Otra cuarentena sin mirada hacia la niñez

El sábado 12 de junio, la RM regresó a cuarentena total. Estamos ante una situación sanitaria apremiante, con equipos de salud colapsados, con una población agotada con las medidas sanitarias y con índices en materia de niñez de extrema preocupación. Según el estudio realizado por la Universidad de Chile, 1.514.761 estudiantes de educación básica vieron alterados sus procesos educativos y el 68% de padres y madres considera que sus hijos e hijas han aprendido menos con la educación a distancia. Especialistas en primera infancia, ya indican que se pueden observar trastornos comunicativos, atrasos en el aprendizaje y problemas de salud mental.

Sin embargo, la región más poblada del país vuelve al confinamiento total y no existen medidas especiales y concretas para abordar la situación de niños, niñas y adolescentes, que les permita, a lo menos, contar con una franja protegida para poder salir de sus casas a espacios abiertos en un horario adecuado a su edad y contexto territorial. La franja deportiva entre las 6 y las 9 de la mañana, no se ajusta a las necesidades de éstos, que, en pleno invierno, con oscuridad y bajas temperaturas, simplemente no pueden hacer uso de ella.

En el contexto de la pandemia, la niñez ha estado preocupantemente ausente. Es de esperar, que las autoridades puedan asumir un compromiso real con ella y establecer medidas concretas que permitan mitigar el efecto adverso del confinamiento total, como es, por ejemplo, permitir el uso de parques y plazas en un horario adecuado para niños y niñas.

Camila de la Maza, Abogada Área Derechos de la Niñez y Redes Corporación Opción


Más protección social, fin al trabajo infantil

El año 2021 fue declarado el Año Internacional Contra el Trabajo Infantil, con el fin de desarrollar una acción mundial para poner fin a una situación que, en pleno siglo 21, afecta a 1 de cada 12 niños y niñas en el mundo. Chile suscribió la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y su meta 8.7 señala que al 2025 se pondrá fin al trabajo infantil en todas sus formas.

¿Es posible para nuestro país cumplir con este desafío? Casi 220.000 niños y niñas trabajan en nuestro territorio y el 90% realiza trabajos peligrosos, esto significa que realizan trabajos pesados, nocturnos, que generan daños irreparables en su salud, que les impide asistir a la escuela, o que son víctimas de redes de trata, tráfico o explotación sexual.

Terminar con el trabajo infantil en Chile no es solo posible, sino que es moralmente urgente y políticamente imprescindible. La vida de cientos de miles de niños y niñas está en riesgo y sus condiciones de vidas son ineludibles para el Estado. Fortalecer la educación pública y generar un sistema de protección social robusto y pertinente es la respuesta.

Durante los últimos años de pandemia a nivel mundial, 16 millones de niños han engrosado las filas del trabajo infantil; durante el mismo período, se han generado 10 trillones de dólares más de riquezas. Esta situación es inaceptable y esas prioridades comienzan a destruir a la humanidad.

Es por eso que este 12 de junio, Día Mundial Contra el Trabajo Infantil, debemos hacer un llamado para reflexionar y actuar con urgencia. Esos 220 mil niños y niñas que trabajan en nuestro país tienen derecho, sin discriminación alguna, a la protección y seguridad que Chile, sin lugar a dudas, está en condiciones de darles.

Consuelo Contreras, Fundadora de Corporación Opción

 

 

 


Una traba estructural en el reconocimiento de niños y niñas como sujetos de derechos

La Convención Sobre Derechos del Niño (y la Niña) (CDN), aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas y ratificada por Chile hace ya más de 30 año, generó un cambio profundo en la relación del niño y la niña con el Estado y la familia. Esos cambios, como ocurre con todas las normas internacionales de derechos humanos, tardan décadas en plasmarse en las políticas públicas y en la cultura de las sociedades.

La transformación del niño y la niña de objeto de protección en sujeto de derecho, implica el reconocimiento y la aceptación de que ellos y ellas son titulares de los derechos establecidos en la CDN y en virtud de la integralidad e interdependencia de los derechos humanos, así como de su interseccionalidad, son titulares de todos los derechos contenidos en las distintas normas aprobadas y ratificadas por Chile, que son parte del derecho internacional de los derechos humanos.

La titularidad (que para la RAE es la propiedad de algo reconocido legalmente) de derechos es la condición jurídica a través de la cual el niño y la niña, son propietarios(as) de cuestiones tales como su libertad, dignidad, igualdad, opinión, educación, entre otros derechos reconocidos.

La aceptación de esta propiedad y de la autonomía progresiva en su ejercicio y goce es lo que genera fuertes disputas en el campo político, social y cultural; y creo que hay algunos elementos que ponen aún más freno a este reconocimiento.

En primer lugar, el patriarcado. La concepción del padre patrón, en que el varón del grupo o de la familia, está a cargo de la defensa, protección y cuidado de todos quienes están bajo su dominio de propiedad y privacidad: mujeres, esclavos, siervos, hijos e hijas. En cuanto tal, ejerce esta protección a los hijos e hija en virtud de la autoridad y del poder que sustenta.

Asimismo, como señalara Alessandro Baratta durante la década de los ’90, el Estado y el derecho moderno se funda en un pacto para excluir, un pacto entre hombres, blancos, adultos y propietarios que permite la exclusión de la ciudadanía a todos los que son diferentes. Esta exclusión de la ciudadanía significa que no les pertenece de manera plena e igualitaria el estatus de ciudadano o ciudadana que les permite a las personas ser completamente miembro de una sociedad, en virtud de lo cual se moverán en los márgenes, siendo beneficiarios residuales y no sujetos que acceden plenamente y en virtud de sus derechos a los bienes y servicios que ha alcanzado la sociedad en que viven, educación, salud, información, entre muchos otros.

El reconocimiento de los niños, niñas y adolescentes como titulares de derechos, requiere abandonar y sepultar la idea que la protección que otorga el jefe de familia, lo hace en virtud de su poder, autoridad y derecho sobre los hijos e hijas. Ello implica avanzar en una concepción distinta de familia; un grupo consanguíneo o no, unido por los afectos y en la que los individuos que pertenecen a ella se cuidan y protegen en virtud de las relaciones colaborativas, respetuosas y afectivas; en las que el poder se ejerce en beneficio de la totalidad de sus miembros, entendiendo, escuchando y considerando las necesidades, gustos, sueños y opiniones de todos(as) y cada uno(a) de sus miembros.

La Convención Sobre Derechos del Niño (y la Niña), tardó 10 años en ser aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas y, a más de 30 años de su aprobación y ratificación por parte de Chile, todavía no contamos con una ley que permita, en el derecho interno, su plena implementación. Los topes están precisamente en la titularidad de derechos y en la autonomía progresiva.

Para la concepción patriarcal del Padre –patrón como jefe de familia y propietario de sus miembros, una vez liberados los esclavos y las mujeres de su autoridad- propiedad, sólo quedan los hijos y las hijas para mantener ese estatus inalcanzable para cualquier otro u otra miembro del grupo.

Sin lugar a dudas la Convención Sobre Derechos del Niño (y la Niña) cayó en el centro del poder del patriarcado, instalando los principios fundamentales de los derechos humanos en las pequeñas parcelas protegidas, donde con más fuerza se anida la ideología.

Consuelo Contreras, Fundadora de Corporación Opción

 


Ser titular

¿Qué significa que niños, niñas y adolescentes sean titulares de derechos? Significa reconocerles dignidad en su condición de seres humanos plenos, no como promesas del futuro. Ni más, ni menos.

Esto ha sido muy complejo. Cada vez que se ha pretendido legislar, por ejemplo, sobre autonomía progresiva –que no es más que el ejercicio paulatino de los derechos, de acuerdo a la edad y madurez de niños y niñas- afloran una serie de discursos que olvidan completamente esta titularidad y simplemente sostienen que los derechos de la niñez están sujetos a la voluntad de sus padres y madres, como si en ello el Estado no jugara ningún rol. Entonces, ¿Por qué existe un llamado permanente a terminar con el SENAME y mejorar la intervención en materia de vulneración de derechos? Porque el Estado debe garantizarlos y, también, debe actuar con debida diligencia para prevenir que las vulneraciones ocurran, porque lo cierto es que ocurren: el 71% de los niños en Chile sufre algún tipo de violencia o maltrato. A ello se agrega, las peores tasas en materia de suicidio adolescente de la región y una preocupante alza en la mala nutrición de los preescolares.

Lo mismo ocurre en el tratamiento que los medios les dan a los casos de niños y niñas “del” Sename. Como si el haber sufrido vulneraciones de derechos, pusiera a esas personas, en la vitrina pública y carecieran de privacidad, opinión, exponiendo sus vidas como si ahí no existiera una responsabilidad social que ejercer y los despoja incluso de su identidad: son niños “del” Sename.

Resulta urgente que la titularidad de derechos de niños, niñas y adolescentes, se materialice no solo en un cuerpo legal que los reconozca, sino que también, que como sociedad nos tomemos en serio lo que ello significa.

Camila de la Maza, Abogada Seguimiento Legislativo y Redes Corporación Opción.

 


Participar hoy

El momento histórico que vive el país en relación a la redacción a su nueva Constitución -que será a través de un órgano elegido íntegramente por la ciudadanía y de composición paritaria, único en el mundo- no puede dejar a nadie indiferente, ni al margen. Eso incluye a niños, niñas y adolescentes que, si bien, no pueden ejercer el derecho a voto, no los inhibe de su derecho a ser oídos y participar.

“No vamos a tener la posibilidad de participar en la elaboración de una próxima constitución” sostiene una adolescente de 16 años, respecto a la posibilidad de participar y dar su opinión en el proceso constitucional.

Es imprescindible que podamos aportar a disminuir las brechas existentes entre la ciudadanía y los tomadores de decisiones, sensibilizando sobre el valor de la participación de niñas, niños y adolescentes en la defensa de sus derechos e involucramiento en los temas que les afectan.

Es por ello que, desde Corporación Opción, hemos creado una plataforma interactiva que permite que los niños, niñas y adolescentes se puedan informar sobre sobre el proceso constitucional y puedan manifestar sus inquietudes, ir generando debate, deliberar sobre los diferentes temas que les preocupan y finalmente poder llevar esta voz a las autoridades, tomadores de decisiones y convención constitucional. NuestraVozImporta.cl, es un proyecto que pretende ser un aporte incidente, para que aquellos que llevan esperando décadas para ser reconocidos en su titularidad de derechos, tengan un espacio donde ser visibles y aportar al Chile de todas y todos.

 

Consuelo Contreras. Fundadora de Corporación Opción


Más allá del titular

Chile y el mundo vive hace un año una pandemia que ha develado nuestra vulnerabilidad y profundas carencias en materia de protección social, que han hecho el escenario sanitario mucho más complejo. Sin embargo, hace décadas vivimos una pandemia mucho más profunda e invisible, que es la violencia contra niños y niñas. Para ella, no hemos encontrado remedio para su erradicación. En las últimas semanas, hemos conocido brutales muertes de niños y niñas, que nuevamente copan los noticiarios. Pero, de nuevo, estos hechos tienen muy poco.

El maltrato y abuso sexual, impide día a día que millones de niños y niñas en el mundo puedan crecer y desarrollarse adecuadamente. Ya 2006, Naciones Unidas indicaba que se trata de un fenómeno multidimensional que obedece a múltiples factores. La violencia que vemos a diario, cruza constantemente las fronteras entre lo individual, lo familiar, la comunidad y la sociedad. Urge tomar en cuenta todas estas variables de manera integral para poder hacerle frente, especialmente considerando el rol de garante que tiene el Estado en esta materia.

La mejor vía para erradicar la violencia, es la prevención y claramente estamos llegando tarde. Resulta indispensable comprender que, para construir una sociedad respetuosa de la niñez, se debe contar con respuestas integrales y coordinadas entre múltiples niveles de nuestra sociedad y ponerla al centro de la preocupación social y estatal de manera permanente y en todos los espacios, no solo cuando ocupan los titulares de la prensa policial.

Milagros Nehgme. Directora Ejecutiva Corporación Opción


Derecho a la intimidad

El derecho internacional de los derechos humanos ha reconocido a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de todos los derechos que son titulares todas las personas. Parece una obviedad recordarlo, pero resulta indispensable hacerlo en el escenario actual.

Cuando un reportaje periodístico develó toda la trayectoria de un adolescente que fue herido por un policía en Talcahuano, las razones que lo llevaron al régimen de internación residencial en el que se encuentra, dando a conocer pasajes muy íntimos de su vida, a pesar de que se trata de procesos judiciales reservados, todo el país pudo leerlo. Situación similar ocurre hoy con el caso del niño de tres años, Tomás Bravo, cuyo cuerpo fue encontrado sin vida y donde el fiscal a cargo de la investigación dio detalles de ésta, a los cuales ni siquiera las partes del proceso habían podido acceder.

Todo lo anterior enciende nuevamente la luz de alerta respecto al deber del Estado de Chile de garantizar efectivamente los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes. Entre ellos, su derecho a la intimidad y privacidad, a ser oídos y consultados respecto de los asuntos que los conciernen y, especialmente, de ser protegidos de todo abuso, incluso en circunstancias extremas como la de Tomás y la investigación sobre su muerte o el proceso que vive el adolescente en la residencia de Talcahuano.

Es de esperar que lo anterior también sea recogido por los medios de comunicación. Ellos, como integrantes de la comunidad, también tienen el deber de reconocer la calidad de sujetos de derechos de niños, niñas y adolescentes y dejar de exponer sus vidas, pese al interés de las audiencias por conocer esos detalles.

Camila De La Maza, Coordinadora de Seguimiento Legislativo Corporación Opción.


Ahora es cuando

La crisis sanitaria provocada por el COVID19, ha develado las desigualdades y brechas que desde octubre de 2019 se habían puesto sobre la discusión pública con mucha fuerza y que terminaron por abrir el proceso constituyente en el que hoy nos encontramos.

La pandemia y la crisis social tienen en común un protagonista invisible: los niños, niñas y adolescentes. Este grupo ha sido sin duda el más afectado por políticas públicas que, simplemente, no los han considerados como sujetos titulares de derechos. Durante todo el año 2020 no hubo medidas que permitieran aliviar en ellos las consecuencias del encierro, la ausencia del espacio protector de la escuela y, todo indica, que la crisis económica instalada los hará retroceder aún más, especialmente en materia de violencia y trabajo infantil.

Ya no podemos cambiar el pasado, pero sí tenemos la oportunidad de pensar y cambiar el futuro y hacerlo más auspicioso para niños, niñas y adolescentes. Lo primero es generar una Constitución que los ponga al centro de la preocupación estatal y genere un efectivo marco de protección social que garantice efectivamente el ejercicio de sus derechos. Ahora es cuando debemos concebir un nuevo pacto social que nos permita fortalecer la democracia, para ellos y ellas; pero, sobre todo, con ellos y ellas como protagonistas. 

Consuelo Contreras, Fundadora Corporación Opción


Una respuesta integral frente a la violencia

Después de un anormal 2020, el año 2021 lo recibimos con variados titulares de balaceras en distintas comunas del país. Esa violencia en los territorios es una situación que hace varios años vemos que va en aumento y se constituye en un problema altamente complejo.

Para abordarlo se requieren políticas públicas articuladas, más allá de las propuestas de aumento de penas y atribuciones a las policías, las que no son suficientes para dar respuesta efectiva a los problemas estructurales que la han provocado.

Lamentablemente, esta situación de violencia también afecta gravemente el derecho de niños, niñas y adolescentes a un nivel de vida adecuado, que les permita el desarrollo del máximo de sus potencialidades, que el Estado está obligado a garantizar de acuerdo a las normas internacionales que ha suscrito en diversos tratados de derechos humanos. El déficit en la satisfacción de derechos sociales que marcó la crisis social desatada en octubre de 2019, es una buena muestra de las deudas que tenemos en este ámbito.

Erradicar la violencia en los territorios, no solo pasa por mejorar los mecanismos de persecución penal, sino también abordar las problemáticas sociales que la genera, de manera integral y articulada. Esto implica, además, implementar mecanismos para la resolución de los conflictos basados en el diálogo y la participación de las comunidades que, en definitiva, permitan mejorar las condiciones de vida, que hoy la tornan tan precaria y vulnerable a la violencia.

Milagros Nehgme, Directora Ejecutiva de Corporación Opción

 


Segunda ola ¿Lograremos capear la brecha?

La crisis sanitaria que hemos atravesado durante este 2020, ha evidenciado y acrecentado las brechas en materia de derechos sociales y particularmente en materia de educación. Según la encuesta “Estamos Conectados” de Educación 2020, tenemos 16 mil estudiantes menos en el sistema que en el año 2019 y, sumado a ello la baja conectividad a internet de los sectores socioeconómicamente más vulnerable, nos situamos en un complejo escenario para el año 2021, donde al parecer, la pandemia tardará un buen tiempo más en ser superada y las clases presenciales serán de difícil implementación, especialmente considerando que muchos establecimientos no cuentan con los recursos para un regreso seguro de los y las estudiantes.

En este marco, resulta urgente, que los niños, niñas y adolescentes sean puestos al centro de la preocupación estatal y que las medidas que se tomen en relación al ejercicio del derecho a la educación, consideren las particularidades territoriales y socioeconómicas de todas las infancias que habitan nuestro país. Hasta ahora, han sido muy invisibles y los datos dan cuenta de ello. Ponerlos al centro, implica una efectiva priorización, tanto presupuestaria como administrativa, que permita garantizar que ningún niño o niña se quede fuera, por no contar con elementos básicos para acceder a la escuela, ya sea presencial o telemáticamente. Lo anterior, sin lugar a dudas, requiere no solo de medidas en el ámbito educativo, sino también, un fortalecimiento de la protección social de las familia y cuidadores.

Es de esperar, que las autoridades se comprometan con medidas más profundas e integrales, que no solo nos permitan capear la segunda ola del COVID 19, sino también la de las brechas que la pandemia ha profundizado.

Camila De la Maza, Coordinadora de Seguimiento Legislativo en Corporación Opción