Nuestro país ha reconocido hace ya varios años, con suficiente evidencia, la necesidad de mejorar el sistema de cuidado alternativo acorde a las recomendaciones internacionales del Comité de Derechos del Niño, así como también en base a una serie de estudios técnicos a nivel nacional, que evidencian la precariedad y las graves vulneraciones de derechos que niños y niñas, bajo el cuidado del Estado, han experimentado.

Según un informe de la Corte Suprema del 2023, sólo un 7% de niños, niñas y adolescentes en residencias poseen una causa de susceptibilidad de adopción, de adopción en trámite o con sentencia. Es por esto que otro de los ámbitos clave dentro de la reforma integral a la atención de niños y niñas vulnerados en sus derechos radica en el consenso respecto a la modernización del sistema de adopción. Después de más de diez años, el proyecto de reforma a la ley de adopción entró a su último trámite constitucional en el Congreso Nacional, esperándose que en breve plazo sea finalmente promulgada.

Agilizar los procedimientos que permitan acortar los tiempos judiciales y mejorar los mecanismos de evaluación de las familias postulantes, entre otros avances, plantean grandes desafíos para el diseño e implementación de cambios legales, administrativos y reglamentarios.

Poner en el centro de la toma de decisiones de los operadores del futuro modelo el principio del interés superior del niño, contribuirá a reducir los plazos para que muchas niñas y niños tengan acceso a gozar efectivamente de la restitución de su derecho a vivir en familia prontamente y sin demora, bajo condiciones de cuidado, bienestar y efectiva protección integral de todos sus derechos.

Miguel Luarte, Coordinador de Proyectos de Corporación Opción.