No es evasión, es protesta

Es erróneo calificar como un acto de “evasión” el ingreso concertado de cientos de escolares a las estaciones del Metro de Santiago sin pagar su pasaje. Las y los adolescentes efectuaron esta acción como un método pacífico de protesta, no como una artimaña para eludir el costo de sus traslados cotidianos.

Nos puede parecer legítima o no la forma y el fondo de esta movilización. Es legítimo también que la fuerza pública y la empresa reaccionen para resguardar el acceso de la población al servicio. Pero lo que no resulta sano, en una sociedad democrática, es criminalizarla.

Grandes aportes a la discusión pública han hecho adolescentes movilizados pacíficamente. La calidad de la educación, la protección del medio ambiente y el respeto a los derechos de niñas y mujeres, no tendrían la prioridad que hoy tienen sin el impulso de niños, adolescentes y jóvenes movilizados.

El derecho a la manifestación pacífica también corre para niños y adolescentes. Y la sociedad toda se beneficia de respetarlo.

*Consuelo Contreras, Fundadora de Corporación Opción


Control preventivo a adolescentes: aplausos para hoy, ¿y mañana?

El proyecto en discusión en la Cámara de Diputados que faculta a la policía para aplicar el control preventivo de identidad a adolescentes, junto a otras medidas intrusivas, está lejos de hacer lo que dice hacer: llevar “más seguridad a las personas” y permitir a las policías “intervenir a los jóvenes que estén prontos a cometer un delito”, como indicó la Subsecretaria de Prevención del Delito. Para controlar la identidad cuando existen indicios de que se cometió o se va a cometer un delito, la facultad ya existe, y la evidencia empírica demuestra, como lo hacen estudios de Fundación Paz Ciudadana y de la Facultad de Derecho de la UDP, que este control investigativo es más eficaz que medidas universales e indiscriminadas como la impulsada por el Gobierno en este proyecto.

Ante la ausencia de estudios que acrediten la efectividad de la medida, quienes la impulsan buscan justificarla en razón de datos llamativos, pero falaces. Según las cifras del Ministerio Público, la criminalidad adolescente ha disminuido en un 30% en los últimos 10 años y en solo el 2,5% de los delitos ingresados en 2018 hubo menores de 18 años involucrados.

La criminalidad adolescente está sumamente focalizada. Sabemos quiénes cometen delito y dónde están. Sabemos también cuáles son los factores de riesgo que los llevan a delinquir, como el rezago o la exclusión escolar, o el consumo problemático de drogas. Así, el Estado ya puede intervenir donde se reproduce el involucramiento de adolescentes en delitos. Sin embargo, nada de ello dice relación con el control preventivo, medida universal respecto de la cual el legislador no entrega ningún estándar para su aplicación, más que la sola discrecionalidad del funcionario policial.

La ausencia de evidencia que acredite los supuestos que sostienen este proyecto es especialmente grave tratándose de una medida que restringe derechos –como es el estar en la calle sin dar explicaciones por ello- y que criminaliza la adolescencia, exponiendo a los jóvenes a un contacto absolutamente innecesario con la policía. Además, el proyecto incluye medidas altamente intrusivas, como la revisión de efectos personales sin indicios de que se cometerá ni que se cometió un delito, a completo arbitrio y discreción de la policía, dejando a las personas en la más completa indefensión.

Es de esperar que en el Congreso Nacional prime la consideración de la evidencia, los derechos de niños/as y adolescentes, y también el derecho de todas las personas a la libertad individual, que no puede conculcarse a pretexto de una falaz promesa de seguridad.

*Consuelo Contreras, Fundadora de Corporación Opción


Escuchemos a Greta

Antes de escribir esta carta leí un montón de artículos y columnas que se refieren a Greta Thunberg. Algunas que la apoyan y otras que la critican. Llegué a la siguiente conclusión: no entiendo por qué se critica y discrimina a una persona que está haciendo ver al mundo que el cambio climático es una realidad, algo que a estas alturas todos deberíamos saber.

Greta es una niña, tiene 16 años, es asperger y es europea, y eso no la hace más ni menos que cualquier otro activista que pelea por lo mismo que ella: salvar al mundo. Se ha dedicado a motivar a personas de diferente nacionalidad, raza, sexo, edad, cultura, religión y tendencia política para buscar una solución a la crisis climática, que nos afecta a todos y todas por igual. Por esto, como miembro de la Agrupación Infantil y Juvenil de Corporación Opción, me siento inspirada por ella.

Hoy, en vísperas del Día Internacional de la Niña, creo que en vez de criticar a Greta Thunberg deberíamos escucharla, a ella y a los muchos otros activistas medioambientales, principalmente de nuestras localidades, para, en conjunto, defender nuestro hogar, que, por lo demás, es el único hogar que tenemos, a través de una participación activa y acciones concretas.

*Isidora Rodríguez, miembro de la Agrupación Infantil y Juvenil de Corporación Opción


Quintero, la Amazonía y el cambio climático: se nos acaba el tiempo

Últimamente se repiten mucho en las noticias la crisis ambiental en Quintero y los incendios en el Amazonas, aunque pareciera que nadie está haciendo algo para detenerlo. Vemos cómo día a día los niños, niñas y adolescentes de Quintero deben detener sus vidas porque no pueden salir a la calle sin arriesgarse a ser intoxicados por la contaminación en el aire. Vemos cómo en Brasil decenas de especies están en peligro de extinción por los incendios que arrasan con sus hogares. Vemos cómo los esfuerzos de las autoridades no son suficientes para acabar con ninguno de los dos problemas.

Como integrante de la Agrupación Infantil de Corporación Opción, veo que no podemos seguir con los ojos cerrados ante las urgencias ambientales que ocurren en el mundo, menos ante las que ocurren en nuestro propio país. Más de 15 derechos de los niños, niñas y adolescentes están siendo vulnerados en Quintero y no se han tomado las medidas necesarias para arreglarlo. Van varias semanas con el pulmón del mundo ardiendo y los esfuerzos mundiales por apagarlo no están siendo suficientes.

Greta Thunberg llegara al país en pocos meses para la COP25, donde se tratarán algunos de los temas más complicados del cambio climático. Esta será una instancia ideal para que se conversen todos los problemas que se han presentado en Chile y el mundo y que se busquen las maneras más adecuadas y eficaces para arreglarlos en conjunto.

Ahora más que nunca tenemos que poner presión para que se tomen medidas que intenten detener el cambio climático, se fomenten las actividades medioambientales, y se le dé información a la población sobre cómo actuar ante el fenómeno que se nos está presentando. No nos queda mucho tiempo para revertir lo que los adultos de esta y otras generaciones causaron en el planeta, pero si queremos que nuestros niños, niñas y adolescentes tengan dónde vivir mañana, tenemos que hacer algo hoy.

*Isidora Rodríguez, miembro de la Agrupación Infantil y Juvenil de Corporación Opción


Niños-problema y reinserción social

Cristóbal Cabrera volvió a ser noticia a partir de sufrir un ataque en la Cárcel de Puente Alto que lo mantiene en un estado grave. Frente a este hecho, surgió la pregunta en algunos medios de comunicación respecto a lo efectivo de la reinserción de aquellos niños, niñas y adolescentes (NNA) llamados “problemas”. Esta pregunta se asienta en los prejuicios más profundos de nuestra sociedad: ¿es posible que un niño-problema cambie si ya falló una vez? La interrogante profundiza el quiebre entre la sociedad y los otros, estos seres problemáticos que no logran mejorar por la vía del castigo, y nos desliga de una mirada comprensiva e inclusiva.

En Chile la infancia y la adolescencia no son prioritarias: aunque en los últimos años ha existido un aumento en la preocupación por los NNA, esta no se ha manifestado en políticas públicas que garanticen, reparen o restituyan sus derechos.

La experiencia ha demostrado que acciones concretas hacen que los cambios sean posibles, con lo cual no solo se debe creer en la reinserción social, sino que, además, se debe tener una sociedad que apueste e invierta en ella. Todas las investigaciones y experiencias en materia de reinserción penal muestran que existe una oportunidad para que se produzca el cambio, y que este tiene mayores posibilidades de ocurrir mientras el niño o niña se encuentra en formación. Para que sea efectivo requiere no solo el compromiso individual del niño, sino también el de una sociedad dispuesta a recibirlo.

En estos 29 años desde que se fundó Corporación Opción, hemos logrado visualizar muchos cambios en el trabajo cotidiano con niños, niñas y adolescentes no desde la mirada de verlos como un problema, sino de reconocer cada una de la capacidades y potencialidades que poseen, tanto ellos como sus familias. Para ser más efectivos en esta tarea, seguiremos trabajando en mejorar nuestras prácticas profesionales, pero para que las posibilidades de cambio se cumplan será necesario un trabajo en conjunto con comunidades abiertas a ampliar la mirada sobre la infancia y adolescencia, generando oportunidades reales de inclusión. 

*Cristian Zúñiga, Coordinador de Proyectos de Corporación Opción


Maltrato y abuso sexual infantil: Mucho por hacer

Hace algunos días Corporación Opción publicó el libro “Voces de una Historia. Relatos de Intervención en Maltrato y Abuso Sexual Infantil”, en el que tres niños y niñas narran sus experiencias como víctimas de maltrato o abuso sexual. También sus padres, y los terapeutas que los asistieron, dan cuenta del proceso de reparación por el que pasaron, detallando sus complejidades y logros. 

Contar estas historias nos pareció relevante, porque estas nos permiten ver a los niños, niñas y adolescentes (NNA), y a sus familias, como personas sufrientes, pero también con las capacidades que les permitieron restaurar su dolor. No queremos quedarnos con la visión de que tanto los NNA como sus familias son solo víctimas, porque este relato les resta dignidad.

Lamentablemente las cifras en violencia a los NNA son alarmantes. Por ejemplo, un 62,5% de los padres reconoce aplicar algún tipo de maltrato como método de disciplina hacia sus hijos (2017); un 25% de los niños y niñas dice haber sido víctima de maltrato físico grave por parte de uno o ambos padres (2012); y en el primer semestre de 2019, los casos de abuso sexual a menores de 14 años aumentaron en un 7,5% con respecto al mismo periodo del año pasado. Estas cifras indican que hay mucho por hacer. La violencia hacia ellas y ellos en cualquiera de sus formas no se puede tolerar y es obligación de cada uno de nosotros intervenir desde el espacio en que nos encontremos para transformar esta realidad.

Debemos abordar la violencia en su integralidad, instalando políticas públicas preventivas que permeen todos los espacios y niveles, y que nos permitan avanzar hacia ese cambio cultural en que los niños, niñas y adolescentes no sean cosificados, sino que sean reconocidos como sujetos de derechos.

*Milagros Nehgme, Directora Ejecutiva de Corporación Opción


Los derechos de la infancia: ¿ad portas de la primavera?

Llegó agosto: el último mes de invierno y la preparación para la primavera. Es también el mes de los niños y niñas. Buen momento para preguntarnos si la primavera llegará también para la infancia y terminarán por florecer proyectos legislativos, como el que crea el sistema de garantías de los derechos de la niñez, que duermen una larga siesta, bastante más larga que el invierno que comienza a dejarnos.

En noviembre próximo, el mundo celebrará los 30 años de la Convención de los Derechos del Niño y el gran hito en materia de derechos humanos que ese tratado internacional marcó. No es un detalle menor que se trate de un instrumento vinculante, que ha tenido casi plena ratificación por parte de todos los Estados miembros de la ONU, reconociendo –en términos jurídicos– un conjunto de derechos y garantías de los cuales niños y niñas son titulares. 

Con todo, del dicho al hecho hay un buen trecho. A 29 años de la ratificación de la Convención por parte de Chile, la implementación plena de sus normas aun es una deuda del Estado con la niñez y la adolescencia. Y ello toma importancia, especialmente, porque las cifras en materia de violencia contra los niños y niñas es alarmante: 7 de cada 10 han sufrido algún tipo de maltrato. Junto con ello, las tasas de suicidio adolescente son las más altas de la región, los indicadores de salud mental son los peores, y hay una profunda problemática asociada a la alimentación, con preocupantes cifras en sobrepeso en este grupo.

Avanzar a paso firme en normas y políticas públicas que garanticen efectivamente los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes es una demanda urgente y fundamental que, como la primavera, no puede esperar.

*Camila De la Maza, Abogada de Corporación Opción*


El invierno de los derechos

Corren días fríos e invernales para los derechos humanos. Al lapidario informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU sobre Venezuela se le suma la situación de los mismos venezolanos en nuestra frontera norte, quienes, una y otra vez, rebotan en el control migratorio y se les niega la entrada al país, a pesar de la obligación de nuestro Estado de dejar entrar a quien es solicitante de refugio. La situación no es mejor en países como Nicaragua, Brasil o Guatemala.

Pero, sin lugar a dudas, el invierno de los derechos también se ha hecho sentir en la vida de niños, niñas y adolescentes en Chile, con el avance de proyectos de ley que les niegan su condición de sujetos de derecho. Esta semana se aprobó la idea de legislar para habilitar a las policías a realizar control preventivo de identidad a adolescentes, esto es, que por el solo hecho de estar en la vía pública, pueden ser controlados tanto en su identidad como en sus pertenencias por personal policial. Y como si esto fuera poco, este fin de semana hace su estreno la “brigada de padres”, ciudadanos que, sin ninguna potestad pública ni preparación, podrán controlar la presencia de niños, niñas y adolescentes en la calle y “sugerirles” regresar a su casa.

¿En qué minuto los niños y niñas, merecedores de protección y cuidado, se transformaron en sospechosos? ¿En qué minuto el rol de garantizar derechos del Estado se convirtió en una facultad para poder vulnerarlos? Efectivamente, no existen derechos absolutos. Su ejercicio implica, en muchos casos, una colisión entre ellos, y para resolver cuál debe primar, debemos hacer una ponderación. El Estado puede conculcar un determinado derecho, pero ello no puede ser a cualquier costo: debe tratarse de una medida que cumpla con un estándar de proporcionalidad, esto es, que sea la medida más idónea y necesaria, en el marco de un estado democrático. Todo ello, pareciera ser, fue olvidado por nuestras autoridades, y los primeros en pagar las consecuencias fueron niños, niñas y adolescentes, quienes, en este frío invierno de los derechos, pasaron a ser víctimas del desamparo y los primeros en la fila de los sospechosos.

*Milagros Nehgme, Directora Ejecutiva de Corporación Opción


Hora Límite

Dentro de unos días, una serie de municipios realizarán una consulta ciudadana para limitar los horarios en que niños, niñas y adolescentes pueden estar en la vía pública. Afirman que ello responde a un afán de “formalizar” el rol de los adultos responsables del cuidado y protección de estos y así “mitigar los peligros a los que se exponen los niños y adolescentes en la calle”.

Resulta una argumentación, a lo menos, curiosa. Poco hemos escuchado sobre los motivos que generan que las calles se transformen en un espacio peligroso para niños y niñas. Y es evidente que, sobre las razones de fondo, los alcaldes, alcadesas y demás autoridades tienen mucho que decir y, por cierto, mucho que hacer. La pregunta es: ¿Por qué son los niños y niñas los que deben restringir su libertad individual para hacer frente a los peligros que los adultos hemos generado para ellos?

Lo que observamos es la vieja paradoja de don Otto, que, frente al ser engañado por su pareja en el sillón, vende el sillón. Sugerir la prohibición o la restricción de la libertad de los niños y niñas a transitar por la vía pública en determinados horarios es, por una parte, reconocer que no somos capaces de generar entornos seguros para ellos, y, por otra, negarles su titularidad de derechos. A niños, niñas y adolescentes les asiste el derecho al libre tránsito, evidentemente, en concordancia con su madurez y autonomía progresiva. Por lo cual, conculcar este derecho con un supuesto fin de protección es más bien una falacia argumentativa que da cuenta de las pocas intenciones de hacerse cargo del problema de fondo y de soluciones sustantivas que, efectivamente, materialicen la responsabilidad del Estado y la sociedad en su conjunto de garantizar el cuidado y protección de la niñez y la adolescencia.

*Camila De la Maza, Abogada de Corporación Opción


Protección del Estado y los adolescentes

Hace unos días, el alcalde Lavín llamó nuestra atención con su propuesta de contratar adolescentes para fiscalizar las botillerías. Muchas opiniones se manifestaron al respecto, y pese a que la gran mayoría de los expertos ha resaltado lo inadecuado de la medida, pareciera que ello no impedirá a que esta se realice.

Se ha sostenido que es el propio adolescente el interesado en ejercer ese trabajo. En este contexto, cabe preguntarse si basta la sola voluntad del adolescente para asumir una tarea de infiltración para controlar el cumplimiento de la ley de alcoholes, con todo lo que una actividad como esa conlleva: riesgo de ser reprendido u hostigado por los controlados, realizar una actividad nocturna en zonas de alta conflictividad como son las de expendio de alcohol, etc. La respuesta es no. No basta. Como sociedad hemos acordado que los menores de 18 años son titulares de derecho y requieren, para ejercerlos, un conjunto de garantías que, por una parte, van aumentando progresivamente de acuerdo a su autonomía y madurez para resguardar de manera íntegra su interés superior, desarrollo y supervivencia; y por otra, otorgan una esfera mayor de protección, porque atendida a su minoría de edad están en una posición de mayor vulnerabilidad. Así, el Estado tiene un deber de protección reforzada, y por lo tanto no puede exponerlo a un trabajo peligroso que podría comprometer seriamente su desarrollo integral.

No es aceptable, bajo estos términos, que la autoridad municipal propicie medidas que pongan en riesgo a los adolescentes, aunque ellos se manifiesten de acuerdo, porque infringe una obligación mínima que el Estado de Chile ha adquirido al suscribir la Convención de los Derechos del Niño: toda medida adoptada en relación a niños, niñas y adolescentes debe formularse para resguardar su interés superior, lo que significa satisfacer y garantizar sus derechos, siendo el más básico de ellos el resguardo de su vida, su desarrollo y supervivencia. No hay duda que supervisar la venta de alcoholes no solo no es una tarea para adolescentes, sino que además los sitúa en un lugar de riesgo.

*Camila De la Maza, Abogada de Corporación Opción