impávido frente al crimen de Ámbar Cornejo. Tampoco frente al de Javiera Neira. Ni al de Nicole Saavedra. Todas tienen en común haber sido niñas y adolescentes víctimas de una violencia estructural intolerable en una sociedad democrática. Ahí radica la urgencia de que el Estado cuente con un sistema que les garantice a todas una vida libre de violencia. Especialmente si son menores de edad.

Se culpa a los jueces que dieron la libertad condicional a un hombre condenado por un doble homicidio, al programa que la atendía en el SENAME, a su madre. Pero poco hemos escuchado sobre la responsabilidad del Estado de contar con los dispositivos adecuados para que todo lo anterior no hubiera ocurrido, y que, en definitiva, hubiera permitido a Ámbar el ejercicio de su derecho a vivir libre de todo tipo de maltrato y abuso.

Por ello la ley de garantías y protección de la niñez y la adolescencia no puede seguir esperando. Nadie nos asegura que con ella este y otros crímenes no hubieran ocurrido, pero sí tenemos evidencia de que cuando contamos con un sistema adecuado de promoción de derechos, que reconoce a las niñas como titulares de derecho y releva la importancia de resguardar su interés superior por sobre otras consideraciones, tenemos más posibilidades y herramientas para que, levantadas las alertas, los mecanismos de protección puedan efectivamente actuar. Hoy, porque mañana será tarde.

*Consuelo Contreras, Fundadora de Corporación Opción


Los preocupantes efectos de la pandemia en la ESCNNA

Organismos internacionales (UNICEF, IIN-OEA) han manifestado su preocupación por los efectos que la pandemia por COVID-19 tendrá en las condiciones de vida y bienestar integral de niños, niñas y adolescentes. Las necesidades humanitarias que actualmente se están detectando pueden implicar un aumento de las situaciones de trabajo infantil y explotación sexual en sus diversas modalidades, muchas de las cuales surgen producto de las estrategias de sobrevivencia ante la crisis. En el último tiempo se han denunciado redes que producen, difunden y almacenan pornografía infantil, utilizando plataformas digitales como Instagram, Facebook u otras. Investigaciones han señalado que, a nivel mundial, el tráfico de imágenes de pornografía infantil, que incluye graves abusos sexuales hacia niños y niñas, incluso de menores de 2 años, ha aumentado cerca de un 30% desde la aparición del coronavirus.

En nuestro país el confinamiento ha definido, como una de las medidas esenciales, la suspensión de clases, con el consiguiente estudio modalidad online a través de plataformas y redes sociales, lo que implica que los niños, niñas y adolescentes permanezcan gran parte del tiempo conectados en línea, frente al computador y/o celular. Si previo a la pandemia las redes sociales constituían un espacio social de gran relevancia, en la actualidad este se ha vuelto en el único, con los consiguientes aportes y beneficios, pero también con importantes riesgos.

La cuarentena ha generado que adultos que anteriormente accedían a la explotación sexual comercial infantil (ESCNNA) en las modalidades de turismo sexual o explotación sexual con contacto directo, ahora lo realicen vía internet, aumentando la demanda para acceder a contactos e imágenes de pornografía infantil, como también el acoso vía internet, lo que se conoce como grooming.

La adolescencia en sí misma constituye una etapa de desarrollo en que la imagen y la socialización a través de redes sociales actualmente forman parte del desarrollo y la construcción de identidad. Es importante que esto se haga con la suficiente información para proteger la navegación, saber de la existencia de este tipo de delitos y dudar de ciertas amistades sospechosas, evitando el contacto con agresores sexuales que ocultan su real identidad e intenciones en el anonimato.

Si bien existe un marco legal que penaliza tanto la producción como la distribución y el almacenamiento de material pornográfico, estos delitos suelen quedar en la impunidad (ley 19.927). Es muy difícil lograr pesquisar a qué niños o niñas corresponden las imágenes captadas en estos almacenamientos, y es complejo recuperar las imágenes que ya fueron difundidas. Parte del daño a las víctimas es sin duda el temor a no saber quién está haciendo uso de estas imágenes, quien podría verlas, y hasta cuándo estarán disponibles. Por tanto, es una experiencia de grave vulneración que se mantiene siempre en el presente, generando temor, vergüenza y alta exposición, y dificultando su resignificación. Nada justifica generar este daño, ya que se afectan gravemente la dignidad e integridad psíquica de niños, niñas y adolescentes.

Dado el preocupante aumento del tráfico y producción de material pornográfico, se hace necesario y urgente instalar esta realidad en el cotidiano de la familia y prevenirlo a través de campañas masivas, acompañadas de dispositivos orientados a la prevención e intervención. Lo anterior ayudará a que exista mayor información respecto de este tipo de delitos, que se problematice y se haga visible en nuestra sociedad. 

*Lorena Bojanic, Coordinadora de Proyectos de Corporación Opción


El abuso sexual no hace distinciones

Relacionar el hacinamiento con el abuso sexual y la necesidad de retomar las clases presenciales no parece ser un abordaje adecuado. La violencia y el abuso sexual hacia niños, niñas y adolescentes se presenta de manera transversal, sin distinción de clase ni de condición socioeconómica. Ello está ampliamente investigado y relevado por organizaciones como UNICEF; la Oficina Especial para la Violencia contra los Niños de Naciones Unidas; y, también, por estudios que hemos realizado en Corporación Opción desde hace ya varios años.

Si bien la escuela es un espacio de protección para los niños y niñas, la prevención del maltrato y el abuso sexual trasciende a ella. Es una materia que no ha sido debidamente abordada por nuestro país a través de sus políticas públicas y las acciones adoptadas por los distintos órganos del Estado, ya que se han mantenido prácticamente invariables en los últimos 15 años.

La evidencia demuestra que el abuso y la violencia no tienen una relación directa con la pobreza, sino con la ausencia de medidas efectivas tanto para su prevención como para la debida restitución de derechos y resignificación cuando estas situaciones ocurren. Más allá de la asistencia o no de los niños y niñas a la escuela, es un deber del Estado establecer tales medidas. Esperamos que esta sea una buena oportunidad para tomar acciones concretas en este sentido.

*Milagros Nehgme, Directora Ejecutiva de Corporación Opción


Niñez invisible

Han pasado cuatro meses desde que la autoridad determinó el cierre de escuelas y parques. Dos, desde que regiones como la Metropolitana están en confinamiento total y con permisos restringidos a dos semanales por persona. Niños, niñas y adolescentes han perdido elementos fundamentales para su desarrollo, como el contacto con sus escuelas, amigos y familiares significativos. Pese a ello, en todo este tiempo, no se les ha dedicado ninguna vocería oficial.

Pareciera que nadie los ve. La autoridad solo los menciona si se trata de advertirles que no se puede perder el año escolar o para referirse a la realización de pruebas estandarizadas de rendimiento. Como si no estuviéramos en medio de la crisis sanitaria más grande de los últimos 100 años, o que ello no significara mucho para miles de niños, niñas y adolescentes que miran a través de sus ventanas cómo las mascotas sí tienen permiso para salir a pasear.

Es urgente enmendar la ausencia de una perspectiva de niñez en la implementación de medidas de desconfinamiento. Considerando, por ejemplo, una franja horaria o permisos para que niños y niñas puedan salir de sus casas de la manera más segura posible, incluso antes de anunciar un eventual retorno a clases presenciales. Lo que está en juego es su salud mental y emocional y el ejercicio de derechos fundamentales para su desarrollo, como la recreación y la vida familiar.

Si niños y niñas de verdad “están primero” para la autoridad, incorporar medidas que protejan su salud y derechos debe ser una primera prioridad.

*Camila De la Maza, Coordinadora de Seguimiento Legislativo en Corporación Opción


El necesario reconocimiento de los niños, niñas y adolescentes

La pandemia, que nos ha obligado a permanecer en el confinamiento, también ha presionado a los poderes del Estado a resolver las urgencias que la crisis sanitaria ha abierto. Sin embargo, también se han retomado discusiones que llevaban décadas en la lista de los pendientes. Una de ellas dice relación con la ley de garantías o de protección integral de la niñez, cuyo primer intento se presentó en el año 2002.

Estamos en 2020 y dicha discusión sigue sin resolverse, con un proyecto presentado en el año 2015 que, en las últimas semanas, ha vuelto a ocupar editoriales, columnas y cartas al director.

No deja de ser llamativo que sectores conservadores, probablemente los mismos que ayer se negaron a reconocer que niños y niñas merecían iguales derechos independiente del matrimonio entre sus padres, hoy se nieguen a reconocerles derechos con ciertas cuotas de autonomía, de acuerdo a su edad, madurez y desarrollo. Han llegado al punto de sostener que el Estado tiene la pretensión de “intervenir” las familias, como si el solo hecho de reconocer a los niños y niñas como sujetos fuera una afrenta contra padres y madres.

A su vez, esos mismos sectores jamás se pronuncian ante una realidad innegable: que la violencia y el maltrato hacia los niños son de las pocas cosas que se distribuyen con igualdad en Chile. Estos se producen de manera transversal a la clase social y a la instrucción educativa de los cuidadores. Frente a esa realidad, ¿vamos a seguir mirando hacia el lado? En pleno siglo XXI, ¿vamos a seguir afirmando que el Estado no tiene la obligación de asegurar a niños, niñas y adolescentes condiciones materiales mínimas para el ejercicio de sus derechos? ¿Vamos a seguir culpando a las familias cuando no cuentan con herramientas para el cuidado y protección de sus hijos e hijas?

Pues bien, de eso precisamente se trata la ley de garantías. De establecer un catálogo de derechos que el Estado debe asegurar para el máximo desarrollo posible de la niñez, en comunión con sus familias, comunidades y entornos. Quien insista en algo distinto, o bien no ha leído el proyecto o, lisa y llanamente, pretende conservar un sistema que, desde luego, ha fallado históricamente con los niños y las niñas. En la actualidad no tienen garantizado el acceso a la salud, ni a la matrícula en la escuela, ni tampoco cuentan con espacios para el juego y el esparcimiento. En definitiva, no tienen garantizados de forma efectiva ninguno de sus derechos, y lo cierto es que ello es una obligación estatal, relativa a generar condiciones mínimas para una vida digna.

Así las cosas, el reconocimiento de la autonomía progresiva no tensiona a la familia, como algunos pretenden afirmar. Lo que sí la tensiona es la indolencia de las políticas públicas frente a las necesidades actuales de niños, niñas y sus adultos cuidadores, y, por cierto, su falta de reconocimiento: es este el que permite la armonía social y no al revés. Cuando soy reconocido en la comunidad, me siento parte de ella y colaboro en su fortalecimiento.

Lo único que está amenazado con la ley de garantías es un sistema anacrónico, que se ha esmerado en negarle a niños, niñas y adolescentes el lugar que les corresponde en la democracia: su consideración como personas titulares de derechos, cuyo ejercicio es progresivo de acuerdo a su edad y madurez.

*Camila De la Maza, Coordinadora de Seguimiento Legislativo de Corporación Opción


Niños y niñas titulares de derechos

En su última carta, Cristóbal Aguilera señala que el poner cifras en el debate, cuando cito como ejemplo la violencia que sufren los niños, es “tensionar la relación filial”. En realidad, el objeto era visibilizar que el Estado tiene obligaciones más intensas que “ayudar y colaborar”, porque la realidad es que 8 de cada 10 niños en Chile es víctima de alguna forma de maltrato, y el Estado debe tomar medidas respecto de eso. Por ello el fortalecimiento de la autoridad paterna, como plantea Cristóbal, no es la única forma de resguardar los derechos de niños y niñas, especialmente cuando el 62,5% de los cuidadores utiliza la violencia en la educación de los niños. Eso no es una visión ideológica, es la constatación de una cruda realidad que como sociedad debemos abordar y erradicar.

Ahora bien, volviendo al inicio de esta discusión, lo que he sostenido es que los niños y niñas son titulares de todos los derechos constitucionalmente reconocidos a todas las personas, incluido el derecho a manifestación pacífica. Esto no es ninguna innovación del proyecto de ley de garantías de la niñez, porque se encuentra recogido tanto en nuestra Constitución como en la Convención de los Derechos del Niño, que tiene 30 años de vigencia en nuestro país. Ello, sin lugar a dudas, va de la mano del deber preferente de padres y madres a educar y orientar a sus hijos, pero no puede restar el rol de garante que al Estado le cabe. El aprendizaje del ejercicio de los derechos es progresivo, y debe ser garantizado por el Estado en comunión con las familias y la comunidad. Ni más ni menos que eso.

*Consuelo Contreras, Fundadora de Corporación Opción