Recientes cifras revelan un aumento en Chile de la internación de niñas y niños en residencias de protección en el período 2021 – 2025 (en un 39% en el caso de la primera infancia y en un 21% en adolescentes). Tal incremento nos debe hacer pensar en la efectividad de las respuestas del Estado de Chile respecto del fortalecimiento de las familias de niños y niñas en situación de vulneración de sus derechos.

La ley 21.302 que creó el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia establece que su sujeto de atención no sólo serán los niños, sino que también lo serán sus familias (sean biológicas, adoptivas o de acogida) o quienes tengan su cuidado (declarado o no judicialmente); y que el Servicio ejercerá sus funciones con un enfoque de derechos orientado siempre al ámbito familiar y sistémico, entendiendo al niño y niña en el contexto de su entorno, cualquiera que sea el tipo de familia en que se desenvuelva.

La citada ley también establece que el ingreso de niños y niñas en centros residenciales será siempre una medida excepcional, transitoria y periódicamente revisable. Es crucial entonces insistir en el desarrollo de acciones concretas para el fortalecimiento de las familias de manera integral e intersectorial.

La institucionalización de una niña o niño evidencia el fracaso de las acciones preventivas que debieron estar orientadas al fortalecimiento de sus contextos de protección. La responsabilidad de dichas acciones recae en cada uno de nosotros y en el Estado como garante principal del respeto de los derechos de niñas y niños.

¿Estamos como país generando acciones de apoyo y fortalecimiento de las familias para que se constituyan en garantes de los derechos de niños y niñas bajo su cuidado? ¿Se han convertido las familias en sujeto de atención del Servicio de Protección?

 

Alejandro Astorga A. Director Área Técnica de Corporación Opción