Marcha Global contra el Trabajo Infantil organizó conversatorio sobre las consecuencias de la pandemia en los niños, niñas y adolescentes

En el marco de la conmemoración del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, la Marcha Global contra el Trabajo Infantil Latinoamérica, red de la cual Corporación Opción es miembro desde 1998, llevó a cabo ayer, 16 de junio, el Diálogo Virtual “Trabajo infantil y adolescente: covid-19 y post pandemia en Latinoamérica”, que contó con la participación de Philippe Vanhuynegem (Bélgica), Director de la Oficina de la OIT para los países andinos; Tânia Dorsellas (Brasil), en representación de la Marcha Global de América del Sur; y Víctor Hugo Hernández (Guatemala), en representación de la Marcha Global de Centroámerica. Isaac Ruiz (Perú), investigador de CESIP, fue quien ofició como moderador.

Los tres panelistas invitados coincidieron en el diagnóstico sobre Latinoamérica, destacando que los países de la región, desde antes de la llegada de la pandemia, se han caracterizado por su vulnerabilidad social, altos porcentajes de trabajadores y trabajadoras en el mercado informal, grandes niveles de desigualdad social y la crisis migratoria. Estas dificultades configuran un complicado escenario para enfrentar los problemas que está dejando el covid-19, generando un terreno fértil para que aumente el trabajo infantil. 

Vanhuynegem puso el acento en las altas cifras del trabajo informal que posee América Latina, lo que provoca que la situación actual sea aún más dura para aquellas familias que se encuentran en esta posición y que deben permanecer confinadas. Esto se suma, según explicó, a los débiles sistemas de protección social y de salud que caracterizan a esta parte del continente, que hacen que esta crisis sanitaria, social y económica golpee de manera desigual a la población dependiendo de su nivel socioeconómico. En este sentido, hizo un llamado a la necesidad de generar un nuevo pacto social para evitar una ruptura mayor del tejido social, indicando que las autoridades deben promover el diálogo social para lograr acuerdos.

En esta misma línea, Tânia Dorsellas planteó que se deben garantizar ingresos de emergencia para las familias, ya que la crisis es tan profunda que pone en riesgo la subsistencia: si este derecho básico no se encuentra garantizado, los derechos a la educación y a la salud tampoco. La representante de la Marcha Global en América del Sur manifestó también su enorme preocupación sobre el impacto que la crisis tendrá en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), cuyo plazo pactado es el año 2030.

Víctor Hernández, en tanto, mostró su preocupación por la incertidumbre del regreso a clases,  que podría llevar a muchos niños, niñas y adolescentes a abandonar el sistema escolar, principalmente porque sus familias han tenido que priorizar la generación de recursos económicos.  El experto guatemalteco explicó que este fenómeno puede resultar muy perjudicial para el trabajo infantil, considerando que la educación es un factor protector.

Para finalizar, los panelistas destacaron la necesidad de contar con políticas públicas que apunten a apoyar especialmente a niños, niñas, adolescentes y mujeres, con la finalidad de evitar que continúen subiendo las tasas de trabajo infantil, indicador que hasta antes de la pandemia se había logrado reducir en Latinoamérica.