Opción organizó Conversatorio “El impacto de la pandemia en los derechos económicos, sociales y culturales de la niñez” junto a expertos de importantes instituciones

En tiempos en que la cifra de nuevos contagiados diarios con covid-19 sigue siendo alta, y la cantidad de ciudades del país en cuarentena aumenta, Corporación Opción organizó el Conversatorio “El impacto de la pandemia en los derechos económicos, sociales y culturales de la niñez”, al que asistieron María José Becerra, investigadora del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO); Mariela Infante, socióloga de la Unidad de Estudios del Instituto Nacional de Derechos Humanos; y Leonardo Moreno, asesor de políticas públicas en la Fundación para la Superación de la Pobreza; y que moderó Francisco Figueroa, Coordinador de Redes de Opción. 

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Consultada sobre sus inquietudes frente a la situación que está viviendo el país, Becerra indicó: “Mi preocupación es que en Chile puede que busquemos una solución a la crisis sanitaria, pero no a la crisis estructural que tenemos. Uno ve que el ministro de Hacienda propuso un paquete de alrededor de 10 mil millones de dólares para enfrentar la crisis en los próximos 20 meses, una cifra muy insuficiente y precaria. El argumento es que esta será una crisis transitoria, y no será así. Además, no se están generando políticas con especificidad en infancia: no hay voluntad política de poner este tema sobre la mesa. Lo que sí hemos visto, de forma transitoria, es que a través de los municipios se han levantado mesas de OPD o de organismos de la sociedad civil relacionados a los niños, niñas y adolescentes (NNA), pero estas han sido a escala local y no permanentes en el tiempo”.

Frente a la misma pregunta, Moreno destacó tres temáticas: “El tema de tener un piso básico de dignidad no está totalmente resuelto. Sentimos que sí, pero no es así, y es un tema que golpea muy fuerte a los NNA (…) La situación de los colegios también es extremadamente grave. Las brechas entre estos son enormes. Esto me preocupa no solo por el tema académico, que es de menor importancia, sino por la experiencia educativa de los niños, que dice relación con el desarrollo de sus capacidades, la socialización, el vínculo y la comprensión:  se están perdiendo algo que es clave y básica en su desarrollo (…) Por último, hoy vivimos una suma de epidemias o pandemias: económica, social y sanitaria. Me preocupa la ampliación de la brecha de inclusión social, este rompimiento de los lazos entre las personas y la sociedad”.

Infante, en tanto, dio a conocer la experiencia del INDH en su labor en el contexto de la pandemia, señalando que “hace un par de meses iniciamos un monitoreo para observar en qué medida esta crisis está menoscabando derechos humanos y también evaluar cómo el Estado está cumpliendo sus obligaciones”. La socióloga hizo un recorrido por las principales áreas en que los derechos están siendo afectados, donde destacó, por ejemplo, el derecho a la salud: “Desde un inicio se habló de que los NNA no son un grupo de riesgo, pero el último informe epidemiológico muestra que son un 3% de los contagiados. Es una obligación estatal que ellos y ellas tengan acceso a la salud en condiciones igualitarias”. Otras temáticas que resaltó la profesional fueron las alteraciones en la salud mental de los NNA; los obstáculos que han encontrado niñas y adolescentes en regiones al asistir a un establecimiento de salud para realizar un aborto; el aumento en la desigualdad en el acceso a la educación; el deterioro en el derecho a la alimentación, dados los problemas de desempleo y reducción de ingresos en muchas familias; y el acceso al agua en zonas como Petorca, entre otros.

Frente a las medidas adoptadas por el Estado hasta el minuto, Becerra señaló: “En la discusión de la renta básica de emergencia debe quedar claro que es esta no alcanza cuotas mínimas de subsistencia. Debemos transitar desde la focalización en la pobreza, y por tanto de las políticas específicas, a políticas universales: el ingreso temporal de emergencia debiese traducirse en una política que dure más allá de 4 meses”. “Nosotros, a nivel de ONG, le hemos hecho saber al gobierno nuestros reparos a las medidas que ha tomado. No podíamos tener un ingreso decreciente en el tiempo, ni hacer diferencia entre trabajadores formales e informales… Hoy eso se acepta, pero cuando lo dijimos no pasó nada, ni siquiera se entregan muchas explicaciones técnicas, políticas o de carácter económico. Yo espero que el gobierno dialogue, escuche y llegue a consenso en algunas cuestiones. Tenemos que innovar en las formas de hacer política. Aquí la sociedad civil tiene mucho que decir”, agregó Moreno. Al respecto, Infante afirmó que «los Estados no tienen todos los recursos económicos para garantizar todos los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en su integralidad, pero sí tienen la obligación de, gradualmente, invertir el máximo de sus recursos disponibles para que estos se hagan realidad”.