Toque de queda

Señor Director: Hace algunos días el alcalde y el concejo municipal de la comuna de Quilpué tomaron la decisión de, en marzo, poner en marcha una medida que prohibirá a los niños, niñas y adolescentes menores de 14 años salir solos a la calle después de la una de la mañana, lo que fue llamado por los medios de comunicación como “toque de queda”. Al respecto, en mi calidad de representante de la Agrupación Infantil y Juvenil de Corporación Opción, me pregunto: ¿se ha tomado en cuenta la voz y la experiencia de vida de los niños y niñas al pensar en esta medida? Me parece que no, que se trata de un proceso llevado por adultos, aunque la medida no les afecte.

El alcalde ha planteado que esta medida busca que no haya jóvenes y niños drogados o alcoholizados en las calles. ¿No será mejor crear proyectos y medidas que los ayuden a no caer en las garras del alcohol y las drogas? ¿Por qué un niño o niña llega a transitar por la calle de noche? ¿Se lo han preguntado?

Propongo a los tomadores de decisión de Quilpué que consideren las opiniones y las experiencias de vida de los niños, niñas y jóvenes, especialmente al tomar decisiones que afectan a estos. También los quisiera invitar a pensar en la importancia de generar acciones antes que un niño o niña caiga en el consumo de drogas, de alcohol o cualquier otro riesgo, pues creo firmemente que esta medida no es la solución.

 

Carta al Director de Luis Miranda, representante de la Agrupación Infantil y Juvenil de Corporación Opción, publicada en La Tercera el 11 de enero.
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Chile frente a la comunidad internacional

La semana pasada Chile sorprendió a la comunidad internacional decidiendo, a última hora, no concurrir a la firma del Pacto para una Migración Segura, Ordenada y Regular. Es importante destacar que este Pacto tiene como principal fortaleza dar un tratamiento más sistemático a los desafíos que involucra el fenómeno migratorio para los Estados, y profundizar y precisar obligaciones que se encuentran prescritas en otros tratados de derechos humanos, de los cuales el Estado de Chile sí es suscriptor; como son la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas, la Convención Internacional de los Derechos del Niño y la Convención sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares.

En el mundo, según cifras de Naciones Unidas, 244 millones de personas son migrantes (3,3% de la población). De estas, 117 millones son mujeres y 50 millones son niños y niñas. Y respecto de los niños, niñas y adolescentes, existen obligaciones ineludibles para nuestro país, que es importante tener en cuenta, especialmente en el marco de la discusión de la ley que pretende reemplazar al actual marco normativo que data de 1975 en materia migratoria. Entre ellas, el derecho que asiste a todos los niños y niñas a tener una nacionalidad, independiente del estatus migratorio de sus padres; a ser oídos cuando se toman decisiones que los involucran, especialmente en procesos judiciales; a vivir en familia y por tanto contar con normas que permitan la reunificación familiar; y, por cierto, a contar con garantías reforzadas cuando se encuentran viajando sin adulto responsable.

Todo lo anterior se encuentra tratado en el Pacto de Marrakech, que tiene como propósito entregar herramientas a los Estados para una migración segura y regular, entendiendo que la movilidad humana debe ser abordada desde una perspectiva de derechos.

Dado lo anterior, la decisión de restarse por parte de Chile ha sorprendido, porque desde el regreso a la democracia nuestro país ha tenido como política de Estado la suscripción a estos instrumentos, incorporando progresivamente a su normativa interna estándares internacionales en materia de promoción y protección de derechos, lo que ha influido positivamente en nuestras políticas públicas. Buen ejemplo de ello ha sido la creación de instituciones nacionales de derechos humanos, como el INDH y la Defensoría de la Niñez, la tipificación de la tortura y la proscripción de la pena de muerte, entre muchas otras medidas. Es de esperar que la decisión de restarse del Pacto Global sea revisada por las autoridades competentes, y que nuestro país continúe incorporando a sus políticas públicas los estándares que la comunidad internacional ha asumido progresivamente, teniendo como eje la protección primordial de los derechos humanos, sin ninguna distinción.

 

Columna de Camila De la Maza, Abogada de Corporación Opción, publicada en ElDesconcierto.cl el 24 de diciembre.
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Transparencia y compromiso con los niños, niñas y adolescentes

Este año se ha caracterizado por la discusión pública sobre la profunda crisis que sufre el sistema de políticas públicas en relación a los niños, niñas y adolescentes, y particularmente en lo que respecta al Servicio Nacional de Menores.

Dicha crisis no es nueva, sus problemas son conocidos y nos ha puesto frente al desafío de mejorar nuestras políticas en esa materia. De ello, todos somos responsables.

Corporación Opción, fundada bajo el alero de la Convención de los Derechos del Niño hace 28 años, tiene desde su origen la convicción de que la restitución y reparación de los derechos de niños y niñas debe ir acompañada de prestaciones de alto estándar de calidad y especialización. Y también, por cierto, de transparencia.

Por ello, el pasado 3 de diciembre, en un hecho inédito entre las organizaciones que prestan servicios en la red de SENAME, realizamos un informe anual de gestión donde se expusieron ante autoridades, expertos y trabajadores, detalles de nuestra administración técnica y financiera, nuestras innovaciones en el trabajo psicosocial desarrollado con usuarios, acciones de incidencia y nuestro trabajo en redes nacionales e internacionales.

Con ello queremos dar cuenta de que, ante a la desconfianza instalada, hay que seguir trabajando con transparencia, honestidad y con la convicción de que todos los esfuerzos deben orientarse a mejorar la vida de los niños y niñas.

*Milagros Nehgme, Directora Ejecutiva de Corporación Opción 

 

Columna publicada por La Segunda el 18 de diciembre 

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Los desafíos de la fuerza policial

Hace pocos días el comunero mapuche Camilo Catrillanca fue baleado por la espalda. En compañía de Catrillanca se encontraba un joven de 15 años, que no solo tuvo que soportar la muerte de su peñi a poca distancia, y una noche privado de libertad por una imputación falsa, sino que también, según su propio relato, los golpes e insultos de parte de la fuerza policial.

Temas como montajes, destrucción de pruebas y anómalos relatos sobre estos hechos han estado presentes. Mientras se espera para que sean aclarados, podemos reflexionar sobre el rol que tiene la policía en una sociedad democrática, especialmente con los niños, niñas y adolescentes.

El trato que la policía dio al adolescente en la Araucanía no es necesariamente distinto al que día tras día reciben nuestros usuarios de los programas de justicia juvenil en su contacto con Carabineros. Lo mismo sucede con los estudiantes movilizados, muchos adolescentes de la Legua Emergencia, y por cierto, niños y adolescentes en la Araucanía que viven en medio del asedio policial.

La Convención Internacional de los Derechos del Niño establece como piso mínimo para los Estados que la suscriben una serie de normas que establecen garantías reforzadas para niños, niñas y adolescentes por su especial condición de vulnerabilidad, precisamente por encontrarse en una etapa vital de formación, donde debe primar su interés superior, su derecho a ser oídos, su derecho a ser protegidos frente a abusos y maltratos. Esto sin ninguna excepción.

Las sociedades democráticas requieren de un cuerpo policial sometido al poder civil, con una sólida formación en derechos humanos y con un actuar que se ajuste estrictamente a las normas que fundan el Estado de derecho. De lo contrario, no tiene sentido alguno que el uso de la fuerza esté entregado a estos cuerpos de manera monopólica, ya que, sin estos límites –que existen en el papel, pero que distan mucho en la práctica- solo seguiremos viendo corrupción y abuso por parte de la policía.

 

* Camila De la Maza, Abogada de Corporación Opción.


Una realidad que supera a la novela

Buena parte de los televidentes que siguen a diario la teleserie nocturna de Canal 13 Pacto de Sangre se mantienen expectantes ante las estrategias desplegadas por un grupo de amigos para no ser descubiertos luego de participar en la muerte de una adolescente, causada en la despedida de soltero de uno de ellos. 

Otros se mantienen sensibilizados en torno a la madre de la joven víctima, piensan en su sufrimiento y dolor, y se afectan con la incertidumbre de su búsqueda.

Al parecer, muy pocos se encuentran incómodos o impactados por el contexto de vida de la adolescente, el cual se mantiene en un lugar secundario que no permite visibilizar su victimización como adolescente expuesta a través de los medios digitales a la explotación sexual.

Como es habitual, la realidad supera la ficción, y así como ocurre en la teleserie, los niños, niñas y adolescentes se mantienen invisibles, responsables a los ojos de la sociedad de su propio destino, con la idea que ellos “deciden” exponerse al contacto con otros adultos, pudiendo derivar en algún tipo de intercambio sexual.

Tanto en Chile como en el mundo, la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes (NNA) ha diversificado su modo de operar, beneficiándose de las nuevas tecnologías y, en especial, de las redes sociales.

No ha sido fácil problematizar la utilización y el acceso, desde edades muy tempranas, a videojuegos, Youtube, WhatsApp, Instagram, y otros sitios de internet, sin supervisión adulta.

Se desconocen y escasamente se difunden los riesgos existentes, más aún dada la facilidad que actualmente presenta la Red para que NNA sean contactados por un adulto/a. En el ciberespacio, este adulto inicialmente se mostrará amable, buscando solo amistad, pero posteriormente, una vez ganada la confianza, se encaminará a seducir, engañar e incluso extorsionar al NNA, utilizando las mismas imágenes o videos que ha obtenido a través del mismo (grooming). O bien, abusará o explotará sexualmente al NNA luego en el espacio real, o buscará difundir esas imágenes ilícitamente obtenidas (producción y difusión de pornografía infantil).

Las nuevas tecnologías sin duda imponen nuevos desafíos en lo relativo al combate y la erradicación no solo de la explotación sexual, sino también de la pornografía infantil, delito que también tiene escasa visibilidad y que cada vez goza de más fácil circulación gracias a las redes y medios tecnológicos de comunicación.

Es importante recalcar que la imagen utilizada para difusión, producción y/o almacenamiento de material pornográfico infantil no solo daña al NNA en su integridad psíquica y física al momento de ser obtenida, sino que la mantención de dichas imágenes, ya sea en poder de quien produce o almacena las fotografías, o bien de quien hizo difusión de ellas, merma y vulnera esa integridad de manera permanente en el tiempo si no logran ser retiradas de la red.

Lo anterior implica la necesidad de conocimientos sobre los marcos jurídicos, para poder desplegar mecanismos efectivos y ágiles de investigación. La búsqueda y recuperación de imágenes no solo tiene fines probatorios de los delitos, sino que tiene una fundamental importancia para la protección y para la reparación, pues impide la difusión de dichas imágenes y la pérdida de control sobre ellas.

Se debe concluir también que cada caso debe ser investigado con mucho celo, pues puede conducir a identificar otras víctimas y a frenar a “explotadores” de alto nivel de peligrosidad. Chile tiene una de las leyes más modernas para investigar estos delitos, sin embargo, parece desconocida en su aplicación, o bien ésta es lenta y con excesiva tardanza. Proteger de manera eficaz debe ser uno de los principales nortes, integrando el accionar de los diversos organismos relacionados. Esto es un deber de las instituciones, porque los peligros son reales, y las consecuencias también, no solo de un guion de telenovela.

* Lorena Bojanic, Coordinadora de Proyectos de Corporación Opción

 

Columna publicada por El Desconcierto.cl, el 6 de noviembre de 2018.
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El estudiante bajo el disfraz

Señor Director:

Los jóvenes que se han visto involucrados en los actos de violencia más extremos en colegios de Santiago han sido denominados “delincuentes disfrazados de estudiantes”. El problema es que estos adolescentes no están disfrazados de estudiantes, sino que son estudiantes que, como todo niño, niña y joven, tienen derecho a educarse y a un debido proceso al ser acusados de un delito.

Lanzar una bomba Molotov a un carabinero o rociar con bencina a un profesor son hechos muy graves. Estos ameritan ser investigados y sancionados por la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, norma que contempla medidas cautelares de protección a las víctimas. Lo que hace Aula Segura es duplicar la sanción, ya que quien resulte responsable deberá responder ante la ley y además acatar su expulsión, la que hasta hoy depende del reglamento de cada colegio.

El énfasis en el castigo que nuestra sociedad suele promover como solución no permitirá conocer a tiempo cómo es que el estudiante llegó a actuar con tal violencia, ni cómo podrá salir de la situación que lo aqueja, evitando abordar el problema en toda su complejidad. Tampoco favorecerá el fortalecimiento de las comunidades escolares, ya que el acusado quedaría en una situación de desamparo frente a las facultades del director y a la inmediatez del castigo. Asimismo, esta sanción no repara ni se hace cargo del daño provocado a los demás estudiantes y profesores.

Sabemos que el Ministerio de Educación sería el encargado de “reubicar al estudiante infractor y adoptar medidas de apoyo”. ¿Cómo se determinará dónde debe ser reubicado? ¿Cuáles son estas medidas de apoyo? ¿Quién supervisará que estas se apliquen? Esto parece no ser muy importante. Y no lo será mientras miremos a estos estudiantes como “delincuentes disfrazados de estudiantes”.

* Carta al Director de Milagros Nehgme, publicada en El Mercurio el 12 de octubre.
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Una acción estatal más vigorosa

En los próximos días comenzará la discusión del servicio que reemplazará a SENAME. Sin dudas es una discusión urgente. Sin embargo, debemos recordar que la crisis de esta institución es de larga data y fue invisible a la opinión pública por décadas. A estas alturas resulta impostergable avanzar en esta reforma si realmente creemos que los niños y niñas son los primeros de la fila.

El nuevo proyecto presentado por el presidente Sebastián Piñera –el tercero en los últimos 10 años– reconoce la necesidad de plantear una nueva institucionalidad en materia de niñez, que se encuentre acorde con la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Por lo mismo, es muy valioso que incorpore elementos que materialicen una efectiva coordinación intersectorial para la atención y, asimismo, reconozca la importancia de la colaboración entre el Estado y las organizaciones de la sociedad civil.

Con todo, lo que es realmente innovador es la consideración de las familias como sujetos de la intervención, situándolas como parte fundamental del trabajo que se debe realizar con los niños y niñas. No obstante, es preocupante que este proyecto le entregue al Estado solo un rol subsidiario de apoyo a ellas, y no se instituya como un garante de los derechos de la niñez. La gran innovación de la Convención fue reconocer a los niños y niñas como sujetos de derecho. Así, al Estado le corresponde no solo el apoyo al rol fundamental que juegan las familias en el cuidado y protección de los niños y niñas, sino garantizar que los derechos de ellos se materialicen y sean restituidos cuando se vulneren. Eso implica una actuación estatal más vigorosa que solo actuar subsidiariamente a las familias.

Por último, es importante tener presente que este servicio podrá cumplir su objetivo siempre y cuando las garantías universales de protección de la niñez funcionen adecuadamente. Para ello resulta indispensable que se reanude la tramitación del proyecto de protección integral de la niñez y que este contemple una bajada territorial que permita una articulación del órgano público frente a los requerimientos cotidianos de niños y niñas y sus familias.

 

Carta al director publicada en El Mercurio Cuerpo A, el día 12 de septiembre de 2018.

 * Por Camila De la Maza, Abogada de Corporación Opción.


CONVENCIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO: DESAFÍOS INELUDIBLES EN UN NUEVO ANIVERSARIO

El reciente informe publicado por el Comité de Derechos del Niño de la ONU sobre Chile y la situación de los niños y niñas que se encuentran en residencias, confirma un diagnóstico que ya conocíamos: la grave violación de derechos humanos que sufren cientos de niños, niñas y adolescentes que se encuentran en el sistema residencial, que debiendo ser protegidos por el Estado en ese espacio, profundizan sus vulneraciones de derechos. En este escenario, vale preguntarse nuevamente cómo llegamos a esto. Ello, porque hay un elemento que lamentablemente el informe del Comité no menciona, pero que es fundamental para comprender a cabalidad el problema: la gran mayoría de los niños y niñas que se encuentran en residencias no solo viven en situación de pobreza, sino que también han sido víctimas de una violencia que pareciera ser invisible a los ojos de los actores que tienen a su cargo la toma de decisiones en esta materia. Por esa razón, la desinternación y el cierre de los sistemas residenciales masivos deben ir acompañados de una oferta programática que efectivamente repare y restituya los derechos que han sido vulnerados, de lo contrario seguiremos evitando hacernos cargo del problema de fondo: políticas públicas efectivas en la promoción y protección de los derechos de los niños y niñas, acompañamiento real a las familias, y sistemas de protección social universal.

En este contexto, es una buena noticia la creación de un nuevo servicio que reemplace al antiguo y cuestionado SENAME, que se revise la oferta programática, que se establezcan estándares claros de calidad de ella, que se ponga el foco en las familias; no obstante, debemos recordar que este sería el tercer proyecto que se presenta en esta materia, y mientras tanto, la crisis en materia de protección especial de la infancia continúa y se profundiza, y la brecha en derechos sociales sigue creciendo.

Es fundamental insistir en un desafío ineludible planteado por la Convención de los Derechos del Niño que cumple hoy, 14 de agosto, un nuevo aniversario: el tratamiento de los niños y niñas como sujetos titulares de derechos y no como solo objeto de protección estatal, y su consideración como protagonistas del cambio social. Para ello se requiere acceso a educación y salud de calidad, ciudades con menos segregación, acceso a la cultura y el deporte, donde puedan desarrollar plenamente su personalidad, habilidades y talentos. Para poder alcanzar estos objetivos, es indispensable un trabajo mancomunado entre todos los actores sociales, para lo cual es esencial contar con una ley que garantice la protección de los derechos de todos los niños y niñas del país y promueva su efectivo ejercicio. 

Columna de Opinión publicada en La Tercera Online, el día martes 14 de agosto. Lea directamente aquí

* Por Milagros Nehgme Cristi, Directora Ejecutiva de Corporación Opción.


RESPONSABILIDAD PENAL ADOLESCENTE: NO OLVIDEMOS EL CONTEXTO

Para comprender en perspectiva los comportamientos que despliegan niños, niñas y adolescentes, es clave conocer el contexto particular en el cual estos se desenvuelven.

En primer lugar, los contextos en los que viven y participan los niños y niñas de nuestro país son claramente disímiles considerando su región, comuna e incluso el sector barrial dentro de esta. Y, en segundo lugar, tales diferencias no hacen más que protegerlos o fragilizarlos (según sea el caso) en su trayectoria de desarrollo emocional y social.

Es en el marco de dichos contextos que algunos niños, niñas y adolescentes participan directamente de delitos graves contra la propiedad y las personas, tales como la violación y los casos de abuso conocidos la semana pasada. Debemos considerar no solo el lamentable daño y afectación de la vida de las personas que ocasionan, sino también el importante riesgo al que se exponen para obtener bienes, acogida, reconocimiento y, en definitiva, un sentido de valor de sí mismos: una identidad.

Ante la comisión de delitos graves por parte de niños, niñas y adolescentes, las tradicionales hipótesis explicativas suelen entrarse en las “deficiencias”, “carencias” o “rasgos” que tendrían estos y por ende sus conductas no serían más que una expresión de su particular “psicopatología”. Sin embargo, considero preciso ponderar una hipótesis distinta: un número importante de niños, niñas y adolescentes de sectores de las poblaciones con las que trabajamos y que se encuentran en situaciones de vulneración de derechos, a temprana edad son acogidos y utilizados (sino explotados) por organizaciones criminales para fines delictuales y de tráfico de drogas, poniendo en riesgo la vida de terceros así como también la propia, tanto por los denominados “ajustes de cuentas” entre dichas organizaciones o bandas en el contexto territorial en que se desenvuelven, como por la acción de las policías en su legítimo actuar ante la detección de delitos flagrantes.

Lo que intento plantear es una invitación no sólo a mirar a los niños y adolescentes y sus conductas, sino también el contexto particular en que niños y adolescentes se desenvuelven. Consideremos qué obtienen del contexto que como sociedad les hemos ofrecido y qué obtienen también los adultos de estas bandas que los utilizan.

La disminución de la edad de responsabilidad penal o el aumento de penas hacia los adolescentes por sí mismo, no los hará más responsables, no disminuirá los índices de delitos, no aumentará su permanencia escolar, no disminuirá su consumo de drogas, ni hará que dejen de participar de las agrupaciones que los utilizan. Son acciones que solo operan sobre uno de los elementos (el más débil) del proceso delictivo. Son necesarias medidas de carácter sistémico mucho más complejas, diversas y siempre pensadas en el mediano y largo plazo y que operen sobre la totalidad de los elementos que hacen posible la participación de niños en hechos delictuales. Dichas medidas que los expertos en el área de la responsabilidad penal (valorando la experiencia internacional) ya conocen, pueden resultar menos efectistas mediáticamente. Lo más importante es que estas medidas, menos reactivas, son también por cierto las más respetuosas de los derechos de niños, niñas y adolescentes.

Es preciso en el contexto actual desarrollar una profunda y responsable discusión respecto de eventuales modificaciones a la ley N° 20.084, por cuanto la disminución de la edad de responsabilidad penal de los y las adolescentes, o el mero aumento de sanciones a estos sin considerar el contexto comunitario y barrial del que participan, no solo no evitará la comisión de delitos, sino que ante todo no favorecerá la pretensión de “reinserción social” de estos.

Columna de Opinión publicada en La Tercera Online, el día lunes 30 de julio. Vea directamente aquí.

 

* Alejandro Astorga, Asesor Técnico y Coordinador de Proyectos de Corporación Opción.


La solución a la violencia no está en la cárcel

Al igual que a toda la ciudadanía, nos preocupa y condenamos todo tipo de ejercicio de violencia, incluyendo cuando esta es ejercida por personas menores de edad. Las imágenes que muestra a diario la televisión, tanto de adolescentes como de menores de 14 años involucrados por adultos al delito, van constituyendo una imagen de país en franco deterioro en su convivencia social y en cuanto a la seguridad hacia las personas y hacia los bienes. Frente a esta construcción surgen las soluciones de populismo penal que vemos en la prensa, con demandas de mayor encarcelación y rebaja de la edad de imputabilidad.

Desde una política seria que resguarde la seguridad de todos y avance hacia un Estado de mayor bienestar, se requiere partir del fenómeno objetivándolo. Datos del Ministerio Público señalan al respecto una baja sostenida de ingresos de imputados al sistema penal adolescente, con 70.761 casos en el año 2008, disminuyendo sostenidamente a 40.761 el año 2016, equivalente al 42,4% menos. De estos, los delitos más violentos, como los homicidios, han mostrado una baja aún mayor: en 2009 fueron 195 imputados y en 2016 fueron 94 imputados adolescentes, es decir, disminuyeron en un 48,2%.

Respecto a generar acciones para la disminución de los actos violentos, ya está probado que las soluciones de mayor punitividad no traen más protección ni paz social. La evidencia científica ha demostrado que a mayor violencia del Estado frente a los imputados y responsables de cometer delitos, la violencia de estos aumenta llevando a una escalada en espiral.

La privación de libertad en adolescentes genera conductas psicopáticas, ligadas a la conformación de una coraza del sujeto frente a los estímulos del medio carcelario que no le permite mediatizar las respuestas por el mundo afectivo y valórico; se generan trastornos en la vivencia y expresión de la emocionalidad, caracterizada por una indiferencia afectiva, que si bien le permiten protegerse del sistema carcelario, también le evitan percibir las reacciones emocionales personales y el sufrimiento ajeno (lo visto en televisión sobre los tratos a los imputados ecuatorianos y su filmación es producto de esto).

Además de la impulsividad y la intolerancia a la frustración, ambas favorecidas por el entorno de la cárcel, la pérdida de la cercanía familiar y de otras figuras adultas o pares significativas potencia aún más que el adolescente termine la construcción de su personalidad a partir de lo entregado en el contexto carcelario, consolidándose una identidad delictual con un aumento en las expresiones de violencia.

Los contextos en que habitamos reflejan una violencia estructural, que se naturaliza en todos los ámbitos y afecta a todos, en mayor medida a las personas de los territorios de mayor vulnerabilidad; y dentro de estos los niños, niñas y adolescentes, por su mayor dependencia al entorno.

El crimen organizado y el narcotráfico ocupan los espacios en los territorios, generando desplazamientos de familias, ocupaciones de viviendas y prebendas a los participantes. Este dominio de sectores comunitarios incluye la involucración de adolescentes y niños. La búsqueda de soluciones no pasa por penalizar a los niños, sino por resguardarlos generando mayores protecciones.

Para prevenir y enfrentar estas situaciones se deben recuperar los espacios en los territorios comunitarios mediante políticas de promoción y de seguridad humana en los ámbitos de educación, recreación, habitabilidad y prevención situacional, entre otros.

 

* Osvaldo Vázquez, Coordinador de Proyectos de Corporación Opción.