¿Mejor niñez?

Próximamente iniciará sus funciones el nuevo Servicio Mejor Niñez, que reemplazará al Servicio Nacional de Menores. Desde luego, hay expectación. Especialmente cuando se han cumplido 10 años desde el primer informe emitido por la jueza de familia Mónica Jeldres, sobre la situación de niños y niñas en el sistema residencial y, bajo la impresión de la opinión pública, la situación de la niñez bajo cuidado del Estado sigue en la misma precariedad.

En este sentido, hay que tener, a lo menos, dos elementos muy presentes para la observación de la puesta en marcha de este nuevo Servicio. La primera, es que más del 90% de los niños y niñas que requieren de prestaciones de protección especializada, están en el sistema ambulatorio de atención, para el cual, no hay mayores innovaciones con la nueva ley. Es más, hay retrocesos muy alarmantes, como ingresar menores de 14 años por una conducta delictual, sin un debido proceso que determine la participación del adolescente en hechos de ese carácter. Y la segunda, es que se instala un nuevo Servicio, sin una ley de protección integral de la niñez que garantice un piso mínimo de derechos sociales para la niñez, sin modificación a la ley de Tribunales de Familia y sin cambios sustantivos al sistema que instituya una efectiva responsabilidad estatal para la restitución de los derechos vulnerados sufridos por niños y niñas.

Así las cosas, nuestro sistema sigue sin reconocer realmente a la infancia como titular de derechos humanos, lo que se agrava más con el reciente fallo del Tribunal Constitucional, que declaró la inconstitucionalidad de la autonomía progresiva y otros derechos de niños, niñas y adolescentes. Para lograr resultados distintos, se requiere hacer algo diferente. No basta más fiscalización y nuevos nombres, si la sustancia sigue siendo la misma. Se requiere un avance más profundo que esperemos que la nueva Constitución sí esté dispuesta a hacer.

Camila de la Maza, Abogada Área Derechos de la Niñez y Redes Corporación Opción.


Ser niñas

Hace 20 años, el país se conmocionó por el caso de un grupo de niñas que habían sido secuestradas, violadas y asesinadas por un hombre en Alto Hospicio, que, según lo dictaminado por la justicia, actuaba en solitario. Las investigaciones policiales, durante dos años, no lograron determinar qué ocurría con las adolescentes, ya que, ante las denuncias de sus familiares, la respuesta siempre fue que se habían ido de sus casas a ejercer la “prostitución” a países fronterizos. Nada de ello fue cierto. Solo había prejuicios y estigmatización.

Hace unas semanas, la jueza Mónica Jeldrez, denunció ante la CIDH la situación de niñas que están siendo víctimas de explotación sexual en el sistema residencial de SENAME, frente a la inacción de los órganos estatales. Similar situación se exhibió en el reportaje de Informe Especial, que dio cuenta de las redes de explotación sexual infantil que afectan a niñas que, debiendo ser protegidas por el Estado, han sufrido de este flagelo; y pese a las denuncias de quienes trabajaban con ellas, la investigación penal ha sido lenta y la acción policial colmada de prejuicios y culpabilización a las víctimas. ¿Qué tienen en común todos estos casos? Ser niñas, adolescentes, en situación de vulnerabilidad.

En materia de explotación sexual infantil, el avance integral en su tratamiento ha sido insuficiente. En el mes de junio, ingresó un proyecto de ley que, aunque acotado, al menos cambia la tipificación del delito de “prostitución infantil” a lo que verdaderamente es: una explotación a la infancia, principalmente niñas. Sin embargo, ni siquiera ha sido puesto en tabla para su discusión.

Es de esperar, que nuestra reacción frente a este horror sea pronta y sustantiva. Las niñas y adolescentes que están en explotación sexual, no pueden seguir siendo víctimas, además, de nuestro silencio, de nuestra desidia, de nuestros prejuicios ni de nuestro desprecio.

Camila de la Maza, Abogada Área Derechos de la Niñez y Redes Corporación Opción.

 


Día Internacional contra la Trata de Personas

Este 30 de julio se conmemora el Día Internacional Contra la Trata, flagelo que constituye una grave violación a los derechos humanos, en que las personas son consideradas un objeto, cosificadas como una mercancía, victimizando en especial a mujeres y niñas (Informe 2016, UNODC), en su mayoría, con fines de explotación sexual. La Trata es considerada el tercer negocio más lucrativo a nivel mundial. Se considera un delito en Chile desde el año 2011 (ley 20.507) y consiste en captar, trasladar, acoger o recibir a una persona mediante violencia o engaño, para someterla a explotación sexual, pornografía forzada, mendicidad y/o trabajos forzados, servidumbre, uso de niños para la extracción de órganos o contextos de guerra (niños soldado).

A nivel mundial, así como en nuestro país, la trata suele ser muy invisibilizada, siendo un delito de escasa detección y condena. El actual contexto de pandemia, no ha hecho más que acentuar dicha situación, dificultando su persecución y erradicación. Las condiciones de vida de las personas se han visto fuertemente afectadas, acrecentando las desigualdades y creando una crisis humanitaria. Si bien, se ha visto restringida la libertad de movilidad, limitando las posibilidades de migrar para quienes se ven en la necesidad de buscar mejores horizontes, lo cierto es que las redes de trata y explotación que se benefician de las condicionantes descritas, se adaptan utilizado vías alternativas, diversificando la “estrategia de negocio” (UNODC 2020).

Tal como se ha visto en la experiencia del programa ESCI OPCIÓN, la trata de niños, niñas y adolescentes con fines de Explotación Sexual, se mantiene activa desde las redes sociales y el uso de dispositivos como celulares o computadores, burlando barreras legales con las que cuentan diferentes países para detectarla. Dicha experiencia también nos ha mostrado la relevancia de explorar no solo las trayectorias de vida –en cuanto a historia familiar, de vínculos afectivos, de relaciones con pares y escolares- sino también, las trayectorias de movilidad –como cambios geográficos tanto intra como trans regional-, estableciendo rutas que muchas veces se mantienen inexploradas e invisibilizadas, no solo por los servicios sociales y organismos encargados de su detección, sino también por la mismas víctimas dada la imposición del secreto, del miedo a denunciar, o ser denunciado y devuelto al país de origen. La trata y sus redes fomentan la sensación de soledad, promueven el temor hacia las instituciones del país de acogida, refuerzan el silencio en las víctimas, su aislamiento y la imposibilidad, por tanto, de que otros vean el propio sufrimiento.

Lorena Bojanic, Coordinadora de Proyectos de Corporación Opción


Un revés antes de ser ley

El Sistema de Garantías de Derechos de la Niñez, recién aprobado en el Congreso, sufrió un grave retroceso antes de convertirse en ley. Ello, porque un fallo del TC lo vuelve a situar en el espacio privado enfatizando que los padres ejercen “su autoridad para conducir a sus hijos en su camino a la adultez, inspirados en lo es que bueno para ellos de acuerdo a su mejor juicio”. Esto es gravísimo, porque no hay reconocimiento de derechos sin un espacio paulatino para desarrollar su ejercicio.

El Tribunal, además, nos sorprendió señalando que “el sistema de reglas al interior de una familia (…) es un espacio esencialmente desregulado desde el punto de vista jurídico”. En esta línea, si los padres estiman que es mejor que los niños no vayan al colegio y que se dediquen a trabajar, ¿sería correcto porque es una decisión de la familia? No. La propia Constitución establece la obligatoriedad de la educación escolar, primaria y secundaria, y existen medidas judiciales en caso de incumplimiento y organismos estatales que las entablan. El Estado no es un espectador de lo que el niño o niña viva dentro de su espacio familiar y la responsabilidad de madres y padres se ejerce en función de la protección de los niños, no para la satisfacción de sus máximas morales o culturales. Precisamente, porque niños, niñas y adolescentes son personas titulares de derechos, que deben ser garantizados por el Estado, el cual debe apoyar a las familias para cumplir su rol orientador.

En Chile, el 70% de los niños y niñas indican haber sufrido algún tipo de maltrato y el 20% de ellos, de carácter sexual. El 62,5% de los adultos declaran usar mecanismos violentos para educar a sus hijos. Con estas cifras, ¿podemos subordinar el destino de niños y niñas solo a los que sus padres y madres estiman que es bueno para ellos/as? La Convención de los Derechos del Niño, ratificada y vigente en Chile, prescribe que no. El fallo del TC, lamentablemente, va en el sentido contrario.

Camila de la Maza, Abogada Área Derechos de la Niñez y Redes Corporación Opción.


Nunca más sin ellas

El fenómeno de la llamada delincuencia juvenil, o más bien los delitos cometidos por menores de edad, pese a lo que podría imaginarse, muestra un franco descenso en los últimos 10 años. Cifras del Ministerio Público, de la Defensoría y de Sename, muestran que la participación de adolescentes, entre 14 y 17 años en la comisión de delitos, ha disminuido en al menos un tercio.

Este notorio descenso aún requiere de mayor estudio para ser explicado en su globalidad, sin embargo, si se desagregan los datos por sexo, vemos que la disminución está determinada en buena parte por una disminución de los adolescentes varones en los delitos, pues las adolescentes mujeres, si bien descienden su participación, ésta es menor, lo que hace que proporcionalmente, hoy haya más niñas cometiendo delitos que hace 10 años.

Esta consideración debe ser advertida por futuras investigaciones en la temática, pues publicaciones efectuadas por investigadoras mujeres, señalan que el campo temático de la denominada delincuencia juvenil, posee una especie de invisibilización de la situación de las adolescentes mujeres que, para otras autoras, es señalado como una ceguera del género. Afirman que buena parte de los estudios, debido a que las adolescentes mujeres son pocas dentro del total de adolescentes que cometen delitos, no consideran sus necesidades y especiales particularidades, generando un campo de conocimiento con un enfoque androcéntrico, en que basándose en características de los adolescentes varones, se establecen conclusiones que se extienden a las adolescentes mujeres.

Los instrumentos internacionales de derechos humanos reconocen la obligación especial de parte de los Estados de proteger a las mujeres de las desigualdades de género, en especial de la violencia de género, que afectan su pleno desarrollo. Incorporar esta perspectiva el campo de estudio de la infancia y adolescencia, no sólo resulta fundamental para proponer un mejor conocimiento de las particularidades de cualquier fenómeno que afecta a la población infanto-juvenil femenina, sino que con su incorporación podrá estar contribuyendo de mejor forma a una efectiva realización de los derechos humanos de niñas, adolescentes y mujeres.

Miguel Luarte, Coordinador Técnico de Proyectos Corporación Opción


Infancia vetada

En nuestro país, niños y niñas no cuentan con garantías para el ejercicio pleno de sus derechos, puesto que no existe una legitimidad en torno a ellos, sino más bien una suerte de condicionalidad a la lógica derecho/deber que contraviene toda norma establecida en la Convención de Derechos del Niño y donde el veto presidencial, anunciado al proyecto de ley que crea un Sistema de Garantías y Protección Integral a la Niñez y Adolescencia, no hace más que ratificar lo anterior.

Resulta imperante comprender que el derecho preferente de los padres de educar a sus hijos no puede limitar la autonomía progresiva de estos y que la producción de cambios legislativos deben ir en consonancia con el respeto y la promoción de niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho frente a la sociedad y el Estado, donde este último debiese aportar situándolos en el centro, pero también el corazón de las políticas públicas.

Hoy no logro imaginar la construcción de una sociedad realmente democrática y moderna con una infancia postergada. De nuestro compromiso dependerá su instalación definitiva en la conciencia social.

Paulina Castillo, Directora PIE Constitución Corporación Opción.


Otra cuarentena sin mirada hacia la niñez

El sábado 12 de junio, la RM regresó a cuarentena total. Estamos ante una situación sanitaria apremiante, con equipos de salud colapsados, con una población agotada con las medidas sanitarias y con índices en materia de niñez de extrema preocupación. Según el estudio realizado por la Universidad de Chile, 1.514.761 estudiantes de educación básica vieron alterados sus procesos educativos y el 68% de padres y madres considera que sus hijos e hijas han aprendido menos con la educación a distancia. Especialistas en primera infancia, ya indican que se pueden observar trastornos comunicativos, atrasos en el aprendizaje y problemas de salud mental.

Sin embargo, la región más poblada del país vuelve al confinamiento total y no existen medidas especiales y concretas para abordar la situación de niños, niñas y adolescentes, que les permita, a lo menos, contar con una franja protegida para poder salir de sus casas a espacios abiertos en un horario adecuado a su edad y contexto territorial. La franja deportiva entre las 6 y las 9 de la mañana, no se ajusta a las necesidades de éstos, que, en pleno invierno, con oscuridad y bajas temperaturas, simplemente no pueden hacer uso de ella.

En el contexto de la pandemia, la niñez ha estado preocupantemente ausente. Es de esperar, que las autoridades puedan asumir un compromiso real con ella y establecer medidas concretas que permitan mitigar el efecto adverso del confinamiento total, como es, por ejemplo, permitir el uso de parques y plazas en un horario adecuado para niños y niñas.

Camila de la Maza, Abogada Área Derechos de la Niñez y Redes Corporación Opción


Más protección social, fin al trabajo infantil

El año 2021 fue declarado el Año Internacional Contra el Trabajo Infantil, con el fin de desarrollar una acción mundial para poner fin a una situación que, en pleno siglo 21, afecta a 1 de cada 12 niños y niñas en el mundo. Chile suscribió la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y su meta 8.7 señala que al 2025 se pondrá fin al trabajo infantil en todas sus formas.

¿Es posible para nuestro país cumplir con este desafío? Casi 220.000 niños y niñas trabajan en nuestro territorio y el 90% realiza trabajos peligrosos, esto significa que realizan trabajos pesados, nocturnos, que generan daños irreparables en su salud, que les impide asistir a la escuela, o que son víctimas de redes de trata, tráfico o explotación sexual.

Terminar con el trabajo infantil en Chile no es solo posible, sino que es moralmente urgente y políticamente imprescindible. La vida de cientos de miles de niños y niñas está en riesgo y sus condiciones de vidas son ineludibles para el Estado. Fortalecer la educación pública y generar un sistema de protección social robusto y pertinente es la respuesta.

Durante los últimos años de pandemia a nivel mundial, 16 millones de niños han engrosado las filas del trabajo infantil; durante el mismo período, se han generado 10 trillones de dólares más de riquezas. Esta situación es inaceptable y esas prioridades comienzan a destruir a la humanidad.

Es por eso que este 12 de junio, Día Mundial Contra el Trabajo Infantil, debemos hacer un llamado para reflexionar y actuar con urgencia. Esos 220 mil niños y niñas que trabajan en nuestro país tienen derecho, sin discriminación alguna, a la protección y seguridad que Chile, sin lugar a dudas, está en condiciones de darles.

Consuelo Contreras, Fundadora de Corporación Opción

 

 

 


Una traba estructural en el reconocimiento de niños y niñas como sujetos de derechos

La Convención Sobre Derechos del Niño (y la Niña) (CDN), aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas y ratificada por Chile hace ya más de 30 año, generó un cambio profundo en la relación del niño y la niña con el Estado y la familia. Esos cambios, como ocurre con todas las normas internacionales de derechos humanos, tardan décadas en plasmarse en las políticas públicas y en la cultura de las sociedades.

La transformación del niño y la niña de objeto de protección en sujeto de derecho, implica el reconocimiento y la aceptación de que ellos y ellas son titulares de los derechos establecidos en la CDN y en virtud de la integralidad e interdependencia de los derechos humanos, así como de su interseccionalidad, son titulares de todos los derechos contenidos en las distintas normas aprobadas y ratificadas por Chile, que son parte del derecho internacional de los derechos humanos.

La titularidad (que para la RAE es la propiedad de algo reconocido legalmente) de derechos es la condición jurídica a través de la cual el niño y la niña, son propietarios(as) de cuestiones tales como su libertad, dignidad, igualdad, opinión, educación, entre otros derechos reconocidos.

La aceptación de esta propiedad y de la autonomía progresiva en su ejercicio y goce es lo que genera fuertes disputas en el campo político, social y cultural; y creo que hay algunos elementos que ponen aún más freno a este reconocimiento.

En primer lugar, el patriarcado. La concepción del padre patrón, en que el varón del grupo o de la familia, está a cargo de la defensa, protección y cuidado de todos quienes están bajo su dominio de propiedad y privacidad: mujeres, esclavos, siervos, hijos e hijas. En cuanto tal, ejerce esta protección a los hijos e hija en virtud de la autoridad y del poder que sustenta.

Asimismo, como señalara Alessandro Baratta durante la década de los ’90, el Estado y el derecho moderno se funda en un pacto para excluir, un pacto entre hombres, blancos, adultos y propietarios que permite la exclusión de la ciudadanía a todos los que son diferentes. Esta exclusión de la ciudadanía significa que no les pertenece de manera plena e igualitaria el estatus de ciudadano o ciudadana que les permite a las personas ser completamente miembro de una sociedad, en virtud de lo cual se moverán en los márgenes, siendo beneficiarios residuales y no sujetos que acceden plenamente y en virtud de sus derechos a los bienes y servicios que ha alcanzado la sociedad en que viven, educación, salud, información, entre muchos otros.

El reconocimiento de los niños, niñas y adolescentes como titulares de derechos, requiere abandonar y sepultar la idea que la protección que otorga el jefe de familia, lo hace en virtud de su poder, autoridad y derecho sobre los hijos e hijas. Ello implica avanzar en una concepción distinta de familia; un grupo consanguíneo o no, unido por los afectos y en la que los individuos que pertenecen a ella se cuidan y protegen en virtud de las relaciones colaborativas, respetuosas y afectivas; en las que el poder se ejerce en beneficio de la totalidad de sus miembros, entendiendo, escuchando y considerando las necesidades, gustos, sueños y opiniones de todos(as) y cada uno(a) de sus miembros.

La Convención Sobre Derechos del Niño (y la Niña), tardó 10 años en ser aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas y, a más de 30 años de su aprobación y ratificación por parte de Chile, todavía no contamos con una ley que permita, en el derecho interno, su plena implementación. Los topes están precisamente en la titularidad de derechos y en la autonomía progresiva.

Para la concepción patriarcal del Padre –patrón como jefe de familia y propietario de sus miembros, una vez liberados los esclavos y las mujeres de su autoridad- propiedad, sólo quedan los hijos y las hijas para mantener ese estatus inalcanzable para cualquier otro u otra miembro del grupo.

Sin lugar a dudas la Convención Sobre Derechos del Niño (y la Niña) cayó en el centro del poder del patriarcado, instalando los principios fundamentales de los derechos humanos en las pequeñas parcelas protegidas, donde con más fuerza se anida la ideología.

Consuelo Contreras, Fundadora de Corporación Opción

 


Ser titular

¿Qué significa que niños, niñas y adolescentes sean titulares de derechos? Significa reconocerles dignidad en su condición de seres humanos plenos, no como promesas del futuro. Ni más, ni menos.

Esto ha sido muy complejo. Cada vez que se ha pretendido legislar, por ejemplo, sobre autonomía progresiva –que no es más que el ejercicio paulatino de los derechos, de acuerdo a la edad y madurez de niños y niñas- afloran una serie de discursos que olvidan completamente esta titularidad y simplemente sostienen que los derechos de la niñez están sujetos a la voluntad de sus padres y madres, como si en ello el Estado no jugara ningún rol. Entonces, ¿Por qué existe un llamado permanente a terminar con el SENAME y mejorar la intervención en materia de vulneración de derechos? Porque el Estado debe garantizarlos y, también, debe actuar con debida diligencia para prevenir que las vulneraciones ocurran, porque lo cierto es que ocurren: el 71% de los niños en Chile sufre algún tipo de violencia o maltrato. A ello se agrega, las peores tasas en materia de suicidio adolescente de la región y una preocupante alza en la mala nutrición de los preescolares.

Lo mismo ocurre en el tratamiento que los medios les dan a los casos de niños y niñas “del” Sename. Como si el haber sufrido vulneraciones de derechos, pusiera a esas personas, en la vitrina pública y carecieran de privacidad, opinión, exponiendo sus vidas como si ahí no existiera una responsabilidad social que ejercer y los despoja incluso de su identidad: son niños “del” Sename.

Resulta urgente que la titularidad de derechos de niños, niñas y adolescentes, se materialice no solo en un cuerpo legal que los reconozca, sino que también, que como sociedad nos tomemos en serio lo que ello significa.

Camila de la Maza, Abogada Seguimiento Legislativo y Redes Corporación Opción.