Día Nacional de la Lucha contra la ESCNNA

Nuestro país ha dado un importante paso al contar con el esperado marco normativo que constituye la Ley de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, así como con la Ley que crea el Servicio de Protección Especializada, las que, se espera, incidirán en brindar un mayor bienestar a todos los niños y niñas de nuestro país.

El anhelo de poner a los niños y niñas al centro de la política pública, así como de las prioridades a nivel de transversal por parte del Estado, se refleja aún más en el texto ya aprobado por el pleno de la Convención Constituyente, donde niños y niñas se harán visibles como sujetos plenos de derechos. Existe consenso en lo relevante de aportar hacia políticas públicas que logren erradicar la violencia hacia ellos y ellas, mejorar sus condiciones generales de vida y potenciar su desarrollo en todas sus áreas, así como brindarles bienestar integral y felicidad.

Los desafíos relativos a la niñez y la adolescencia en Chile son múltiples y requerirán tanto de transformaciones en la manera de pensar y mirar sus diversas realidades y problemáticas que las afectan –enfoques y principios para un cambio cultural que releve a los niños y niñas como sujetos titulares de derechos-, así como de una estrecha coordinación entre entidades públicas y privadas que se orienten en un mismo norte para dar oportunas, pertinentes y eficaces respuestas. Es decir, para que esos derechos y garantías se hagan efectivos a contextos tan complejos como la Explotación Sexual Comercial hacia Niños, Niñas y Adolescentes (ESCNNA).

La perspectiva de género se constituye como fundamental para comprender y abordar las diversas formas de explotación sexual hacia la infancia y la adolescencia al afectar en su mayoría a niñas y adolescentes mujeres, lo cual la sitúa como una de las formas más graves de violencia sexual y de género. Es necesario aproximarse a las relaciones de poder pre-existentes y sus desigualdades, sostenidas en una cultura patriarcal, pues en la relación con el explotador –habitualmente figuras masculinas si bien no exclusivas en las dinámicas de ESCNNA- es él quien impone la autoridad desde la violencia y miedo, cosificando desde una cultura del intercambio a las niñas y adolescentes. Los estudios develan que el abuso de poder que implica la ESCNNA se ve reforzado por el rol asignado históricamente al hombre sobre el control de la sexualidad de la mujer.

Así, como hace más de 20 años se señalaba en el Compromiso Global de Yokohama (2001) “(…) para poder proteger a los niños de la ESC es importante comprender las ideas que sostienen y orientan las acciones de los explotadores sexuales, y descubrir maneras de poner en tela de juicio y minar las creencias que permiten que estos nieguen, justifiquen sus actos de explotación o crean que tienen carácter humano o natural”.

Lorena Bojanic, Coordinadora de Proyectos Corporación Opción

 

 


Familias en la nueva Constitución

¿Cómo entendemos el concepto de familia? ¿De qué hablamos cuando nos referimos a familias de Chile? ¿Cómo se las reconocerá en la nueva Constitución?

La Convención Internacional de los Derechos del Niño, suscrita por nuestro país en 1990, no establece una visión de familia predeterminada, ni establece el dominio de una determinada concepción de familia por sobre otra, sino más bien la describe en función de su rol de protección, guía y orientación respecto de niños y niñas.

La experiencia de organizaciones que trabajamos por la promoción, defensa y restitución de derechos de niños, niñas y adolescentes, brindando atención psicosocial a lo largo de Chile, nos hace necesario relevar que no nos ocupamos de un único tipo de familia, sino que más bien atendemos a una diversidad de éstas, en dónde incluso la tipología de la familia nuclear (padre, madre e hijos) no es necesariamente la más frecuente. 

Es fundamental que se reconozca la diversidad de configuraciones orientadas al cuidado de niños y niñas en nuestro país para que, a partir de ello, éstas sean desde el Estado debidamente protegidas y fortalecidas.

Es preciso, por tanto, y como primer paso, contar con nociones amplias sobre las familias, lo cual es recogido en la propuesta de Artículo N°7 por parte de la Convención Constitucional: “El Estado reconoce y protege a las familias en sus diversas formas, expresiones y modos de vida, no restringiéndose a vínculos exclusivamente filiativos y consanguíneos. El Estado debe garantizar a las familias una vida digna, procurando que los trabajos de cuidados no representen una desventaja para quienes los ejercen”.

A partir de este reconocimiento será preciso avanzar hacia la conceptualización de la familia con potencialidades y recursos (y no sólo con debilidades o carencias) como sujeto central de las políticas públicas de nuestro país.

Alejandro Astorga, Jefe Técnico del Área de Desarrollo, Asesoría y Supervisión Técnica de Corporación Opción.


En defensa de la niñez

Pronto a realizarse el examen de Chile por parte del Comité de Derechos del Niño, celebramos la buena noticia del avance del Proyecto de Ley que modifica la Ley de Matrimonio Civil para que la edad requerida para todo matrimonio sea la de 18 años, siguiendo las mismas recomendaciones hechas por el Comité. Por otro lado, Chile ratificó la a Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) en 1989, la que en su artículo 16, párrafo 2 dispone que «no tendrán ningún efecto jurídico los esponsales y el matrimonio de niños», debido a que impide el pleno desarrollo de la adolescente, así como el ejercicio y goce de sus derechos humanos.

Desde nuestro trabajo y profundo compromiso con los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, creemos que la aprobación de este proyecto, y que finalmente sea ley, es urgente. En nuestra región ya hay países que han legislado prohibiendo explícitamente el matrimonio adolescente, como Panamá y Costa Rica. Debemos actualizar nuestra legislación para proteger a todas las niñeces, pero en especial a nuestras niñas, quiénes de acuerdo a la evidencia suelen ser las más afectadas en sus derechos en esta materia. Si bien el matrimonio suele vincularse a un proyecto deseado para muchas personas, para niñas suele ser un riesgo mayor de deserción escolar y de sufrir de violencia doméstica. El matrimonio infantil no se condice con la autonomía progresiva de niños y niñas, y afecta especialmente la capacidad de las niñas de adoptar decisiones en todos los aspectos de su vida.

Creemos firmemente en el derecho de niños y niñas a su infancia. Tal como se dijo en la discusión legislativa de este proyecto, «Son niñas y no esposas». En ese sentido, este proyecto debe encontrar apoyo transversal y celeridad para que por fin cumplamos nuestros compromisos internacionales, pero más importante, con la niñez de nuestro país.

Consuelo Contreras, Fundadora y Directora Ejecutiva de Corporación Opción

 

 


Prevención en el día contra el acoso escolar

La violencia está presente en diversos ámbitos de nuestra vida, uno de ellos es la escuela. La convivencia dentro de cada grupo humano requiere de ciertas reglas de conducta conocidas por todos y todas para favorecer una sana convivencia y de abordar de manera oportuna las necesidades de apoyo que presentan los diferentes estudiantes, de manera de prevenir situaciones sistemáticas de exclusión y agresión. Se debe fomentar la resolución de conflictos no violenta, además de generar medidas que permitan integrar a la diversidad de niños, niñas y adolescentes.

Quien vive la violencia en otros ámbitos de su vida, familiar o barrial, tenderá a reproducir las formas violentas de relacionarse, no sólo afectando a aquellos más vulnerables, sino que también a la comunidad en general que normaliza esas formas de relacionarse y entrega patrones equivocados de conducta a quienes están en formación.

Esa exclusión, ya sea por ser víctima o agresor, impacta en su socialización primaria generando, tanto desescolarización, como estigmatización. Ambos fenómenos instalarán en el educando una imagen negativa de sí mismo y su valor, integrando como propia la mochila de la exclusión y no logrando conocer mecanismos de resolución de conflictos por una vía distinta a la violencia, generando un ciclo de reproducción de relaciones violentas en todos los miembros de la comunidad educativa.

Hoy, uno de los mayores retos para las organizaciones que trabajamos en la prevención, promoción y protección de derechos de niños, niñas y adolescentes, es poder retomar este vínculo entre el joven y la escuela, generando una habilitación para que quienes han vivido la experiencia de exclusión y rezago escolar crónico, para que valoren los espacios educativos como espacios acogedores, independiente de las diferencias o trayectorias educativas.

Carolina Díaz Carrasco, Abogada Área Proyectos Corporación Opción


Nuestra voz importa

Ayer se vivió otro importante avance en el reconocimiento a los derechos de niños y adolescentes en la Convención Constitucional: se aprobó en el pleno el derecho a voto voluntario desde los 16 años.  Este hito es un reconocimiento a que puedan opinar y participar en los asuntos que le conciernen y participar de la vida política en nuestro país, eligiendo a sus representantes.

Es legítimo que frente a este cambio haya diversas visiones, pero la evidencia internacional muestra que reformas, como la aprobada ayer, permiten un aumento de la participación de adolescentes en elecciones relevantes y, lo que resulta más destacable, es que reconoce los grandes aportes que niños, niñas y adolescentes han hecho para hacer de nuestro país un mejor lugar. Ejemplos de dichas contribuciones son, por ejemplo, el impulso que han dado para el respeto a los derechos de mujeres y niñas, la protección del medioambiente y la importancia del acceso y la calidad de nuestra educación pública.

Reconocer la ciudadanía desde los 16 años es un acto simbólico potente que celebramos, pues creemos que darles un espacio relevante a las voces de nuestros adolescentes puede generar un diálogo virtuoso en el espacio democrático donde todos y todas nos encontremos.

Consuelo Contreras, Fundadora y Directora Ejecutiva de Corporación Opción


Día mundial de la Lucha contra el Maltrato Infantil

El maltrato infantil, entendido como cualquier forma de abuso en contra de un niño, niña o adolescente por parte de adultos sean o no sus referentes significativos, impacta gravemente en su desarrollo integral, afectando su mirada del mundo, sus relaciones, la confianza en sí mismos y la posibilidad de aprender a vincularse con otros de maneras no violentas.

Pese a que en 1990 Chile ratificó la Convención Internacional de los Derechos del Niño logrando avances en materia de protección, aún queda mucho por hacer, tanto en materia de prevención, como en la generación de conocimientos que permitan actualizar la realidad de esta grave problemática en nuestro país.

Hoy, la validación del castigo físico, por ejemplo, persiste en el lenguaje cotidiano como una forma válida de crianza, invisibilizando sus consecuencias. Muchas veces, escuchamos adultos expresando: “a mí me pegaron y no me pasó nada. Gracias a eso soy lo que soy”, o “a veces es necesaria una mano dura”. Aprender a relacionarnos desde el castigo físico, el insulto o la denostación, afecta nuestra socialización, la daña y la corrompe, tanto en el espacio familiar como en otros contextos sociales de convivencia.

Es relevante que los adultos comprendamos que todos somos responsables de erradicar el maltrato infantil. Urge reproducir buenos tratos, relaciones de respecto y no violentos hacia todos los niños y niñas, reconociéndolos como sujetos de derecho, con opinión propia, otorgando contextos protectores en los espacios familiares, escolares y comunitarios, como una tarea de nuestra sociedad en su conjunto.  

Viviana Alfaro, Analista Técnico de Proyectos de Corporación Opción


La niñez avanza en la nueva Constitución

“Las niñas, niños y adolescentes son titulares de todos los derechos y garantías establecidas en esta Constitución”. Esta semana se vivió un momento histórico. El pleno de la Convención Constitucional incorporó al borrador del texto constitucional el primer artículo relacionado con niñez y adolescencia. Se trata de la primera vez que una Constitución chilena menciona a este grupo etario en su texto, estableciendo normas que constituyen principios fundamentales para el reconocimiento de niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos, lo que era una deuda desde 1990, cuando Chile ratificó la Convención de Derechos del Niño.

En la norma aprobada se mencionan varios aspectos que creemos van a robustecer, tanto su reconocimiento como sujetos de derechos, como la garantía y protección de sus derechos en la práctica. De ser aprobado el nuevo texto constitucional -que entrega al Estado el deber prioritario en promover, respetar y garantizar los derechos de los niños y niñas considerando su interés superior, su autonomía progresiva y desarrollo, su derecho a ser escuchados y participar en los asuntos que les afecten- será un salto gigantesco en relación a cómo Chile mirará y se ocupará de los dolores de la niñez y la adolescencia, así como de propiciar su desarrollo en un ambiente seguro y respetuoso.

Al mismo tiempo, dejar establecido en la Constitución la protección de los niños, niñas y a adolescentes contra todo tipo de violencia proveniente de la familia, Estado, o terceros, nos habla de una sociedad que toma conciencia que la violencia hacia la niñez y la adolescencia ha sido y está siendo un flagelo con el cual no se ha podido terminar.

Celebramos estos avances y, sobre todo, el compromiso visto desde el proceso constituyente con los niños, niñas y adolescentes que viven en nuestro país. Esperamos que ese compromiso exceda a la Convención sumando a la sociedad entera.

Consuelo Contreras, Fundadora y Directora Ejecutiva de Corporación Opción.


La explotación infantil también tiene rostro migrante

La explotación infantil es un término que incluye desde el trabajo forzado de niños, niñas y adolescentes, hasta la explotación sexual y reclutamiento de niños soldados o esclavitud doméstica. Todas ellas, experiencias traumáticas que impactan su sano desarrollo.

Al desafío de la lucha contra la explotación infantil en nuestro país, debemos sumar el contexto del fenómeno migratorio en Chile. Es imagen diaria en la Región de Tarapacá la llegada de muchos niños y niñas migrantes, abrazados de sus peluches, únicas pertenencias con las que han hecho el éxodo desde sus países de origen en la búsqueda de mejores oportunidades de vida. Las razones de tales viajes son diversas, muchas se fundan en la desigualdad económica que experimenta nuestra región, conflictos violentos, crisis sociales y también los cambios climáticos irán forzando a mucha más población a migrar.

Frente a esta realidad, la niñez migrante y su necesidad de protección contra todo tipo de explotación, suele no ser visibilizada en el debate público. Hay que recordar que, en materia de infancia migrante, hay circunstancias particularmente graves que los hacen aún más vulnerables al trabajo forzado y explotación sexual, especialmente en el tránsito que hacen hacia sus lugares de destino. Muchos de ellos no cuentan siquiera con documentos de identidad, y han desertado de la escuela meses antes de comenzar sus viajes.

La migración puede ser una experiencia maravillosa para millones de niños y niñas, ofreciendo vidas más seguras. Debe ser un compromiso del Estado y de la sociedad en su conjunto proteger a la infancia migrante, y construir un lugar donde la niñez, independiente de su nacionalidad, pueda desarrollarse de manera segura y feliz.

Gabriela Hilliger, Abogada Área Derechos de la Niñez y Redes de Corporación Opción


La imperativa necesidad de Educación Sexual Integral en escuelas y liceos

El término “manadas” se ha hecho recurrente en los medios de comunicación, a raíz de denuncias e impactantes relatos de abusos y violaciones a mujeres cometidas por grupos de hombres.

Nuestro país no ha quedado ajeno a esta realidad. Durante el último tiempo hemos sido testigos de denuncias de adolescentes sobre situaciones de abuso y acoso sexual de las que han sido víctimas por parte de grupos de compañeros de colegio, situación que se ha repetido en varias comunas de Santiago. Impulsadas por esto, y con el fin de denunciar la situación, el jueves incluso se realizó una masiva marcha en la capital que culminó en las oficinas del Mineduc.

Impacta que estas historias se sigan repitiendo pese a los años de lucha para que los derechos de mujeres y niñas sean respetados en diferentes ámbitos. Duele además que sean otros jóvenes, otros niños, los que intentan abusar o acosar a sus pares. Si bien hoy esto se sabe mucho más rápido, ya sea por la inmediatez de las redes sociales, y/o porque las mujeres estamos más conscientes de nuestros derechos, que esto se siga repitiendo una y otra vez, no importando la edad ni condición social, nos demuestra que son visiones que están muy arraigadas.

El cambio cultural y el avance a nivel de políticas púbicas es urgente, así como la erradicación de estas prácticas violentas cometidas contra mujeres y niñas a diario. Diferentes estudios indican que, de las niñas y niños que son abusados sexualmente, un 75% son mujeres y que estos hechos son cometidos mayoritariamente en el círculo cercano de las víctimas. Que en pleno siglo XXI nuestro país no cuente con políticas y programas de educación sexual es realmente una aberración.

Es aberrante que en 2020 el Congreso no haya aprobado el proyecto de Ley de Educación Sexual Integral y que en 2021 el Tribunal Constitucional declarara inconstitucional el artículo de la Ley de Sistema de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, referido a que el Estado debe garantizar la educación sexual y afectiva integral de carácter laico y no sexista.

Esperamos que en 2022 esta situación se subsane con la recién aprobada norma sobre educación sexual integral que avanzó en el Pleno de la Convención Constitucional que, por tanto, será parte del proyecto de nueva carta magna que tendrá que validar la ciudadanía y frente a la cual el Congreso tenga que legislar teniendo en mente, como prioridad, los problemas reales de los y las adolescentes, y no sus principios morales o religiosos. Aberrante sería que como sociedad no quisiéramos hablar ni educar a los niños, niñas y adolescentes sobre su cuerpo y su sexualidad.

 

Francisca González, Socióloga Área Derechos de la Niñez y Redes Corporación Opción.

 


La violencia una pandemia secreta

La violencia es la pandemia secreta que ataca a las mujeres desde muy temprana edad y frente a ella se paraliza una sociedad perpleja que calla y no actúa.

Del total de niñas atendidas por la Corporación Opción durante 2022, un 84% fueron atendidas por ser víctimas de violencia, incluido el abuso sexual. Los atacantes, en materia de violencia sexual, son siempre personas cercanas y de confianza, padres biológicos, abuelos, otros familiares o conocidos y, en el último, lugar se ubican los desconocidos que atacan de improviso.

No cabe duda que la gran mayoría de las niñas y niños viven una experiencia de protección y afecto con sus padres, basadas en el apego como una forma vinculación que, enmarcada en el afecto, permite también proteger, calmar, satisfacer necesidades y acoger. Esto, no sólo basándose en el amor hacia las hijas, sino también en la responsabilidad de su cuidado. Sin embargo, sabemos también que existe un porcentaje de niñas, que puede rondar entre el 6% y 8%, cuya vida al interior de su hogar se ha transformado en un horror.

En la adolescencia, la violencia sexual se traslada a las calles y el transporte público, donde me atrevería a decir que todas, sin excepción, hemos recibido algún tipo de ataque, que ya está normalizado para la sociedad. A ello se comienzan a sumar diferentes formas de agresión, incluidos los ataques de hombres en grupo concertados para violar, (conocidos coloquialmente como “manadas”), que sólo hace un par de años han comenzado a salir a la luz pública.

En 2021, el Tribunal Constitucional emitió un fallo en relación a la Ley de Garantía de los Derechos de la Niñez, que expresó que, tanto la educación sexual laica y no sexista, como la autonomía progresiva (ejercer los derechos por una misma en la medida del avance en el desarrollo y madurez), eran inconstitucionales y que las relaciones familiares están desreguladas jurídicamente.

Ello nos indica la urgencia de una nueva Constitución que contenga los principios y normas necesarias para construir una sociedad que fortalezca los niveles de protección hacia las mujeres, desde el inicio de su vida.

En una nueva conmemoración del Día Internacional de la Mujer es urgente poner fin al silencio, naturalización y tolerancia a la violencia sexual contra niñas y mujeres.

 

Consuelo Contreras, Directora Ejecutiva de Corporación Opción.