Junto con la celebración de las fiestas patrias en Chile, hace exactos 4 años, un 18 de septiembre de 2019, se elaboró la Observación General N° 24 de Comité Internacional de los Derechos del Niño y la Niña, que brinda orientación al Estado para que regule su marco normativo y eleve sus estándares de derechos humanos en concordancia con la Convención y otros instrumentos internacionales de DDHH, en relación a los derechos de niños, niñas y adolescentes en el sistema de justicia juvenil.
Esta observación general sustituye la N° 10 (2007) relativa a los derechos del niño en la justicia de menores y refleja los cambios que se han producido desde 2007 como resultado de la promulgación de normas internacionales y regionales, la jurisprudencia del Comité, los nuevos conocimientos sobre el desarrollo en la infancia y la adolescencia, y la experiencia de prácticas eficaces, como las relativas a la justicia restaurativa.
En nuestro país se ha orientado esta Observación General adecuando la institucionalidad en estas materias, con la aprobación de la Ley N° 21.527 que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil (12/01/2023), e introduce modificaciones a la Ley N° 20.084 sobre responsabilidad penal adolescentes y otras normas regulatorias. Con la nueva institucionalidad se generan nuevos espacios en el sistema de justicia penal tradicional, para incorporar prácticas restaurativas como la mediación, que busca resolver los conflictos de carácter penal al incorporar a las víctimas, los ofensores, a las familias cuando proceda, y a la comunidad.
De esta manera, Chile avanza en formas alternativas y maduras en devolver desde el Estado los conflictos a quienes les pertenecen, para poder resolverlos con mayores garantías de ser tomados en cuenta como actores capaces del proceso penal.
Osvaldo Vázquez, Coordinador de Proyectos Corporación Opción