Fomentar la participación de niños y niñas para construir un país mejor

La participación de los niños, niñas y adolescentes (NNA) en todo aquello que les que concierne, incluyendo el tipo de educación que quieren recibir, la amenaza de la contaminación para el planeta y el calentamiento global, al parecer genera incomodidad e incluso desconfianza en el mundo adulto. Y no solo en aquellos responsables de las grandes decisiones políticas, sino también en cada uno de nosotros.

Este fin de semana se publicaron en redes sociales algunas opiniones respecto de Greta Thunberg y su rol como activista contra el cambio climático. Surgía preocupación respecto a que una adolescente de 16 años, de nacionalidad sueca, liderara temas que debían ser abordados por los adultos; también dudas por la eventual manipulación de la que podría estar siendo objeto. Asimismo, se exponía sobre los posibles efectos en la salud mental de Greta, debido a su intensa agenda de apariciones públicas ante congresistas, gobiernos (ej. el 14 de abril reciente habló frente al Parlamento Europeo) y la prensa. Por su parte, un buen amigo, experto en ciencias políticas, me hablaba de su cansancio con la presencia de Greta en los medios, aludiendo a su sobre-exposición, y el riesgo de volverla una especie de niña fetiche o símbolo de un sistema que poco o nada hace por mejorar las condiciones del medio ambiente.

Sin embargo, ante la discusión, me surgió un dilema mayor. ¿Qué nos pasa a los adultos con la participación activa de los niños y niñas en causas que tienen impacto político? Quizás pensamos que ellos, para estar protegidos, deben solo realizar actividades propias de su edad, como ir al colegio, estudiar y jugar, y que la política es solo para los adultos.

Al parecer, la cultura adulto-céntrica se resiste, no queriendo ceder su poder. Los grupos históricamente excluidos han logrado avanzar en posicionar sus demandas y hacer oír sus voces, como las mujeres y los grupos LGBTI, por ejemplo. Sin embargo, niñas y niños aún esperan. A pesar de tener una voz, una opinión, ideas creativas y sueños, estos no se incorporan al desarrollo de las políticas públicas, quedando invisibilizados y fuera de los espacios de participación.

Es rol de los Estados generar las condiciones para que los más jóvenes participen, en función de su edad y madurez, en todo aquello que sea de su interés, lo cual implicará, evidentemente, construir espacios acordes y seguros por parte de los adultos. Y que instancias como la prensa sean reguladas, para que su ánimo intrusivo y de sobre-exposición de la figura que tienen al frente se mitigue al comprender que es un ser humano en desarrollo y, por tanto, que corresponde un trato acorde, evitando su instrumentalización.

Los niños y niñas siempre deben vivir en un entorno protegido, sean o no líderes de opinión o figuras públicas. Y será tarea de los adultos –Estados, instituciones, ciudadanos, las familias– garantizar dichos espacios y promoverlos, confiando en sus capacidades y relevando sus voces, considerando fundamental para el desarrollo de los NNA el ejercicio de sus derechos como ciudadanos.

*Lorena Bojanic, Coordinadora de Proyectos de Corporación Opción


¿Qué aprendemos de lo ocurrido en Puerto Montt?

La reciente situación ocurrida en Puerto Montt, donde un adolescente le disparó a otro al interior de un establecimiento educacional, es un hecho muy grave. Aunque este tipo de ataque es infrecuente en nuestro país –un hecho similar y con consecuencias fatales ocurrió hace 15 años–, su gravedad no solo debiese generar alarma, sino también una respuesta.

¿Qué se puede hacer para prevenir que hechos como este se repitan?

Una de las posibilidades involucra aumentar el control hacia niños, niñas y adolescentes. Se ha propuesto, por ejemplo, la revisión de sus pertenencias previo al ingreso a sus establecimientos o salas de clases. Este tipo de medidas –altamente efectistas y de implementación a corto plazo–implican algo que no se puede perder de vista: no requieren que el Estado se preocupe por la situación de la salud mental de los adolescentes y sus condiciones de vida, ni requieren que el Estado se preocupe activamente por cómo abordar la violencia que viven niños, niñas y adolescentes, y que pueden reproducir en sus espacios escolares o comunitarios.

Otra respuesta involucra una intervención preventiva y de fondo. Bajo dicha propuesta, el Estado podría optar activamente por invertir en salud mental para adolescentes, por enseñar un conjunto de respuestas alternativas ante los conflictos, de modo que la violencia extrema, como en este caso, no sea una opción. Esta propuesta de intervención para abordar los hechos ocurridos involucra considerar a niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho, como sujetos a formar en el ejercicio de ciudadanía, de modo que valoren y ejerzan su propia opinión y que ante todo respeten también opiniones de sus pares; y que, de existir diferencias, las puedan resolver desde una noción de derechos.

El tema de fondo, a partir de los hechos ocurridos en Puerto Montt, es la educación en derechos humanos, la educación para el ejercicio de ciudadanía (temas de claro interés para Corporación Opción). En un momento en que se han discutido recientemente las modificaciones a la formación curricular de nuestros adolescentes de enseñanza media, con la educación cívica como protagonista, cabe remarcar que la ciudadanía y su ejercicio solo se promueve con los pares, con los compañeros de curso, con aquellos con quienes se comparte la opinión y por sobre todo con aquellos que piensan diferente.

Una respuesta de Estado que se oriente a revisar mochilas y a realizar controles de identidad a adolescentes se muestra alejada de formar ciudadanos respetuosos de los derechos, tanto de los propios como los de otros.

*Alejandro Astorga, Coordinador de Proyectos de Corporación Opción


Violencia en el Instituto Nacional

Nadie podría dejar de alarmarse cuando un establecimiento educacional como el Instituto Nacional llena los titulares por el uso de bombas molotov y la destrucción de sus instalaciones. Sin embargo, no deja de sorprender que nada se diga sobre el fondo del problema. ¿Qué es lo que ocurre con los jóvenes que se manifiestan con esos grados de violencia? ¿Bastará con desvincularlos del colegio? ¿Necesitaremos solo normas de convivencia que prescriban nuevas sanciones? ¿O será que requerimos una revisión de cómo nos relacionamos en las comunidades?

Los indicadores en materia de violencia en el país son alarmantes y a la fecha carecemos de cualquier plan que nos permita abordarla desde su origen y prevenirla. No es posible desconocer que los adolescentes en Chile crecen en un contexto que se aleja de ser contenedor y amigable: el 71% de los niños y niñas en Chile declara haber sido víctima de algún tipo de maltrato, tenemos los peores indicadores en salud mental de América Latina, los más altos índices de suicidio juvenil y lo mismo en consumo de alcohol.

A los responsables de los hechos de violencia habrá que imputarles los delitos que correspondan en un proceso penal con garantías de debido proceso, en el marco de la ley de responsabilidad penal adolescente; pero ello no solucionará el problema de fondo. Parece claro que esa comunidad educativa requiere de nuevas herramientas psico y socioeducativas para abordar el problema de fondo: la rabia que impulsa a esos jóvenes a destruir lo que tienen a su paso.

Lo que es claro es que medidas solo desde la seguridad pública no terminarán con el problema. Se trata de adolescentes que requieren límites, contención, fraternidad y un espacio donde sus procesos educativos vuelvan a ser protagonistas.

*Camila De la Maza, abogada de Corporación Opción


Niños en situación de calle: Mañana será tarde

En los últimos días se ha dado a conocer el número de niños, niñas y adolescentes que viven en la calle.  Según lo informado son 547, sin perjuicio de que, según lo indicado por la autoridad, es muy probable que sea un número mayor. Sea cual sea la cifra, es una realidad que requiere medidas profundas.

La situación de niños, niñas y adolescentes en Chile es, en términos generales, nefasta. A lo que hemos sabido sobre los niños que viven en la calle, debemos agregar que nuestro país tiene el consumo de alcohol más alto de América Latina en este segmento etario; la peor salud mental, cuyos índices de prevalencia de trastornos ansiosos, depresión y conductas agresivas duplican las tasas mundiales; altos índices de obesidad; y baja actividad física. Junto con lo anterior, la violencia que se ejerce hacia ellos no ha variado en los últimos diez años, lo cual indica que el 71% refiere haber sido víctimas de algún tipo de maltrato.

 ¿Qué estamos haciendo mal? Las respuestas son múltiples, pero todas tienen como base una falla sistémica profunda. No se trata únicamente de adultos con pocas habilidades de cuidado o de un sistema de protección estatal insuficiente. Se trata de una profunda indolencia hacia los niños y niñas en su condición de seres humanos, titulares de todos los derechos, que tienen necesidades hoy, y no mañana.

Como sociedad los hemos abandonado. No solo a los que hoy ven pasar la vida durmiendo en una vereda, sino también a los que no pueden acceder a garantías mínimas de salud mental, a los que carecen de oportunidades educativas, a los que viven asediados por el narcotráfico, a los que no cuentan con áreas verdes donde jugar.

Las medidas asistenciales, como habilitar espacios exclusivos donde pasar la noche, son necesarias ante la urgencia, pero no resuelven el problema. Más importante es otorgar un piso mínimo de derechos y garantías para niños, niñas y adolescentes. Este es el único camino que puede generar acciones preventivas y protectoras que nos permitan abordar las necesidades urgentes de la infancia en Chile, antes de expulsarlos a la calle. Mañana será tarde.

*Milagros Nehgme, Directora Ejecutiva de Corporación Opción


Todos fuimos testigos de Neverland

Luego de escuchar los impactantes relatos de abuso sexual por parte de dos de las víctimas de Michael Jackson en el documental emitido por HBO Leaving Neverland, es muy difícil sostener que dichas experiencias no existen, que se plantee que estas historias se inventan para obtener algún tipo de ganancia, o que las víctimas infantiles lo viven desde la fantasía.

Impacta que niños de 7 y 10 años, ahora adultos, hayan sufrido diversos abusos sexuales que se reiteraron durante largo tiempo, y en un lugar que paradójicamente habían soñado conocer: Neverland.

Neverland aparece como un paraíso hecho a la medida para atraer a los niños, sobre todo a quienes, en ese entonces –años 90–, soñaban con conocer al llamado rey del Pop. El éxito, la fama y el poder, materializados en un paraíso de disfrute y goce, a escala infantil, era capaz de hacer soñar no solo a los niños sino también a sus padres, a sus familias.

Impresiona lo coincidente de dichos relatos, con los testimonios de otras víctimas –niños/as y/o adolescentes– abusadas por adultos del entorno cercano (profesores, sacerdotes, amigos de la familia). Al compartir sus experiencias dejan a la vista, entre otras dinámicas y vivencias, aquellas que dan cuenta del modo en que sus familias formaron parte de una suerte de encantamiento, que les hacía atribuir valores positivos a este adulto de supuesta confianza. Esto implicaba que poco a poco las familias, los adultos a cargo del cuidado de estos niños, derrumbaran las barreras de la lógica y el cuidado, dejando de ver lo evidente, todo lo cual les permitía acceder a dejar –y por largos periodos- sus niños con esta celebridad, validada y reconocida socialmente.

El documental muestra a un abusador que, sostenido en su prestigio y reconocimiento social, en su aspecto infantilizado, desarrolla un actuar calculado y sistemático, desde el cual genera un primer acercamiento, aparentemente fortuito –un concurso de baile, un casting publicitario-, para luego construir la sensación en el niño, de ser especial, diferente, único. Más aún, tras un aparente deseo de ayudar, logra convertirse, para la familia, en un ser protector, alguien que los reconoce y valora.

Una vez consolidados los pasos anteriores, el documental refleja muy bien, desde el relato de las víctimas, las estrategias utilizadas por el músico para alejar a los niños de su familia, convirtiéndolos en objetos –los despersonaliza y corrompe- privándolos de los cuidados y la protección de sus padres. Otro factor relevante que se expone es la escasa movilización de las familias ante la situación, en concreto, que los niños convivan y duerman con el cantante por largos periodos de tiempo. Si bien se logran ver dudas y contradicciones en algunos miembros de las familias que dan su testimonio, lo evidente es que ninguno logró movilizarse para detener o interrumpir la decisión de dejar a su hijo residir en Neverland.

Existen además diferencias en el modo en que cada niño manifiesta su vivencia asociada a los abusos. Similar a otros casos como estos, los otrora niños refieren de manera diferenciada la experiencia abusiva sufrida, describiendo una particular manera de vivir el abuso y la relación con quien en ese momento admiraban. Para uno de ellos el acercamiento abusivo es vivido con mucha perplejidad y distancia, experimentando aún importante dolor y desilusión respecto de este ídolo caído, que lo dañó y maltrató, no comprendiendo a sus padres por la confianza depositada en esta persona.

En cuanto a la segunda víctima, de menor edad que el anterior, el dolor manifiesto en el documental se relaciona con el abandono, no por parte de los padres sino por parte del agresor mismo. Esto puede explicarse por la confusión creada por el adulto respecto de tener una “relación especial” con el niño. En este caso, como manifestación del daño, el dolor surge ante la pérdida de la relación, ante la separación con el abusador.

Por tanto, y considerando la trayectoria de más de 28 años de Corporación Opción en la temática, puede plantearse que el documental refleja 3 aspectos relevantes:

  • El abuso sexual es abuso de poder. Utiliza diversas vías de acercamiento, en los casos de entorno cercano, orientados a la seducción y confusión de la relación entre un adulto y un niño.
  • Los efectos y el daño pueden manifestarse de diversas maneras. Se puede sentir rabia y dolor, y también se puede negar la experiencia, como parte de la confusión.
  • El abuso de poder inunda no solo la relación del adulto abusador con su víctima, sino también a su entorno de protección, el cual corrompe. En el documental algunos adultos aún dan cuenta de lo importante que era para ellos la celebridad, mientras que para otros la vivencia es de inmenso dolor y sensación de culpabilidad.

Dado los efectos del poder tanto sobre los niños como sobre los adultos y la familia en general, que relativizan las conductas trasgresoras de límites sociales y corporales, además del sentido común, es que es tan importante el rol de los terceros, todo el entorno de personas e instituciones que rodean a las familias y que pueden detectar a tiempo situaciones de abuso o de posible riesgo.

En los ochenta, y los noventa especialmente, el mundo entero vio bajar de las limusinas del artista a diferentes niños en cada presentación o aparición pública, siempre uno diferente, siempre de unos 8 o 10 años. Ninguno de nosotros, quienes lo vimos, la mayoría por televisión, lo cuestionó o se horrorizó. Tampoco nos impactaron sus “costumbres” y “excentricidades”. A todos, o a muchos, tal vez, también les deslumbraba Neverland y la fama de un ídolo que fue capaz de lograr la impunidad de sus acciones, y ganar los juicios, lo que no era señal de su inocencia, sino que, por el contrario, era la demostración de las fallas incomprensibles y reprochables de todo un sistema, que optó por la fama y el poder, y no por los niños.

*Lorena Bojanic, Coordinadora de Proyectos de Corporación Opción


Blancas palomas

En los últimos días el Gobierno ha anunciado que pretende impulsar una iniciativa para modificar la ley 20.931 y rebajar la edad del control preventivo de identidad, ley que en la actualidad faculta a la policía para, bajo cualquier hipótesis, solicitar la identificación a cualquier persona mayor de 18 años.

Frente a ello, se han levantado críticas, ya que, a partir de los datos disponibles, dicha facultad ha sido completamente ineficaz para el fin que perseguía, como detectar personas con órdenes judiciales pendientes. De hecho, según las cifras del año 2017, por cada 39 controles preventivos se encuentra una orden pendiente, mientras que por cada 20 controles investigativos se localiza una orden pendiente.

Pero lo llamativo es que la razón para rebajar la edad de este control preventivo se basa en que, en opinión de algunas autoridades, no todos los adolescentes son “blancas palomas”.

Es importante indicar que la Convención de los Derechos del Niño establece garantías reforzadas para toda persona menor de 18 años, sin distinción. Ello, porque entiende que en atención a su edad, las personas menores de 18 años están en una especial condición de vulnerabilidad y requieren una tutela especial del Estado. Por ejemplo, el fundamento del sistema de justicia juvenil fue establecer una serie de garantías para los adolescentes, porque entiende que su ciclo vital requiere una intervención distinta del poder estatal a la de los adultos. En ese sentido, no es posible bajar ese estándar para efectos de otorgarle una nueva facultad a las policías, que, sin ningún criterio ni finalidad, puedan controlar la identidad de los adolescentes.

En nuestro país los adolescentes no tienen obligación legal de portar ningún tipo de identificación y no habiendo hipótesis claras sobre las cuales opera este control preventivo, ¿cuál es el criterio para que un funcionario policial realice un control de identidad preventivo a un adolescente? ¿Quién controla que el mismo no sea discriminatorio o no se funde en determinados estereotipos?

El resguardo del interés superior del niño, entendido como la máxima satisfacción de los derechos y jamás como una afectación de los mismos, es un principio básico de nuestro estado de derecho. Todos los adolescentes, niños y niñas, independiente de su conducta, son titulares de derecho y les asiste un cuidado especial por parte del Estado y sus órganos. La propuesta formulada, sin lugar a dudas, se aleja del resguardo de este interés, porque expone a los adolescentes a un control policial sin ningún resguardo ni contrapeso efectivo.

Cabe indicar, además, que una medida de esta naturaleza, no solo carece de evidencia para fundar su efectividad, sino que además, es totalmente innecesaria. Los delitos cometidos por adolescentes han bajado sistemáticamente desde el año 2011, disminuyendo en un 31% en los últimos tres años. Tanto el Ministerio Público como la Defensoría Penal Pública lo atribuyen a que los programas de intervención en el marco de la justicia penal juvenil sí han dado resultados y la propia subsecretaria de Prevención de Delito ha indicado que son estos los que permiten a los adolescentes revincularse con su entorno y abandonar la carrera delictual.

Así las cosas, la discusión sobre una política pública de esta envergadura no pasa por una calificación a priori e injusta de ser o no “blancas palomas”, sino por hacer una discusión sobre bases serias, fundadas en evidencia y teniendo en consideración la obligación ineludible del Estado de reconocer a los adolescentes –sin ninguna distinción- como sujetos de derechos y titulares de una protección especial, que por cierto no van acorde con entregar una facultad discrecional a las policías, sin tener fundamento objetivo alguno de su pertinencia y efectividad.

*Milagros Nehgme, Directora Ejecutiva de Corporación Opción


Nido.org: la pornografía infantil en internet

Un par de semanas atrás, el grupo Anonymous desplegó una serie de acciones para desbaratar la página Nido.org, en la que los usuarios se dedicaban a subir fotos de mujeres desnudas. Varias de estas fueron obtenidas a través de packs, archivos de índole sexual que personas venden en internet sin consentimiento. Las denuncias conocidas hasta hoy incluyen a 39 mujeres menores de edad, lo que podría estar asociado, entre otros delitos que se están investigando, con el de la pornografía infantil.

Es relevante considerar que la pornografía infantil, entendida como “cualquier representación, por cualquier medio, de una niña o niño involucrado en actividades sexuales explícitas reales o simuladas o cualquier representación de las partes sexuales de una niña o niño para propósitos sexuales principalmente” (Protocolo Facultativo de la Convención de los Derechos del Niño), es considerada una forma de explotación sexual comercial infantil, la que junto con ser una de las vulneraciones de derechos a niños, niñas y/o adolescentes más graves, se encuentra tipificada como un delito y es penada por el código penal chileno.

Por tanto, ser víctima de este tipo de delitos implica graves consecuencias a nivel psico-afectivo, de un alcance que aún no es posible establecer. Ello, a partir de la naturaleza del delito, ya que la exposición de la víctima es constante (cientos de veces las imágenes pueden ser expuestas) al repetirse la acción en las redes sociales y páginas de internet, generando con ello su re-victimización, dado su nula posibilidad de control para detenerlo. Cuando la víctima es menor de edad y presenta un mayor nivel de vulnerabilidad, la necesidad de acciones inmediatas para la interrupción de la vulneración, y la entrega de apoyo oportuno para la reelaboración de estas experiencias, son urgentes y de mayor intensidad, con el fin de evitar las graves consecuencias en la integridad física y psíquica que pueden generar en la persona afectada.

Dada la gravedad de la existencia de estos sitios y el daño que pueden causar a sus víctimas, surge la necesidad de preguntarnos como sociedad de qué manera podemos prevenir este tipo de situaciones, tanto en el micro-espacio cotidiano, a nivel familiar y también comunitario. Si bien no se visualiza una única alternativa para ello, una educación hacia nuestros hijos/as respecto al uso de las redes, al material que es pertinente difundir en internet, la enseñanza de acciones de autocuidado y por sobretodo una cultura que promueva el respeto y promoción por los derechos de las personas, parece ser una base para prevenir este tipo de violencia.

* Jimena Green Contreras, Directora del Programa PEE ESCI Santiago, de Corporación Opción


Toque de queda

Señor Director: Hace algunos días el alcalde y el concejo municipal de la comuna de Quilpué tomaron la decisión de, en marzo, poner en marcha una medida que prohibirá a los niños, niñas y adolescentes menores de 14 años salir solos a la calle después de la una de la mañana, lo que fue llamado por los medios de comunicación como “toque de queda”. Al respecto, en mi calidad de representante de la Agrupación Infantil y Juvenil de Corporación Opción, me pregunto: ¿se ha tomado en cuenta la voz y la experiencia de vida de los niños y niñas al pensar en esta medida? Me parece que no, que se trata de un proceso llevado por adultos, aunque la medida no les afecte.

El alcalde ha planteado que esta medida busca que no haya jóvenes y niños drogados o alcoholizados en las calles. ¿No será mejor crear proyectos y medidas que los ayuden a no caer en las garras del alcohol y las drogas? ¿Por qué un niño o niña llega a transitar por la calle de noche? ¿Se lo han preguntado?

Propongo a los tomadores de decisión de Quilpué que consideren las opiniones y las experiencias de vida de los niños, niñas y jóvenes, especialmente al tomar decisiones que afectan a estos. También los quisiera invitar a pensar en la importancia de generar acciones antes que un niño o niña caiga en el consumo de drogas, de alcohol o cualquier otro riesgo, pues creo firmemente que esta medida no es la solución.

 

Carta al Director de Luis Miranda, representante de la Agrupación Infantil y Juvenil de Corporación Opción, publicada en La Tercera el 11 de enero.
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Chile frente a la comunidad internacional

La semana pasada Chile sorprendió a la comunidad internacional decidiendo, a última hora, no concurrir a la firma del Pacto para una Migración Segura, Ordenada y Regular. Es importante destacar que este Pacto tiene como principal fortaleza dar un tratamiento más sistemático a los desafíos que involucra el fenómeno migratorio para los Estados, y profundizar y precisar obligaciones que se encuentran prescritas en otros tratados de derechos humanos, de los cuales el Estado de Chile sí es suscriptor; como son la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas, la Convención Internacional de los Derechos del Niño y la Convención sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares.

En el mundo, según cifras de Naciones Unidas, 244 millones de personas son migrantes (3,3% de la población). De estas, 117 millones son mujeres y 50 millones son niños y niñas. Y respecto de los niños, niñas y adolescentes, existen obligaciones ineludibles para nuestro país, que es importante tener en cuenta, especialmente en el marco de la discusión de la ley que pretende reemplazar al actual marco normativo que data de 1975 en materia migratoria. Entre ellas, el derecho que asiste a todos los niños y niñas a tener una nacionalidad, independiente del estatus migratorio de sus padres; a ser oídos cuando se toman decisiones que los involucran, especialmente en procesos judiciales; a vivir en familia y por tanto contar con normas que permitan la reunificación familiar; y, por cierto, a contar con garantías reforzadas cuando se encuentran viajando sin adulto responsable.

Todo lo anterior se encuentra tratado en el Pacto de Marrakech, que tiene como propósito entregar herramientas a los Estados para una migración segura y regular, entendiendo que la movilidad humana debe ser abordada desde una perspectiva de derechos.

Dado lo anterior, la decisión de restarse por parte de Chile ha sorprendido, porque desde el regreso a la democracia nuestro país ha tenido como política de Estado la suscripción a estos instrumentos, incorporando progresivamente a su normativa interna estándares internacionales en materia de promoción y protección de derechos, lo que ha influido positivamente en nuestras políticas públicas. Buen ejemplo de ello ha sido la creación de instituciones nacionales de derechos humanos, como el INDH y la Defensoría de la Niñez, la tipificación de la tortura y la proscripción de la pena de muerte, entre muchas otras medidas. Es de esperar que la decisión de restarse del Pacto Global sea revisada por las autoridades competentes, y que nuestro país continúe incorporando a sus políticas públicas los estándares que la comunidad internacional ha asumido progresivamente, teniendo como eje la protección primordial de los derechos humanos, sin ninguna distinción.

 

Columna de Camila De la Maza, Abogada de Corporación Opción, publicada en ElDesconcierto.cl el 24 de diciembre.
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Transparencia y compromiso con los niños, niñas y adolescentes

Este año se ha caracterizado por la discusión pública sobre la profunda crisis que sufre el sistema de políticas públicas en relación a los niños, niñas y adolescentes, y particularmente en lo que respecta al Servicio Nacional de Menores.

Dicha crisis no es nueva, sus problemas son conocidos y nos ha puesto frente al desafío de mejorar nuestras políticas en esa materia. De ello, todos somos responsables.

Corporación Opción, fundada bajo el alero de la Convención de los Derechos del Niño hace 28 años, tiene desde su origen la convicción de que la restitución y reparación de los derechos de niños y niñas debe ir acompañada de prestaciones de alto estándar de calidad y especialización. Y también, por cierto, de transparencia.

Por ello, el pasado 3 de diciembre, en un hecho inédito entre las organizaciones que prestan servicios en la red de SENAME, realizamos un informe anual de gestión donde se expusieron ante autoridades, expertos y trabajadores, detalles de nuestra administración técnica y financiera, nuestras innovaciones en el trabajo psicosocial desarrollado con usuarios, acciones de incidencia y nuestro trabajo en redes nacionales e internacionales.

Con ello queremos dar cuenta de que, ante a la desconfianza instalada, hay que seguir trabajando con transparencia, honestidad y con la convicción de que todos los esfuerzos deben orientarse a mejorar la vida de los niños y niñas.

*Milagros Nehgme, Directora Ejecutiva de Corporación Opción 

 

Columna publicada por La Segunda el 18 de diciembre 

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