Ser titular

¿Qué significa que niños, niñas y adolescentes sean titulares de derechos? Significa reconocerles dignidad en su condición de seres humanos plenos, no como promesas del futuro. Ni más, ni menos.

Esto ha sido muy complejo. Cada vez que se ha pretendido legislar, por ejemplo, sobre autonomía progresiva –que no es más que el ejercicio paulatino de los derechos, de acuerdo a la edad y madurez de niños y niñas- afloran una serie de discursos que olvidan completamente esta titularidad y simplemente sostienen que los derechos de la niñez están sujetos a la voluntad de sus padres y madres, como si en ello el Estado no jugara ningún rol. Entonces, ¿Por qué existe un llamado permanente a terminar con el SENAME y mejorar la intervención en materia de vulneración de derechos? Porque el Estado debe garantizarlos y, también, debe actuar con debida diligencia para prevenir que las vulneraciones ocurran, porque lo cierto es que ocurren: el 71% de los niños en Chile sufre algún tipo de violencia o maltrato. A ello se agrega, las peores tasas en materia de suicidio adolescente de la región y una preocupante alza en la mala nutrición de los preescolares.

Lo mismo ocurre en el tratamiento que los medios les dan a los casos de niños y niñas “del” Sename. Como si el haber sufrido vulneraciones de derechos, pusiera a esas personas, en la vitrina pública y carecieran de privacidad, opinión, exponiendo sus vidas como si ahí no existiera una responsabilidad social que ejercer y los despoja incluso de su identidad: son niños “del” Sename.

Resulta urgente que la titularidad de derechos de niños, niñas y adolescentes, se materialice no solo en un cuerpo legal que los reconozca, sino que también, que como sociedad nos tomemos en serio lo que ello significa.

Camila de la Maza, Abogada Seguimiento Legislativo y Redes Corporación Opción.

 


Participar hoy

El momento histórico que vive el país en relación a la redacción a su nueva Constitución -que será a través de un órgano elegido íntegramente por la ciudadanía y de composición paritaria, único en el mundo- no puede dejar a nadie indiferente, ni al margen. Eso incluye a niños, niñas y adolescentes que, si bien, no pueden ejercer el derecho a voto, no los inhibe de su derecho a ser oídos y participar.

“No vamos a tener la posibilidad de participar en la elaboración de una próxima constitución” sostiene una adolescente de 16 años, respecto a la posibilidad de participar y dar su opinión en el proceso constitucional.

Es imprescindible que podamos aportar a disminuir las brechas existentes entre la ciudadanía y los tomadores de decisiones, sensibilizando sobre el valor de la participación de niñas, niños y adolescentes en la defensa de sus derechos e involucramiento en los temas que les afectan.

Es por ello que, desde Corporación Opción, hemos creado una plataforma interactiva que permite que los niños, niñas y adolescentes se puedan informar sobre sobre el proceso constitucional y puedan manifestar sus inquietudes, ir generando debate, deliberar sobre los diferentes temas que les preocupan y finalmente poder llevar esta voz a las autoridades, tomadores de decisiones y convención constitucional. NuestraVozImporta.cl, es un proyecto que pretende ser un aporte incidente, para que aquellos que llevan esperando décadas para ser reconocidos en su titularidad de derechos, tengan un espacio donde ser visibles y aportar al Chile de todas y todos.

 

Consuelo Contreras. Fundadora de Corporación Opción


Más allá del titular

Chile y el mundo vive hace un año una pandemia que ha develado nuestra vulnerabilidad y profundas carencias en materia de protección social, que han hecho el escenario sanitario mucho más complejo. Sin embargo, hace décadas vivimos una pandemia mucho más profunda e invisible, que es la violencia contra niños y niñas. Para ella, no hemos encontrado remedio para su erradicación. En las últimas semanas, hemos conocido brutales muertes de niños y niñas, que nuevamente copan los noticiarios. Pero, de nuevo, estos hechos tienen muy poco.

El maltrato y abuso sexual, impide día a día que millones de niños y niñas en el mundo puedan crecer y desarrollarse adecuadamente. Ya 2006, Naciones Unidas indicaba que se trata de un fenómeno multidimensional que obedece a múltiples factores. La violencia que vemos a diario, cruza constantemente las fronteras entre lo individual, lo familiar, la comunidad y la sociedad. Urge tomar en cuenta todas estas variables de manera integral para poder hacerle frente, especialmente considerando el rol de garante que tiene el Estado en esta materia.

La mejor vía para erradicar la violencia, es la prevención y claramente estamos llegando tarde. Resulta indispensable comprender que, para construir una sociedad respetuosa de la niñez, se debe contar con respuestas integrales y coordinadas entre múltiples niveles de nuestra sociedad y ponerla al centro de la preocupación social y estatal de manera permanente y en todos los espacios, no solo cuando ocupan los titulares de la prensa policial.

Milagros Nehgme. Directora Ejecutiva Corporación Opción


Derecho a la intimidad

El derecho internacional de los derechos humanos ha reconocido a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de todos los derechos que son titulares todas las personas. Parece una obviedad recordarlo, pero resulta indispensable hacerlo en el escenario actual.

Cuando un reportaje periodístico develó toda la trayectoria de un adolescente que fue herido por un policía en Talcahuano, las razones que lo llevaron al régimen de internación residencial en el que se encuentra, dando a conocer pasajes muy íntimos de su vida, a pesar de que se trata de procesos judiciales reservados, todo el país pudo leerlo. Situación similar ocurre hoy con el caso del niño de tres años, Tomás Bravo, cuyo cuerpo fue encontrado sin vida y donde el fiscal a cargo de la investigación dio detalles de ésta, a los cuales ni siquiera las partes del proceso habían podido acceder.

Todo lo anterior enciende nuevamente la luz de alerta respecto al deber del Estado de Chile de garantizar efectivamente los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes. Entre ellos, su derecho a la intimidad y privacidad, a ser oídos y consultados respecto de los asuntos que los conciernen y, especialmente, de ser protegidos de todo abuso, incluso en circunstancias extremas como la de Tomás y la investigación sobre su muerte o el proceso que vive el adolescente en la residencia de Talcahuano.

Es de esperar que lo anterior también sea recogido por los medios de comunicación. Ellos, como integrantes de la comunidad, también tienen el deber de reconocer la calidad de sujetos de derechos de niños, niñas y adolescentes y dejar de exponer sus vidas, pese al interés de las audiencias por conocer esos detalles.

Camila De La Maza, Coordinadora de Seguimiento Legislativo Corporación Opción.


Ahora es cuando

La crisis sanitaria provocada por el COVID19, ha develado las desigualdades y brechas que desde octubre de 2019 se habían puesto sobre la discusión pública con mucha fuerza y que terminaron por abrir el proceso constituyente en el que hoy nos encontramos.

La pandemia y la crisis social tienen en común un protagonista invisible: los niños, niñas y adolescentes. Este grupo ha sido sin duda el más afectado por políticas públicas que, simplemente, no los han considerados como sujetos titulares de derechos. Durante todo el año 2020 no hubo medidas que permitieran aliviar en ellos las consecuencias del encierro, la ausencia del espacio protector de la escuela y, todo indica, que la crisis económica instalada los hará retroceder aún más, especialmente en materia de violencia y trabajo infantil.

Ya no podemos cambiar el pasado, pero sí tenemos la oportunidad de pensar y cambiar el futuro y hacerlo más auspicioso para niños, niñas y adolescentes. Lo primero es generar una Constitución que los ponga al centro de la preocupación estatal y genere un efectivo marco de protección social que garantice efectivamente el ejercicio de sus derechos. Ahora es cuando debemos concebir un nuevo pacto social que nos permita fortalecer la democracia, para ellos y ellas; pero, sobre todo, con ellos y ellas como protagonistas. 

Consuelo Contreras, Fundadora Corporación Opción


Una respuesta integral frente a la violencia

Después de un anormal 2020, el año 2021 lo recibimos con variados titulares de balaceras en distintas comunas del país. Esa violencia en los territorios es una situación que hace varios años vemos que va en aumento y se constituye en un problema altamente complejo.

Para abordarlo se requieren políticas públicas articuladas, más allá de las propuestas de aumento de penas y atribuciones a las policías, las que no son suficientes para dar respuesta efectiva a los problemas estructurales que la han provocado.

Lamentablemente, esta situación de violencia también afecta gravemente el derecho de niños, niñas y adolescentes a un nivel de vida adecuado, que les permita el desarrollo del máximo de sus potencialidades, que el Estado está obligado a garantizar de acuerdo a las normas internacionales que ha suscrito en diversos tratados de derechos humanos. El déficit en la satisfacción de derechos sociales que marcó la crisis social desatada en octubre de 2019, es una buena muestra de las deudas que tenemos en este ámbito.

Erradicar la violencia en los territorios, no solo pasa por mejorar los mecanismos de persecución penal, sino también abordar las problemáticas sociales que la genera, de manera integral y articulada. Esto implica, además, implementar mecanismos para la resolución de los conflictos basados en el diálogo y la participación de las comunidades que, en definitiva, permitan mejorar las condiciones de vida, que hoy la tornan tan precaria y vulnerable a la violencia.

Milagros Nehgme, Directora Ejecutiva de Corporación Opción

 


Segunda ola ¿Lograremos capear la brecha?

La crisis sanitaria que hemos atravesado durante este 2020, ha evidenciado y acrecentado las brechas en materia de derechos sociales y particularmente en materia de educación. Según la encuesta “Estamos Conectados” de Educación 2020, tenemos 16 mil estudiantes menos en el sistema que en el año 2019 y, sumado a ello la baja conectividad a internet de los sectores socioeconómicamente más vulnerable, nos situamos en un complejo escenario para el año 2021, donde al parecer, la pandemia tardará un buen tiempo más en ser superada y las clases presenciales serán de difícil implementación, especialmente considerando que muchos establecimientos no cuentan con los recursos para un regreso seguro de los y las estudiantes.

En este marco, resulta urgente, que los niños, niñas y adolescentes sean puestos al centro de la preocupación estatal y que las medidas que se tomen en relación al ejercicio del derecho a la educación, consideren las particularidades territoriales y socioeconómicas de todas las infancias que habitan nuestro país. Hasta ahora, han sido muy invisibles y los datos dan cuenta de ello. Ponerlos al centro, implica una efectiva priorización, tanto presupuestaria como administrativa, que permita garantizar que ningún niño o niña se quede fuera, por no contar con elementos básicos para acceder a la escuela, ya sea presencial o telemáticamente. Lo anterior, sin lugar a dudas, requiere no solo de medidas en el ámbito educativo, sino también, un fortalecimiento de la protección social de las familia y cuidadores.

Es de esperar, que las autoridades se comprometan con medidas más profundas e integrales, que no solo nos permitan capear la segunda ola del COVID 19, sino también la de las brechas que la pandemia ha profundizado.

Camila De la Maza, Coordinadora de Seguimiento Legislativo en Corporación Opción


Una cadena de horrores

Como ya es de público conocimiento, dos niños fueron baleados por funcionarios de Carabineros, dentro de una residencia de protección, subvencionada por el SENAME. La situación ocurrida en Hualpén, es una buena muestra de la falla estructural de Chile: la cultura de la violencia, normalizada y validada.

Según lo ha informado la autoridad, frente a la descompensación emocional de un joven, el protocolo es que el dispositivo de salud acuda con auxilio de la fuerza pública, es decir, con Carabineros. Frente a lo cual, es urgente preguntarse si la policía es efectivamente el órgano más idóneo para abordar situaciones de esa naturaleza. Los hechos, dan cuenta de que no lo es, dado que el actuar violento y desmedido de la policía, no es un hecho aislado. Es su práctica habitual. Solo basta recordar, que Carabineros también disparó en el interior de un liceo, en el marco de las protestas de octubre de 2019.   

El patrón de comportamiento policial dista mucho de ser protector, especialmente cuando se trata de adolescentes. Y lo cierto, es que no hay escenario que justifique el uso de armas de fuego al interior de una residencia de protección, que tiene a su cargo el cuidado de niños, niñas y adolescentes.

Lo ocurrido en Hualpén es una cadena de horrores que no puede continuar. No basta con la renuncia del General Director de Carabineros. No basta con repudiar los hechos, pero validar que un procedimiento de salud requiera de la fuerza pública, está muy lejos de un estándar mínimo de respeto y garantía de los derechos de niños, niñas y adolescentes.

El reconocimiento de los niños, niñas y adolescentes como personas titulares de derechos, sin discriminación alguna, es un imperativo para el Estado de Derecho. Es tiempo de hacer efectivo un compromiso que nuestro país adquirió hace 30 años. No es posible seguir esperando.

Camila De la Maza, Coordinadora de Seguimiento Legislativo en Corporación Opción


Nuevo SENAME

La ley que crea el nuevo Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia ha sido aprobada, poniendo la lápida al SENAME. La pregunta que cabe hacerse en este momento es si ello significará un real beneficio para los niños, niñas y adolescentes que han sufrido graves vulneraciones a sus derechos. Sin lugar a dudas la respuesta es no. Ello no ocurrirá en la medida que las políticas públicas y el conjunto de reformas legislativas necesarias para una efectiva protección de los derechos humanos se hagan realidad.

Si bien hay avances, preocupan los retrocesos y los enormes vacíos que se generan al no contar con una ley de protección o garantía a los derechos de niños y niñas, sin que necesariamente sean víctimas de violencia intrafamiliar, institucional o estructural. Ello es clave para no cargar al nuevo servicio con tareas propias de las políticas sociales universales, cosa que ocurrió con el agonizante SENAME. Las tareas vinculadas con salud, educación, vivienda, pobreza, medio ambiente, seguridad social, deben estar radicadas en las instituciones pertinentes, mandatando su articulación en la Ley de Garantías.

El nuevo Servicio retrocede al establecer programas para inimputables. Es decir, niños y niñas menores de 14 años, en tanto acusados por un ente indeterminado de cometer un delito, serán derivados a programas especiales, sin investigar si el delito se cometió y si participó en él, sin derecho a defensa, sin debido proceso, sin justicia.

Sin lugar a dudas los derechos humanos y especialmente los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes deberán ser parte del debate constitucional, el solo reconocimiento de su existencia y de la calidad de sujetos de derecho de este imprescindible grupo será un enorme avance.

Consuelo Contreras, Fundadora Corporación Opción


Niñez y proceso constituyente

Este fin de semana nuestro país vivió el evento político más relevante desde el retorno a la democracia. En él se confirmó que contaremos con un nuevo pacto social, construido de manera colectiva y democráticamente, algo que, en nuestros 202 años de independencia, no habíamos tenido.

Sin perjuicio de que los y las adolescentes bajo la actual legislación no tienen reconocido el derecho al voto, sería interesante que en el marco del proceso constituyente, pongamos sobre la mesa y asumamos un compromiso real para la efectiva garantía de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes.

Su reconocimiento constitucional como sujetos de derechos es crucial para la construcción de una sociedad más justa y fraterna con niños, niñas y adolescentes que, hasta hoy, han tenido una relación muy compleja con el Estado y sus políticas públicas, pues, pese a las obligaciones internacionales contraídas en esta materia, no han sido lo suficientemente considerados para su diseño e implementación.

Es indispensable que, en medio de esta crisis social, la democracia sea fortalecida a través de un reconocimiento expreso de los derechos de la niñez y la adolescencia. Ponerles primero en la fila, significa entonces, reconocerles una cuota de participación efectiva en la comunidad. Y esto es algo que debemos incorporar hoy.

Camila De la Maza, Coordinadora de Seguimiento Legislativo en Corporación Opción