Los desafíos de la fuerza policial

Hace pocos días el comunero mapuche Camilo Catrillanca fue baleado por la espalda. En compañía de Catrillanca se encontraba un joven de 15 años, que no solo tuvo que soportar la muerte de su peñi a poca distancia, y una noche privado de libertad por una imputación falsa, sino que también, según su propio relato, los golpes e insultos de parte de la fuerza policial.

Temas como montajes, destrucción de pruebas y anómalos relatos sobre estos hechos han estado presentes. Mientras se espera para que sean aclarados, podemos reflexionar sobre el rol que tiene la policía en una sociedad democrática, especialmente con los niños, niñas y adolescentes.

El trato que la policía dio al adolescente en la Araucanía no es necesariamente distinto al que día tras día reciben nuestros usuarios de los programas de justicia juvenil en su contacto con Carabineros. Lo mismo sucede con los estudiantes movilizados, muchos adolescentes de la Legua Emergencia, y por cierto, niños y adolescentes en la Araucanía que viven en medio del asedio policial.

La Convención Internacional de los Derechos del Niño establece como piso mínimo para los Estados que la suscriben una serie de normas que establecen garantías reforzadas para niños, niñas y adolescentes por su especial condición de vulnerabilidad, precisamente por encontrarse en una etapa vital de formación, donde debe primar su interés superior, su derecho a ser oídos, su derecho a ser protegidos frente a abusos y maltratos. Esto sin ninguna excepción.

Las sociedades democráticas requieren de un cuerpo policial sometido al poder civil, con una sólida formación en derechos humanos y con un actuar que se ajuste estrictamente a las normas que fundan el Estado de derecho. De lo contrario, no tiene sentido alguno que el uso de la fuerza esté entregado a estos cuerpos de manera monopólica, ya que, sin estos límites –que existen en el papel, pero que distan mucho en la práctica- solo seguiremos viendo corrupción y abuso por parte de la policía.

 

* Camila De la Maza, Abogada de Corporación Opción.


Una realidad que supera a la novela

Buena parte de los televidentes que siguen a diario la teleserie nocturna de Canal 13 Pacto de Sangre se mantienen expectantes ante las estrategias desplegadas por un grupo de amigos para no ser descubiertos luego de participar en la muerte de una adolescente, causada en la despedida de soltero de uno de ellos. 

Otros se mantienen sensibilizados en torno a la madre de la joven víctima, piensan en su sufrimiento y dolor, y se afectan con la incertidumbre de su búsqueda.

Al parecer, muy pocos se encuentran incómodos o impactados por el contexto de vida de la adolescente, el cual se mantiene en un lugar secundario que no permite visibilizar su victimización como adolescente expuesta a través de los medios digitales a la explotación sexual.

Como es habitual, la realidad supera la ficción, y así como ocurre en la teleserie, los niños, niñas y adolescentes se mantienen invisibles, responsables a los ojos de la sociedad de su propio destino, con la idea que ellos “deciden” exponerse al contacto con otros adultos, pudiendo derivar en algún tipo de intercambio sexual.

Tanto en Chile como en el mundo, la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes (NNA) ha diversificado su modo de operar, beneficiándose de las nuevas tecnologías y, en especial, de las redes sociales.

No ha sido fácil problematizar la utilización y el acceso, desde edades muy tempranas, a videojuegos, Youtube, WhatsApp, Instagram, y otros sitios de internet, sin supervisión adulta.

Se desconocen y escasamente se difunden los riesgos existentes, más aún dada la facilidad que actualmente presenta la Red para que NNA sean contactados por un adulto/a. En el ciberespacio, este adulto inicialmente se mostrará amable, buscando solo amistad, pero posteriormente, una vez ganada la confianza, se encaminará a seducir, engañar e incluso extorsionar al NNA, utilizando las mismas imágenes o videos que ha obtenido a través del mismo (grooming). O bien, abusará o explotará sexualmente al NNA luego en el espacio real, o buscará difundir esas imágenes ilícitamente obtenidas (producción y difusión de pornografía infantil).

Las nuevas tecnologías sin duda imponen nuevos desafíos en lo relativo al combate y la erradicación no solo de la explotación sexual, sino también de la pornografía infantil, delito que también tiene escasa visibilidad y que cada vez goza de más fácil circulación gracias a las redes y medios tecnológicos de comunicación.

Es importante recalcar que la imagen utilizada para difusión, producción y/o almacenamiento de material pornográfico infantil no solo daña al NNA en su integridad psíquica y física al momento de ser obtenida, sino que la mantención de dichas imágenes, ya sea en poder de quien produce o almacena las fotografías, o bien de quien hizo difusión de ellas, merma y vulnera esa integridad de manera permanente en el tiempo si no logran ser retiradas de la red.

Lo anterior implica la necesidad de conocimientos sobre los marcos jurídicos, para poder desplegar mecanismos efectivos y ágiles de investigación. La búsqueda y recuperación de imágenes no solo tiene fines probatorios de los delitos, sino que tiene una fundamental importancia para la protección y para la reparación, pues impide la difusión de dichas imágenes y la pérdida de control sobre ellas.

Se debe concluir también que cada caso debe ser investigado con mucho celo, pues puede conducir a identificar otras víctimas y a frenar a “explotadores” de alto nivel de peligrosidad. Chile tiene una de las leyes más modernas para investigar estos delitos, sin embargo, parece desconocida en su aplicación, o bien ésta es lenta y con excesiva tardanza. Proteger de manera eficaz debe ser uno de los principales nortes, integrando el accionar de los diversos organismos relacionados. Esto es un deber de las instituciones, porque los peligros son reales, y las consecuencias también, no solo de un guion de telenovela.

* Lorena Bojanic, Coordinadora de Proyectos de Corporación Opción

 

Columna publicada por El Desconcierto.cl, el 6 de noviembre de 2018.
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El estudiante bajo el disfraz

Señor Director:

Los jóvenes que se han visto involucrados en los actos de violencia más extremos en colegios de Santiago han sido denominados “delincuentes disfrazados de estudiantes”. El problema es que estos adolescentes no están disfrazados de estudiantes, sino que son estudiantes que, como todo niño, niña y joven, tienen derecho a educarse y a un debido proceso al ser acusados de un delito.

Lanzar una bomba Molotov a un carabinero o rociar con bencina a un profesor son hechos muy graves. Estos ameritan ser investigados y sancionados por la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, norma que contempla medidas cautelares de protección a las víctimas. Lo que hace Aula Segura es duplicar la sanción, ya que quien resulte responsable deberá responder ante la ley y además acatar su expulsión, la que hasta hoy depende del reglamento de cada colegio.

El énfasis en el castigo que nuestra sociedad suele promover como solución no permitirá conocer a tiempo cómo es que el estudiante llegó a actuar con tal violencia, ni cómo podrá salir de la situación que lo aqueja, evitando abordar el problema en toda su complejidad. Tampoco favorecerá el fortalecimiento de las comunidades escolares, ya que el acusado quedaría en una situación de desamparo frente a las facultades del director y a la inmediatez del castigo. Asimismo, esta sanción no repara ni se hace cargo del daño provocado a los demás estudiantes y profesores.

Sabemos que el Ministerio de Educación sería el encargado de “reubicar al estudiante infractor y adoptar medidas de apoyo”. ¿Cómo se determinará dónde debe ser reubicado? ¿Cuáles son estas medidas de apoyo? ¿Quién supervisará que estas se apliquen? Esto parece no ser muy importante. Y no lo será mientras miremos a estos estudiantes como “delincuentes disfrazados de estudiantes”.

* Carta al Director de Milagros Nehgme, publicada en El Mercurio el 12 de octubre.
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Una acción estatal más vigorosa

En los próximos días comenzará la discusión del servicio que reemplazará a SENAME. Sin dudas es una discusión urgente. Sin embargo, debemos recordar que la crisis de esta institución es de larga data y fue invisible a la opinión pública por décadas. A estas alturas resulta impostergable avanzar en esta reforma si realmente creemos que los niños y niñas son los primeros de la fila.

El nuevo proyecto presentado por el presidente Sebastián Piñera –el tercero en los últimos 10 años– reconoce la necesidad de plantear una nueva institucionalidad en materia de niñez, que se encuentre acorde con la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Por lo mismo, es muy valioso que incorpore elementos que materialicen una efectiva coordinación intersectorial para la atención y, asimismo, reconozca la importancia de la colaboración entre el Estado y las organizaciones de la sociedad civil.

Con todo, lo que es realmente innovador es la consideración de las familias como sujetos de la intervención, situándolas como parte fundamental del trabajo que se debe realizar con los niños y niñas. No obstante, es preocupante que este proyecto le entregue al Estado solo un rol subsidiario de apoyo a ellas, y no se instituya como un garante de los derechos de la niñez. La gran innovación de la Convención fue reconocer a los niños y niñas como sujetos de derecho. Así, al Estado le corresponde no solo el apoyo al rol fundamental que juegan las familias en el cuidado y protección de los niños y niñas, sino garantizar que los derechos de ellos se materialicen y sean restituidos cuando se vulneren. Eso implica una actuación estatal más vigorosa que solo actuar subsidiariamente a las familias.

Por último, es importante tener presente que este servicio podrá cumplir su objetivo siempre y cuando las garantías universales de protección de la niñez funcionen adecuadamente. Para ello resulta indispensable que se reanude la tramitación del proyecto de protección integral de la niñez y que este contemple una bajada territorial que permita una articulación del órgano público frente a los requerimientos cotidianos de niños y niñas y sus familias.

 

Carta al director publicada en El Mercurio Cuerpo A, el día 12 de septiembre de 2018.

 * Por Camila De la Maza, Abogada de Corporación Opción.


CONVENCIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO: DESAFÍOS INELUDIBLES EN UN NUEVO ANIVERSARIO

El reciente informe publicado por el Comité de Derechos del Niño de la ONU sobre Chile y la situación de los niños y niñas que se encuentran en residencias, confirma un diagnóstico que ya conocíamos: la grave violación de derechos humanos que sufren cientos de niños, niñas y adolescentes que se encuentran en el sistema residencial, que debiendo ser protegidos por el Estado en ese espacio, profundizan sus vulneraciones de derechos. En este escenario, vale preguntarse nuevamente cómo llegamos a esto. Ello, porque hay un elemento que lamentablemente el informe del Comité no menciona, pero que es fundamental para comprender a cabalidad el problema: la gran mayoría de los niños y niñas que se encuentran en residencias no solo viven en situación de pobreza, sino que también han sido víctimas de una violencia que pareciera ser invisible a los ojos de los actores que tienen a su cargo la toma de decisiones en esta materia. Por esa razón, la desinternación y el cierre de los sistemas residenciales masivos deben ir acompañados de una oferta programática que efectivamente repare y restituya los derechos que han sido vulnerados, de lo contrario seguiremos evitando hacernos cargo del problema de fondo: políticas públicas efectivas en la promoción y protección de los derechos de los niños y niñas, acompañamiento real a las familias, y sistemas de protección social universal.

En este contexto, es una buena noticia la creación de un nuevo servicio que reemplace al antiguo y cuestionado SENAME, que se revise la oferta programática, que se establezcan estándares claros de calidad de ella, que se ponga el foco en las familias; no obstante, debemos recordar que este sería el tercer proyecto que se presenta en esta materia, y mientras tanto, la crisis en materia de protección especial de la infancia continúa y se profundiza, y la brecha en derechos sociales sigue creciendo.

Es fundamental insistir en un desafío ineludible planteado por la Convención de los Derechos del Niño que cumple hoy, 14 de agosto, un nuevo aniversario: el tratamiento de los niños y niñas como sujetos titulares de derechos y no como solo objeto de protección estatal, y su consideración como protagonistas del cambio social. Para ello se requiere acceso a educación y salud de calidad, ciudades con menos segregación, acceso a la cultura y el deporte, donde puedan desarrollar plenamente su personalidad, habilidades y talentos. Para poder alcanzar estos objetivos, es indispensable un trabajo mancomunado entre todos los actores sociales, para lo cual es esencial contar con una ley que garantice la protección de los derechos de todos los niños y niñas del país y promueva su efectivo ejercicio. 

Columna de Opinión publicada en La Tercera Online, el día martes 14 de agosto. Lea directamente aquí

* Por Milagros Nehgme Cristi, Directora Ejecutiva de Corporación Opción.


RESPONSABILIDAD PENAL ADOLESCENTE: NO OLVIDEMOS EL CONTEXTO

Para comprender en perspectiva los comportamientos que despliegan niños, niñas y adolescentes, es clave conocer el contexto particular en el cual estos se desenvuelven.

En primer lugar, los contextos en los que viven y participan los niños y niñas de nuestro país son claramente disímiles considerando su región, comuna e incluso el sector barrial dentro de esta. Y, en segundo lugar, tales diferencias no hacen más que protegerlos o fragilizarlos (según sea el caso) en su trayectoria de desarrollo emocional y social.

Es en el marco de dichos contextos que algunos niños, niñas y adolescentes participan directamente de delitos graves contra la propiedad y las personas, tales como la violación y los casos de abuso conocidos la semana pasada. Debemos considerar no solo el lamentable daño y afectación de la vida de las personas que ocasionan, sino también el importante riesgo al que se exponen para obtener bienes, acogida, reconocimiento y, en definitiva, un sentido de valor de sí mismos: una identidad.

Ante la comisión de delitos graves por parte de niños, niñas y adolescentes, las tradicionales hipótesis explicativas suelen entrarse en las “deficiencias”, “carencias” o “rasgos” que tendrían estos y por ende sus conductas no serían más que una expresión de su particular “psicopatología”. Sin embargo, considero preciso ponderar una hipótesis distinta: un número importante de niños, niñas y adolescentes de sectores de las poblaciones con las que trabajamos y que se encuentran en situaciones de vulneración de derechos, a temprana edad son acogidos y utilizados (sino explotados) por organizaciones criminales para fines delictuales y de tráfico de drogas, poniendo en riesgo la vida de terceros así como también la propia, tanto por los denominados “ajustes de cuentas” entre dichas organizaciones o bandas en el contexto territorial en que se desenvuelven, como por la acción de las policías en su legítimo actuar ante la detección de delitos flagrantes.

Lo que intento plantear es una invitación no sólo a mirar a los niños y adolescentes y sus conductas, sino también el contexto particular en que niños y adolescentes se desenvuelven. Consideremos qué obtienen del contexto que como sociedad les hemos ofrecido y qué obtienen también los adultos de estas bandas que los utilizan.

La disminución de la edad de responsabilidad penal o el aumento de penas hacia los adolescentes por sí mismo, no los hará más responsables, no disminuirá los índices de delitos, no aumentará su permanencia escolar, no disminuirá su consumo de drogas, ni hará que dejen de participar de las agrupaciones que los utilizan. Son acciones que solo operan sobre uno de los elementos (el más débil) del proceso delictivo. Son necesarias medidas de carácter sistémico mucho más complejas, diversas y siempre pensadas en el mediano y largo plazo y que operen sobre la totalidad de los elementos que hacen posible la participación de niños en hechos delictuales. Dichas medidas que los expertos en el área de la responsabilidad penal (valorando la experiencia internacional) ya conocen, pueden resultar menos efectistas mediáticamente. Lo más importante es que estas medidas, menos reactivas, son también por cierto las más respetuosas de los derechos de niños, niñas y adolescentes.

Es preciso en el contexto actual desarrollar una profunda y responsable discusión respecto de eventuales modificaciones a la ley N° 20.084, por cuanto la disminución de la edad de responsabilidad penal de los y las adolescentes, o el mero aumento de sanciones a estos sin considerar el contexto comunitario y barrial del que participan, no solo no evitará la comisión de delitos, sino que ante todo no favorecerá la pretensión de “reinserción social” de estos.

Columna de Opinión publicada en La Tercera Online, el día lunes 30 de julio. Vea directamente aquí.

 

* Alejandro Astorga, Asesor Técnico y Coordinador de Proyectos de Corporación Opción.


La solución a la violencia no está en la cárcel

Al igual que a toda la ciudadanía, nos preocupa y condenamos todo tipo de ejercicio de violencia, incluyendo cuando esta es ejercida por personas menores de edad. Las imágenes que muestra a diario la televisión, tanto de adolescentes como de menores de 14 años involucrados por adultos al delito, van constituyendo una imagen de país en franco deterioro en su convivencia social y en cuanto a la seguridad hacia las personas y hacia los bienes. Frente a esta construcción surgen las soluciones de populismo penal que vemos en la prensa, con demandas de mayor encarcelación y rebaja de la edad de imputabilidad.

Desde una política seria que resguarde la seguridad de todos y avance hacia un Estado de mayor bienestar, se requiere partir del fenómeno objetivándolo. Datos del Ministerio Público señalan al respecto una baja sostenida de ingresos de imputados al sistema penal adolescente, con 70.761 casos en el año 2008, disminuyendo sostenidamente a 40.761 el año 2016, equivalente al 42,4% menos. De estos, los delitos más violentos, como los homicidios, han mostrado una baja aún mayor: en 2009 fueron 195 imputados y en 2016 fueron 94 imputados adolescentes, es decir, disminuyeron en un 48,2%.

Respecto a generar acciones para la disminución de los actos violentos, ya está probado que las soluciones de mayor punitividad no traen más protección ni paz social. La evidencia científica ha demostrado que a mayor violencia del Estado frente a los imputados y responsables de cometer delitos, la violencia de estos aumenta llevando a una escalada en espiral.

La privación de libertad en adolescentes genera conductas psicopáticas, ligadas a la conformación de una coraza del sujeto frente a los estímulos del medio carcelario que no le permite mediatizar las respuestas por el mundo afectivo y valórico; se generan trastornos en la vivencia y expresión de la emocionalidad, caracterizada por una indiferencia afectiva, que si bien le permiten protegerse del sistema carcelario, también le evitan percibir las reacciones emocionales personales y el sufrimiento ajeno (lo visto en televisión sobre los tratos a los imputados ecuatorianos y su filmación es producto de esto).

Además de la impulsividad y la intolerancia a la frustración, ambas favorecidas por el entorno de la cárcel, la pérdida de la cercanía familiar y de otras figuras adultas o pares significativas potencia aún más que el adolescente termine la construcción de su personalidad a partir de lo entregado en el contexto carcelario, consolidándose una identidad delictual con un aumento en las expresiones de violencia.

Los contextos en que habitamos reflejan una violencia estructural, que se naturaliza en todos los ámbitos y afecta a todos, en mayor medida a las personas de los territorios de mayor vulnerabilidad; y dentro de estos los niños, niñas y adolescentes, por su mayor dependencia al entorno.

El crimen organizado y el narcotráfico ocupan los espacios en los territorios, generando desplazamientos de familias, ocupaciones de viviendas y prebendas a los participantes. Este dominio de sectores comunitarios incluye la involucración de adolescentes y niños. La búsqueda de soluciones no pasa por penalizar a los niños, sino por resguardarlos generando mayores protecciones.

Para prevenir y enfrentar estas situaciones se deben recuperar los espacios en los territorios comunitarios mediante políticas de promoción y de seguridad humana en los ámbitos de educación, recreación, habitabilidad y prevención situacional, entre otros.

 

* Osvaldo Vázquez, Coordinador de Proyectos de Corporación Opción.


Imprescriptibilidad de delitos sexuales contra menores de edad: Un acuerdo esperanzador

Es indudable que la decisión tomada el martes por el Senado, de manera unánime, puede significar un gran avance para nuestro país, ya que la imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra menores de edad entregará mayores oportunidades a las víctimas de estos abusos. La experiencia nos señala que en la mayoría de las dinámicas abusivas los agresores son personas cercanas a los afectados, lo que conlleva que los procesos de develación muchas veces demoren años. En otras experiencias, los efectos del trauma vivido impiden que la víctima tenga plena conciencia de lo sucedido, pudiendo conectarse con la experiencia sufrida solo a partir de nuevos eventos en su historia vital.

Con la aprobación en general de este proyecto de ley, se da la oportunidad a que el enfoque psicosocial aporte y enriquezca los procesos de investigación penal, tanto para las denuncias como para los procedimientos indagatorios y la posibilidad de sanciones penales.

Este avance se enmarcará en un conjunto de mejoras que se han hecho en el país en materia de persecución penal de delitos sexuales, tal como fue la penalización de la pornografía infantil. Sin embargo, aún podemos aspirar a más. En Corporación Opción creemos que todos merecen ser escuchados. Hoy la mayoría de los denunciantes son personas adultas, pero los niños y niñas también deben tener el espacio de ser oídos, sin ser desestimados por ser menores de edad. Esto, especialmente considerando que el 18,3% de los ingresos a los programas especializados en la atención de infancia de Opción lo hacen tras haber sido víctimas de abuso sexual. 

Hoy necesitamos que las persecuciones penales se sostengan no solo en las víctimas y sus relatos, sino que los medios de prueba y estándares probatorios sean diversificados. Requerimos que la justicia sea un espacio de reparación para todos los afectados por estos delitos, con disposición y apertura a investigar, agotando todos los medios y recursos para perseguir y obtener justicia en delitos tan gravosos como estos.

Resulta esperanzador que como sociedad lleguemos a acuerdos tan importantes como el alcanzado. Esto demuestra el cambio cultural por el que estamos transitando. Como corporación seguiremos luchando y aportando para llegar más lejos en la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes.

 

* Milagros Nehgme. Directora Ejecutiva de Corporación Opción.


¿Quiénes son los protagonistas de la adopción?

Esta semana hemos sido testigos de un intenso debate respecto a quienes tienen el derecho a adoptar un niño o niña en Chile. Hace ya un tiempo, que se viene discutiendo la necesidad de incorporar familias “no-tradicionales” en el proceso de adopción.

Como sabemos la actual Ley 19.620, establece como prioridad a los y las postulantes: dejando en primer lugar a los matrimonios chilenos, luego matrimonios extranjeros y como último lugar solteros, viudos o divorciados. La reforma propuesta, no contemplaría la unión civil como condición para la adopción. Es más una persona soltera, tampoco podría adoptar. Con esto, no queda claro el avance en materia de derechos.

Pero, una de las cosas que más ha llamado nuestra atención, es lo poco que se ha mencionado a la adopción como respuesta a la necesidad de los niños y niñas que se encuentran institucionalizados y/o en situación de abandono y que necesitan que la sociedad les devuelva el derecho a vivir en familia.

Por el contrario, como sociedad nos hemos concentrado en discutir las necesidades de los adultos/as para convertirse en padres. Olvidando que los niños y niñas, no han tenido la experiencia de disfrutar de vínculos sanos, estables, de confianza y que sean perdurables. Proporcionando de esta manera estabilidad emocional.

En este sentido, vale reflexionar sobre la vulneración de derechos que experimentan los niños y niñas ingresados a los sistemas residenciales. Ellos han sido marcados por el abandono o inhabilidad parental de sus cuidadores, además de la impredictibilidad ambiental. Y lamentablemente estas deficiencias siguen estando muy presente en las vidas éstos.

En relación a esto es que les pregunto,  qué pasa con aquellos niños y niñas que “esperan largamente” en una institución y que por tener más de 9 años o tener necesidades especiales no son adoptados. A esto agregaría una pregunta más, ¿Como sociedad sabemos cuánto tiempo debe esperar un niño para integrarse a una familia?

También es necesario dar a conocer que desde nuestra experiencia en el PRI-OPCION, hemos tenido resultados positivos de enlaces con familias diversas. En este sentido, no podemos afirmar, cual es la tipología de “familia adoptante ideal”, más bien, podemos decir que, para los niños y niñas que hemos atendido en el PRI, las experiencias de relaciones bien tratantes, de cuidado y de protección han superado esta discusión.

Lo importante y lo urgente es que sensibilicemos a la comunidad en que el proceso de adopción, requiere familias dispuestas,  preparadas y acompañadas en este proceso, en especial cuando los niños han estado expuesto a la institucionalización prolongada.

No olvidemos, que un supuesto básico de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) es que la familia constituye el entorno natural para el crecimiento y bienestar de niños y niñas (no hace distinción de qué “tipo de familia”). Por tanto, es un deber todos y todas contribuir al ejercicio de este derecho.

 

* Liliana Barrera, Coorinadora linea CEPIJ de Corporación Opción.


18 de mayo: Día Nacional de la Lucha Contra la ESCI

Este 18 de mayo se conmemora el Día Nacional de la Lucha Contra la Explotación Sexual Comercial Infantil (ESCI), fecha que nos invita a reflexionar sobre una de las vulneraciones más graves a los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes (NNA), y que ha sido comparada a la esclavitud y los trabajos forzados, es decir, constituye asimismo una de las peores formas de trabajo infantil.

Como lo ha señalado el Instituto Interamericano del Niño, este tipo de vulneración responde a un fenómeno multicausal y complejo, donde los NNA se ven sometidos a diversos factores de riesgo, así como también a la presencia de adultos explotadores y/o redes que se benefician del comercio sexual.

Uno de estos factores ha sido, sin duda, la desigualdad social y el contexto de exclusión en que viven los NNA y sus familias. Si bien nuestro país ha experimentado significativos avances al reducir de manera importante la pobreza por ingresos, la segregación social y la falta de acceso a servicios sociales en algunos territorios aún constituye una realidad, y un factor de riesgo que expone a los NNA a este tipo de violencia.

Otro aspecto relevante, y que es avalado tanto por estudios de caracterización a nivel nacional, como por la experiencia de Corporación OPCION, es la significativa proporción de niñas y adolescentes afectadas por el fenómeno (en 2017 el 82% de los usuarios de nuestro programa especializado, eran mujeres), constituyéndose la ESCI en una de las más graves expresiones de la violencia de género, y por tanto, manifestación de la cultura sexista y patriarcal existente. La desigualdad de poder en este ámbito no contribuye a erradicar el fenómeno, sino por el contrario, lo refuerza y naturaliza, construyendo discursos y prácticas que responsabilizan a las víctimas de la realidad a la que se ven expuesta.

Como tercer elemento, señalar que si bien se ha logrado construir modalidades y tipologías en que se expresa el fenómeno de la ESCI, abarcando más allá del intercambio exclusivamente de dinero o especies en una relación de abuso de poder entre un adulto y un niño/a, se considera preocupante la amplia exposición de los NNA en las redes sociales, a través del frecuente uso de celulares –y cámaras web-, pudiendo ser factible la participación en contactos con adultos, y realizar producción y difusión de material pornográfico, a través del acoso y coerción ejercida por el explotador en esta modalidad.

Nos parece, por tanto, muy relevante destacar estas variables que al dar cuenta de la actual realidad del fenómeno, deben invitar a una revisión más amplia del rol que no solo los organismos gubernamentales e instituciones intervinientes juegan en la erradicación de la ESCI, sino también, el de la comunidad y la sociedad en su conjunto, promoviendo un cambio cultural donde se abandonen patrones tolerantes que naturalizan la ESCI y que dificultan construir los espacios de protección y seguridad que los niños niñas y adolescentes víctimas de estos delitos requieren.

 

 

* Lorena Bojanic, Coordinadora de Proyectos de Corporación Opción.