En marzo se cumplió un año de la promulgación de la Ley 21.430, sobre Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, que permitió al Estado de Chile cumplir con algunas obligaciones internacionales pendientes.

Conocida por todos como Ley de Protección Integral, otorga la universalidad para el ejercicio de derechos a todos los niños, niñas y adolescentes independiente de su condición jurídica. Tanto a aquellos que estén en programas de restitución de derechos, como a quienes han cometido infracciones a las leyes.

Para este 2023, esperamos que se otorguen los recursos institucionales, programáticos y financieros para la plena efectividad y gobernanza de una política pública acorde, que garantice el bienestar de todos y todas los niños, niñas y adolescentes del país.  Pues, a un año de la publicación de esta ley, es importante reforzar la necesidad de su difusión, de modo de hacer efectivos los derechos ahí enunciados.

Osvaldo Vázquez, Coordinador de Proyectos de Corporación Opción

Conmemoramos este 8 M recordando a las mujeres y sus luchas en cada uno de los espacios que habitan. 

Por su derecho a elegir la vida que quieren vivir y no aquella que se les impone, no solo desde una cultura patriarcal dominante, sino a partir de la histórica precariedad en la que muchas deben sobrevivir. La falta de un acceso oportuno, igualitario y digno para gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, garantizados constitucionalmente, mantiene aún en pleno siglo 21 a muchas mujeres de nuestro país, viviendo en contextos de pobreza, evidenciándose la falta de respuesta organizada por parte del Estado: Precariedad laboral, escaso acceso a la vivienda digna, a salud sexual y reproductiva, a una educación que entregue igualdad de oportunidades y sistemas de prevención de las múltiples formas de violencia, entre muchas otras.

Celebramos que en la actualidad la transversal perspectiva de género esté cada vez más presente en las diversas entidades y ámbitos del Estado, por lo que ahora debemos pasar del discurso hacia la acción, históricamente movilizada desde la sociedad civil, potenciando los canales para la exigibilidad de los derechos que les son propios a las mujeres y las niñas.

La exclusión, la pobreza y la falta de acceso a los servicios más básicos para las mujeres nos siguen recordando que la lucha por sus derechos humanos es necesaria y urgente.  

Lorena Bojanic, Coordinadora de Proyectos y Encargada de Área de Desarrollo en Investigación, Participación y Redes aplicada a Proyectos.

Durante los últimos días el Ministerio de Educación presentó un plan de reactivación educativa que busca, entre otras cosas, superar retrasos y desigualdades que se manifiestan actualmente en el sistema, y que se vieron acentuados durante la pandemia.

Con esto como antecedente, hoy -que conmemoramos un nuevo Día Mundial de la Educación- es pertinente preguntarnos cuáles son los desafíos de nuestro país tras la lenta retirada de la pandemia y los cambios sociales que hemos vivido durante el último periodo.

Retomar la asistencia regular a las clases y generar una buena convivencia escolar se torna urgente. El año pasado detectamos un aumento en las situaciones de violencia que se producían en las escuelas, además de la indeseable consecuencia de la educación a distancia que impactó en el descenso de la valoración de la asistencia escolar.

Un segundo desafío tendrá que ver con hacernos cargo de quienes, por diversos motivos, se encuentran fuera del espacio escolar, ya sea por falta de oferta escolar (especialmente hacia la población migrante en ciertos territorios), como por la experiencia de trayectorias escolares complejas y rezago escolar.

La educación es un derecho humano, un bien público y una responsabilidad colectiva. Hacernos cargo de esto es un deber hacia los niños, niñas y adolescentes que habitan el país.

Carolina Díaz, Abogada Área Proyectos Corporación Opción

En los últimos años, la trata con fines de Explotación Sexual ha proliferado en distintos puntos de la comuna de Santiago, uno de ellos es el sector de Plaza de Armas que se ha convertido en una alternativa lucrativa para organizaciones criminales, proxenetas y facilitadores sexuales, siendo las niñas, adolescentes y mujeres las más afectadas (Informe mundial ONU 2018). La clandestinidad que caracteriza este tipo de delitos no es sólo la mayor fortaleza para las organizaciones criminales, sino que es la mayor desventaja para las víctimas (OIM, 2022).

En la experiencia de Corporación Opción, la situación de los niños, niñas y adolescentes víctimas de la trata, se ha visto agravada por las diversas problemáticas que se derivan de los contextos de migración. Los explotadores captan a sus víctimas bajo amenazas y abusos, pues se surten del miedo a la denuncia de su situación de irregularidad al ingresar al país. De este modo, las niñas, adolescentes y mujeres migrantes, temen denunciar a sus agresores, cediendo a sus condiciones. Así, este fenómeno daña profundamente la dignidad de las personas, en especial, la de las niñas y adolescentes, pues las convierten en una mercancía, en un objeto a transar, manteniéndose en una extrema precariedad social, económica y emocional.

Visualizar estas dinámicas en el territorio, se hace muy difícil para las instituciones y organismos destinados a proteger a las víctimas, así como fomentar las denuncias y ofrecer alternativas, por lo que dependerá de una mayor coordinación entre el Estado, la sociedad civil, Organismos Internacionales y la comunidad en general. Será fundamental que el Estado Chileno tenga un rol más activo en la investigación de los delitos que ocurren en el casco histórico de Santiago, así como en sensibilidad a la comunidad, visibilizando las características propias de la trata de niños y niñas con fines de explotación,  implicando a los vecinos, locatarios, comerciantes y transeúntes de la Plaza de Armas y sus alrededores, porque dadas las características de este delito y la manera de operar de los grupos criminales y facilitadores sexuales, solo con una comunidad activa se puede lograr su detección y erradicación.

Denisse Olave, Directora Programa ESCI Santiago, Corporación Opción

El pasado 12 de enero el presidente de la República Gabriel Boric, promulgó la Ley 21.527 que, junto a crear el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, permitirá generar un sistema de justicia especial para las y los adolescentes que se imputen o sancionen por infringir la ley, además de especializar a los actores de justica, creando un sistema procesal y de ejecución de medidas y sanciones acorde a las nuevas tendencias del derecho penal especial, que busca tanto la prevención especial -evitando las escaladas en carreras delictuales-, como la efectiva inserción social.

El nuevo sistema que, junto con declarar capaces a las y los adolescentes para responder por su participación y responsabilizarlos en los hechos punibles, regula las consecuencias, ajustada a derecho y las garantías para que de esta manera puedan responder al reproche por los actos infraccionales cometidos.

Frente a esto, y ante la sensación de aumento de violencia en la participación de adolescentes en hechos delictuales, reconocemos la voluntad política de los tres últimos gobiernos, representando a tres coaliciones políticas diferentes que -con altura de miras y de país- han sabido dar continuidad a la tramitación, aprobación y preparación para la puesta en marcha del nuevo sistema penal juvenil en Chile que recoge las evaluaciones y mejoras en estos más de 15 años de ejecución de la Ley 20.084 de responsabilidad penal juvenil.

Osvaldo Vázquez, Coordinador de Proyectos de Corporación Opción

Como ciudadanos y ciudadanas nos impactó conocer la existencia de investigaciones académicas que intentan fundamentar la pedofilia como un acto natural, razonable socialmente y no dañino hacia los niños y niñas; sustentando sus ideas en la libertad individual y en aquello que las organizaciones de la sociedad civil, y entidades nacionales e internacionales, han impulsado a partir de la Convención de Derechos del Niño: el derecho a opinar y participar, desde la libre expresión y la autonomía progresiva, para tomar decisiones que les conciernen.

Sorprende acercarnos a modelos teóricos elaborados –y probablemente líneas de investigación que las avalen y difundan- donde un delito que conmociona a las sociedades modernas, como es el abuso sexual infantil, sea justificado y promovido como una práctica positiva, aun cuando el niño o niña agredido se vuelva un objeto de satisfacción para un adulto. No repara en la asimetría de poder, en el daño, ni en los nocivos efectos que para niños y niñas tiene este tipo de traumáticas experiencias. Esta manera de pensar la niñez, forma parte de ideas que creíamos superadas.

Nuestra experiencia como institución nos permite afirmar que el abuso sexual infantil no es inocuo, pues genera severas dificultades, que muchas veces continúan presentes en la vida adulta, manifestándose en sintomatología a nivel emocional y en las relaciones con los otros, afectando la seguridad en sí mismos, la autovaloración y la manera de comprender el mundo, pues la experiencia de trasgresión en la esfera de la sexualidad por parte de un adulto, muestra una de las peores caras de una sociedad, porque la dignidad y el respeto hacia los niños y niñas dejan de ser el valor fundamental con el que los seres humanos convivimos.

Lorena Bojanic, Coordinadora de Proyectos de Corporación Opción

El 10 de diciembre de 1948, en la Asamblea General de la Naciones Unidas, reunida en París, se proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Suscrita por la mayoría de los países del mundo, constituyó uno de los primeros acuerdos de carácter internacional de reconocimiento, protección y promoción de los derechos humanos. Esta Declaración, compuesta por su preámbulo y 30 artículos, es relevante hasta el día de hoy, ya que establece los derechos fundamentales de las personas. De forma universal, obliga a los Estados, permitiendo que estos derechos sean exigibles por cualquier persona o comunidad, más allá de las fronteras geográficas, culturales, idiomáticas, y sin discriminación alguna, de tipo racial, religiosa, de edad, de género o política. En definitiva, un primer idioma universal centrado en la persona humana.

A 74 años de su promulgación, sería hermoso poder decir, que estos estándares mínimos de respeto entre los seres humanos se han logrado, lamentablemente no es así y sabemos que falta mucho por alcanzar. Sin embargo, indudablemente desde esa fecha ha habido avances, pues a partir de esta declaración, han surgido numerosos tratados y convenciones internacionales, que han profundizado en muchos de sus postulados, surgiendo desde allí la necesidad de políticas públicas para que cada país vaya avanzando en estándares mínimos de respeto. En este sentido, la Declaración Universal de Derechos Humanos, además es una especie de ruta de declaración de principios, a la que debemos estar siempre atentos y atentas para no perder el rumbo ni decaer en este largo camino y ser realmente defensores y promotores de su conocimiento y aplicación.

Milagros Nehgme, Directora Ejecutiva de Corporación Opción

La convención sobre los Derechos del niño ratificada en Chile el 14 de agosto de 1990, busca principalmente asegurar que todos los niños y niñas se beneficien de una serie de medidas especiales de protección y asistencia, entre ellas, ejercer su derecho a la identidad, la que garantiza que tengan un nombre y una nacionalidad desde su nacimiento.

El nombre, como parte de la identidad, es uno de los elementos fundamentales en la vida de todo ser humano, pues forma parte de sus orígenes y lo hace ser una persona única. En los procesos de adopción, la intención de modificar el nombre del niño o niña, suele ser más frecuente de lo esperado y poco se habla de ello.

¿Cuál es el peligro? Se pone en riesgo la única certeza que hasta ahora él o ella ha tenido: saber quién es. Entonces, pedirle a alguien -cuyo mundo está cambiando- que también cambie su nombre de pila, equivaldría a exigirle que sea alguien distinto de quién ha sido.

La identificación con el nuevo núcleo familiar no puede depender de un nuevo nombre -que además es un cambio que habitualmente se realiza en forma unilateral- sino que debería surgir a partir de la construcción de vincular que facilita el apego y pertenencia del niño o niña con la nueva familia.

Un nuevo nombre debiera responder a un acuerdo basado en el respeto, aceptación y comprensión de la historia previa del hijo o hija, considerando siempre su opinión. Una aceptación íntegra de él o ella implica el reconocimiento y valoración de sus orígenes, junto con darle la posibilidad de que éste pueda decidir cómo quiere llamarse, más allá de los deseos y motivaciones particulares de los adultos. 

La integración familiar es un proceso a partir del cual se construyen relaciones basadas en el afecto. Los niños y niñas son parte de ese proceso y también necesitan tiempo, especialmente para integrar su historia y cerrar de forma simbólica su etapa de vida anterior a la adopción. Es aquí cuando, libre y espontáneamente, ellos y ellas pueden referir su deseo de cambio de nombre.

La adopción no intenta borrar la propia identidad, ni tampoco pretende el olvido de su pasado, sino por el contrario, busca el derecho a vivir en familia, teniendo como base el respeto a sus orígenes. Conjuga la historia de los padres, de los niños, y aquella que en conjunto construyan como familia.

Los desafíos de la adopción son variados y requiere de padres sensibles y capaces de postergar sus propios anhelos en pos de una crianza reparatoria, la cual se inicia con el respeto al derecho a la identidad de quien les ha permitido convertirse en familia adoptiva. 

Camila Valladares, Directora PRI Punta Arenas

Por medio de los medios de comunicación se ha producido una alarma pública en torno al caso de dos niños que portaban cuchillos y tenían una actitud amenazante en contra de fiscalizadores en el centro de Santiago.

La primera medida de las autoridades ha sido realizar un catastro de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en los espacios públicos, junto con denunciar el hecho ante Tribunales de Familia. Pero, ¿será esto suficiente para evitar la desprotección en la que viven?

Probablemente lo que nos muestra el video es la punta del iceberg de situaciones que se replican en diversas partes del territorio nacional, donde los fenómenos de migración, crisis económica, delincuencia y post pandemia han calado profundo en la población más vulnerable del país.

El asumir la responsabilidad de Estado como garante de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, obliga a tomarse en serio un rol activo y no reactivo en materia de protección. Es urgente que podamos detectar tempranamente a aquellos que no están accediendo a prestaciones básicas como salud y educación, en particular en el caso de migrantes en situación irregular que no son detectados por las políticas sociales.

Esta es una oportunidad para que todos los organismos del Estado, incluyendo las municipalidades, puedan estar atentos a posibles vulneraciones de derechos como la que vimos esta semana, agilizando las medidas y políticas necesarias para que cada niño, niña y adolescente pueda ejercer sus derechos plenamente.  

Milagros Nehgme, Directora Ejecutiva de Corporación Opción

La violencia hacia las mujeres se comienza a manifestar desde el momento de su nacimiento, no sólo en las formas más conocidas como la violencia física y psicológica, sino que en el trato inequitativo desde el inicio de la vida. Las violencias simbólicas, vistas en el trato asimétrico según género, también van marcando -de formas silenciosas- todo el ciclo vital.

Cuando nace una niña se le imponen gustos, actividades y comportamientos acorde a lo que se dicta que debe hacer alguien de su género, limitándolas a vivir infancias libres e incluso a tomar decisiones libres de la influencia de los roles de género, a medida que van creciendo.

En la transición de la infancia a la adolescencia, por influencia de los medios de comunicación, tecnológicos y la publicidad, estas son hipersexualizadas obligándolas a dar el paso de ser niñas a tener comportamientos propios de mujeres adultas. Así, la violencia se va manifestando de formas más claras, a través del acoso en redes sociales o en el transporte público, por dar ejemplos cotidianos.

Las nuevas generaciones han comenzado a quebrar algunos de estos patrones que por siglos fueron socialmente aceptados. Hoy las niñas y adolescentes tienen voces más notorias, rechazan el silencio, y enfocan su potencial en la búsqueda de una sociedad más equitativa. Tenemos la responsabilidad, desde el mundo adulto, de sumarnos a la generación de cambios y hacer de ello un esfuerzo conjunto.

En el día internacional de la no violencia contra las mujeres, pensemos en ellas, las que crecen bajo estándares de género específicos que violentan simbólicamente su desarrollo y crecimiento. Generemos un espacio seguro y respetuoso en el que puedan sentirse libres, escuchadas y seguras, independiente del género con el que nacieron.

Javiera Porcel, Socióloga Área de Derechos de la Niñez y Redes de Corporación Opción.