Una reflexión necesaria

En la reciente columna publicada en el Mostrador: “La infancia y los conflictos de interés en el INDH”, su autor expone que el hecho de que Corporación Opción no tenga residencias, no es una razón suficiente para descartar el posible conflicto de interés que pueda afectar a la nueva directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos.

Es interesante lo planteado, porque nos permite referirnos a lo medular de la polémica sobre los conflictos de interés que supuestamente la afectan. Cabe indicar, que, según los estándares de la OCDE, el conflicto de interés es definido como la pugna entre el deber público y los intereses privados del funcionario, donde éste podría ser influenciado incorrectamente, afectando sus deberes y responsabilidades oficiales. El autor de la columna indica que, siendo Corporación Opción parte de la red de colaboradores del SENAME, es evidente que existe ese conflicto en el ejercicio del cargo de Consuelo Contreras, quien fue la directora ejecutiva de dicha institución.

La verdad es que, a la luz de los hechos y no de los titulares, es posible afirmar exactamente lo contrario. El trabajo realizado por dicha institución –fundada por Consuelo Contreras en 1990- ha sido parte de la solución, y se ha tenido que desenvolver  en un complejo escenario de un sistema de protección, que innegablemente está en crisis. No desde la muerte de Lissette Villa ni desde el informe Jeldres. Ya en 1992, la otrora directora del SENAME Oriana Sansi, afirmaba con fuerza la necesidad de profundas reformas al Servicio para poder cumplir con los estándares mínimos fijados por la Convención de los Derechos del Niño.

En 1990, el 63% de los niños y niñas atendidos por SENAME era bajo el régimen residencial, siendo ésta prácticamente la única respuesta estatal frente a las graves vulneraciones de derechos de las cuales los niños eran víctimas. Por ejemplo, para que un niño fuera diagnosticado, pasaba seis meses interno, sin vínculo alguno con sus familias. En ese escenario, al alero de la Convención, se fundan instituciones como Opción, ACHNU, Paicabí, Tierra de Esperanza; quienes –en principio- a través de la cooperación internacional van diseñando nuevos modelos de intervención, que consideran el contexto familiar y comunitario de los niños. Corporación Opción juega un rol protagónico en el diseño de la oferta programática ambulatoria, que permitió una progresiva desinternación y una intervención con enfoque de derechos y con énfasis en el trabajo con la familia y el contexto social y comunitario de los niños. Al día de hoy, solo el 7% de los niños y niñas atendidos en el área de protección, están en residencias. Es decir, el 93% está con sus familias de origen.

Sin dudas falta muchísimo por avanzar. La derogación de la ley de menores, contar con una ley integral de protección de la infancia, la creación del servicio de protección especializada, son deudas que el Estado de Chile tiene la obligación de saldar, ya que a 27 años de la ratificación de la Convención de los Derechos del Niño y luego de todo lo que hemos conocido a través de las recomendaciones que a formulado el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas , de los informes del Poder Judicial, UNICEF y ahora del INDH; resulta inexplicable que no lo haya hecho. Lo que es peligroso, es no hacer las necesarias distinciones para ver cómo somos parte de la solución y no obstáculos de ella.

Lograr financiamiento estatal para financiar la oferta ambulatoria de reparación y restitución de derechos de los niños y niñas que han sido víctimas de graves vulneraciones de sus derechos, es un logro y no per se, un fundamento de cuestionamiento. Debemos establecer estándares de calidad, una buena supervisión técnica, una excelente fiscalización de los recursos destinados a ello; pero poner bajo sospecha a quienes han desarrollado propuestas innovativas, a través de licitaciones abiertas, públicas y transparentes han obtenido esos recursos para llevar a cabo esa intervención, es un error que nuevamente nos aleja del que debiera ser el foco de nuestra atención: ofrecer cada día mejores condiciones y garantías para el goce efectivo de los derechos que todos los niños y las niñas tienen por el solo hecho de ser personas.

 

 

Milagros Nehgme
Directora Ejecutiva

Corporación Opción


Carta Directorio

Como Directorio estamos orgullosos del nombramiento de Consuelo Contreras, como nueva Directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), desde ya entregamos nuestro apoyo a la Directora Subrogante de Opción Milagros Nehgme que asumirá las labores de la Directora Ejecutiva.


Derechos del Niño y la Santa Sede

Ante la visita del Papa a nuestro país, nos parece importante recordar las Observaciones del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas a la Santa Sede en un informe periódico realizadas en febrero del 2014.

En ésta el comité de Naciones Unidas, se mostraba seriamente preocupado porque la Santa Sede no había reconocido el alcance de los delitos cometidos, ni adoptado las medidas necesarias para tratar el abuso sexual infantil, y de esta manera lograr protegerlos. Además se destacaba la impunidad de los perpetradores.

¿Por qué es importante volver a mencionar estos temas 4 años más tarde?  Porque sentimos que ante estas importantes Observaciones realizadas a la Santa Sede, el avance en esta materia ha sido menor.

Para la construcción de esta sociedad es trascendental que la Iglesia Católica se haga responsable de estos abusos, que siguen saliendo a la luz. Sin ir más lejos, hace unos días salió publicado en la prensa una denuncia sobre abusos cometidos en un colegio de los Hermanos Maristas, abusos que se cometían hace años y que demoraron en revelar, por mantener un código de silencio, sin transparentar lo que allí ocurría. Hecho que nos parece repudiable, ya que los abusadores se aprovechan de  la confianza ciega que les entregan de los niños, niñas y adolescentes, junto a su familia, teniendo la facilidad y el poder de abusar de ellos.

Nos parece  importante que la Santa Sede, a través del Papa, los obispados y otros superiores jerárquicos, se abran a la posibilidad de hacer un verdadero cambio en la forma en la que se enfrenta los abusos sexuales realizados por parte de miembros de la iglesia. Acatando las leyes de los países donde se comenten los delitos a fin de ser justicia, y generando políticas de reparación y medidas de no repetición.

 

Por Consuelo Contreras L., Directora Ejecutiva de Corporación Opción.


Aumenta el abuso sexual infantil en Chile

Hace unos días salieron a la luz las alarmantes cifras que dio a conocer la Corporación Miles, según datos del Ministerio Público, más de 12 mil denuncias fueron ingresadas por abuso sexual contra niños y niñas menores de 14 años, entre los años 2012 y 2016. Este dato es aún más alarmante cuando analizamos los antecedentes de ingresos a Corporación Opción por dicha causal. En el mismo periodo de tiempo, hemos atendido a 10.099 niños y niñas que han sido víctimas de abuso sexual. Los más dramático es que el 72% de estos casos son niñas.

Debemos hacer presente que ello corresponde solo al 10% de niños y niñas que son atendidas en programas de reparación por maltrato y abuso a nivel nacional. Es decir, es altamente probable, que el número de niñas y niños víctimas en el país sea aún más alto.

A lo anterior, debemos agregar el aumento sostenido en los ingresos. Mientras el año 2011 tuvimos 475 casos, el año 2015 fueron 1335 y el año 2016 1604. Ello nos da cuenta que la violencia a la cual está expuesta la niñez en Chile va en aumento y carecemos de políticas públicas que la aborden y la erradiquen de manera efectiva.

Darle un tratamiento articulado al fenómeno de la violencia contra los niños y niñas, resulta indispensable para su erradicación. Generar un plan de acción adecuado, con medidas preventivas, alertas tempranas y planes sectoriales pertinentes para su tratamiento, tanto para la reparación de las víctimas como para establecer garantías de no repetición es una urgencia ineludible, y sin embargo, ha estado muy ausente en la discusión pública y en las medidas concretas dispuestas por los distintos gobiernos.

La evidencia que muestran los datos indican que las niñas y niños, no pueden seguir esperando.

 

*Por Consuelo Contreras L., Directora Ejecutiva de Corporación Opción.


La importancia del vínculo terapéutico

“Lo importante es el vínculo terapéutico, socio-educativo, que genera el agente que está representando a la respuesta del Estado frente al hecho que se le imputa o condena. Un vínculo que pueda promover el abandono de la conducta infractora”.

Ajustar la práctica a la doctrina de derechos humanos, es poner en el centro del trabajo al niño, niña o adolescente, aun a aquellos que cometen delito, y relevar el rol que cumplen en su familia, la escuela y la comunidad con las dificultades que estas tengan. Los programas de atención deben centrar las intervenciones en remover obstáculos, y lograr integrar factores para que ellos puedan agenciarse y promoverse como sujetos activos, participativos y aportando a la comunidad y a su bienestar.

En este sentido, un aporte desde la Justicia Restaurativa (JR), enfoque al cual Opción adscribe, es promover y restaurar aquello que el acto del delito ha quebrado, aquella confianza en la convivencia que se ha visto fragilizada, fragmentada por el ilícito. La JR junto con reconocer que se debe hacer el reproche al niño, niña o adolescente por el acto del delito que ha cometido, promueve hacerse cargo del conflicto entre imputado/condenado con la víctima y con la comunidad, que subyace a la base del conflicto penal: delito-identificación del delincuente- declaración de culpabilidad- determinación de la sanción/castigo-cumplimiento.

Al superar el mero fin retributivo, se avanza de mejor manera en el fin responsabilizador- resocializador desde la inclusión.

En los 27 años de trabajo de los equipos de Corporación Opción en materia de programas socioeducativos-terapéuticos, se sigue poniendo en el centro y en la base al adolescente, niño o niña para promover el desistimiento del delito en el vínculo terapéutico, donde si bien se reconoce el mal causado, se le reconocen las posibilidades de cambio y de aportar de manera digna a la vida en familia en comunidad y en la sociedad.

 

* Osvaldo Vásquez, Coordinador de Proyectos, línea de Responsabilidad Penal Adolescente 


Protección a la infancia

Señor Director:

El maltrato infantil es, sin lugar a duda, de las más graves vulneraciones a niños y niñas, tanto a su derecho a vivir una vida libre de violencia, como al ejercicio y garantía de sus derechos fundamentales.

Según cifras de estudios realizados por UNICEF, el 76% de niños y niñas en Chile, de manera transversal a su clase social, declara haber sido víctima de algún tipo de maltrato, y en el caso de la violencia sexual, el 92% de ellos ocurre en el espacio intrafamiliar. Así las cosas, y a pesar de lo alarmante de los datos, mucho tiempo ha tomado en que el maltrato hacia la infancia sea tipificado en nuestra legislación, y castigue a sus perpetradores.

Si bien los instrumentos internacionales de derechos humanos consideran a las familias como el núcleo fundamental de la sociedad, y el espacio apropiado para el desarrollo de la niñez, las cifras indican que 275 millones de niños y niñas en el mundo son víctimas de maltrato en el interior de sus hogares, convirtiéndose éste en un espacio de riesgo. Ello va de la mano con que, en América Latina, el 50% de la población adulta piensa que es normal usarlo contra menores de edad como forma de educación y castigo (Unicef 2009), lo que da cuenta de prácticas culturales sumamente arraigadas que invisibilizan la gravedad del maltrato.

En este sentido, el proyecto de ley que tipifica el maltrato hacia menores de edad y otras personas en estado vulnerable y que se vota este martes 14 de marzo en el Senado, constituye una iniciativa muy importante, porque plasma el maltrato que hasta hoy, ha sido extremadamente complejo penalizar y visibilizar.

La norma que se pretende aprobar, que implica modificar disposiciones del código penal, establece pena de cárcel para quién teniendo un deber especial de cuidado o protección de niños y niñas, los maltrate corporalmente de manera relevante, o bien, no impidiera dicho maltrato debiendo hacerlo, lo cual constituye un notable avance en el compromiso del Estado de Chile con el buen trato en la niñez y con la instauración de una cultura de

Carta al director publicada en el Mostrador, 14 de marzo de 2017, aquí

 

Consuelo Contreras, Directora Ejecutiva de Corporación Opción


Un minuto de silencio… y ¡acción!

Hace unos días se ha viralizado en las redes sociales un conmovedor video de artistas y personalidades pidiendo un minuto de silencio por los niños y niñas fallecidos/as en la red de SENAME. ¿Cómo no conmoverse? ¿Cómo no estar de acuerdo?

Sin embargo, es preciso estar dispuestos a dar un par de pasos más, porque el silencio se presta para demasiadas interpretaciones. La conmoción e indignación por esas muertes, debe ser un motivo para lograr la movilización y la acción por los niños y niñas que están con vida. Tanto por aquellos que están viviendo en residencias bajo la tutela del Estado en una extrema condición de vulnerabilidad, como por los que están en el sistema de justicia juvenil porque han cometido delitos. Y porque no decirlo, también por cada niño y niña que habita en nuestro país, porque las cifras no son alentadoras. Según UNICEF, el 70% de los niños/as declaran haber sido víctimas de algún tipo de maltrato. 7 de cada 10 niños son maltratados. Claramente no solo debemos conmovernos, sino también avergonzarnos por ser parte de una sociedad que presenta esos niveles de violencia y que no se ha comprometido seriamente con una agenda que mejore la calidad de vida de los más pequeños.

Los niños y las niñas, no solo representan el futuro del país, si no constituyen un presente que no puede seguir en silencio.
La Convención de los Derechos del Niño, ratificada por Chile hace 26 años, insta a los Estados a adecuar sus normas y políticas a sus disposiciones, entre las cuales está el reconocer la calidad de sujetos de derecho de niños y niñas, su interés superior como consideración principal, su derecho a ser oído y su derecho a vivir en familia. Y, por cierto, a tomar todas las medidas necesarias para proteger a los niños/as de toda forma de perjuicio o abuso.

Garantizar los derechos humanos de niñas y niños no puede seguir siendo una tarea pendiente para el Estado y la sociedad en su conjunto. Se requiere, voluntad política de los actores estatales para avanzar hacia una ley que verdaderamente garantice derechos y un órgano administrativo que genere y coordine políticas públicas universales en materia de infancia. Pero también es indispensable, tomar consciencia respecto de que los derechos fundamentales de niños y niñas son una responsabilidad de todos/as.

En ese sentido, esperamos que el presupuesto de la nación para el año 2017, no solo contemple aumento de recursos para la cuestionada y precaria institucionalidad de protección especial, sino que también para el diseño de una nueva, que permita asegurar un piso mínimo para todos los niños y niñas en relación a sus derechos.

* Camila De la Maza, abogada Corporación Opción


Entre las lágrimas y la confusión: la necesidad de una lectura correcta.

Durante la interpelación a la ministra Blanco, fuimos testigos de un diálogo de sordos, donde la diputada interpeladora llevaba un guión y la ministra el propio. Cada congresista tuvo su discurso y poco supimos sobre el fondo del asunto: cómo se conducirán las voluntades políticas para que, de una vez por todas, el Estado logre avanzar en la instauración de una institucionalidad que garantice los derechos de todos los niños y niñas y a su vez, restablezca y repare los derechos de aquellos que han sido vulnerados.

Mucho se ha dicho sobre SENAME: que está sumido en una crisis profunda, que el Estado ha abandonado su rol, que no se han ocupado mal los recursos, que se ha hecho nada para mejorar. Sin embargo, la evidencia indica algo distinto, y parece que las actuales autoridades, tanto del ejecutivo como del Parlamento desconocen. Por ejemplo, en materia proteccional, el año 1990 el 63% de los niños y niñas atendidos por SENAME se encontraban en régimen residencial, sin trabajo alguno con sus familias, sin distinción entre los niños que requerían protección de los que infringían leyes; y en muchos casos, sin ninguna necesidad real de dicha internación. Al 2014, solo el 8,2% de los niños y niñas se encuentran en esa condición.

No obstante, y sin lugar a dudas, la lista de pendientes que conserva el Estado con la infancia y adolescencia -no solo la vulnerada en sus derechos- sigue siendo muy larga. Somos el único país de la región que no cuenta con una ley de garantías que asegure un piso mínimo de protección de derechos a todos los niños y niñas sin distinción. Ni hablar de los estándares OCDE, con los cuales tanto nos compararnos.

Con todo, el principal problema pareciera ser que las autoridades no están sabiendo leer el fondo del problema.

La presidenta señaló en su discurso del 21 de mayo, que el gran problema radica en la sobrecarga de trabajo de SENAME, la cual debe ser aliviada. Sin embargo, ello contrasta con que la gran mayoría de la oferta programática es ejecutada por organizaciones de la sociedad civil debidamente acreditadas. SENAME sólo ejecuta directamente el 4,2% de la oferta. Sería posible concluir que el problema tendría que ver, con que es un servicio que, a diferencia de las organizaciones de la sociedad civil, jamás se modernizó. Por ejemplo, sigue teniendo hogares de más de 100 niños, lo que es absolutamente obsoleto.

La diputada Vallejo, entre lágrimas señaló que el Estado “delegó la responsabilidad que tiene en privados, les entrega subvenciones… muchos de los recursos están retenidos en las cuentas corrientes de las colaboradoras, algunos ya están pensando en comprar bienes raíces”. No obstante, a pesar de su emoción, la diputada se equivoca. El Estado controla y fiscaliza, entrega orientaciones técnicas y supervisión a los programas que son ejecutados por la sociedad civil. Ahora bien, si la diputada tiene antecedentes fundados de la malversación de fondos públicos, debe ponerlos de inmediato a disposición del Ministerio Público porque esos hechos, son constitutivos de delito. Lo mismo la diputada Provoste. De lo contrario, ambas serían cómplices del mismo.

Observamos que muchos/as quieren abrazar la noble causa de los niños y niñas -lo que sin duda es una buena noticia- pero sin abordar la médula del asunto: la necesidad de instaurar una institucionalidad que garantice los derechos a todos los niños y niñas de manera universal (salud, educación, vivienda, vivir en familia, ser oído, que se resguarde su interés superior), contar con un servicio de protección especial que aborde la restitución de derechos en caso de abuso, maltrato, privación de medio familiar, etc; y mejorar nuestras políticas en materia de criminalidad juvenil, todo lo anterior, con un enfoque desde los derechos humanos y el catálogo de derechos instituido por la Convención de los Derechos del Niño.

De lo contrario, ni las comisiones investigadoras, ni las interpelaciones ni las lágrimas lograrán avanzar en la senda de la promoción, protección y garantía efectiva de los derechos de niños, niñas y adolescentes; quienes importan no solo porque son el futuro, sino porque son el presente y como sociedad estamos en deuda.

 

Consuelo Contreras, Directora Ejecutiva de Corporación Opción
Carta al Director / La Tercera

 

 


Fui testigo

Quizás como nunca, la decisión de que el Premio Nacional de Derechos Humanos 2016 recayera en la persona del sacerdote jesuita José Aldunate se ajusta con precisión a lo obrado en su trayectoria.

La audiencia presente en la ceremonia de premiación realizada en el Museo de Bellas Artes fue testigo de un enorme acto de justicia, el que tuvo momentos marcados por su simbolismo. Enmarcar dicho reconocimiento en un lugar como el elegido implicó devolverle una belleza no del todo valorada al legado genuinamente humanista del “Padre Pepe”, como le decían cariñosamente quienes trabajaron con él en aquellos largos y aciagos días de la dictadura cívico-militar. La belleza de la acción guiada por una finalidad intrínsecamente humana, honesta, comprometida con la noción de un mundo más justo, para todos y todas, sin distinciones, sin concesiones, sin acomodos. 

Aquella noble simpleza que implica vivir a tono con las convicciones más preciadas, de algún modo trae al presente destellos de un mundo que parece haberse extinguido, pero que sin embargo alcanzan a iluminar a un Chile de hoy necesitado de sentidos cuando el camino parece haber sido extraviado. Esa era la impresión que quedaba en el ambiente mientras transcurría la ceremonia.

Pero todavía faltaba la voz de José Aldunate, que emergió lenta y trabajosamente a sus noventa y nueve años ante un silencio que impactaba e inundó el lugar. Lo sorprendente es que sus palabras no sonaban como un mero eco que surgía del pasado o como una letanía por lo irremediablemente perdido, sino que de pronto adquirieron un significado profundo, como si por un fugaz instante la conciencia de la humanidad hubiera hablado sobre las cosas que hay que hacer, sobre los rumbos que hay que enmendar.

Entonces fue que desde las gargantas de los integrantes del Movimiento contra la Tortura Sebastián Acevedo, brotó espontáneamente esa canción, que hoy ya es un himno, “Yo te nombro, libertad”, que al ser entonado por el resto del público se tornó en una suerte de liturgia que remeció a todos y todas los que estaban allí presentes.

Justo reconocimiento, en el otoño de su vida, el Padre Pepe Aldunate convocando a un nuevo entendimiento y a una profunda dimensión de los Derechos Humanos.


Niños, Niñas y Adolescentes bajo el foco de los medios de comunicación: responsabilidad colectiva

Hace pocas semanas, vimos con consternación la noticia sobre la muerte de una niña de 11 años en un hogar dependiente del SENAME, siendo testigos de la precariedad del sistema de protección hacia niños y niñas. Además, nos enteramos sobre las causas que tenían a esa niña en un hogar de protección, de las condiciones de vida de su familia, de sus sueños y tristezas. Nada de lo que era su vida quedó fuera del escrutinio público.

Hace unos días, a propósito del suicidio de un antiguo bailarín de Axé, las portadas volvieron a llenarse de morbosos titulares relativos a lo que habría motivado dicho desenlace trágico.

De este modo, nuevamente observamos la forma en que los medios de comunicación, muchas veces movilizados por motivos menos nobles que la protección de la integridad de los niños y niñas, exponen livianamente sus vidas y las situaciones de abuso o maltrato que les ha tocado enfrentar; que lejos de empatizar con su dolor, divulgan su vida privada, sin considerar los efectos negativos que dicha exposición puede tener para su integridad psíquica y emocional. Al hacer identificables a las víctimas -o posibles víctimas- y publicar sus vivencias, genera estigmatización, miedo, afecta su autoestima, relativiza sus experiencias, dejándola frágil e insegura ante el rechazo social y la consecuente culpabilización y pérdida de sus redes de apoyo y protección. Alejándola así de una posibilidad cierta de encontrar justicia y reparación.

Sin conciencia de ello por parte de los medios, hemos presenciado extensas discusiones en televisión donde se generalizan situaciones, se banalizan los relatos de viviencias dolorosas (sometiéndolas al juicio de periodistas de espectáculos o supuestos expertos, sin contar con los contextos que rodean estos casos) y se crean falsas creencias en situaciones tan delicadas y complejas (como la idea que las madres “inducen” a los niños y niñas a mentir, dato marginal según las estadísticas y estudios disponibles).

El artículo 16 de la Convención de los Derecho del Niño, de la cual Chile es parte, consagra el derecho a la vida privada, honra y reputación de todos los niños, niñas y adolescentes. Ello no es letra muerta. No es una declaración de buena voluntad. Es una norma que establece obligaciones para el Estado, de respetar y promover ese derecho y, asimismo, sancionar a quienes lo transgreden.

Es un deber de todos los órganos del Estado y de la sociedad en su conjunto, constituirse en garantes de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Lo cual por cierto incluye a los medios de comunicación. Banalizar y relativizar las graves situaciones de abuso y maltrato a los cuales niños y niñas se ven enfrentados, los hace responsables de una nueva vulneración, lo cual, en una sociedad democrática y respetuosa de los derechos humanos, se vuelve inaceptable.

Tomar conciencia del riesgo de vulnerar este derecho, permitirá la pausa para que algún editor, productor, conductor de televisión o periodista se detenga a pensar las amplias implicancias que tiene para la vida de un niño o niña. Evitar la victimización secundaria –o revictimización- es una responsabilidad y tarea de todos y todas.

 

Vea aquí la columna publicada en El Dinamo

 

Consuelo Contreras L., Directora Ejecutiva de Corporación Opción