Cada 10 de septiembre, el Día Mundial para la Prevención del Suicidio nos impele a romper un tabú histórico. Durante décadas, este drama permaneció relegado al ámbito privado, marginado por el estigma social y la inacción institucional.

Hoy, las cifras en Chile exigen mirar la realidad de frente: la violencia autoinfligida es una de las primeras causas de muerte en jóvenes de 15 a 29 años, superando incluso a los homicidios y crímenes violentos. Si la violencia interpersonal moviliza portadas y políticas de seguridad pública, ¿por qué la violencia autoinfligida sigue siendo casi invisible en la agenda social? Esta disparidad exige un examen ético profundo: ¿Acaso el valor de la vida depende de quién la transgrede?

Desde un enfoque de derechos de la infancia, niños, niñas y adolescentes no son receptores pasivos de protección, sino sujetos plenos de derechos cuya integridad física y mental debemos garantizar. Cuando a un niño, niña o adolescente lo embarga un sufrimiento insoportable y siente que no puede tolerar seguir con vida, la falla no es individual; es un síntoma de un entorno que no supo contener, validar ni proteger. La salud mental es un derecho fundamental y asegurar condiciones para ejercerlo es una responsabilidad colectiva del Estado, las escuelas y las familias.

Por ello, romper el silencio debe traducirse en acciones transformadoras:

• Garantizar un acceso integral, oportuno y sin discriminación a la salud mental.
• Consolidar en escuelas espacios de escucha activa, acogida y convivencia basada en el respeto humano.
• Acompañar socialmente a las familias para fortalecer sus capacidades protectoras y de contención afectiva.

Proteger a tiempo, restituir derechos y acoger sin juzgar es la forma más concreta de salvaguardar la vida y asegurar a cada niño, niña y adolescente su derecho a un futuro pleno.

Aída Leiva, Coordinadora de Proyectos de Corporación Opción