Junto con la celebración de las fiestas patrias en Chile, hace exactos 4 años, un 18 de septiembre de 2019, se elaboró la Observación General N° 24 de Comité Internacional de los Derechos del Niño y la Niña, que brinda orientación al Estado para que regule su marco normativo y eleve sus estándares de derechos humanos en concordancia con la Convención y otros instrumentos internacionales de DDHH, en relación a los derechos de niños, niñas y adolescentes en el sistema de justicia juvenil.

Esta observación general sustituye la N° 10 (2007) relativa a los derechos del niño en la justicia de menores y refleja los cambios que se han producido desde 2007 como resultado de la promulgación de normas internacionales y regionales, la jurisprudencia del Comité, los nuevos conocimientos sobre el desarrollo en la infancia y la adolescencia, y la experiencia de prácticas eficaces, como las relativas a la justicia restaurativa.

En nuestro país se ha orientado esta Observación General adecuando la institucionalidad en estas materias, con la aprobación de la Ley N° 21.527 que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil (12/01/2023), e introduce modificaciones a la Ley N° 20.084 sobre responsabilidad penal adolescentes y otras normas regulatorias. Con la nueva institucionalidad se generan nuevos espacios en el sistema de justicia penal tradicional, para incorporar prácticas restaurativas como la mediación, que busca resolver los conflictos de carácter penal al incorporar a las víctimas, los ofensores, a las familias cuando proceda, y a la comunidad.

De esta manera, Chile avanza en formas alternativas y maduras en devolver desde el Estado los conflictos a quienes les pertenecen, para poder resolverlos con mayores garantías de ser tomados en cuenta como actores capaces del proceso penal. 

Osvaldo Vázquez, Coordinador de Proyectos Corporación Opción

El 10 de septiembre se conmemora el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, una fecha que obliga a detenerse y abordar la situación global que -según lo reportado por el estudio “Suicidio en el mundo en el 2019” (OMS, 2021)- refleja que la tasa estandarizada mundial de suicidio fue de 9,0 por 100.000 habitantes, siendo más alta para los hombres (con 12,6 muertes) que para las mujeres (con 5,4).

Chile no quedó atrás de estas alarmantes cifras, ocupando el sexto lugar de los países de Latinoamérica y el Caribe con la mayor tasa de suicidio, traduciéndose en 9 por cada 100.000 habitantes (superando la media de 6,2 de la región). Una cifra que, además, aumentó en 2022 a 10,3 casos, según datos de la Organización Panamericana de la Salud.

En concordancia con lo anterior, el Minsal evidenció que, aunque durante 2020 y 2021 existió una disminución de 15% en la tasa de suicidios a nivel general, esta baja se interrumpió a fines de 2021, volviendo a cifras similares pre-pandemia.

Si bien los elementos que impulsan a una persona a quitarse la vida son multicausales, multifactoriales y requieren de una diversificación de acciones para su mitigación, el suicidio sí se puede prevenir. La sensibilización responsable para romper con la estigmatización, posibilita que las personas que padecen un gran dolor psicológico se sientan en condiciones de pedir ayuda, siendo esto fundamental para la prevención, detección y atención oportuna. Esto, junto con la implementación de programas que contribuyan en las habilidades para la vida, detección e identificación del riesgo, la restricción de acceso a los medios de suicidio y la atención especializada.            

Ser responsable de lo que se comunica nos involucra a todos como sociedad, incluyendo en este engranaje a: medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil, comunidades escolares y sanitarias, entidades de primera respuesta y por, sobre todo, al Estado.

Gerardo Aliste, Coordinador de Proyectos Corporación Opción.

Cada 30 de agosto se conmemora en Chile el día del detenido desaparecido. La desaparición forzada de personas se considera un crimen de lesa humanidad y una grave vulneración a los derechos humanos. La experiencia de este tipo de hechos en nuestro país se encuentra vinculada, casi en su totalidad, a actos perpetrados por el Estado, bajo el contexto de la persecución política durante la dictadura militar en Chile (1973-1990).
Entre las personas muertas y desaparecidas que forman parte de los registros del informe Rettig (1991), 22 de ellas corresponden a niños, niñas y adolescentes detenidos desaparecidos. En su mayoría estudiantes adolescentes que desaparecieron luego de su aprehensión forzada durante los primeros años de la dictadura. Solo dos de ellos han sido recuperados, luego del trabajo de búsqueda realizado por las madres de mayo en Argentina, pues luego de desaparecer a pocos meses de vida, crecieron bajo una identidad distinta en familias adoptivas.
La gravedad de este tipo de delitos y su complejidad, radica no solo en la falta de información respecto de la desaparición de la persona y el desconocimiento de su paradero, implica también un dolor en las familias al producirse una ausencia permanente, sin respuesta por parte de las autoridades respecto de lo ocurrido. La falta de verdad y de justicia daña y re-victimiza no solo a quienes sufrieron la detención y desaparición, o a quienes los buscaron: hermanas, abuelas y madres, sino también a las siguientes generaciones que fueron testigos de dicho sufrimiento y que mantienen en su historia de vida el olvido por parte de la sociedad y sus instituciones.
Es relevante que nuestro país cuente hoy con un Plan Nacional de Búsqueda (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos año 2022), que permita a los familiares al menos contar con información confiable para conocer lo ocurrido con sus seres queridos y terminar con la permanente sensación de volver a verlos.
A pocos días de conmemorar un nuevo 11 de septiembre –una fecha que nos recuerda el quiebre democrático de nuestro país debido al Golpe Militar ocurrido en 1973- es relevante mantener viva la memoria de aquellos que no están, debido a la muerte o desaparición forzada ocurrida en el marco de los 17 años de dictadura militar en Chile.
Lorena Bojanic. Encargada del Área de Desarrollo en Investigación, Participación y Redes Aplicada a Proyectos Corporación Opción

El Comité de los Derechos del Niño, en sus recomendaciones al Estado chileno (2015), manifestó su preocupación por los altos niveles de violencia en los entornos educativos, en particular de actos de intimidación homofóbica y transfóbica, y la persistencia de actitudes de discriminación hacia la niñez homosexual, bisexual y transgénero.

Al respecto, en el contexto post pandémico los indicadores de Desarrollo Personal y Social que complementan los datos académicos de SIMCE (2022) vinculados a clima de convivencia escolar, muestran un alarmante aumento de la percepción de discriminación entre el estudiantado, por ejemplo, en 2° medio, frente a la pregunta “Me siento discriminado por mi personalidad” que subió de un 23% en 2018 a un 31% en la última medición. Por tanto, existe en nuestro país una evidente agudización de las experiencias discriminatorias, especialmente en relación a la vulnerabilidad específica de la niñez y adolescencia LGBTIQ+, quienes, según diversos estudios, presentan mayores índices de maltrato en contextos de hogar y escolares, así como sintomatología psicológica que, en algunos casos, deriva en conductas lesivas y comportamientos suicidas.

Aun cuando se cuenta con la Ley N° 21.120 (2019), cuyo avance más significativo ha sido reconocer el concepto de identidad y expresión de género más allá del sexo biológico, como sociedad estamos desafiados a revisar profundamente nuestra manera de convivir, nuestras prácticas adultocéntricas, y cómo estamos garantizando el respeto al derecho a la identidad, tanto en la escuela como en todos los contextos sociales y de hogar. Esto favorecerá un clima de inclusión y respeto en la sociedad en su conjunto para hacer verdaderamente efectiva la celebración de la diversidad.

Cynthia González, Coordinadora Unidad de Participación Corporación Opción

El 14 de agosto conmemoramos 33 años desde la ratificación de la Convención de los Derechos del Niño por parte del Estado chileno. Un hito que, sin duda, representa un compromiso invaluable respecto al bienestar y protección de nuestros niños, niñas y adolescentes.

Si bien es cierto, hemos avanzado en contar con una institucionalidad en materia de infancia, a través de la promulgación de la Ley de Garantías -que tiene por objeto la protección integral, el ejercicio efectivo y el goce pleno de los derechos de los niños, niñas y adolescentes-; la creación de una Subsecretaría de la Niñez; la instalación de la Defensoría de la Niñez; y la implementación del Servicio de Protección Especializada para la niñez y la adolescencia, aún queda mucho camino por recorrer.

Y es que, pese a estos esfuerzos, aún no se garantiza el ejercicio pleno de los derechos de miles de niños, niñas y adolescentes en nuestro país, limitando su acceso a garantías tan básicas como la salud mental, la vida libre de violencia, o la educación igualitaria y de calidad para todos y todas.

Este aniversario nos invita a reflexionar sobre cómo podemos fortalecer nuestro compromiso con los derechos de la niñez. Y este no es solo un llamado hacia el Estado, sino también a organizaciones de la sociedad civil y a todos y todas quienes creen que es imprescindible erradicar las brechas para asegurar que cada niño y niña sea valorado como el sujeto de derechos que es.

Sigamos trabajando juntos para construir un Chile en el que ningún niño, niña o adolescente se quede atrás. Un Chile que cumpla con la promesa de brindarles un presente y un futuro de oportunidades, justicia, igualdad y esperanza.

Milagros Nehgme, Directora Ejecutiva de Corporación Opción.

Esta semana se conmemora a nivel mundial el día de la lucha contra la trata de personas. En Chile, la trata de niños, niñas y adolescentes con fines de explotación sexual aún se encuentra invisibilizada, limitándose sólo a ser reconocida como tema emergente en el país, a pesar de haberse comprobado la existencia de tráfico ilícito de migrantes, el ingreso de niños y niñas no acompañados, y la trata de personas con fines de explotación sexual. 

Esta afirmación se puede refrendar con los últimos datos de la Mesa Intersectorial sobre la Trata de Personas, quienes señalan que entre el 8 de abril de 2011 y el 31 de diciembre de 2021, se ingresaron sólo 10 denuncias por trata de menores de edad con fines de explotación sexual, en su mayoría mujeres, representando el 8% del total de víctimas.

Por otra parte, menos de la mitad de las causas que se llegan a judicializar, obtienen sentencias condenatorias, con penas muy bajas para el tipo de delito (OIM, 2022). Si bien, se trata de cifras reducidas si se contrasta con datos de organismos internacionales (OIT, 2022) que hacen referencia a la realidad en América Latina, esta problemática se ha intensificado, observándose una cifra negra, ya que quienes figuran en las estadísticas, corresponden mayormente a quienes denuncian el delito (RATT Chile, 2022).

Lo anterior, implica tomar conciencia de la existencia de un importante grupo de mujeres y adolescentes indocumentadas y en situación irregular en el país que, por distintos factores, tales como el miedo a represalias de sus explotadores o a las redes que las han trasladado a nuestro país, no denuncian, desconfiando del sistema judicial y de la institucionalidad en general, ya que se sienten responsables de su propia situación de vulnerabilidad, no percibiéndose como víctimas de este delito.

Urge para enfrentar eficazmente este flagelo, no solo el compromiso de diversos actores, sino también una sociedad activa y sensible, logrando la protección oportuna que las niñas y mujeres víctimas requieren, y que les permita vivir una vida libre de trata.

Denisse Olave. Directora programa ESCI Santiago de Corporación Opción

En plena crisis de los cuidados (CEPAL, 2020), la materialización del ejercicio de los derechos sociales y políticos de las mujeres se concreta con su independencia económica a través del empleo remunerado.

En esta transición del paso de las mujeres al mundo público, la distribución equitativa de los trabajos en el hogar aún no se ve reflejada, asumiendo las figuras femeninas la mayor parte de estos. De acuerdo a los señalado por el MINTRAB (2020) “las niñas y adolescentes mujeres son quienes en mayor proporción dedican 21 horas o más a la semana a desarrollar estas tareas (19% entre 5 y 17 años; y un 33% entre 15 y 17 años)”.

Por lo tanto, bajo algunas condiciones, como el tiempo destinado y la edad, estas labores pueden convertirse en una forma de trabajo infantil invisibilizado, producto de las relaciones asimétricas de género en el hogar. Lo anterior, afecta las posibilidades del desarrollo integral de niños y niñas.

Ejemplo de ello, en contexto post pandémico, fueron los resultados del SIMCE (2022), los que, específicamente en Matemática 4° básico, dieron cuenta que las niñas disminuyeron 13 puntos respecto a la última medición (245), versus la baja de 7 puntos en el caso de los niños (255). Mientras, para II medio, las niñas disminuyeron 14 puntos (248), versus los niños, que lo hicieron en 11 (255).

Esta grave brecha nos convoca a revisar su origen desde una perspectiva de género, vinculadas, entre otras, a las responsabilidades asumidas por las niñas al interior del hogar, haciéndolas visibles y modificándolas, con el fin de ofrecer alternativas que favorezcan el despliegue de todas sus potencialidades, de manera que el cuidado en dicho espacio, sea una tarea colaborativa donde tanto hombres como mujeres realicen una equitativa contribución.

Cynthia González Hernández, Coordinadora de la Unidad de Participación de Corporación Opción.

El 12 de junio se conmemora el Día Mundial contra el Trabajo Infantil una problemática que ocurre de maneras muy diversas, e incluso invisible, trasgrediendo y vulnerando los derechos humanos fundamentales de niños, niñas y adolescentes.

Este año, desde Corporación Opción queremos aportar haciendo visible un tipo de trabajo infantil de escaso reconocimiento, como lo son las labores domésticas en el propio hogar^[1],  una situación que ocurre, según la OIT, cuando se le dedican más de 21 horas semanales a los quehaceres domésticos como única actividad, incidiendo directamente en las posibilidades que un niño o niña tendrán para hacer uso del descanso, tiempo libre, la recreación y la educación. 

Cuestionar los efectos de este tipo de labores cobra gran relevancia, ya que se considera una tarea de cuidado, no solo no reconocida, sino que, habitualmente realizada por niñas y adolescentes mujeres, como parte de un rol tácito y naturalizado dentro de la familia, que perpetúa muchas veces un patrón proveniente de generaciones previas.

Dicha normalización afecta de manera importante en las relaciones al interior de los núcleos familiares, pues perpetua la desigualdad en cuanto a género, así como también el histórico rol feminizado en las labores del hogar.

Hoy, no solo es relevante hacer esto visible, sino también promover el diálogo al interior de las familias, respecto de la forma en que se distribuyen las tareas del hogar, cuestionando paradigmas que culturalmente se les asignan a las figuras femeninas y promoviendo mayor equidad, tanto entre los adultos que lo componen, como también, diferenciando tareas entre estos, y los niños y niñas, de manera que no se vean mermadas sus necesidades, su desarrollo y su bienestar integral.

Milagros Nehgme, Directora Ejecutiva de Corporación Opción

[1] Trabajo infantil y trabajo doméstico (OIT): https://www.ilo.org/ipec/areas/Childdomesticlabour/lang-es/index.htm

Este 8 de junio se cumplen 16 años de la entrada en vigencia de la Ley 20.084 que regula: la responsabilidad penal de los adolescentes que han cometido delitos, el procedimiento para la averiguación y establecimiento de dicha responsabilidad, la determinación de las sanciones procedentes, y la forma de ejecución de éstas.

Con esta normativa, uno de los mayores cambios fue pasar de un sistema tutelar -donde los Jueces especialistas en esta temática determinaban medidas restrictivas de libertad, por las condiciones desfavorables de los niños, niñas y adolescentes, por estar en “situación irregular”-, a un sistema de garantías de persecución y respuesta penal especial a adolescentes por los actos infraccionales que cometen. Una medida mucho más concordante con los estándares de la Convención de los Derechos del niño y la niña. Así, los adolescentes de 14 y hasta 18 años pasaron de objetos a sujetos de derechos capaces de responder frente a las conductas infractoras.

El 12 de enero del presente año se publicó la Ley 21.527 que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, con esto, el desafío actual es, además de implementarlo, dotar de mayor especialización a todo el sistema penal juvenil, para cumplir con los objetivos de promover el desistimiento del delito, la restitución de derechos vulnerados y la plena inclusión social.

En días en que la violencia permea muchos espacios, es un verdadero reto que todos los actores que componen el Sistema Penal Juvenil, favorezcan procesos justos, acordes a derecho y que promuevan el desistimiento del delito y la inclusión social de los jóvenes.

Osvaldo Vázquez, Coordinador de Proyectos Corporación Opción

Podría plantearse que este año la conmemoración del día nacional de lucha contra la Explotación Sexual de Niños, Niñas y adolescentes (ESCNNA) es diferente.

La anhelada modificación legislativa que tipifica la explotación sexual de niños y niñas como delito ya es una realidad en nuestro país –Ley 21.522-, dejando atrás concepciones como “prostitución infantil” o “facilitación a la prostitución”, para abordar la complejidad de este fenómeno como una grave vulneración que trasgrede los derechos humanos de niños y niñas.

Sin embargo, sabemos que una ley no cambia por sí sola la ocurrencia de estos delitos, ni el daño que genera en sus víctimas, en su mayoría niñas y adolescentes mujeres. Por ende, urge convocar a los diversos actores institucionales que, junto a la sociedad civil, puedan aunar esfuerzos en un trabajo activo y colectivo, con el fin de erradicar la ESCNNA en nuestro país a partir de acciones coordinadas y efectivas.

Dicho Marco para la Acción forma parte de los compromisos que el Estado de Chile adquirió ante el Comité de Derechos del Niño, pues, tal como lo señala el Protocolo Facultativo de la Convención de los Derechos del Niño (2002) “Se torna fundamental aunar esfuerzos para la prevención y protección de las víctimas y la persecución de sus victimarios”. Sin los esfuerzos colectivos, una nueva normativa por sí sola, no permitirá un real cambio en la vida de los niños y niñas en situación de explotación sexual.

Lorena Bojanic. Encargada del Área de Desarrollo en Investigación, Participación y Redes Aplicada a Proyectos Corporación Opción