Los derechos de la infancia: ¿ad portas de la primavera?

Llegó agosto: el último mes de invierno y la preparación para la primavera. Es también el mes de los niños y niñas. Buen momento para preguntarnos si la primavera llegará también para la infancia y terminarán por florecer proyectos legislativos, como el que crea el sistema de garantías de los derechos de la niñez, que duermen una larga siesta, bastante más larga que el invierno que comienza a dejarnos.

En noviembre próximo, el mundo celebrará los 30 años de la Convención de los Derechos del Niño y el gran hito en materia de derechos humanos que ese tratado internacional marcó. No es un detalle menor que se trate de un instrumento vinculante, que ha tenido casi plena ratificación por parte de todos los Estados miembros de la ONU, reconociendo –en términos jurídicos– un conjunto de derechos y garantías de los cuales niños y niñas son titulares. 

Con todo, del dicho al hecho hay un buen trecho. A 29 años de la ratificación de la Convención por parte de Chile, la implementación plena de sus normas aun es una deuda del Estado con la niñez y la adolescencia. Y ello toma importancia, especialmente, porque las cifras en materia de violencia contra los niños y niñas es alarmante: 7 de cada 10 han sufrido algún tipo de maltrato. Junto con ello, las tasas de suicidio adolescente son las más altas de la región, los indicadores de salud mental son los peores, y hay una profunda problemática asociada a la alimentación, con preocupantes cifras en sobrepeso en este grupo.

Avanzar a paso firme en normas y políticas públicas que garanticen efectivamente los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes es una demanda urgente y fundamental que, como la primavera, no puede esperar.

*Camila De la Maza, Abogada de Corporación Opción*


El invierno de los derechos

Corren días fríos e invernales para los derechos humanos. Al lapidario informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU sobre Venezuela se le suma la situación de los mismos venezolanos en nuestra frontera norte, quienes, una y otra vez, rebotan en el control migratorio y se les niega la entrada al país, a pesar de la obligación de nuestro Estado de dejar entrar a quien es solicitante de refugio. La situación no es mejor en países como Nicaragua, Brasil o Guatemala.

Pero, sin lugar a dudas, el invierno de los derechos también se ha hecho sentir en la vida de niños, niñas y adolescentes en Chile, con el avance de proyectos de ley que les niegan su condición de sujetos de derecho. Esta semana se aprobó la idea de legislar para habilitar a las policías a realizar control preventivo de identidad a adolescentes, esto es, que por el solo hecho de estar en la vía pública, pueden ser controlados tanto en su identidad como en sus pertenencias por personal policial. Y como si esto fuera poco, este fin de semana hace su estreno la “brigada de padres”, ciudadanos que, sin ninguna potestad pública ni preparación, podrán controlar la presencia de niños, niñas y adolescentes en la calle y “sugerirles” regresar a su casa.

¿En qué minuto los niños y niñas, merecedores de protección y cuidado, se transformaron en sospechosos? ¿En qué minuto el rol de garantizar derechos del Estado se convirtió en una facultad para poder vulnerarlos? Efectivamente, no existen derechos absolutos. Su ejercicio implica, en muchos casos, una colisión entre ellos, y para resolver cuál debe primar, debemos hacer una ponderación. El Estado puede conculcar un determinado derecho, pero ello no puede ser a cualquier costo: debe tratarse de una medida que cumpla con un estándar de proporcionalidad, esto es, que sea la medida más idónea y necesaria, en el marco de un estado democrático. Todo ello, pareciera ser, fue olvidado por nuestras autoridades, y los primeros en pagar las consecuencias fueron niños, niñas y adolescentes, quienes, en este frío invierno de los derechos, pasaron a ser víctimas del desamparo y los primeros en la fila de los sospechosos.

*Milagros Nehgme, Directora Ejecutiva de Corporación Opción


Hora Límite

Dentro de unos días, una serie de municipios realizarán una consulta ciudadana para limitar los horarios en que niños, niñas y adolescentes pueden estar en la vía pública. Afirman que ello responde a un afán de “formalizar” el rol de los adultos responsables del cuidado y protección de estos y así “mitigar los peligros a los que se exponen los niños y adolescentes en la calle”.

Resulta una argumentación, a lo menos, curiosa. Poco hemos escuchado sobre los motivos que generan que las calles se transformen en un espacio peligroso para niños y niñas. Y es evidente que, sobre las razones de fondo, los alcaldes, alcadesas y demás autoridades tienen mucho que decir y, por cierto, mucho que hacer. La pregunta es: ¿Por qué son los niños y niñas los que deben restringir su libertad individual para hacer frente a los peligros que los adultos hemos generado para ellos?

Lo que observamos es la vieja paradoja de don Otto, que, frente al ser engañado por su pareja en el sillón, vende el sillón. Sugerir la prohibición o la restricción de la libertad de los niños y niñas a transitar por la vía pública en determinados horarios es, por una parte, reconocer que no somos capaces de generar entornos seguros para ellos, y, por otra, negarles su titularidad de derechos. A niños, niñas y adolescentes les asiste el derecho al libre tránsito, evidentemente, en concordancia con su madurez y autonomía progresiva. Por lo cual, conculcar este derecho con un supuesto fin de protección es más bien una falacia argumentativa que da cuenta de las pocas intenciones de hacerse cargo del problema de fondo y de soluciones sustantivas que, efectivamente, materialicen la responsabilidad del Estado y la sociedad en su conjunto de garantizar el cuidado y protección de la niñez y la adolescencia.

*Camila De la Maza, Abogada de Corporación Opción


Protección del Estado y los adolescentes

Hace unos días, el alcalde Lavín llamó nuestra atención con su propuesta de contratar adolescentes para fiscalizar las botillerías. Muchas opiniones se manifestaron al respecto, y pese a que la gran mayoría de los expertos ha resaltado lo inadecuado de la medida, pareciera que ello no impedirá a que esta se realice.

Se ha sostenido que es el propio adolescente el interesado en ejercer ese trabajo. En este contexto, cabe preguntarse si basta la sola voluntad del adolescente para asumir una tarea de infiltración para controlar el cumplimiento de la ley de alcoholes, con todo lo que una actividad como esa conlleva: riesgo de ser reprendido u hostigado por los controlados, realizar una actividad nocturna en zonas de alta conflictividad como son las de expendio de alcohol, etc. La respuesta es no. No basta. Como sociedad hemos acordado que los menores de 18 años son titulares de derecho y requieren, para ejercerlos, un conjunto de garantías que, por una parte, van aumentando progresivamente de acuerdo a su autonomía y madurez para resguardar de manera íntegra su interés superior, desarrollo y supervivencia; y por otra, otorgan una esfera mayor de protección, porque atendida a su minoría de edad están en una posición de mayor vulnerabilidad. Así, el Estado tiene un deber de protección reforzada, y por lo tanto no puede exponerlo a un trabajo peligroso que podría comprometer seriamente su desarrollo integral.

No es aceptable, bajo estos términos, que la autoridad municipal propicie medidas que pongan en riesgo a los adolescentes, aunque ellos se manifiesten de acuerdo, porque infringe una obligación mínima que el Estado de Chile ha adquirido al suscribir la Convención de los Derechos del Niño: toda medida adoptada en relación a niños, niñas y adolescentes debe formularse para resguardar su interés superior, lo que significa satisfacer y garantizar sus derechos, siendo el más básico de ellos el resguardo de su vida, su desarrollo y supervivencia. No hay duda que supervisar la venta de alcoholes no solo no es una tarea para adolescentes, sino que además los sitúa en un lugar de riesgo.

*Camila De la Maza, Abogada de Corporación Opción


Fomentar la participación de niños y niñas para construir un país mejor

La participación de los niños, niñas y adolescentes (NNA) en todo aquello que les que concierne, incluyendo el tipo de educación que quieren recibir, la amenaza de la contaminación para el planeta y el calentamiento global, al parecer genera incomodidad e incluso desconfianza en el mundo adulto. Y no solo en aquellos responsables de las grandes decisiones políticas, sino también en cada uno de nosotros.

Este fin de semana se publicaron en redes sociales algunas opiniones respecto de Greta Thunberg y su rol como activista contra el cambio climático. Surgía preocupación respecto a que una adolescente de 16 años, de nacionalidad sueca, liderara temas que debían ser abordados por los adultos; también dudas por la eventual manipulación de la que podría estar siendo objeto. Asimismo, se exponía sobre los posibles efectos en la salud mental de Greta, debido a su intensa agenda de apariciones públicas ante congresistas, gobiernos (ej. el 14 de abril reciente habló frente al Parlamento Europeo) y la prensa. Por su parte, un buen amigo, experto en ciencias políticas, me hablaba de su cansancio con la presencia de Greta en los medios, aludiendo a su sobre-exposición, y el riesgo de volverla una especie de niña fetiche o símbolo de un sistema que poco o nada hace por mejorar las condiciones del medio ambiente.

Sin embargo, ante la discusión, me surgió un dilema mayor. ¿Qué nos pasa a los adultos con la participación activa de los niños y niñas en causas que tienen impacto político? Quizás pensamos que ellos, para estar protegidos, deben solo realizar actividades propias de su edad, como ir al colegio, estudiar y jugar, y que la política es solo para los adultos.

Al parecer, la cultura adulto-céntrica se resiste, no queriendo ceder su poder. Los grupos históricamente excluidos han logrado avanzar en posicionar sus demandas y hacer oír sus voces, como las mujeres y los grupos LGBTI, por ejemplo. Sin embargo, niñas y niños aún esperan. A pesar de tener una voz, una opinión, ideas creativas y sueños, estos no se incorporan al desarrollo de las políticas públicas, quedando invisibilizados y fuera de los espacios de participación.

Es rol de los Estados generar las condiciones para que los más jóvenes participen, en función de su edad y madurez, en todo aquello que sea de su interés, lo cual implicará, evidentemente, construir espacios acordes y seguros por parte de los adultos. Y que instancias como la prensa sean reguladas, para que su ánimo intrusivo y de sobre-exposición de la figura que tienen al frente se mitigue al comprender que es un ser humano en desarrollo y, por tanto, que corresponde un trato acorde, evitando su instrumentalización.

Los niños y niñas siempre deben vivir en un entorno protegido, sean o no líderes de opinión o figuras públicas. Y será tarea de los adultos –Estados, instituciones, ciudadanos, las familias– garantizar dichos espacios y promoverlos, confiando en sus capacidades y relevando sus voces, considerando fundamental para el desarrollo de los NNA el ejercicio de sus derechos como ciudadanos.

*Lorena Bojanic, Coordinadora de Proyectos de Corporación Opción


¿Qué aprendemos de lo ocurrido en Puerto Montt?

La reciente situación ocurrida en Puerto Montt, donde un adolescente le disparó a otro al interior de un establecimiento educacional, es un hecho muy grave. Aunque este tipo de ataque es infrecuente en nuestro país –un hecho similar y con consecuencias fatales ocurrió hace 15 años–, su gravedad no solo debiese generar alarma, sino también una respuesta.

¿Qué se puede hacer para prevenir que hechos como este se repitan?

Una de las posibilidades involucra aumentar el control hacia niños, niñas y adolescentes. Se ha propuesto, por ejemplo, la revisión de sus pertenencias previo al ingreso a sus establecimientos o salas de clases. Este tipo de medidas –altamente efectistas y de implementación a corto plazo–implican algo que no se puede perder de vista: no requieren que el Estado se preocupe por la situación de la salud mental de los adolescentes y sus condiciones de vida, ni requieren que el Estado se preocupe activamente por cómo abordar la violencia que viven niños, niñas y adolescentes, y que pueden reproducir en sus espacios escolares o comunitarios.

Otra respuesta involucra una intervención preventiva y de fondo. Bajo dicha propuesta, el Estado podría optar activamente por invertir en salud mental para adolescentes, por enseñar un conjunto de respuestas alternativas ante los conflictos, de modo que la violencia extrema, como en este caso, no sea una opción. Esta propuesta de intervención para abordar los hechos ocurridos involucra considerar a niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho, como sujetos a formar en el ejercicio de ciudadanía, de modo que valoren y ejerzan su propia opinión y que ante todo respeten también opiniones de sus pares; y que, de existir diferencias, las puedan resolver desde una noción de derechos.

El tema de fondo, a partir de los hechos ocurridos en Puerto Montt, es la educación en derechos humanos, la educación para el ejercicio de ciudadanía (temas de claro interés para Corporación Opción). En un momento en que se han discutido recientemente las modificaciones a la formación curricular de nuestros adolescentes de enseñanza media, con la educación cívica como protagonista, cabe remarcar que la ciudadanía y su ejercicio solo se promueve con los pares, con los compañeros de curso, con aquellos con quienes se comparte la opinión y por sobre todo con aquellos que piensan diferente.

Una respuesta de Estado que se oriente a revisar mochilas y a realizar controles de identidad a adolescentes se muestra alejada de formar ciudadanos respetuosos de los derechos, tanto de los propios como los de otros.

*Alejandro Astorga, Coordinador de Proyectos de Corporación Opción


Violencia en el Instituto Nacional

Nadie podría dejar de alarmarse cuando un establecimiento educacional como el Instituto Nacional llena los titulares por el uso de bombas molotov y la destrucción de sus instalaciones. Sin embargo, no deja de sorprender que nada se diga sobre el fondo del problema. ¿Qué es lo que ocurre con los jóvenes que se manifiestan con esos grados de violencia? ¿Bastará con desvincularlos del colegio? ¿Necesitaremos solo normas de convivencia que prescriban nuevas sanciones? ¿O será que requerimos una revisión de cómo nos relacionamos en las comunidades?

Los indicadores en materia de violencia en el país son alarmantes y a la fecha carecemos de cualquier plan que nos permita abordarla desde su origen y prevenirla. No es posible desconocer que los adolescentes en Chile crecen en un contexto que se aleja de ser contenedor y amigable: el 71% de los niños y niñas en Chile declara haber sido víctima de algún tipo de maltrato, tenemos los peores indicadores en salud mental de América Latina, los más altos índices de suicidio juvenil y lo mismo en consumo de alcohol.

A los responsables de los hechos de violencia habrá que imputarles los delitos que correspondan en un proceso penal con garantías de debido proceso, en el marco de la ley de responsabilidad penal adolescente; pero ello no solucionará el problema de fondo. Parece claro que esa comunidad educativa requiere de nuevas herramientas psico y socioeducativas para abordar el problema de fondo: la rabia que impulsa a esos jóvenes a destruir lo que tienen a su paso.

Lo que es claro es que medidas solo desde la seguridad pública no terminarán con el problema. Se trata de adolescentes que requieren límites, contención, fraternidad y un espacio donde sus procesos educativos vuelvan a ser protagonistas.

*Camila De la Maza, abogada de Corporación Opción


Niños en situación de calle: Mañana será tarde

En los últimos días se ha dado a conocer el número de niños, niñas y adolescentes que viven en la calle.  Según lo informado son 547, sin perjuicio de que, según lo indicado por la autoridad, es muy probable que sea un número mayor. Sea cual sea la cifra, es una realidad que requiere medidas profundas.

La situación de niños, niñas y adolescentes en Chile es, en términos generales, nefasta. A lo que hemos sabido sobre los niños que viven en la calle, debemos agregar que nuestro país tiene el consumo de alcohol más alto de América Latina en este segmento etario; la peor salud mental, cuyos índices de prevalencia de trastornos ansiosos, depresión y conductas agresivas duplican las tasas mundiales; altos índices de obesidad; y baja actividad física. Junto con lo anterior, la violencia que se ejerce hacia ellos no ha variado en los últimos diez años, lo cual indica que el 71% refiere haber sido víctimas de algún tipo de maltrato.

 ¿Qué estamos haciendo mal? Las respuestas son múltiples, pero todas tienen como base una falla sistémica profunda. No se trata únicamente de adultos con pocas habilidades de cuidado o de un sistema de protección estatal insuficiente. Se trata de una profunda indolencia hacia los niños y niñas en su condición de seres humanos, titulares de todos los derechos, que tienen necesidades hoy, y no mañana.

Como sociedad los hemos abandonado. No solo a los que hoy ven pasar la vida durmiendo en una vereda, sino también a los que no pueden acceder a garantías mínimas de salud mental, a los que carecen de oportunidades educativas, a los que viven asediados por el narcotráfico, a los que no cuentan con áreas verdes donde jugar.

Las medidas asistenciales, como habilitar espacios exclusivos donde pasar la noche, son necesarias ante la urgencia, pero no resuelven el problema. Más importante es otorgar un piso mínimo de derechos y garantías para niños, niñas y adolescentes. Este es el único camino que puede generar acciones preventivas y protectoras que nos permitan abordar las necesidades urgentes de la infancia en Chile, antes de expulsarlos a la calle. Mañana será tarde.

*Milagros Nehgme, Directora Ejecutiva de Corporación Opción


Todos fuimos testigos de Neverland

Luego de escuchar los impactantes relatos de abuso sexual por parte de dos de las víctimas de Michael Jackson en el documental emitido por HBO Leaving Neverland, es muy difícil sostener que dichas experiencias no existen, que se plantee que estas historias se inventan para obtener algún tipo de ganancia, o que las víctimas infantiles lo viven desde la fantasía.

Impacta que niños de 7 y 10 años, ahora adultos, hayan sufrido diversos abusos sexuales que se reiteraron durante largo tiempo, y en un lugar que paradójicamente habían soñado conocer: Neverland.

Neverland aparece como un paraíso hecho a la medida para atraer a los niños, sobre todo a quienes, en ese entonces –años 90–, soñaban con conocer al llamado rey del Pop. El éxito, la fama y el poder, materializados en un paraíso de disfrute y goce, a escala infantil, era capaz de hacer soñar no solo a los niños sino también a sus padres, a sus familias.

Impresiona lo coincidente de dichos relatos, con los testimonios de otras víctimas –niños/as y/o adolescentes– abusadas por adultos del entorno cercano (profesores, sacerdotes, amigos de la familia). Al compartir sus experiencias dejan a la vista, entre otras dinámicas y vivencias, aquellas que dan cuenta del modo en que sus familias formaron parte de una suerte de encantamiento, que les hacía atribuir valores positivos a este adulto de supuesta confianza. Esto implicaba que poco a poco las familias, los adultos a cargo del cuidado de estos niños, derrumbaran las barreras de la lógica y el cuidado, dejando de ver lo evidente, todo lo cual les permitía acceder a dejar –y por largos periodos- sus niños con esta celebridad, validada y reconocida socialmente.

El documental muestra a un abusador que, sostenido en su prestigio y reconocimiento social, en su aspecto infantilizado, desarrolla un actuar calculado y sistemático, desde el cual genera un primer acercamiento, aparentemente fortuito –un concurso de baile, un casting publicitario-, para luego construir la sensación en el niño, de ser especial, diferente, único. Más aún, tras un aparente deseo de ayudar, logra convertirse, para la familia, en un ser protector, alguien que los reconoce y valora.

Una vez consolidados los pasos anteriores, el documental refleja muy bien, desde el relato de las víctimas, las estrategias utilizadas por el músico para alejar a los niños de su familia, convirtiéndolos en objetos –los despersonaliza y corrompe- privándolos de los cuidados y la protección de sus padres. Otro factor relevante que se expone es la escasa movilización de las familias ante la situación, en concreto, que los niños convivan y duerman con el cantante por largos periodos de tiempo. Si bien se logran ver dudas y contradicciones en algunos miembros de las familias que dan su testimonio, lo evidente es que ninguno logró movilizarse para detener o interrumpir la decisión de dejar a su hijo residir en Neverland.

Existen además diferencias en el modo en que cada niño manifiesta su vivencia asociada a los abusos. Similar a otros casos como estos, los otrora niños refieren de manera diferenciada la experiencia abusiva sufrida, describiendo una particular manera de vivir el abuso y la relación con quien en ese momento admiraban. Para uno de ellos el acercamiento abusivo es vivido con mucha perplejidad y distancia, experimentando aún importante dolor y desilusión respecto de este ídolo caído, que lo dañó y maltrató, no comprendiendo a sus padres por la confianza depositada en esta persona.

En cuanto a la segunda víctima, de menor edad que el anterior, el dolor manifiesto en el documental se relaciona con el abandono, no por parte de los padres sino por parte del agresor mismo. Esto puede explicarse por la confusión creada por el adulto respecto de tener una “relación especial” con el niño. En este caso, como manifestación del daño, el dolor surge ante la pérdida de la relación, ante la separación con el abusador.

Por tanto, y considerando la trayectoria de más de 28 años de Corporación Opción en la temática, puede plantearse que el documental refleja 3 aspectos relevantes:

  • El abuso sexual es abuso de poder. Utiliza diversas vías de acercamiento, en los casos de entorno cercano, orientados a la seducción y confusión de la relación entre un adulto y un niño.
  • Los efectos y el daño pueden manifestarse de diversas maneras. Se puede sentir rabia y dolor, y también se puede negar la experiencia, como parte de la confusión.
  • El abuso de poder inunda no solo la relación del adulto abusador con su víctima, sino también a su entorno de protección, el cual corrompe. En el documental algunos adultos aún dan cuenta de lo importante que era para ellos la celebridad, mientras que para otros la vivencia es de inmenso dolor y sensación de culpabilidad.

Dado los efectos del poder tanto sobre los niños como sobre los adultos y la familia en general, que relativizan las conductas trasgresoras de límites sociales y corporales, además del sentido común, es que es tan importante el rol de los terceros, todo el entorno de personas e instituciones que rodean a las familias y que pueden detectar a tiempo situaciones de abuso o de posible riesgo.

En los ochenta, y los noventa especialmente, el mundo entero vio bajar de las limusinas del artista a diferentes niños en cada presentación o aparición pública, siempre uno diferente, siempre de unos 8 o 10 años. Ninguno de nosotros, quienes lo vimos, la mayoría por televisión, lo cuestionó o se horrorizó. Tampoco nos impactaron sus “costumbres” y “excentricidades”. A todos, o a muchos, tal vez, también les deslumbraba Neverland y la fama de un ídolo que fue capaz de lograr la impunidad de sus acciones, y ganar los juicios, lo que no era señal de su inocencia, sino que, por el contrario, era la demostración de las fallas incomprensibles y reprochables de todo un sistema, que optó por la fama y el poder, y no por los niños.

*Lorena Bojanic, Coordinadora de Proyectos de Corporación Opción


Blancas palomas

En los últimos días el Gobierno ha anunciado que pretende impulsar una iniciativa para modificar la ley 20.931 y rebajar la edad del control preventivo de identidad, ley que en la actualidad faculta a la policía para, bajo cualquier hipótesis, solicitar la identificación a cualquier persona mayor de 18 años.

Frente a ello, se han levantado críticas, ya que, a partir de los datos disponibles, dicha facultad ha sido completamente ineficaz para el fin que perseguía, como detectar personas con órdenes judiciales pendientes. De hecho, según las cifras del año 2017, por cada 39 controles preventivos se encuentra una orden pendiente, mientras que por cada 20 controles investigativos se localiza una orden pendiente.

Pero lo llamativo es que la razón para rebajar la edad de este control preventivo se basa en que, en opinión de algunas autoridades, no todos los adolescentes son “blancas palomas”.

Es importante indicar que la Convención de los Derechos del Niño establece garantías reforzadas para toda persona menor de 18 años, sin distinción. Ello, porque entiende que en atención a su edad, las personas menores de 18 años están en una especial condición de vulnerabilidad y requieren una tutela especial del Estado. Por ejemplo, el fundamento del sistema de justicia juvenil fue establecer una serie de garantías para los adolescentes, porque entiende que su ciclo vital requiere una intervención distinta del poder estatal a la de los adultos. En ese sentido, no es posible bajar ese estándar para efectos de otorgarle una nueva facultad a las policías, que, sin ningún criterio ni finalidad, puedan controlar la identidad de los adolescentes.

En nuestro país los adolescentes no tienen obligación legal de portar ningún tipo de identificación y no habiendo hipótesis claras sobre las cuales opera este control preventivo, ¿cuál es el criterio para que un funcionario policial realice un control de identidad preventivo a un adolescente? ¿Quién controla que el mismo no sea discriminatorio o no se funde en determinados estereotipos?

El resguardo del interés superior del niño, entendido como la máxima satisfacción de los derechos y jamás como una afectación de los mismos, es un principio básico de nuestro estado de derecho. Todos los adolescentes, niños y niñas, independiente de su conducta, son titulares de derecho y les asiste un cuidado especial por parte del Estado y sus órganos. La propuesta formulada, sin lugar a dudas, se aleja del resguardo de este interés, porque expone a los adolescentes a un control policial sin ningún resguardo ni contrapeso efectivo.

Cabe indicar, además, que una medida de esta naturaleza, no solo carece de evidencia para fundar su efectividad, sino que además, es totalmente innecesaria. Los delitos cometidos por adolescentes han bajado sistemáticamente desde el año 2011, disminuyendo en un 31% en los últimos tres años. Tanto el Ministerio Público como la Defensoría Penal Pública lo atribuyen a que los programas de intervención en el marco de la justicia penal juvenil sí han dado resultados y la propia subsecretaria de Prevención de Delito ha indicado que son estos los que permiten a los adolescentes revincularse con su entorno y abandonar la carrera delictual.

Así las cosas, la discusión sobre una política pública de esta envergadura no pasa por una calificación a priori e injusta de ser o no “blancas palomas”, sino por hacer una discusión sobre bases serias, fundadas en evidencia y teniendo en consideración la obligación ineludible del Estado de reconocer a los adolescentes –sin ninguna distinción- como sujetos de derechos y titulares de una protección especial, que por cierto no van acorde con entregar una facultad discrecional a las policías, sin tener fundamento objetivo alguno de su pertinencia y efectividad.

*Milagros Nehgme, Directora Ejecutiva de Corporación Opción