Protección a la infancia

Señor Director:

El maltrato infantil es, sin lugar a duda, de las más graves vulneraciones a niños y niñas, tanto a su derecho a vivir una vida libre de violencia, como al ejercicio y garantía de sus derechos fundamentales.

Según cifras de estudios realizados por UNICEF, el 76% de niños y niñas en Chile, de manera transversal a su clase social, declara haber sido víctima de algún tipo de maltrato, y en el caso de la violencia sexual, el 92% de ellos ocurre en el espacio intrafamiliar. Así las cosas, y a pesar de lo alarmante de los datos, mucho tiempo ha tomado en que el maltrato hacia la infancia sea tipificado en nuestra legislación, y castigue a sus perpetradores.

Si bien los instrumentos internacionales de derechos humanos consideran a las familias como el núcleo fundamental de la sociedad, y el espacio apropiado para el desarrollo de la niñez, las cifras indican que 275 millones de niños y niñas en el mundo son víctimas de maltrato en el interior de sus hogares, convirtiéndose éste en un espacio de riesgo. Ello va de la mano con que, en América Latina, el 50% de la población adulta piensa que es normal usarlo contra menores de edad como forma de educación y castigo (Unicef 2009), lo que da cuenta de prácticas culturales sumamente arraigadas que invisibilizan la gravedad del maltrato.

En este sentido, el proyecto de ley que tipifica el maltrato hacia menores de edad y otras personas en estado vulnerable y que se vota este martes 14 de marzo en el Senado, constituye una iniciativa muy importante, porque plasma el maltrato que hasta hoy, ha sido extremadamente complejo penalizar y visibilizar.

La norma que se pretende aprobar, que implica modificar disposiciones del código penal, establece pena de cárcel para quién teniendo un deber especial de cuidado o protección de niños y niñas, los maltrate corporalmente de manera relevante, o bien, no impidiera dicho maltrato debiendo hacerlo, lo cual constituye un notable avance en el compromiso del Estado de Chile con el buen trato en la niñez y con la instauración de una cultura de

Carta al director publicada en el Mostrador, 14 de marzo de 2017, aquí

 

Consuelo Contreras, Directora Ejecutiva de Corporación Opción


Un minuto de silencio… y ¡acción!

Hace unos días se ha viralizado en las redes sociales un conmovedor video de artistas y personalidades pidiendo un minuto de silencio por los niños y niñas fallecidos/as en la red de SENAME. ¿Cómo no conmoverse? ¿Cómo no estar de acuerdo?

Sin embargo, es preciso estar dispuestos a dar un par de pasos más, porque el silencio se presta para demasiadas interpretaciones. La conmoción e indignación por esas muertes, debe ser un motivo para lograr la movilización y la acción por los niños y niñas que están con vida. Tanto por aquellos que están viviendo en residencias bajo la tutela del Estado en una extrema condición de vulnerabilidad, como por los que están en el sistema de justicia juvenil porque han cometido delitos. Y porque no decirlo, también por cada niño y niña que habita en nuestro país, porque las cifras no son alentadoras. Según UNICEF, el 70% de los niños/as declaran haber sido víctimas de algún tipo de maltrato. 7 de cada 10 niños son maltratados. Claramente no solo debemos conmovernos, sino también avergonzarnos por ser parte de una sociedad que presenta esos niveles de violencia y que no se ha comprometido seriamente con una agenda que mejore la calidad de vida de los más pequeños.

Los niños y las niñas, no solo representan el futuro del país, si no constituyen un presente que no puede seguir en silencio.
La Convención de los Derechos del Niño, ratificada por Chile hace 26 años, insta a los Estados a adecuar sus normas y políticas a sus disposiciones, entre las cuales está el reconocer la calidad de sujetos de derecho de niños y niñas, su interés superior como consideración principal, su derecho a ser oído y su derecho a vivir en familia. Y, por cierto, a tomar todas las medidas necesarias para proteger a los niños/as de toda forma de perjuicio o abuso.

Garantizar los derechos humanos de niñas y niños no puede seguir siendo una tarea pendiente para el Estado y la sociedad en su conjunto. Se requiere, voluntad política de los actores estatales para avanzar hacia una ley que verdaderamente garantice derechos y un órgano administrativo que genere y coordine políticas públicas universales en materia de infancia. Pero también es indispensable, tomar consciencia respecto de que los derechos fundamentales de niños y niñas son una responsabilidad de todos/as.

En ese sentido, esperamos que el presupuesto de la nación para el año 2017, no solo contemple aumento de recursos para la cuestionada y precaria institucionalidad de protección especial, sino que también para el diseño de una nueva, que permita asegurar un piso mínimo para todos los niños y niñas en relación a sus derechos.

* Camila De la Maza, abogada Corporación Opción


Entre las lágrimas y la confusión: la necesidad de una lectura correcta.

Durante la interpelación a la ministra Blanco, fuimos testigos de un diálogo de sordos, donde la diputada interpeladora llevaba un guión y la ministra el propio. Cada congresista tuvo su discurso y poco supimos sobre el fondo del asunto: cómo se conducirán las voluntades políticas para que, de una vez por todas, el Estado logre avanzar en la instauración de una institucionalidad que garantice los derechos de todos los niños y niñas y a su vez, restablezca y repare los derechos de aquellos que han sido vulnerados.

Mucho se ha dicho sobre SENAME: que está sumido en una crisis profunda, que el Estado ha abandonado su rol, que no se han ocupado mal los recursos, que se ha hecho nada para mejorar. Sin embargo, la evidencia indica algo distinto, y parece que las actuales autoridades, tanto del ejecutivo como del Parlamento desconocen. Por ejemplo, en materia proteccional, el año 1990 el 63% de los niños y niñas atendidos por SENAME se encontraban en régimen residencial, sin trabajo alguno con sus familias, sin distinción entre los niños que requerían protección de los que infringían leyes; y en muchos casos, sin ninguna necesidad real de dicha internación. Al 2014, solo el 8,2% de los niños y niñas se encuentran en esa condición.

No obstante, y sin lugar a dudas, la lista de pendientes que conserva el Estado con la infancia y adolescencia -no solo la vulnerada en sus derechos- sigue siendo muy larga. Somos el único país de la región que no cuenta con una ley de garantías que asegure un piso mínimo de protección de derechos a todos los niños y niñas sin distinción. Ni hablar de los estándares OCDE, con los cuales tanto nos compararnos.

Con todo, el principal problema pareciera ser que las autoridades no están sabiendo leer el fondo del problema.

La presidenta señaló en su discurso del 21 de mayo, que el gran problema radica en la sobrecarga de trabajo de SENAME, la cual debe ser aliviada. Sin embargo, ello contrasta con que la gran mayoría de la oferta programática es ejecutada por organizaciones de la sociedad civil debidamente acreditadas. SENAME sólo ejecuta directamente el 4,2% de la oferta. Sería posible concluir que el problema tendría que ver, con que es un servicio que, a diferencia de las organizaciones de la sociedad civil, jamás se modernizó. Por ejemplo, sigue teniendo hogares de más de 100 niños, lo que es absolutamente obsoleto.

La diputada Vallejo, entre lágrimas señaló que el Estado “delegó la responsabilidad que tiene en privados, les entrega subvenciones… muchos de los recursos están retenidos en las cuentas corrientes de las colaboradoras, algunos ya están pensando en comprar bienes raíces”. No obstante, a pesar de su emoción, la diputada se equivoca. El Estado controla y fiscaliza, entrega orientaciones técnicas y supervisión a los programas que son ejecutados por la sociedad civil. Ahora bien, si la diputada tiene antecedentes fundados de la malversación de fondos públicos, debe ponerlos de inmediato a disposición del Ministerio Público porque esos hechos, son constitutivos de delito. Lo mismo la diputada Provoste. De lo contrario, ambas serían cómplices del mismo.

Observamos que muchos/as quieren abrazar la noble causa de los niños y niñas -lo que sin duda es una buena noticia- pero sin abordar la médula del asunto: la necesidad de instaurar una institucionalidad que garantice los derechos a todos los niños y niñas de manera universal (salud, educación, vivienda, vivir en familia, ser oído, que se resguarde su interés superior), contar con un servicio de protección especial que aborde la restitución de derechos en caso de abuso, maltrato, privación de medio familiar, etc; y mejorar nuestras políticas en materia de criminalidad juvenil, todo lo anterior, con un enfoque desde los derechos humanos y el catálogo de derechos instituido por la Convención de los Derechos del Niño.

De lo contrario, ni las comisiones investigadoras, ni las interpelaciones ni las lágrimas lograrán avanzar en la senda de la promoción, protección y garantía efectiva de los derechos de niños, niñas y adolescentes; quienes importan no solo porque son el futuro, sino porque son el presente y como sociedad estamos en deuda.

 

Consuelo Contreras, Directora Ejecutiva de Corporación Opción
Carta al Director / La Tercera

 

 


Fui testigo

Quizás como nunca, la decisión de que el Premio Nacional de Derechos Humanos 2016 recayera en la persona del sacerdote jesuita José Aldunate se ajusta con precisión a lo obrado en su trayectoria.

La audiencia presente en la ceremonia de premiación realizada en el Museo de Bellas Artes fue testigo de un enorme acto de justicia, el que tuvo momentos marcados por su simbolismo. Enmarcar dicho reconocimiento en un lugar como el elegido implicó devolverle una belleza no del todo valorada al legado genuinamente humanista del “Padre Pepe”, como le decían cariñosamente quienes trabajaron con él en aquellos largos y aciagos días de la dictadura cívico-militar. La belleza de la acción guiada por una finalidad intrínsecamente humana, honesta, comprometida con la noción de un mundo más justo, para todos y todas, sin distinciones, sin concesiones, sin acomodos. 

Aquella noble simpleza que implica vivir a tono con las convicciones más preciadas, de algún modo trae al presente destellos de un mundo que parece haberse extinguido, pero que sin embargo alcanzan a iluminar a un Chile de hoy necesitado de sentidos cuando el camino parece haber sido extraviado. Esa era la impresión que quedaba en el ambiente mientras transcurría la ceremonia.

Pero todavía faltaba la voz de José Aldunate, que emergió lenta y trabajosamente a sus noventa y nueve años ante un silencio que impactaba e inundó el lugar. Lo sorprendente es que sus palabras no sonaban como un mero eco que surgía del pasado o como una letanía por lo irremediablemente perdido, sino que de pronto adquirieron un significado profundo, como si por un fugaz instante la conciencia de la humanidad hubiera hablado sobre las cosas que hay que hacer, sobre los rumbos que hay que enmendar.

Entonces fue que desde las gargantas de los integrantes del Movimiento contra la Tortura Sebastián Acevedo, brotó espontáneamente esa canción, que hoy ya es un himno, “Yo te nombro, libertad”, que al ser entonado por el resto del público se tornó en una suerte de liturgia que remeció a todos y todas los que estaban allí presentes.

Justo reconocimiento, en el otoño de su vida, el Padre Pepe Aldunate convocando a un nuevo entendimiento y a una profunda dimensión de los Derechos Humanos.


Niños, Niñas y Adolescentes bajo el foco de los medios de comunicación: responsabilidad colectiva

Hace pocas semanas, vimos con consternación la noticia sobre la muerte de una niña de 11 años en un hogar dependiente del SENAME, siendo testigos de la precariedad del sistema de protección hacia niños y niñas. Además, nos enteramos sobre las causas que tenían a esa niña en un hogar de protección, de las condiciones de vida de su familia, de sus sueños y tristezas. Nada de lo que era su vida quedó fuera del escrutinio público.

Hace unos días, a propósito del suicidio de un antiguo bailarín de Axé, las portadas volvieron a llenarse de morbosos titulares relativos a lo que habría motivado dicho desenlace trágico.

De este modo, nuevamente observamos la forma en que los medios de comunicación, muchas veces movilizados por motivos menos nobles que la protección de la integridad de los niños y niñas, exponen livianamente sus vidas y las situaciones de abuso o maltrato que les ha tocado enfrentar; que lejos de empatizar con su dolor, divulgan su vida privada, sin considerar los efectos negativos que dicha exposición puede tener para su integridad psíquica y emocional. Al hacer identificables a las víctimas -o posibles víctimas- y publicar sus vivencias, genera estigmatización, miedo, afecta su autoestima, relativiza sus experiencias, dejándola frágil e insegura ante el rechazo social y la consecuente culpabilización y pérdida de sus redes de apoyo y protección. Alejándola así de una posibilidad cierta de encontrar justicia y reparación.

Sin conciencia de ello por parte de los medios, hemos presenciado extensas discusiones en televisión donde se generalizan situaciones, se banalizan los relatos de viviencias dolorosas (sometiéndolas al juicio de periodistas de espectáculos o supuestos expertos, sin contar con los contextos que rodean estos casos) y se crean falsas creencias en situaciones tan delicadas y complejas (como la idea que las madres “inducen” a los niños y niñas a mentir, dato marginal según las estadísticas y estudios disponibles).

El artículo 16 de la Convención de los Derecho del Niño, de la cual Chile es parte, consagra el derecho a la vida privada, honra y reputación de todos los niños, niñas y adolescentes. Ello no es letra muerta. No es una declaración de buena voluntad. Es una norma que establece obligaciones para el Estado, de respetar y promover ese derecho y, asimismo, sancionar a quienes lo transgreden.

Es un deber de todos los órganos del Estado y de la sociedad en su conjunto, constituirse en garantes de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Lo cual por cierto incluye a los medios de comunicación. Banalizar y relativizar las graves situaciones de abuso y maltrato a los cuales niños y niñas se ven enfrentados, los hace responsables de una nueva vulneración, lo cual, en una sociedad democrática y respetuosa de los derechos humanos, se vuelve inaceptable.

Tomar conciencia del riesgo de vulnerar este derecho, permitirá la pausa para que algún editor, productor, conductor de televisión o periodista se detenga a pensar las amplias implicancias que tiene para la vida de un niño o niña. Evitar la victimización secundaria –o revictimización- es una responsabilidad y tarea de todos y todas.

 

Vea aquí la columna publicada en El Dinamo

 

Consuelo Contreras L., Directora Ejecutiva de Corporación Opción


Niños y niñas bajo sospecha

Señor Director:

El recientemente aprobado “control preventivo de identidad”, nos conduce a preguntarnos cuál es el bien jurídico que el Estado busca proteger con este tipo de medidas. Teniendo presente que la percepción de inseguridad ha aumentado y que las autoridades deban tomar medidas, ¿puede por ello el Estado poner bajo sospecha a toda la ciudadanía?

Porque el “control preventivo de identidad” no es más que eso: frente a la duda que tenga el funcionario policial que un/a ciudadano/a tenga una orden de detención pendiente, puede solicitarle su cédula de identidad. Nada dice aquella disposición, sobre en base a qué el personal policial puede tener dicha interrogante.

Lo anterior es aun más complejo cuando se trata de niños, niñas y adolescentes, ya que este proyecto de ley, también se aplica para ellos, cuando tienen entre 14 y 18 años. Ello genera dificultades, especialmente con las obligaciones que Chile ha adquirido con la suscripción de la Convención de los Derechos del Niño (CDN) y otros tratados internacionales.

Lo más preocupante es que le entrega a las policías de la facultad de exigirle a un/a adolescente su cédula de identidad, cuando éste no tiene la obligación legal de portar ningún documento de identificación. Además de ello, en caso de no tenerla, puede conducirlo a una unidad policial. Esto significa, que por una obligación que no está tipificada en ninguna parte, un/a adolescente puede terminar retenido en un recinto policial. Ello, además de ser inaceptable en régimen democrático que se aprecie de tal, transgrede el artículo 37 de la CDN, donde se establece que la detención solo puede ser el último recurso.

Cabe preguntarse, ¿qué previene el Estado con este control, fundado principalmente en la percepción que el personal policial pueda tener? Esto sin lugar a dudas dará pie para el triunfo de la estigmatización y los prejuicios. ¿Qué rol juega el Estado en la protección y garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, cuando autoriza a que puedan ser conducidos a una unidad policial cuando no están incumpliendo ninguna obligación? Porque algún parlamentario suspicaz podrá decir que esto no es una sanción, pero claramente tampoco es un premio. Finalmente, el Estado está situando a niños, niñas y adolescentes bajo sospecha, cuando el enfoque correcto desde el respeto y garantía de los derechos fundamentales, es que todo niño, niña, adolescente y cualquier ciudadano/a de a pie, pueda caminar libremente por la calle, sin la mirada inquisidora de la policía que pueda “suponer” que incumple las normas del Estado de Derecho.

Consuelo Contreras Largo, Directora Ejecutiva Corporación Opción


Ley Penal de Responsabilidad Adolescente

Sr Director:

El juez Juan Manuel Escobar está en lo cierto al señalar, en el reportaje del Mercurio del lunes 27 de julio, que la Ley N°20.084 de  responsabilidad penal de adolescentes tiene por objeto hacerlo responsable por la conducta infractora si se lo declara culpable, mediante la imposición y el cumplimiento por parte del condenado, menor de edad, de penas que pueden llegar hasta los 10 años de prisión, y por otro lado promover la inclusión social. El castigar está inmerso en las penas que son obligatorias y restringen derechos y, si las penas no son cumplidas se agrava por una más restrictiva.

El periodista del Mercurio se pregunta con ironía que  “cualquier observador medianamente atento se pregunta entonces si, en la mayoría de los casos, la ley no ha llegado cuando ya es demasiado tarde…” efectivamente llega tarde dado que han fracasado las débiles políticas públicas de igualdad y acceso a las oportunidades y de garantías de los derechos básicos como salud, educación, vivienda, seguridad, recreación entre otros. Estas debieran ser las áreas y  mejores herramientas para prevenir y disminuir la violencia delictual.

En todo Estado de derecho se espera, y también en Chile,  que éste dé las garantías a todos sus ciudadanos de vivir en paz y seguros, y que frente a la transgresión de las normes jurídicas exista una reacción como consecuencia de aquello, severa pero justa y proporcional, eso es el objetivo de la ley de RPA, la regulación del poder punitivo del Estado sobre los individuos de entre los 14 a los 18 años de edad.

Al SENAME y los Programas que ejecutan las sanciones habrá que exigirles que muestren sus indicadores de logros, respecto a nivelar estudios, capacitación laboral y aquellos ámbitos para promover la inclusión social de los adolescentes que han sido imputados y condenados por un delito. Pero más que esperar que sea SENAME y sus Programas de RPA los encargados de no llegar tarde en   socializar a los adolescentes deberíamos fortalecer a las familias, las escuelas y los espacios públicos quienes tienen la tarea y están más preparados para la inclusión social.

Osvaldo Vázquez Rossini

Coordinador de Proyectos Corporación Opción

Carlos Justiniano 1123, Providencia

223393900

14.510.673-7

 


Protección de la infancia

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Dia de niño

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Los derechos de los niños y niñas

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