A marzo del 2026, 5.218 niños y niñas viven en residencias de protección. Esta cifra no solo evidencia la vulnerabilidad de la niñez en Chile, sino que representa una alarma urgente para quienes trabajamos con familias: en cada ingreso residencial vemos materializado el riesgo de la institucionalización que se busca evitar.

Si bien en la actualidad enfrentamos un escenario donde los indicadores tradicionales de pobreza muestran un descenso, la realidad en los territorios es otra. Nos golpea una vulnerabilidad compleja caracterizada por la crisis de salud mental, la migración precaria y la expansión del crimen organizado en territorios donde el Estado suele intervenir de manera fragmentada y tardía. Dado lo anterior es indispensable que la sociedad en su conjunto fortalezca las competencias y recursos de las familias y de las comunidades de cuidado.

La ley 21.302 que creó el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia establece que su sujeto de atención no sólo serán los niños, sino que también sus familias, sean biológicas, adoptivas o de acogida, o quienes tengan su cuidado (declarado o no judicialmente); y que el Servicio ejercerá sus funciones con un enfoque de derechos orientado siempre al ámbito familiar y sistémico, entendiendo al niño y niña en el contexto de su entorno, cualquiera que sea el tipo de familia en que se desenvuelva.

Cuando un niño ingresa a una residencia, no solo falla una institución, falla el sistema en su conjunto: la escuela, el sistema de salud, el municipio, el sistema de protección, pero, sobre todo, ha fallado el apoyo oportuno a su familia y red de cuidado. La institucionalización de un niño no es una solución, es la evidencia del fracaso de la prevención.

La familia debe garantizar el ejercicio de los derechos de los niños, pero es responsabilidad del Estado proveer a esa familia de las condiciones necesarias para que pueda cumplir su rol.

¿Se han convertido las familias en sujeto de atención del Servicio de Protección Especializada?

¿Estamos realmente generando las condiciones para que las familias puedan ejercer su rol protector, o son el eslabón olvidado del sistema de protección de la niñez?

Eduardo Aguilera, Coordinador intersectorial de la región de Tarapacá y Alejandro Astorga, Director de Asesoría Técnica