El día 11 de este mes, en Quito, capital de Ecuador, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó una audiencia dedicada a la situación de los derechos humanos en el contexto de la crisis social que vive Chile. Entre los presentes estuvo Francisco Figueroa, Coordinador de Redes de Corporación Opción y representante de la Articulación para la Defensa de DDHH, quien dio cuenta sobre los distintos hitos que encaminaron al país a la crisis por la que atraviesa actualmente.
Junto al Coordinador de Opción, también expusieron por parte de los organismos de la sociedad civil representantes de la Defensoría Jurídica de la Universidad de Chile, Amnistía Internacional Chile, el Colegio de Abogados de Chile y la Asociación de Magistrados del Poder Judicial. Además, por parte de organismos autónomos del Estado, se presentaron Branislav Marelic, consejero del Instituto Nacional de Derechos Humanos, y Patricia Muñoz, Defensora de la Niñez. Por el Gobierno, en tanto, hablaron Hernán Salinas, embajador de Chile en la Organización de Estados Americanos, y Mijail Bonito, Asesor del Ministerio del Interior.
Lee a continuación la intervención de Francisco Figueroa en la audiencia de la CIDH:
«Señoras y señores comisionados: La vigencia de la Convención Americana de Derechos Humanos está amenazada en Chile: el Estado ha transgredido su obligación de debida diligencia para poner cese a violaciones graves, masivas y sistemáticas a derechos humanos consagrados en la Convención como son el derecho a la libertad y seguridad personal, a la integridad física, psíquica y moral, y a la reunión.
¿Cómo llegamos hasta aquí?
Tengan en consideración que este año el Ejecutivo promulgó la ley Aula Segura para permitir la expulsión de niñas y niños de sus escuelas sin debido proceso, y sigue impulsando un proyecto que faculta el control policial de la identidad y pertenencias de adolescentes sin necesidad de indicio alguno de delito.
Tengan en consideración también, que Carabineros sólo en 2018 realizó más de 73 mil controles ilegales a menores de edad, de los cuales cerca de 3 mil terminaron en detenciones ilegales. No hay siquiera una sanción administrativa por estos ilícitos.
¿Cuál es nuestro punto? La criminalización del derecho a manifestación y la discrecionalidad del actuar policial no son prácticas aisladas, sino una política de Estado, que a contar del 18 de octubre se extremó para reprimir a una población civil movilizada por derechos sociales y económicos como si fuera un “enemigo interno”.
Masivos movimientos sociales, de estudiantes, mujeres y trabajadores, han interpelado cada año al Estado chileno por la precariedad de la vida de la mayoría.
En Chile el 1% de la población concentra el 26% de la riqueza. La mitad de los trabajadores gana menos de 510 dólares al mes y promedia pensiones por el 20% de su salario, menos aun cuando son mujeres. Los hogares destinan, en promedio, el 73% de sus ingresos a pagar deudas. En 2018, más de 26 mil personas fallecieron en listas de espera del sistema de salud, cuyo crónico déficit de financiamiento derivó, este octubre, en una crisis sanitaria por la ausencia de insumos básicos en hospitales.
No es la disponibilidad de recursos lo que impide al Estado chileno cumplir su compromiso de lograr progresivamente la efectividad de los derechos sociales, como establece la Convención Americana, sino su resistencia a encauzar democráticamente la movilización de la sociedad que los anhela.
Los gobiernos son democráticos no sólo por cómo son elegidos sino también por cómo ejercen el poder. Por eso la crisis de derechos humanos que afecta a nuestro país es también una crisis de la democracia, cuya forma de resolución tendrá repercusiones, para bien o para mal, en todo nuestro convulsionado continente».
Puedes ver la audiencia completa ingresando aquí.
