¿Quiénes son los protagonistas de la adopción?

Esta semana hemos sido testigos de un intenso debate respecto a quienes tienen el derecho a adoptar un niño o niña en Chile. Hace ya un tiempo, que se viene discutiendo la necesidad de incorporar familias “no-tradicionales” en el proceso de adopción.

Como sabemos la actual Ley 19.620, establece como prioridad a los y las postulantes: dejando en primer lugar a los matrimonios chilenos, luego matrimonios extranjeros y como último lugar solteros, viudos o divorciados. La reforma propuesta, no contemplaría la unión civil como condición para la adopción. Es más una persona soltera, tampoco podría adoptar. Con esto, no queda claro el avance en materia de derechos.

Pero, una de las cosas que más ha llamado nuestra atención, es lo poco que se ha mencionado a la adopción como respuesta a la necesidad de los niños y niñas que se encuentran institucionalizados y/o en situación de abandono y que necesitan que la sociedad les devuelva el derecho a vivir en familia.

Por el contrario, como sociedad nos hemos concentrado en discutir las necesidades de los adultos/as para convertirse en padres. Olvidando que los niños y niñas, no han tenido la experiencia de disfrutar de vínculos sanos, estables, de confianza y que sean perdurables. Proporcionando de esta manera estabilidad emocional.

En este sentido, vale reflexionar sobre la vulneración de derechos que experimentan los niños y niñas ingresados a los sistemas residenciales. Ellos han sido marcados por el abandono o inhabilidad parental de sus cuidadores, además de la impredictibilidad ambiental. Y lamentablemente estas deficiencias siguen estando muy presente en las vidas éstos.

En relación a esto es que les pregunto,  qué pasa con aquellos niños y niñas que “esperan largamente” en una institución y que por tener más de 9 años o tener necesidades especiales no son adoptados. A esto agregaría una pregunta más, ¿Como sociedad sabemos cuánto tiempo debe esperar un niño para integrarse a una familia?

También es necesario dar a conocer que desde nuestra experiencia en el PRI-OPCION, hemos tenido resultados positivos de enlaces con familias diversas. En este sentido, no podemos afirmar, cual es la tipología de “familia adoptante ideal”, más bien, podemos decir que, para los niños y niñas que hemos atendido en el PRI, las experiencias de relaciones bien tratantes, de cuidado y de protección han superado esta discusión.

Lo importante y lo urgente es que sensibilicemos a la comunidad en que el proceso de adopción, requiere familias dispuestas,  preparadas y acompañadas en este proceso, en especial cuando los niños han estado expuesto a la institucionalización prolongada.

No olvidemos, que un supuesto básico de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) es que la familia constituye el entorno natural para el crecimiento y bienestar de niños y niñas (no hace distinción de qué “tipo de familia”). Por tanto, es un deber todos y todas contribuir al ejercicio de este derecho.

 

* Liliana Barrera, Coorinadora linea CEPIJ de Corporación Opción.


18 de mayo: Día Nacional de la Lucha Contra la ESCI

Este 18 de mayo se conmemora el Día Nacional de la Lucha Contra la Explotación Sexual Comercial Infantil (ESCI), fecha que nos invita a reflexionar sobre una de las vulneraciones más graves a los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes (NNA), y que ha sido comparada a la esclavitud y los trabajos forzados, es decir, constituye asimismo una de las peores formas de trabajo infantil.

Como lo ha señalado el Instituto Interamericano del Niño, este tipo de vulneración responde a un fenómeno multicausal y complejo, donde los NNA se ven sometidos a diversos factores de riesgo, así como también a la presencia de adultos explotadores y/o redes que se benefician del comercio sexual.

Uno de estos factores ha sido, sin duda, la desigualdad social y el contexto de exclusión en que viven los NNA y sus familias. Si bien nuestro país ha experimentado significativos avances al reducir de manera importante la pobreza por ingresos, la segregación social y la falta de acceso a servicios sociales en algunos territorios aún constituye una realidad, y un factor de riesgo que expone a los NNA a este tipo de violencia.

Otro aspecto relevante, y que es avalado tanto por estudios de caracterización a nivel nacional, como por la experiencia de Corporación OPCION, es la significativa proporción de niñas y adolescentes afectadas por el fenómeno (en 2017 el 82% de los usuarios de nuestro programa especializado, eran mujeres), constituyéndose la ESCI en una de las más graves expresiones de la violencia de género, y por tanto, manifestación de la cultura sexista y patriarcal existente. La desigualdad de poder en este ámbito no contribuye a erradicar el fenómeno, sino por el contrario, lo refuerza y naturaliza, construyendo discursos y prácticas que responsabilizan a las víctimas de la realidad a la que se ven expuesta.

Como tercer elemento, señalar que si bien se ha logrado construir modalidades y tipologías en que se expresa el fenómeno de la ESCI, abarcando más allá del intercambio exclusivamente de dinero o especies en una relación de abuso de poder entre un adulto y un niño/a, se considera preocupante la amplia exposición de los NNA en las redes sociales, a través del frecuente uso de celulares –y cámaras web-, pudiendo ser factible la participación en contactos con adultos, y realizar producción y difusión de material pornográfico, a través del acoso y coerción ejercida por el explotador en esta modalidad.

Nos parece, por tanto, muy relevante destacar estas variables que al dar cuenta de la actual realidad del fenómeno, deben invitar a una revisión más amplia del rol que no solo los organismos gubernamentales e instituciones intervinientes juegan en la erradicación de la ESCI, sino también, el de la comunidad y la sociedad en su conjunto, promoviendo un cambio cultural donde se abandonen patrones tolerantes que naturalizan la ESCI y que dificultan construir los espacios de protección y seguridad que los niños niñas y adolescentes víctimas de estos delitos requieren.

 

 

* Lorena Bojanic, Coordinadora de Proyectos de Corporación Opción.


Erradicar la violencia hacia los niños y niñas es un compromiso y tarea de todos

El fallecimiento de Ámbar en Los Andes, ha generado la indignación de la ciudadanía dando pie a diversas manifestaciones en contra de la violencia infantil, además de instalar diversos temas relacionados a los derechos de los niños/as en la discusión pública.

Lamentablemente este caso no es un hecho aislado. Según datos de Unicef, en Chile el 71% de los niños y niñas recibe algún tipo de violencia –física o psicológica- de parte de uno o de sus dos padres. Ésta se manifiesta de forma transversal, en todos los niveles socioeconómicos. Son cifras alarmantes, tomando en cuenta que cerca del 26% de los niños ha sido víctima de violencia física grave, mientras que un 25,6% ha sufrido violencia física leve.

De acuerdo a la experiencia de Corporación Opción, entre las principales causales de ingreso de niños y niñas a los programas de nuestra institución en 2017, están la de violencia (física y psicológica) con un 21,3%, y el haber sido víctima de abuso sexual, con un 18,3%.

En la actualidad el trabajo en violencia se ha enfocado principalmente en la reparación del daño que sufren niños/as y de restitución de sus derechos, mediante una oferta de programas especializada. Sin embargo, es necesario avanzar con mayor fuerza en un trabajo preventivo para evitar este tipo de situaciones en la actualidad y en el futuro. Es este contexto el que convoca al Estado, las familias y a la sociedad en general, a enfocarnos en ser parte de un gran cambio cultural, y repensar el diseño de la política pública en materia de infancia, que cuente con más actores que sean garantes de la protección de la niñez.

Si bien el principal actor en la protección de los derechos de los niños/as es la familia, puede suceder que ésta tenga dificultades para cumplir con este propósito. Es en este escenario que debemos contar con un Estado que pueda cumplir con las garantías de los derechos de los niños y niñas, y responder con una protección integral a la infancia al suministrar el soporte social asociado al acceso universal y con garantías en materia de salud, educación, vivienda, recreación, entre otros. En este sentido, se hace necesario generar una serie de modificaciones a las leyes para que permitan cumplir con dicha protección, pero también y ante todo debemos mirar qué valor le damos a la infancia, y si la estamos mirando con el respeto y dignidad que niños/as se merecen por ser sujetos de derecho. 

Al ser un niño/a separado de su familia (como última medida), mientras que un proceso de adopción se desarrolla y tiene su curso legal en los tribunales de familia, o bien como medida de protección, es muy importante poder ofrecerles, un acogimiento familiar con el mayor estándar posible, el que debe ser transitorio, pero estable en los vínculos emocionales, dando cumplimiento a la Convención de los Derechos de los Niños.

En la actualidad, según datos de Opción (2017), el 95% del acogimiento familiar se da en la familia extensa de los NNA, como los abuelos o tíos, entre otros. Hoy debemos diversificar la oferta de acogimiento familiar con un sentido más abierto a la amplitud del concepto de familia, porque la realidad nos va diciendo que debemos cambiarla, sin prejuicios en cuanto a religión, nivel socioeconómico u orientación sexual. Aquí se debe privilegiar el vínculo afectivo, el respeto y la dignidad que se le da al niño/a.

Es necesario motivar a la comunidad, involucrándola, y sensibilizándola en la materia, y que, en conjunto con el Estado, podamos realizar un cambio cultural que beneficie a los niños/as del país. De esta forma escuchamos su voz, entendiendo y leyendo con claridad su realidad actual. 

 

Visita nuestra página web www.opcion.cl si quieres ser familia de acogida.

 

 

*  Catalina Lastarria es Coordinadora de Proyectos de Corporación Opción.


Ley de Identidad de Género: todos contamos

En estos días que se discute en Comisión Mixta en el Congreso la Ley de Identidad de Género, y la inclusión de niños, niñas y adolescentes en la ley (la que lleva en discusión cerca de 5 años); es importante recordar que la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) en su artículo 2, consagra el derecho a la igualdad y no discriminación, y obliga al Estado a tomar las medidas necesarias para proteger a niños y niñas de toda forma de discriminación.

En este mismo aspecto, el derecho a la identidad en niños, niñas y adolescentes (NNA) es de tal relevancia, que se encuentra expresamente consagrado en el artículo 8 de la CDN, en el cual se señala que los Estados partes se comprometen a respetar el derecho del niño a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de conformidad con la ley, sin injerencias ilícitas. Respecto a este mismo derecho, se ha pronunciado el Comité de los Derechos del Niño señalando que “la identidad del niño abarca características como el sexo, la orientación sexual, el origen nacional, (…) y la personalidad”.[1] Llama la atención que el Estado de Chile, a 27 años de la ratificación de la CDN, mantenga prácticas normativas y políticas públicas que no garantizan el goce efectivo de los derechos reconocidos a NNA, especialmente en lo que dice relación con su identidad de género y orientación sexual.

El Estado debe velar para que ningún NNA sea discriminado por su identidad de género, facilitando su integración en el ámbito educacional, de salud y en cualquier otro ámbito de la vida social, asegurando su reconocimiento para su normal desarrollo. Tomando esto en cuenta, y dada nuestra experiencia trabajando de forma activa con este sector de la población desde hace 27 años, consideramos que se debe contar con una ley que reconozca la identidad de género como un derecho humano -y en esa condición, un derecho inalienable e inderogable-, que considere a toda la población como parte de este proyecto, permitiéndoles a los NNA crecer y desarrollarse sin ser juzgados ni discriminados por nadie, siendo personas felices con ellos y sus cuerpos. Esto tiene un impacto directo en su propia aceptación, autoestima y seguridad, disminuyendo así también, las tasas de suicidio en este sector de la población.

 

[1] Comité de los Derechos del Niño. Observación general No 14 (2013) sobre el derecho del niño a que su interés
superior sea una consideración primordial (artículo 3, párrafo 1). Párr. 55. Disponible en: http://www.unicef.cl/web/informes/derechos_nino/14.pdf

 

* Milagros Nehgme | Directora Ejecutiva de Corporación Opción.


Una reflexión necesaria

En la reciente columna publicada en el Mostrador: “La infancia y los conflictos de interés en el INDH”, su autor expone que el hecho de que Corporación Opción no tenga residencias, no es una razón suficiente para descartar el posible conflicto de interés que pueda afectar a la nueva directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos.

Es interesante lo planteado, porque nos permite referirnos a lo medular de la polémica sobre los conflictos de interés que supuestamente la afectan. Cabe indicar, que, según los estándares de la OCDE, el conflicto de interés es definido como la pugna entre el deber público y los intereses privados del funcionario, donde éste podría ser influenciado incorrectamente, afectando sus deberes y responsabilidades oficiales. El autor de la columna indica que, siendo Corporación Opción parte de la red de colaboradores del SENAME, es evidente que existe ese conflicto en el ejercicio del cargo de Consuelo Contreras, quien fue la directora ejecutiva de dicha institución.

La verdad es que, a la luz de los hechos y no de los titulares, es posible afirmar exactamente lo contrario. El trabajo realizado por dicha institución –fundada por Consuelo Contreras en 1990- ha sido parte de la solución, y se ha tenido que desenvolver  en un complejo escenario de un sistema de protección, que innegablemente está en crisis. No desde la muerte de Lissette Villa ni desde el informe Jeldres. Ya en 1992, la otrora directora del SENAME Oriana Sansi, afirmaba con fuerza la necesidad de profundas reformas al Servicio para poder cumplir con los estándares mínimos fijados por la Convención de los Derechos del Niño.

En 1990, el 63% de los niños y niñas atendidos por SENAME era bajo el régimen residencial, siendo ésta prácticamente la única respuesta estatal frente a las graves vulneraciones de derechos de las cuales los niños eran víctimas. Por ejemplo, para que un niño fuera diagnosticado, pasaba seis meses interno, sin vínculo alguno con sus familias. En ese escenario, al alero de la Convención, se fundan instituciones como Opción, ACHNU, Paicabí, Tierra de Esperanza; quienes –en principio- a través de la cooperación internacional van diseñando nuevos modelos de intervención, que consideran el contexto familiar y comunitario de los niños. Corporación Opción juega un rol protagónico en el diseño de la oferta programática ambulatoria, que permitió una progresiva desinternación y una intervención con enfoque de derechos y con énfasis en el trabajo con la familia y el contexto social y comunitario de los niños. Al día de hoy, solo el 7% de los niños y niñas atendidos en el área de protección, están en residencias. Es decir, el 93% está con sus familias de origen.

Sin dudas falta muchísimo por avanzar. La derogación de la ley de menores, contar con una ley integral de protección de la infancia, la creación del servicio de protección especializada, son deudas que el Estado de Chile tiene la obligación de saldar, ya que a 27 años de la ratificación de la Convención de los Derechos del Niño y luego de todo lo que hemos conocido a través de las recomendaciones que a formulado el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas , de los informes del Poder Judicial, UNICEF y ahora del INDH; resulta inexplicable que no lo haya hecho. Lo que es peligroso, es no hacer las necesarias distinciones para ver cómo somos parte de la solución y no obstáculos de ella.

Lograr financiamiento estatal para financiar la oferta ambulatoria de reparación y restitución de derechos de los niños y niñas que han sido víctimas de graves vulneraciones de sus derechos, es un logro y no per se, un fundamento de cuestionamiento. Debemos establecer estándares de calidad, una buena supervisión técnica, una excelente fiscalización de los recursos destinados a ello; pero poner bajo sospecha a quienes han desarrollado propuestas innovativas, a través de licitaciones abiertas, públicas y transparentes han obtenido esos recursos para llevar a cabo esa intervención, es un error que nuevamente nos aleja del que debiera ser el foco de nuestra atención: ofrecer cada día mejores condiciones y garantías para el goce efectivo de los derechos que todos los niños y las niñas tienen por el solo hecho de ser personas.

 

 

Milagros Nehgme
Directora Ejecutiva

Corporación Opción


Carta Directorio

Como Directorio estamos orgullosos del nombramiento de Consuelo Contreras, como nueva Directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), desde ya entregamos nuestro apoyo a la Directora Subrogante de Opción Milagros Nehgme que asumirá las labores de la Directora Ejecutiva.


Derechos del Niño y la Santa Sede

Ante la visita del Papa a nuestro país, nos parece importante recordar las Observaciones del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas a la Santa Sede en un informe periódico realizadas en febrero del 2014.

En ésta el comité de Naciones Unidas, se mostraba seriamente preocupado porque la Santa Sede no había reconocido el alcance de los delitos cometidos, ni adoptado las medidas necesarias para tratar el abuso sexual infantil, y de esta manera lograr protegerlos. Además se destacaba la impunidad de los perpetradores.

¿Por qué es importante volver a mencionar estos temas 4 años más tarde?  Porque sentimos que ante estas importantes Observaciones realizadas a la Santa Sede, el avance en esta materia ha sido menor.

Para la construcción de esta sociedad es trascendental que la Iglesia Católica se haga responsable de estos abusos, que siguen saliendo a la luz. Sin ir más lejos, hace unos días salió publicado en la prensa una denuncia sobre abusos cometidos en un colegio de los Hermanos Maristas, abusos que se cometían hace años y que demoraron en revelar, por mantener un código de silencio, sin transparentar lo que allí ocurría. Hecho que nos parece repudiable, ya que los abusadores se aprovechan de  la confianza ciega que les entregan de los niños, niñas y adolescentes, junto a su familia, teniendo la facilidad y el poder de abusar de ellos.

Nos parece  importante que la Santa Sede, a través del Papa, los obispados y otros superiores jerárquicos, se abran a la posibilidad de hacer un verdadero cambio en la forma en la que se enfrenta los abusos sexuales realizados por parte de miembros de la iglesia. Acatando las leyes de los países donde se comenten los delitos a fin de ser justicia, y generando políticas de reparación y medidas de no repetición.

 

Por Consuelo Contreras L., Directora Ejecutiva de Corporación Opción.


Aumenta el abuso sexual infantil en Chile

Hace unos días salieron a la luz las alarmantes cifras que dio a conocer la Corporación Miles, según datos del Ministerio Público, más de 12 mil denuncias fueron ingresadas por abuso sexual contra niños y niñas menores de 14 años, entre los años 2012 y 2016. Este dato es aún más alarmante cuando analizamos los antecedentes de ingresos a Corporación Opción por dicha causal. En el mismo periodo de tiempo, hemos atendido a 10.099 niños y niñas que han sido víctimas de abuso sexual. Los más dramático es que el 72% de estos casos son niñas.

Debemos hacer presente que ello corresponde solo al 10% de niños y niñas que son atendidas en programas de reparación por maltrato y abuso a nivel nacional. Es decir, es altamente probable, que el número de niñas y niños víctimas en el país sea aún más alto.

A lo anterior, debemos agregar el aumento sostenido en los ingresos. Mientras el año 2011 tuvimos 475 casos, el año 2015 fueron 1335 y el año 2016 1604. Ello nos da cuenta que la violencia a la cual está expuesta la niñez en Chile va en aumento y carecemos de políticas públicas que la aborden y la erradiquen de manera efectiva.

Darle un tratamiento articulado al fenómeno de la violencia contra los niños y niñas, resulta indispensable para su erradicación. Generar un plan de acción adecuado, con medidas preventivas, alertas tempranas y planes sectoriales pertinentes para su tratamiento, tanto para la reparación de las víctimas como para establecer garantías de no repetición es una urgencia ineludible, y sin embargo, ha estado muy ausente en la discusión pública y en las medidas concretas dispuestas por los distintos gobiernos.

La evidencia que muestran los datos indican que las niñas y niños, no pueden seguir esperando.

 

*Por Consuelo Contreras L., Directora Ejecutiva de Corporación Opción.


La importancia del vínculo terapéutico

“Lo importante es el vínculo terapéutico, socio-educativo, que genera el agente que está representando a la respuesta del Estado frente al hecho que se le imputa o condena. Un vínculo que pueda promover el abandono de la conducta infractora”.

Ajustar la práctica a la doctrina de derechos humanos, es poner en el centro del trabajo al niño, niña o adolescente, aun a aquellos que cometen delito, y relevar el rol que cumplen en su familia, la escuela y la comunidad con las dificultades que estas tengan. Los programas de atención deben centrar las intervenciones en remover obstáculos, y lograr integrar factores para que ellos puedan agenciarse y promoverse como sujetos activos, participativos y aportando a la comunidad y a su bienestar.

En este sentido, un aporte desde la Justicia Restaurativa (JR), enfoque al cual Opción adscribe, es promover y restaurar aquello que el acto del delito ha quebrado, aquella confianza en la convivencia que se ha visto fragilizada, fragmentada por el ilícito. La JR junto con reconocer que se debe hacer el reproche al niño, niña o adolescente por el acto del delito que ha cometido, promueve hacerse cargo del conflicto entre imputado/condenado con la víctima y con la comunidad, que subyace a la base del conflicto penal: delito-identificación del delincuente- declaración de culpabilidad- determinación de la sanción/castigo-cumplimiento.

Al superar el mero fin retributivo, se avanza de mejor manera en el fin responsabilizador- resocializador desde la inclusión.

En los 27 años de trabajo de los equipos de Corporación Opción en materia de programas socioeducativos-terapéuticos, se sigue poniendo en el centro y en la base al adolescente, niño o niña para promover el desistimiento del delito en el vínculo terapéutico, donde si bien se reconoce el mal causado, se le reconocen las posibilidades de cambio y de aportar de manera digna a la vida en familia en comunidad y en la sociedad.

 

* Osvaldo Vásquez, Coordinador de Proyectos, línea de Responsabilidad Penal Adolescente 


Protección a la infancia

Señor Director:

El maltrato infantil es, sin lugar a duda, de las más graves vulneraciones a niños y niñas, tanto a su derecho a vivir una vida libre de violencia, como al ejercicio y garantía de sus derechos fundamentales.

Según cifras de estudios realizados por UNICEF, el 76% de niños y niñas en Chile, de manera transversal a su clase social, declara haber sido víctima de algún tipo de maltrato, y en el caso de la violencia sexual, el 92% de ellos ocurre en el espacio intrafamiliar. Así las cosas, y a pesar de lo alarmante de los datos, mucho tiempo ha tomado en que el maltrato hacia la infancia sea tipificado en nuestra legislación, y castigue a sus perpetradores.

Si bien los instrumentos internacionales de derechos humanos consideran a las familias como el núcleo fundamental de la sociedad, y el espacio apropiado para el desarrollo de la niñez, las cifras indican que 275 millones de niños y niñas en el mundo son víctimas de maltrato en el interior de sus hogares, convirtiéndose éste en un espacio de riesgo. Ello va de la mano con que, en América Latina, el 50% de la población adulta piensa que es normal usarlo contra menores de edad como forma de educación y castigo (Unicef 2009), lo que da cuenta de prácticas culturales sumamente arraigadas que invisibilizan la gravedad del maltrato.

En este sentido, el proyecto de ley que tipifica el maltrato hacia menores de edad y otras personas en estado vulnerable y que se vota este martes 14 de marzo en el Senado, constituye una iniciativa muy importante, porque plasma el maltrato que hasta hoy, ha sido extremadamente complejo penalizar y visibilizar.

La norma que se pretende aprobar, que implica modificar disposiciones del código penal, establece pena de cárcel para quién teniendo un deber especial de cuidado o protección de niños y niñas, los maltrate corporalmente de manera relevante, o bien, no impidiera dicho maltrato debiendo hacerlo, lo cual constituye un notable avance en el compromiso del Estado de Chile con el buen trato en la niñez y con la instauración de una cultura de

Carta al director publicada en el Mostrador, 14 de marzo de 2017, aquí

 

Consuelo Contreras, Directora Ejecutiva de Corporación Opción