Todos fuimos testigos de Neverland

Luego de escuchar los impactantes relatos de abuso sexual por parte de dos de las víctimas de Michael Jackson en el documental emitido por HBO Leaving Neverland, es muy difícil sostener que dichas experiencias no existen, que se plantee que estas historias se inventan para obtener algún tipo de ganancia, o que las víctimas infantiles lo viven desde la fantasía.

Impacta que niños de 7 y 10 años, ahora adultos, hayan sufrido diversos abusos sexuales que se reiteraron durante largo tiempo, y en un lugar que paradójicamente habían soñado conocer: Neverland.

Neverland aparece como un paraíso hecho a la medida para atraer a los niños, sobre todo a quienes, en ese entonces –años 90–, soñaban con conocer al llamado rey del Pop. El éxito, la fama y el poder, materializados en un paraíso de disfrute y goce, a escala infantil, era capaz de hacer soñar no solo a los niños sino también a sus padres, a sus familias.

Impresiona lo coincidente de dichos relatos, con los testimonios de otras víctimas –niños/as y/o adolescentes– abusadas por adultos del entorno cercano (profesores, sacerdotes, amigos de la familia). Al compartir sus experiencias dejan a la vista, entre otras dinámicas y vivencias, aquellas que dan cuenta del modo en que sus familias formaron parte de una suerte de encantamiento, que les hacía atribuir valores positivos a este adulto de supuesta confianza. Esto implicaba que poco a poco las familias, los adultos a cargo del cuidado de estos niños, derrumbaran las barreras de la lógica y el cuidado, dejando de ver lo evidente, todo lo cual les permitía acceder a dejar –y por largos periodos- sus niños con esta celebridad, validada y reconocida socialmente.

El documental muestra a un abusador que, sostenido en su prestigio y reconocimiento social, en su aspecto infantilizado, desarrolla un actuar calculado y sistemático, desde el cual genera un primer acercamiento, aparentemente fortuito –un concurso de baile, un casting publicitario-, para luego construir la sensación en el niño, de ser especial, diferente, único. Más aún, tras un aparente deseo de ayudar, logra convertirse, para la familia, en un ser protector, alguien que los reconoce y valora.

Una vez consolidados los pasos anteriores, el documental refleja muy bien, desde el relato de las víctimas, las estrategias utilizadas por el músico para alejar a los niños de su familia, convirtiéndolos en objetos –los despersonaliza y corrompe- privándolos de los cuidados y la protección de sus padres. Otro factor relevante que se expone es la escasa movilización de las familias ante la situación, en concreto, que los niños convivan y duerman con el cantante por largos periodos de tiempo. Si bien se logran ver dudas y contradicciones en algunos miembros de las familias que dan su testimonio, lo evidente es que ninguno logró movilizarse para detener o interrumpir la decisión de dejar a su hijo residir en Neverland.

Existen además diferencias en el modo en que cada niño manifiesta su vivencia asociada a los abusos. Similar a otros casos como estos, los otrora niños refieren de manera diferenciada la experiencia abusiva sufrida, describiendo una particular manera de vivir el abuso y la relación con quien en ese momento admiraban. Para uno de ellos el acercamiento abusivo es vivido con mucha perplejidad y distancia, experimentando aún importante dolor y desilusión respecto de este ídolo caído, que lo dañó y maltrató, no comprendiendo a sus padres por la confianza depositada en esta persona.

En cuanto a la segunda víctima, de menor edad que el anterior, el dolor manifiesto en el documental se relaciona con el abandono, no por parte de los padres sino por parte del agresor mismo. Esto puede explicarse por la confusión creada por el adulto respecto de tener una “relación especial” con el niño. En este caso, como manifestación del daño, el dolor surge ante la pérdida de la relación, ante la separación con el abusador.

Por tanto, y considerando la trayectoria de más de 28 años de Corporación Opción en la temática, puede plantearse que el documental refleja 3 aspectos relevantes:

  • El abuso sexual es abuso de poder. Utiliza diversas vías de acercamiento, en los casos de entorno cercano, orientados a la seducción y confusión de la relación entre un adulto y un niño.
  • Los efectos y el daño pueden manifestarse de diversas maneras. Se puede sentir rabia y dolor, y también se puede negar la experiencia, como parte de la confusión.
  • El abuso de poder inunda no solo la relación del adulto abusador con su víctima, sino también a su entorno de protección, el cual corrompe. En el documental algunos adultos aún dan cuenta de lo importante que era para ellos la celebridad, mientras que para otros la vivencia es de inmenso dolor y sensación de culpabilidad.

Dado los efectos del poder tanto sobre los niños como sobre los adultos y la familia en general, que relativizan las conductas trasgresoras de límites sociales y corporales, además del sentido común, es que es tan importante el rol de los terceros, todo el entorno de personas e instituciones que rodean a las familias y que pueden detectar a tiempo situaciones de abuso o de posible riesgo.

En los ochenta, y los noventa especialmente, el mundo entero vio bajar de las limusinas del artista a diferentes niños en cada presentación o aparición pública, siempre uno diferente, siempre de unos 8 o 10 años. Ninguno de nosotros, quienes lo vimos, la mayoría por televisión, lo cuestionó o se horrorizó. Tampoco nos impactaron sus “costumbres” y “excentricidades”. A todos, o a muchos, tal vez, también les deslumbraba Neverland y la fama de un ídolo que fue capaz de lograr la impunidad de sus acciones, y ganar los juicios, lo que no era señal de su inocencia, sino que, por el contrario, era la demostración de las fallas incomprensibles y reprochables de todo un sistema, que optó por la fama y el poder, y no por los niños.

*Lorena Bojanic, Coordinadora de Proyectos de Corporación Opción


Blancas palomas

En los últimos días el Gobierno ha anunciado que pretende impulsar una iniciativa para modificar la ley 20.931 y rebajar la edad del control preventivo de identidad, ley que en la actualidad faculta a la policía para, bajo cualquier hipótesis, solicitar la identificación a cualquier persona mayor de 18 años.

Frente a ello, se han levantado críticas, ya que, a partir de los datos disponibles, dicha facultad ha sido completamente ineficaz para el fin que perseguía, como detectar personas con órdenes judiciales pendientes. De hecho, según las cifras del año 2017, por cada 39 controles preventivos se encuentra una orden pendiente, mientras que por cada 20 controles investigativos se localiza una orden pendiente.

Pero lo llamativo es que la razón para rebajar la edad de este control preventivo se basa en que, en opinión de algunas autoridades, no todos los adolescentes son “blancas palomas”.

Es importante indicar que la Convención de los Derechos del Niño establece garantías reforzadas para toda persona menor de 18 años, sin distinción. Ello, porque entiende que en atención a su edad, las personas menores de 18 años están en una especial condición de vulnerabilidad y requieren una tutela especial del Estado. Por ejemplo, el fundamento del sistema de justicia juvenil fue establecer una serie de garantías para los adolescentes, porque entiende que su ciclo vital requiere una intervención distinta del poder estatal a la de los adultos. En ese sentido, no es posible bajar ese estándar para efectos de otorgarle una nueva facultad a las policías, que, sin ningún criterio ni finalidad, puedan controlar la identidad de los adolescentes.

En nuestro país los adolescentes no tienen obligación legal de portar ningún tipo de identificación y no habiendo hipótesis claras sobre las cuales opera este control preventivo, ¿cuál es el criterio para que un funcionario policial realice un control de identidad preventivo a un adolescente? ¿Quién controla que el mismo no sea discriminatorio o no se funde en determinados estereotipos?

El resguardo del interés superior del niño, entendido como la máxima satisfacción de los derechos y jamás como una afectación de los mismos, es un principio básico de nuestro estado de derecho. Todos los adolescentes, niños y niñas, independiente de su conducta, son titulares de derecho y les asiste un cuidado especial por parte del Estado y sus órganos. La propuesta formulada, sin lugar a dudas, se aleja del resguardo de este interés, porque expone a los adolescentes a un control policial sin ningún resguardo ni contrapeso efectivo.

Cabe indicar, además, que una medida de esta naturaleza, no solo carece de evidencia para fundar su efectividad, sino que además, es totalmente innecesaria. Los delitos cometidos por adolescentes han bajado sistemáticamente desde el año 2011, disminuyendo en un 31% en los últimos tres años. Tanto el Ministerio Público como la Defensoría Penal Pública lo atribuyen a que los programas de intervención en el marco de la justicia penal juvenil sí han dado resultados y la propia subsecretaria de Prevención de Delito ha indicado que son estos los que permiten a los adolescentes revincularse con su entorno y abandonar la carrera delictual.

Así las cosas, la discusión sobre una política pública de esta envergadura no pasa por una calificación a priori e injusta de ser o no “blancas palomas”, sino por hacer una discusión sobre bases serias, fundadas en evidencia y teniendo en consideración la obligación ineludible del Estado de reconocer a los adolescentes –sin ninguna distinción- como sujetos de derechos y titulares de una protección especial, que por cierto no van acorde con entregar una facultad discrecional a las policías, sin tener fundamento objetivo alguno de su pertinencia y efectividad.

*Milagros Nehgme, Directora Ejecutiva de Corporación Opción


Nido.org: la pornografía infantil en internet

Un par de semanas atrás, el grupo Anonymous desplegó una serie de acciones para desbaratar la página Nido.org, en la que los usuarios se dedicaban a subir fotos de mujeres desnudas. Varias de estas fueron obtenidas a través de packs, archivos de índole sexual que personas venden en internet sin consentimiento. Las denuncias conocidas hasta hoy incluyen a 39 mujeres menores de edad, lo que podría estar asociado, entre otros delitos que se están investigando, con el de la pornografía infantil.

Es relevante considerar que la pornografía infantil, entendida como “cualquier representación, por cualquier medio, de una niña o niño involucrado en actividades sexuales explícitas reales o simuladas o cualquier representación de las partes sexuales de una niña o niño para propósitos sexuales principalmente” (Protocolo Facultativo de la Convención de los Derechos del Niño), es considerada una forma de explotación sexual comercial infantil, la que junto con ser una de las vulneraciones de derechos a niños, niñas y/o adolescentes más graves, se encuentra tipificada como un delito y es penada por el código penal chileno.

Por tanto, ser víctima de este tipo de delitos implica graves consecuencias a nivel psico-afectivo, de un alcance que aún no es posible establecer. Ello, a partir de la naturaleza del delito, ya que la exposición de la víctima es constante (cientos de veces las imágenes pueden ser expuestas) al repetirse la acción en las redes sociales y páginas de internet, generando con ello su re-victimización, dado su nula posibilidad de control para detenerlo. Cuando la víctima es menor de edad y presenta un mayor nivel de vulnerabilidad, la necesidad de acciones inmediatas para la interrupción de la vulneración, y la entrega de apoyo oportuno para la reelaboración de estas experiencias, son urgentes y de mayor intensidad, con el fin de evitar las graves consecuencias en la integridad física y psíquica que pueden generar en la persona afectada.

Dada la gravedad de la existencia de estos sitios y el daño que pueden causar a sus víctimas, surge la necesidad de preguntarnos como sociedad de qué manera podemos prevenir este tipo de situaciones, tanto en el micro-espacio cotidiano, a nivel familiar y también comunitario. Si bien no se visualiza una única alternativa para ello, una educación hacia nuestros hijos/as respecto al uso de las redes, al material que es pertinente difundir en internet, la enseñanza de acciones de autocuidado y por sobretodo una cultura que promueva el respeto y promoción por los derechos de las personas, parece ser una base para prevenir este tipo de violencia.

* Jimena Green Contreras, Directora del Programa PEE ESCI Santiago, de Corporación Opción


Toque de queda

Señor Director: Hace algunos días el alcalde y el concejo municipal de la comuna de Quilpué tomaron la decisión de, en marzo, poner en marcha una medida que prohibirá a los niños, niñas y adolescentes menores de 14 años salir solos a la calle después de la una de la mañana, lo que fue llamado por los medios de comunicación como “toque de queda”. Al respecto, en mi calidad de representante de la Agrupación Infantil y Juvenil de Corporación Opción, me pregunto: ¿se ha tomado en cuenta la voz y la experiencia de vida de los niños y niñas al pensar en esta medida? Me parece que no, que se trata de un proceso llevado por adultos, aunque la medida no les afecte.

El alcalde ha planteado que esta medida busca que no haya jóvenes y niños drogados o alcoholizados en las calles. ¿No será mejor crear proyectos y medidas que los ayuden a no caer en las garras del alcohol y las drogas? ¿Por qué un niño o niña llega a transitar por la calle de noche? ¿Se lo han preguntado?

Propongo a los tomadores de decisión de Quilpué que consideren las opiniones y las experiencias de vida de los niños, niñas y jóvenes, especialmente al tomar decisiones que afectan a estos. También los quisiera invitar a pensar en la importancia de generar acciones antes que un niño o niña caiga en el consumo de drogas, de alcohol o cualquier otro riesgo, pues creo firmemente que esta medida no es la solución.

 

Carta al Director de Luis Miranda, representante de la Agrupación Infantil y Juvenil de Corporación Opción, publicada en La Tercera el 11 de enero.
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Chile frente a la comunidad internacional

La semana pasada Chile sorprendió a la comunidad internacional decidiendo, a última hora, no concurrir a la firma del Pacto para una Migración Segura, Ordenada y Regular. Es importante destacar que este Pacto tiene como principal fortaleza dar un tratamiento más sistemático a los desafíos que involucra el fenómeno migratorio para los Estados, y profundizar y precisar obligaciones que se encuentran prescritas en otros tratados de derechos humanos, de los cuales el Estado de Chile sí es suscriptor; como son la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas, la Convención Internacional de los Derechos del Niño y la Convención sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares.

En el mundo, según cifras de Naciones Unidas, 244 millones de personas son migrantes (3,3% de la población). De estas, 117 millones son mujeres y 50 millones son niños y niñas. Y respecto de los niños, niñas y adolescentes, existen obligaciones ineludibles para nuestro país, que es importante tener en cuenta, especialmente en el marco de la discusión de la ley que pretende reemplazar al actual marco normativo que data de 1975 en materia migratoria. Entre ellas, el derecho que asiste a todos los niños y niñas a tener una nacionalidad, independiente del estatus migratorio de sus padres; a ser oídos cuando se toman decisiones que los involucran, especialmente en procesos judiciales; a vivir en familia y por tanto contar con normas que permitan la reunificación familiar; y, por cierto, a contar con garantías reforzadas cuando se encuentran viajando sin adulto responsable.

Todo lo anterior se encuentra tratado en el Pacto de Marrakech, que tiene como propósito entregar herramientas a los Estados para una migración segura y regular, entendiendo que la movilidad humana debe ser abordada desde una perspectiva de derechos.

Dado lo anterior, la decisión de restarse por parte de Chile ha sorprendido, porque desde el regreso a la democracia nuestro país ha tenido como política de Estado la suscripción a estos instrumentos, incorporando progresivamente a su normativa interna estándares internacionales en materia de promoción y protección de derechos, lo que ha influido positivamente en nuestras políticas públicas. Buen ejemplo de ello ha sido la creación de instituciones nacionales de derechos humanos, como el INDH y la Defensoría de la Niñez, la tipificación de la tortura y la proscripción de la pena de muerte, entre muchas otras medidas. Es de esperar que la decisión de restarse del Pacto Global sea revisada por las autoridades competentes, y que nuestro país continúe incorporando a sus políticas públicas los estándares que la comunidad internacional ha asumido progresivamente, teniendo como eje la protección primordial de los derechos humanos, sin ninguna distinción.

 

Columna de Camila De la Maza, Abogada de Corporación Opción, publicada en ElDesconcierto.cl el 24 de diciembre.
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Transparencia y compromiso con los niños, niñas y adolescentes

Este año se ha caracterizado por la discusión pública sobre la profunda crisis que sufre el sistema de políticas públicas en relación a los niños, niñas y adolescentes, y particularmente en lo que respecta al Servicio Nacional de Menores.

Dicha crisis no es nueva, sus problemas son conocidos y nos ha puesto frente al desafío de mejorar nuestras políticas en esa materia. De ello, todos somos responsables.

Corporación Opción, fundada bajo el alero de la Convención de los Derechos del Niño hace 28 años, tiene desde su origen la convicción de que la restitución y reparación de los derechos de niños y niñas debe ir acompañada de prestaciones de alto estándar de calidad y especialización. Y también, por cierto, de transparencia.

Por ello, el pasado 3 de diciembre, en un hecho inédito entre las organizaciones que prestan servicios en la red de SENAME, realizamos un informe anual de gestión donde se expusieron ante autoridades, expertos y trabajadores, detalles de nuestra administración técnica y financiera, nuestras innovaciones en el trabajo psicosocial desarrollado con usuarios, acciones de incidencia y nuestro trabajo en redes nacionales e internacionales.

Con ello queremos dar cuenta de que, ante a la desconfianza instalada, hay que seguir trabajando con transparencia, honestidad y con la convicción de que todos los esfuerzos deben orientarse a mejorar la vida de los niños y niñas.

*Milagros Nehgme, Directora Ejecutiva de Corporación Opción 

 

Columna publicada por La Segunda el 18 de diciembre 

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Los desafíos de la fuerza policial

Hace pocos días el comunero mapuche Camilo Catrillanca fue baleado por la espalda. En compañía de Catrillanca se encontraba un joven de 15 años, que no solo tuvo que soportar la muerte de su peñi a poca distancia, y una noche privado de libertad por una imputación falsa, sino que también, según su propio relato, los golpes e insultos de parte de la fuerza policial.

Temas como montajes, destrucción de pruebas y anómalos relatos sobre estos hechos han estado presentes. Mientras se espera para que sean aclarados, podemos reflexionar sobre el rol que tiene la policía en una sociedad democrática, especialmente con los niños, niñas y adolescentes.

El trato que la policía dio al adolescente en la Araucanía no es necesariamente distinto al que día tras día reciben nuestros usuarios de los programas de justicia juvenil en su contacto con Carabineros. Lo mismo sucede con los estudiantes movilizados, muchos adolescentes de la Legua Emergencia, y por cierto, niños y adolescentes en la Araucanía que viven en medio del asedio policial.

La Convención Internacional de los Derechos del Niño establece como piso mínimo para los Estados que la suscriben una serie de normas que establecen garantías reforzadas para niños, niñas y adolescentes por su especial condición de vulnerabilidad, precisamente por encontrarse en una etapa vital de formación, donde debe primar su interés superior, su derecho a ser oídos, su derecho a ser protegidos frente a abusos y maltratos. Esto sin ninguna excepción.

Las sociedades democráticas requieren de un cuerpo policial sometido al poder civil, con una sólida formación en derechos humanos y con un actuar que se ajuste estrictamente a las normas que fundan el Estado de derecho. De lo contrario, no tiene sentido alguno que el uso de la fuerza esté entregado a estos cuerpos de manera monopólica, ya que, sin estos límites –que existen en el papel, pero que distan mucho en la práctica- solo seguiremos viendo corrupción y abuso por parte de la policía.

 

* Camila De la Maza, Abogada de Corporación Opción.


Una realidad que supera a la novela

Buena parte de los televidentes que siguen a diario la teleserie nocturna de Canal 13 Pacto de Sangre se mantienen expectantes ante las estrategias desplegadas por un grupo de amigos para no ser descubiertos luego de participar en la muerte de una adolescente, causada en la despedida de soltero de uno de ellos. 

Otros se mantienen sensibilizados en torno a la madre de la joven víctima, piensan en su sufrimiento y dolor, y se afectan con la incertidumbre de su búsqueda.

Al parecer, muy pocos se encuentran incómodos o impactados por el contexto de vida de la adolescente, el cual se mantiene en un lugar secundario que no permite visibilizar su victimización como adolescente expuesta a través de los medios digitales a la explotación sexual.

Como es habitual, la realidad supera la ficción, y así como ocurre en la teleserie, los niños, niñas y adolescentes se mantienen invisibles, responsables a los ojos de la sociedad de su propio destino, con la idea que ellos “deciden” exponerse al contacto con otros adultos, pudiendo derivar en algún tipo de intercambio sexual.

Tanto en Chile como en el mundo, la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes (NNA) ha diversificado su modo de operar, beneficiándose de las nuevas tecnologías y, en especial, de las redes sociales.

No ha sido fácil problematizar la utilización y el acceso, desde edades muy tempranas, a videojuegos, Youtube, WhatsApp, Instagram, y otros sitios de internet, sin supervisión adulta.

Se desconocen y escasamente se difunden los riesgos existentes, más aún dada la facilidad que actualmente presenta la Red para que NNA sean contactados por un adulto/a. En el ciberespacio, este adulto inicialmente se mostrará amable, buscando solo amistad, pero posteriormente, una vez ganada la confianza, se encaminará a seducir, engañar e incluso extorsionar al NNA, utilizando las mismas imágenes o videos que ha obtenido a través del mismo (grooming). O bien, abusará o explotará sexualmente al NNA luego en el espacio real, o buscará difundir esas imágenes ilícitamente obtenidas (producción y difusión de pornografía infantil).

Las nuevas tecnologías sin duda imponen nuevos desafíos en lo relativo al combate y la erradicación no solo de la explotación sexual, sino también de la pornografía infantil, delito que también tiene escasa visibilidad y que cada vez goza de más fácil circulación gracias a las redes y medios tecnológicos de comunicación.

Es importante recalcar que la imagen utilizada para difusión, producción y/o almacenamiento de material pornográfico infantil no solo daña al NNA en su integridad psíquica y física al momento de ser obtenida, sino que la mantención de dichas imágenes, ya sea en poder de quien produce o almacena las fotografías, o bien de quien hizo difusión de ellas, merma y vulnera esa integridad de manera permanente en el tiempo si no logran ser retiradas de la red.

Lo anterior implica la necesidad de conocimientos sobre los marcos jurídicos, para poder desplegar mecanismos efectivos y ágiles de investigación. La búsqueda y recuperación de imágenes no solo tiene fines probatorios de los delitos, sino que tiene una fundamental importancia para la protección y para la reparación, pues impide la difusión de dichas imágenes y la pérdida de control sobre ellas.

Se debe concluir también que cada caso debe ser investigado con mucho celo, pues puede conducir a identificar otras víctimas y a frenar a “explotadores” de alto nivel de peligrosidad. Chile tiene una de las leyes más modernas para investigar estos delitos, sin embargo, parece desconocida en su aplicación, o bien ésta es lenta y con excesiva tardanza. Proteger de manera eficaz debe ser uno de los principales nortes, integrando el accionar de los diversos organismos relacionados. Esto es un deber de las instituciones, porque los peligros son reales, y las consecuencias también, no solo de un guion de telenovela.

* Lorena Bojanic, Coordinadora de Proyectos de Corporación Opción

 

Columna publicada por El Desconcierto.cl, el 6 de noviembre de 2018.
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El estudiante bajo el disfraz

Señor Director:

Los jóvenes que se han visto involucrados en los actos de violencia más extremos en colegios de Santiago han sido denominados “delincuentes disfrazados de estudiantes”. El problema es que estos adolescentes no están disfrazados de estudiantes, sino que son estudiantes que, como todo niño, niña y joven, tienen derecho a educarse y a un debido proceso al ser acusados de un delito.

Lanzar una bomba Molotov a un carabinero o rociar con bencina a un profesor son hechos muy graves. Estos ameritan ser investigados y sancionados por la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, norma que contempla medidas cautelares de protección a las víctimas. Lo que hace Aula Segura es duplicar la sanción, ya que quien resulte responsable deberá responder ante la ley y además acatar su expulsión, la que hasta hoy depende del reglamento de cada colegio.

El énfasis en el castigo que nuestra sociedad suele promover como solución no permitirá conocer a tiempo cómo es que el estudiante llegó a actuar con tal violencia, ni cómo podrá salir de la situación que lo aqueja, evitando abordar el problema en toda su complejidad. Tampoco favorecerá el fortalecimiento de las comunidades escolares, ya que el acusado quedaría en una situación de desamparo frente a las facultades del director y a la inmediatez del castigo. Asimismo, esta sanción no repara ni se hace cargo del daño provocado a los demás estudiantes y profesores.

Sabemos que el Ministerio de Educación sería el encargado de “reubicar al estudiante infractor y adoptar medidas de apoyo”. ¿Cómo se determinará dónde debe ser reubicado? ¿Cuáles son estas medidas de apoyo? ¿Quién supervisará que estas se apliquen? Esto parece no ser muy importante. Y no lo será mientras miremos a estos estudiantes como “delincuentes disfrazados de estudiantes”.

* Carta al Director de Milagros Nehgme, publicada en El Mercurio el 12 de octubre.
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Una acción estatal más vigorosa

En los próximos días comenzará la discusión del servicio que reemplazará a SENAME. Sin dudas es una discusión urgente. Sin embargo, debemos recordar que la crisis de esta institución es de larga data y fue invisible a la opinión pública por décadas. A estas alturas resulta impostergable avanzar en esta reforma si realmente creemos que los niños y niñas son los primeros de la fila.

El nuevo proyecto presentado por el presidente Sebastián Piñera –el tercero en los últimos 10 años– reconoce la necesidad de plantear una nueva institucionalidad en materia de niñez, que se encuentre acorde con la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Por lo mismo, es muy valioso que incorpore elementos que materialicen una efectiva coordinación intersectorial para la atención y, asimismo, reconozca la importancia de la colaboración entre el Estado y las organizaciones de la sociedad civil.

Con todo, lo que es realmente innovador es la consideración de las familias como sujetos de la intervención, situándolas como parte fundamental del trabajo que se debe realizar con los niños y niñas. No obstante, es preocupante que este proyecto le entregue al Estado solo un rol subsidiario de apoyo a ellas, y no se instituya como un garante de los derechos de la niñez. La gran innovación de la Convención fue reconocer a los niños y niñas como sujetos de derecho. Así, al Estado le corresponde no solo el apoyo al rol fundamental que juegan las familias en el cuidado y protección de los niños y niñas, sino garantizar que los derechos de ellos se materialicen y sean restituidos cuando se vulneren. Eso implica una actuación estatal más vigorosa que solo actuar subsidiariamente a las familias.

Por último, es importante tener presente que este servicio podrá cumplir su objetivo siempre y cuando las garantías universales de protección de la niñez funcionen adecuadamente. Para ello resulta indispensable que se reanude la tramitación del proyecto de protección integral de la niñez y que este contemple una bajada territorial que permita una articulación del órgano público frente a los requerimientos cotidianos de niños y niñas y sus familias.

 

Carta al director publicada en El Mercurio Cuerpo A, el día 12 de septiembre de 2018.

 * Por Camila De la Maza, Abogada de Corporación Opción.