Ahora es cuando

La crisis sanitaria provocada por el COVID19, ha develado las desigualdades y brechas que desde octubre de 2019 se habían puesto sobre la discusión pública con mucha fuerza y que terminaron por abrir el proceso constituyente en el que hoy nos encontramos.

La pandemia y la crisis social tienen en común un protagonista invisible: los niños, niñas y adolescentes. Este grupo ha sido sin duda el más afectado por políticas públicas que, simplemente, no los han considerados como sujetos titulares de derechos. Durante todo el año 2020 no hubo medidas que permitieran aliviar en ellos las consecuencias del encierro, la ausencia del espacio protector de la escuela y, todo indica, que la crisis económica instalada los hará retroceder aún más, especialmente en materia de violencia y trabajo infantil.

Ya no podemos cambiar el pasado, pero sí tenemos la oportunidad de pensar y cambiar el futuro y hacerlo más auspicioso para niños, niñas y adolescentes. Lo primero es generar una Constitución que los ponga al centro de la preocupación estatal y genere un efectivo marco de protección social que garantice efectivamente el ejercicio de sus derechos. Ahora es cuando debemos concebir un nuevo pacto social que nos permita fortalecer la democracia, para ellos y ellas; pero, sobre todo, con ellos y ellas como protagonistas. 

Consuelo Contreras, Fundadora Corporación Opción


Una respuesta integral frente a la violencia

Después de un anormal 2020, el año 2021 lo recibimos con variados titulares de balaceras en distintas comunas del país. Esa violencia en los territorios es una situación que hace varios años vemos que va en aumento y se constituye en un problema altamente complejo.

Para abordarlo se requieren políticas públicas articuladas, más allá de las propuestas de aumento de penas y atribuciones a las policías, las que no son suficientes para dar respuesta efectiva a los problemas estructurales que la han provocado.

Lamentablemente, esta situación de violencia también afecta gravemente el derecho de niños, niñas y adolescentes a un nivel de vida adecuado, que les permita el desarrollo del máximo de sus potencialidades, que el Estado está obligado a garantizar de acuerdo a las normas internacionales que ha suscrito en diversos tratados de derechos humanos. El déficit en la satisfacción de derechos sociales que marcó la crisis social desatada en octubre de 2019, es una buena muestra de las deudas que tenemos en este ámbito.

Erradicar la violencia en los territorios, no solo pasa por mejorar los mecanismos de persecución penal, sino también abordar las problemáticas sociales que la genera, de manera integral y articulada. Esto implica, además, implementar mecanismos para la resolución de los conflictos basados en el diálogo y la participación de las comunidades que, en definitiva, permitan mejorar las condiciones de vida, que hoy la tornan tan precaria y vulnerable a la violencia.

Milagros Nehgme, Directora Ejecutiva de Corporación Opción

 


Segunda ola ¿Lograremos capear la brecha?

La crisis sanitaria que hemos atravesado durante este 2020, ha evidenciado y acrecentado las brechas en materia de derechos sociales y particularmente en materia de educación. Según la encuesta “Estamos Conectados” de Educación 2020, tenemos 16 mil estudiantes menos en el sistema que en el año 2019 y, sumado a ello la baja conectividad a internet de los sectores socioeconómicamente más vulnerable, nos situamos en un complejo escenario para el año 2021, donde al parecer, la pandemia tardará un buen tiempo más en ser superada y las clases presenciales serán de difícil implementación, especialmente considerando que muchos establecimientos no cuentan con los recursos para un regreso seguro de los y las estudiantes.

En este marco, resulta urgente, que los niños, niñas y adolescentes sean puestos al centro de la preocupación estatal y que las medidas que se tomen en relación al ejercicio del derecho a la educación, consideren las particularidades territoriales y socioeconómicas de todas las infancias que habitan nuestro país. Hasta ahora, han sido muy invisibles y los datos dan cuenta de ello. Ponerlos al centro, implica una efectiva priorización, tanto presupuestaria como administrativa, que permita garantizar que ningún niño o niña se quede fuera, por no contar con elementos básicos para acceder a la escuela, ya sea presencial o telemáticamente. Lo anterior, sin lugar a dudas, requiere no solo de medidas en el ámbito educativo, sino también, un fortalecimiento de la protección social de las familia y cuidadores.

Es de esperar, que las autoridades se comprometan con medidas más profundas e integrales, que no solo nos permitan capear la segunda ola del COVID 19, sino también la de las brechas que la pandemia ha profundizado.

Camila De la Maza, Coordinadora de Seguimiento Legislativo en Corporación Opción


Una cadena de horrores

Como ya es de público conocimiento, dos niños fueron baleados por funcionarios de Carabineros, dentro de una residencia de protección, subvencionada por el SENAME. La situación ocurrida en Hualpén, es una buena muestra de la falla estructural de Chile: la cultura de la violencia, normalizada y validada.

Según lo ha informado la autoridad, frente a la descompensación emocional de un joven, el protocolo es que el dispositivo de salud acuda con auxilio de la fuerza pública, es decir, con Carabineros. Frente a lo cual, es urgente preguntarse si la policía es efectivamente el órgano más idóneo para abordar situaciones de esa naturaleza. Los hechos, dan cuenta de que no lo es, dado que el actuar violento y desmedido de la policía, no es un hecho aislado. Es su práctica habitual. Solo basta recordar, que Carabineros también disparó en el interior de un liceo, en el marco de las protestas de octubre de 2019.   

El patrón de comportamiento policial dista mucho de ser protector, especialmente cuando se trata de adolescentes. Y lo cierto, es que no hay escenario que justifique el uso de armas de fuego al interior de una residencia de protección, que tiene a su cargo el cuidado de niños, niñas y adolescentes.

Lo ocurrido en Hualpén es una cadena de horrores que no puede continuar. No basta con la renuncia del General Director de Carabineros. No basta con repudiar los hechos, pero validar que un procedimiento de salud requiera de la fuerza pública, está muy lejos de un estándar mínimo de respeto y garantía de los derechos de niños, niñas y adolescentes.

El reconocimiento de los niños, niñas y adolescentes como personas titulares de derechos, sin discriminación alguna, es un imperativo para el Estado de Derecho. Es tiempo de hacer efectivo un compromiso que nuestro país adquirió hace 30 años. No es posible seguir esperando.

Camila De la Maza, Coordinadora de Seguimiento Legislativo en Corporación Opción


Nuevo SENAME

La ley que crea el nuevo Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia ha sido aprobada, poniendo la lápida al SENAME. La pregunta que cabe hacerse en este momento es si ello significará un real beneficio para los niños, niñas y adolescentes que han sufrido graves vulneraciones a sus derechos. Sin lugar a dudas la respuesta es no. Ello no ocurrirá en la medida que las políticas públicas y el conjunto de reformas legislativas necesarias para una efectiva protección de los derechos humanos se hagan realidad.

Si bien hay avances, preocupan los retrocesos y los enormes vacíos que se generan al no contar con una ley de protección o garantía a los derechos de niños y niñas, sin que necesariamente sean víctimas de violencia intrafamiliar, institucional o estructural. Ello es clave para no cargar al nuevo servicio con tareas propias de las políticas sociales universales, cosa que ocurrió con el agonizante SENAME. Las tareas vinculadas con salud, educación, vivienda, pobreza, medio ambiente, seguridad social, deben estar radicadas en las instituciones pertinentes, mandatando su articulación en la Ley de Garantías.

El nuevo Servicio retrocede al establecer programas para inimputables. Es decir, niños y niñas menores de 14 años, en tanto acusados por un ente indeterminado de cometer un delito, serán derivados a programas especiales, sin investigar si el delito se cometió y si participó en él, sin derecho a defensa, sin debido proceso, sin justicia.

Sin lugar a dudas los derechos humanos y especialmente los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes deberán ser parte del debate constitucional, el solo reconocimiento de su existencia y de la calidad de sujetos de derecho de este imprescindible grupo será un enorme avance.

Consuelo Contreras, Fundadora Corporación Opción


Niñez y proceso constituyente

Este fin de semana nuestro país vivió el evento político más relevante desde el retorno a la democracia. En él se confirmó que contaremos con un nuevo pacto social, construido de manera colectiva y democráticamente, algo que, en nuestros 202 años de independencia, no habíamos tenido.

Sin perjuicio de que los y las adolescentes bajo la actual legislación no tienen reconocido el derecho al voto, sería interesante que en el marco del proceso constituyente, pongamos sobre la mesa y asumamos un compromiso real para la efectiva garantía de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes.

Su reconocimiento constitucional como sujetos de derechos es crucial para la construcción de una sociedad más justa y fraterna con niños, niñas y adolescentes que, hasta hoy, han tenido una relación muy compleja con el Estado y sus políticas públicas, pues, pese a las obligaciones internacionales contraídas en esta materia, no han sido lo suficientemente considerados para su diseño e implementación.

Es indispensable que, en medio de esta crisis social, la democracia sea fortalecida a través de un reconocimiento expreso de los derechos de la niñez y la adolescencia. Ponerles primero en la fila, significa entonces, reconocerles una cuota de participación efectiva en la comunidad. Y esto es algo que debemos incorporar hoy.

Camila De la Maza, Coordinadora de Seguimiento Legislativo en Corporación Opción


Un Estado que reprime, pero no repara

Está próximo a salir del Congreso el proyecto de ley que crea el nuevo Servicio de Protección Especializada de la Niñez que reemplazará al cuestionado SENAME. Dicho proyecto, puso especial énfasis en mayores controles para quienes ejecutan la oferta, pero se hizo poco cargo del contenido de la misma y eso, a poco andar, nos traerá iguales o peores problemas.

El proyecto no define, por ejemplo, en qué consiste la intervención ambulatoria, en circunstancias que el 90% de los niños, niñas y adolescentes que requieren de intervención es bajo esa modalidad. Y tampoco contempló programas para quienes han sufrido graves vulneraciones de derechos producto de la violencia institucional. Es decir, cuando el adolescente que habría sido empujado a la ribera del río Mapocho por un funcionario policial requiera reparación para superar el trauma vivido, no habrá cobertura estatal: ni hoy en el SENAME, ni mañana con el nuevo Servicio.

Lo paradojal, es que dicho proyecto sí contempla programas para niños menores de 14 años que habiendo sido sindicados como autores de un delito, sin que un tribunal los haya determinado responsables de ello, serán derivados a un programa. Es decir, serán intervenidos por el Estado en razón de su condición de supuestos infractores inimputables, y no en función de la vulneración de derechos que tengan a la base.

Vemos entonces, que tenemos un Estado que está disponible para reprimir y sancionar, pero no para reparar. Y eso, en materia de protección de derechos humanos, es especialmente grave.

*Consuelo Contreras, Fundadora Corporación Opción


Tiempos de pandemia: una oportunidad para estrechar vínculos

A inicios de marzo, mientras como programa PAS Maule (que trabaja con niños y niñas que han realizado alguna práctica abusiva sexual a otros niños) nos encontrábamos planificando el trabajo anual, comenzamos a conocer términos nuevos, tales como coronavirus, pandemia, cuarentena. Con incredulidad y temor veíamos lo que ocurría en otros países, preguntándonos cuál sería el panorama de Chile y cómo seguiríamos con nuestras actividades laborales. Asimismo, prontamente surgió otro término desconocido: trabajo remoto o teletrabajo.

A partir de ello, nuestra forma de desempeñarnos sin duda que cambió. Asumimos el desafío de dar continuidad a los procesos reparatorios de niños, niñas y sus familias, pero en modalidad online, desde nuestras casas, utilizando toda nuestra creatividad para desarrollar procesos acordes a sus necesidades, respetuosos de sus derechos, y asegurando condiciones de protección ante eventuales vulneraciones. Cambiamos el habitual espacio terapéutico, que eran las salas de atención del programa PAS, por las casas de los niños y niñas, debiendo entrar en la intimidad de su hogar, y comenzamos también a utilizar videollamadas desde un computador o celular.

Hoy, varios meses después y a partir de los desafíos descritos, los aprendizajes han sido variados y constantes, pero el principal tiene relación con que esta pandemia ha sido una oportunidad para estrechar vínculos con las familias que atendemos, las cuales han sido generosas en permitirnos entrar en la intimidad de su hogar, presentarnos a los integrantes del grupo familiar, mostrarnos los espacios que comparten, y contarnos cómo desarrollan su día a día. Y si bien existen momentos complejos que interfieren en el desarrollo de las sesiones (por factores externos y que no están bajo nuestro control), ha sido maravilloso no solo poder dar continuidad a la intervención psicoterapéutica, sino que acompañarlos durante este tiempo tan difícil, donde están llenos de temores y dudas, y donde, a decir verdad, ha surgido un acompañamiento mutuo, pues ha existido una preocupación genuina y cariñosa de los niños, niñas y sus familias también hacia nosotros.

*Sara Torres, Psicóloga del Programa PAS Maule


Más vale tarde

Desde el pasado mes de abril, en Corporación Opción hemos instado a las autoridades a que evaluaran la posibilidad de incorporar a los permisos temporales uno que permitiera que niños, niñas y adolescentes en cuarentena pudieran salir de sus hogares para el resguardo de su estabilidad física y emocional. Ello, en la línea de las recomendaciones formuladas por el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, que señaló que los Estados, incluso en situaciones de crisis como las que vivimos, deben cumplir con sus obligaciones internacionales y asegurar tanto el derecho a la educación, a la salud y la vivienda adecuada, así como también el derecho a la recreación y el esparcimiento de niños y niñas.

Valoramos que, cuatro meses después, este permiso se materialice y comience a mitigar los efectos perniciosos del confinamiento, especialmente considerando que no todos los niños y las niñas lo viven en las mismas condiciones.

Junto con lo anterior, volvemos a instar al Estado a visibilizar las necesidades urgentes de la población infanto juvenil, ya que toda la evidencia disponible da cuenta de que serán los más afectados por las consecuencias de esta crisis, como son la pobreza, el riesgo de la exclusión escolar y el trabajo infantil.

*Milagros Nehgme, Directora Ejecutiva de Corporación Opción


Mañana será tarde

A veces la muerte nos interpela. Especialmente cuando son evitables, cuando evidencian las precariedades y los horrores del sistema, los prejuicios, y especialmente cuando nuevamente develan la violencia estructural que sufren niñas y adolescentes. Nadie puede permanecer impávido frente al crimen de Ámbar Cornejo. Tampoco frente al de Javiera Neira. Ni al de Nicole Saavedra. Todas tienen en común haber sido niñas y adolescentes víctimas de una violencia estructural intolerable en una sociedad democrática. Ahí radica la urgencia de que el Estado cuente con un sistema que les garantice a todas una vida libre de violencia. Especialmente si son menores de edad.

Se culpa a los jueces que dieron la libertad condicional a un hombre condenado por un doble homicidio, al programa que la atendía en el SENAME, a su madre. Pero poco hemos escuchado sobre la responsabilidad del Estado de contar con los dispositivos adecuados para que todo lo anterior no hubiera ocurrido, y que, en definitiva, hubiera permitido a Ámbar el ejercicio de su derecho a vivir libre de todo tipo de maltrato y abuso.

Por ello la ley de garantías y protección de la niñez y la adolescencia no puede seguir esperando. Nadie nos asegura que con ella este y otros crímenes no hubieran ocurrido, pero sí tenemos evidencia de que cuando contamos con un sistema adecuado de promoción de derechos, que reconoce a las niñas como titulares de derecho y releva la importancia de resguardar su interés superior por sobre otras consideraciones, tenemos más posibilidades y herramientas para que, levantadas las alertas, los mecanismos de protección puedan efectivamente actuar. Hoy, porque mañana será tarde.

*Consuelo Contreras, Fundadora de Corporación Opción