Considerando que durante el año 2025 Chile iniciará su proceso de examinación en el marco del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA), urge fortalecer una mirada territorial que permita comprender cómo habitan, piensan y sienten las niñas, niños y adolescentes en cada uno de sus territorios, y así conocer las brechas existentes en materia de salud, educación o vivienda.

En esta línea, un estudio desarrollado por Corporación Opción en la Región de Tarapacá, realizó un análisis georreferenciado que dio cuenta de las dificultades de accesibilidad a servicios sociales por parte de niñas, niños y adolescentes que forman parte de programas de Protección Especializada en las comunas de Iquique y Alto Hospicio, el cual dejó en evidencia la segregación geográfica que limita el derecho a la salud y educación, en especial, cuando se trata de infancias que viven en zonas rurales –caletas- y campamentos.

El trabajo intersectorial y la articulación de redes de colaboración son clave para garantizar que las políticas y programas públicos sean integrales y efectivos, y que logren abordar aspectos interrelacionados, como el derecho a la ciudad, la migración forzada, acceso a vivienda digna, y el derecho a un medio ambiente libre de contaminación.

La ley de Garantías N° 21.430, significa un avance importante en esta dirección, pues establece algunas bases mínimas para las niñas, niños y adolescentes en relación a los DESCA. Sin embargo, es imperativo que el Estado y las organizaciones de la sociedad civil trabajen de manera colaborativa para garantizar que estos derechos sean respetados en todos los territorios, logrando que niñas, niños y adolescentes puedan vivir en plena dignidad.

Héctor Miranda M.
Antropólogo y Gestor de Redes de Área DIPAR de Corporación Opción